Resolución 00068-2013

El recurso planteado

por el recurrente se focaliza en dos temas específicos: uno relativo a la falta

de legitimación activa por parte del Instituto Nacional de Seguros (en adelante

el INS o Instituto) para la interposición del proceso de ejecución de

sentencia, y el otro referido a la forma de computar el pago de los intereses

legales concedidos en la sentencia impugnada. Por una cuestión de orden, se

analizaran los puntos antes citados, identificándolos como primer y

segundo agravio. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, 139 y

142 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, el recurso planteado resulta

admisible únicamente en su segundo agravio, no así el primero, por las razones

que de seguido se expondrán. Acorde con lo estipulado en el ordinal 142 del cuerpo normativo en mención,

se pondrá en conocimiento de la admisión de este recurso al Instituto, por el

plazo de 10 días, una vez vencido este y si fuere del caso el de la respectiva ampliación, se

dictará sentencia escrita. Respecto al trámite de vista solicitada por la parte

recurrente, es menester señalar, que el precepto 142, inciso 2) del Código Procesal

Contencioso Administrativo (CPCA),  introduce la

posibilidad de una audiencia oral en la etapa de casación, pues habilita al

órgano jurisdiccional para que, de estimarlo pertinente la convoque. Se trata

de una facultad discrecional del Juez de Casación, pues

corresponde a éste determinar o no, la conveniencia y necesidad de tal

audiencia, ya sea de manera oficiosa o bien, a gestión de parte. De ahí, no es

una etapa preceptiva dentro del recurso. En este asunto no se

estima indispensable, así,  se rechaza la

solicitud de esa audiencia oral.

II.Se califica la casación

como

una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos razones. En

primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa

revisora no son abiertas, sino preestablecidas de igual modo, por el

ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son

susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son

aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de

sentencia de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento.

Frente a esta fórmula genérica, el propio Código

Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), puntualiza algunas

resoluciones particulares a las cuales se les concede esta opción. A manera de

ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes: a) la que

declara la inadmisibilidad de la demanda (artículo 62 inciso 3); b) la

que declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del

canon 92 del Código, y c) la que resuelve en forma final, el proceso de

ejecución de sentencia en hábeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

declarados con lugar, en contra o a favor de una Administración Pública

(numeral 183,  inciso 3 del CPCA) . Por ende, los autos comunes y las

resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan término al

proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo

que atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las

procesales y las sustantivas. Así se plasma en los

preceptos 137 y 138 de la nueva legislación codificada. Para las primeras, se efectúa un

listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que

procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de

las sustantivas, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios

(por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida

valoración), denominada comúnmente violación indirecta. Desde otro

ángulo, formando parte de este último grupo, se encuentra

la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una

aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación

reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como violación directa.

Una vez efectuada la

mención de las resoluciones sobre las cuales cabe recurso de casación y sus

causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos para su admisibilidad.

En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense, permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del sistema)

pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos alegados,

sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de esta

instancia y de quien a ella acude. Es así como se ha establecido una casación

menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar

por ello el tecnicismo que le es propio, ni su naturaleza y esencia, pues, al

fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su finalidad dentro del régimen

procesal moderno.

Ahora bien, pese a la informalidad

que propugna la nueva legislación procesal para formular el recurso de

casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos mínimos

relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley, en tanto

imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que sin ellos,

no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera

flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo

139 del Código, son los únicos presupuestos y formalidades previstos para el

recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo mandato. De esta

manera, en el apartado 1) de la norma recién citada,

se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante

la Sala Primera

de la Corte Suprema

de Justicia. Con ello, se modifica en forma leve para el contencioso

administrativo, el sistema antes vigente en la legislación procesal civil, dado

que, con esta legislación la Sala

se pronuncia sobre la admisibilidad y acorde con la disposición el canon 142,

inciso 1) del CPCA, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo

de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido, o en el lugar

señalado dentro del Primer Circuito Judicial de San José, de acuerdo con la

comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de

instancia). Se busca con esto, la estandarización del régimen

recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de

conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece

el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto

adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una

serie de requisitos de información e identificación del recurrente y del

proceso, que, por su naturaleza (datos, información de trámite), pueden ser

subsanados en el plazo de 3 días, a tenor de lo dispuesto en el cardinal 141

del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el

nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes

autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número

de expediente en la cual fue dictada y f) lugar dentro del perímetro para

recibir notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la

misma sede, salvo, claro está, se haya señalado algún medio, excluido de

cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con

ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos ha de agregarse un último requerimiento

(artículo 139, inciso 3) del Código), en este caso, material, en tanto

necesario para la admisibilidad y la posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la

motivación del

recurso, que por las características de la casación, ha de ser  clara y precisa. En este

sentido, debe contener, tal como lo dispone el

precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la

medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por

demostrados, o por improbados (lo cual lleva a la ponderación de las

probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de disposiciones

procesales, y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de

la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre

el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango

constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto,

después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la

infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las

razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese

sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas

vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que

de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la

indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos

probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que se estime utilizó y mencionó de manera errada el

órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque

constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es

indispensable en ningún caso, citar los preceptos que establecen los

requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se

cumplan, y se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la

casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede

entenderse,  como aquella

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o

reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca.

En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de

ellas), atinente y vinculada de manera clara con la resolución combatida (ya

sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales,

reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no

hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el

cardinal 139 de referencia, se requiere que el recurso cuente con una

fundamentación jurídica mínima, deben explicarse las razones en las cuales

sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia

recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé

sustento (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo

del 2008). La fundamentación es por tanto, ajena al despliegue confuso de

normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple

exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al

recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia

recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el

recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho

referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de

manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de total

fundamentación jurídica, y por tanto, incumple el requisito del mandato 139,

inciso 3) del CPCA, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo

dispuesto en el numeral 140 inciso c) íbidem.

El casacionista en el

agravio identificado como primero, hace una breve reseña

de los hechos que generaron el presente asunto. Transcribe la parte dispositiva

del fallo que recurre

para con ello advertir que la dueña del

vehículo es la señora M. Enfatiza, esta persona nunca se constituyó como parte del

proceso ni reclamó para sí, ningún tipo de indemnización por lo acontecido.

Refiere, como hecho probado se tiene que “…se declaró a G, autor responsable

de la colisión investigada, acontecida el treinta y uno de diciembre de dos mil

cinco, y en consecuencia se le impuso la multa de rigor y se le condenó a pagar

los daños y perjuicios ocasionados con su actuar al vehículo placas […]…”. El

hecho que se tiene por demostrado de esa forma, asevera, hace incurrir al

juzgador en una gravísima equivocación sobre los extremos y el derecho que le

asiste a la ejecutante; ya que como se indicó, en “…ningún momento se

constituyó como parte del proceso a la propietaria del vehículo, quien a la

postre habría suscrito la póliza de seguro…” del automotor en discusión. En

su opinión, el juez incurre en un error de hecho ya que asegura, no fue

observado con detenimiento el documento de subrogación de derechos, la hoja de

liquidación de seguros y la sentencia que se ejecuta; ya que esta última

confirió una condena en abstracto a la señora R quien debió liquidar los daños

y perjuicios irrogados en el accidente de tránsito. Insiste, ese

derecho se confirió a la señora R y a nadie más. Esa inobservancia, aduce,

lesiona las reglas de la sana

crítica, la lógica y la razón al quebrantarse lo dispuesto por los preceptos

330 del Código Procesal Civil (en adelante

CPC) y 82.4 y 220 del

Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Cuando se

revisan con detenimiento los documentos que versan sobre la subrogación,

afirma, se deja de analizar que la póliza de seguro había sido exigida por una

persona quien no contaba con el derecho para reclamar una indemnización por el

accidente de tránsito ya que no había sido parte en el proceso. La

persona que adquirió ese derecho, señala,  fue la

señora R; sin embargo, el reclamo de los daños fue exigido por doña M, quien no

contaba con legitimación para exigir un pago o indemnización al INS, ya que en

los autos no se observa ninguna cesión de derechos litigiosos de la señora E

otorgado a doña R. En su opinión, “… la gestión aceptada y cancelada por la

actora fue un lamentable ardid, en el que lastimosamente incurrió...” El

INS, no podía ni debía señala, reconocer el reclamo

que hacia la señora M, ya que como

se indicó esta persona no se apersonó al proceso de tránsito, por lo que

consintió en no reclamar absolutamente nada. Acusa, lo anterior demuestra que

el Juzgador quebrantó las reglas de la sana crítica ya que no se valoraron a

conciencia las pruebas citadas, con lo que se causa una grave indefensión que

se origina por la aplicación indebida del numeral 20 de la Ley no. 11 del 02 de octubre

de 1922. Ello, por cuanto a su juicio es improcedente la subrogación de los

derechos de la señora M a instancia del INS, ya que el derecho no le

fue otorgado a esa persona por ninguna autoridad judicial. Lo anterior, apunta,

genera indefensión ya que existe una deficiente composición de la litis al

realizar el INS, una indebida e ilegitima subrogación de derechos de una

persona quien no tenía esa condición, lo que le impide tener legitimación ad

causan activa, además de que se hace una indebida e incorrecta motivación de la

sentencia. Acusa también, indebida aplicación del artículo 10 del CPCA, ya que redunda en la idea de que

el INS no tenía legitimación para demandar. Endilga el INS, se subrogó los

derechos de la señora E, el 20 de enero de 2006 y es hasta el 6 de julio de

2006 que se emite la sentencia de tránsito; lo que  hace concluir que

pasaron seis meses durante los cuales doña María no se constituyó como parte

del proceso. Posteriormente, subraya, el INS solicita la ejecutoria de la

sentencia a fin de presentar el presente proceso, cometiendo el grave error de

que no se apersonó ni ejerció sus derechos durante el

proceso de tránsito. Dicha ejecutoria, refiere, no es una

prueba admisible, oponible y pertinente para exigir el pago de una obligación

de valor o para pretender la indemnización que solicita la ejecutante, ya que

no existe ningún derecho que se le reconozca al Instituto en la sentencia que

se ejecuta. Alega, falta de aplicación de los numerales 330 y 220 del CPC, al  no valorarse

bajo las reglas de la sana

crítica la ejecutoria de referencia. El Juez incurrió en un

grave error al entender que la sentencia de tránsito confería un derecho al

Instituto; conllevando ello, la infracción de los cánones 868, 1045 y 1046 del Código Civil (CC). Cita jurisprudencia de esta Sala referida al contrato de seguros.

La forma como se resolvió la litis, reprocha, violenta los cardinal 308 y siguientes

de la Ley General

de la

Administración Pública (en adelante LGAP) el cual establece

“…que todo acto o conducta administrativa que imponga una restricción,

límite o eliminación de la esfera jurídica de los particulares debe cumplir con

un procedimiento administrativo ordinario que permite el ejercicio del derecho

de defensa y de contradicción…”  En su opinión, si el INS no se

constituyó en el procedimiento de tránsito, debió cumplir con el procedimiento

que exige el numeral 308 íbidem; pero este nunca

realizó, para establecer la verdad real de los hechos acontecidos y a su vez

para determinar la obligación de valor concedida en el “procedimiento”

de tránsito. El resultado de ese procedimiento administrativo, debía de ser un

título ejecutivo, el cual se tendría que  emitir

si no se cancelaran las obligaciones dinerarias que surgieran conforme a los

preceptos 149 y 150 de la

LGAP. La ejecutante, expone, debió haber presentado en

lugar de una ejecución de sentencia, un procedimiento monitorio que se rige por

las reglas de la Ley

8624 que acusa infringida en su totalidad por su falta de aplicación.

El casacionista en el

agravio citado, pretende revertir lo resuelto en la resolución recurrida,

cuestionando la legitimación activa del Instituto para

el planteamiento de la demanda de ejecución de sentencia. Se limita a mencionar

que existieron errores de hecho por parte de la Juzgadora, sin precisar

con claridad en que consistieron esos yerros y sin combatir los argumentos de

la resolución impugnada. Nótese que en esencia, lo que

discute, es la legitimación de la persona, quien firmó el finiquito donde el

INS se subroga los derechos y no los sustentos esgrimidos en la sentencia que

recurre. Expone una serie de consideraciones reiterativas en torno al

caso, que no conducen a establecer en qué consistió la

vulneración que reprocha. Es omiso en combatir de manera lógica y concatenada

los fundamentos del

fallo. En síntesis, lo que expone son una serie de argumentos que no cumplen

con una correcta relación técnico jurídica. Olvida el casacionista que esta

instancia procesal, no corresponde a un  recurso

ordinario (como

es el de apelación), ni resulta suficiente manifestar una serie de

disconformidades generales y meramente argumentativas, en tanto es menester,

según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que,

en su criterio, tuvo lugar. A partir de lo que se explicó en el considerando V,

es claro que el agravio reseñado en el aparte anterior, carece de la

fundamentación jurídica que, de manera sistemática y específica, combata los

fundamentos de la resolución recurrida, con otras razones normativas, y no con

simples y genéricas disconformidades de criterio. El recurso de casación, en

orden a tales exigencias, debe bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal

entendimiento, para que la Sala

lleve a cabo la labor contralora que le es propia y evitar así, tenga que verse

obligada a interpretarlo, más aún, realizar una labor de juez de instancia, a

fin de desentrañar a qué se refiere el recurrente, es decir, esclarecer todo

aquello que debió decir de modo explícito y comprensible. Al no hacer un claro deslinde en los reparos contenidos en los cargos

antes referidos, propio de un recurso técnico y extraordinario como el de casación, imposibilita discernir

un reclamo concreto contra la sentencia recurrida. Por ello, al resultar este agravio carente tanto de motivación (en los términos

ampliamente expuestos en el considerando V) cuanto de precisión y claridad,

conduce a su rechazo de plano.