Resolución 00631-2013

De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 134, 139 y 142 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA), los recursos planteados resultan admisibles, excepto en

lo relativo al primer agravio del ente corporativo codemandado, que se

rechazará por informal. Acorde con lo estipulado en el ordinal 142 del cuerpo

normativo de cita, se pone en conocimiento de la admisión del recurso de la

parte actora a la Municipalidad de Desamparados; del interpuesto por esta

última, a los coaccionantes, por el plazo de 10 días, una vez vencido este y si

fuere del caso el de la respectiva ampliación, díctese sentencia escrita.

El representante de la

Municipalidad de Desamparados solicita se admitan como prueba para mejor

resolver:

La impresión del área que comprende la ruta nacional no. 217, cuya

fuente es la hoja cartográfica del Instituto Geográfico Nacional, hoja Cucubres

1:10000.

El oficio no. OF.U.T.G.V no. 243-2012 del 25 de junio de 2012,

emitido por el ingeniero Asdrúbal Fonseca Pineda, coordinador de la Unidad

Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Desamparados.

Sobre el particular,

ha de señalarse que la prueba para mejor resolver, que se encuentra normada en

el canon 148 del CPCA, según lo ha expresado esta Cámara, es del juzgador, sea,

se trata del reconocimiento de la iniciativa probatoria oficiosa a cargo de los

jueces, en este caso, casacionales. Así, corresponde a estos decidir su

conveniencia y necesidad, a saber, cuando constituyan elementos demostrativos

que se consideren relevantes para la correcta resolución del proceso. Lo

expresado, sin que pueda hacerse para corregir las omisiones, negligencias o

descuidos de los contendientes respecto a su carga probatoria o para paliar

carencias en la defensa, pues, en estos presupuestos se lesionaría la igualdad

entre los litigantes y podría comprometer la imparcialidad de los juzgadores.

Consecuentemente, de ordenarse ha de respetarse la garantía de defensa en

juicio y deberá ser introducida únicamente para dilucidar aspectos inciertos o

dudosos que surjan al ponderar las pruebas aportadas por las partes. Pero

quedando la decisión de recabarla, siempre como facultad de los jueces, o sea,

que compete a una valoración discrecional del órgano jurisdiccional. Y, cuando

alguna de las partes la propone, compete a su entera discrecionalidad la

decisión de recabarla. En el subexamine, el proponente pudo ofrecer tales

elementos de convicción en el momento procesal oportuno, pero no lo hizo, de

ser aceptada significaría paliar su propia incuria, lo cual no resulta

procedente. Asimismo, esta Cámara estima que en razón de que el agravio

sustancial atinente a la naturaleza de la carretera donde sucedieron los hechos

se rechazará por informal, los elementos probatorios ofrecidos resultan

innecesarios.

En otro orden de

ideas, es menester referirse a los requisitos necesarios para la admisión del

recurso de casación.  Se califica este medio de impugnación como uno de

carácter extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término,

porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino sólo las

contempladas en la ley. Y, segundo, porque las causales de impugnación en esa

etapa revisora son preestablecidas por el ordenamiento jurídico. En lo relativo

al primer aspecto, son susceptibles del recurso de casación las sentencias y los

autos con carácter se sentencia capaces de producir cosa juzgada material.

Asímismo, lo son aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las

ejecuciones de sentencia de fallos firmes recaídos en procesos de conocimiento.

Frente a esta fórmula genérica, el CPCA, puntualiza algunas resoluciones

particulares a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se

encuentran en esta posibilidad las siguientes: a) la que declara la

inadmisibilidad de la demanda (artículo 62.3); b) la que declara con lugar las

defensas previas indicadas en el apartado 6) del cánon 92 del Código de cita, y

c) la que resuelve en forma final, el “proceso de ejecución” de sentencia en

habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional (numeral 183 ibidem). Por ende,

los autos comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no

pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional.

En lo que atañe a las causales, cabe agregar que se mantiene la dualidad entre

lo procesal y lo sustantivo. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 de la

nueva legislación codificada. Para los primeros, se efectúa un listado en

términos amplios, de gran cobertura, y ajustados en algunos casos a los

presupuestos de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible

infracción de los elementos probatorios (se tengan por demostrados o

indemostrados hechos contra la prueba que obra en autos, o bien, preterición o

indebida valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por

otro lado, formando parte de este último grupo, se encuentra la infracción

estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida,

una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma,

conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Hecha la mención, de

las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, es

imprescindible conocer los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este

sentido, bueno es recordar que la vocación antiformalista con que irrumpe el

CPCA en el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus

propios institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de

los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Así se ha establecido

una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin

abandonar el tecnicismo que le es propio, ni su naturaleza y esencia, pues, al

fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su finalidad dentro del régimen

procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular el

recurso de casación, se articulan requisitos mínimos e imprescindibles

relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean, mediante ley, para este particular

recurso extraordinario, ya que sin ellos, no habría orden ni equilibrio

procesal; empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues

precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia,

son los únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación,

según lo señala el inciso 5) de ese mismo numeral. De esta manera, en el

apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el recurso en mención

deberá presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema

de Justicia. Se modifica en forma leve para el contencioso administrativo, el

sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que, ahora,

la Sala se pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1

del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el

plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo

con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de

instancia). Se busca con esto, la estandarización del régimen recursivo que

presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se

presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. Paso

seguido, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su

interposición: 15 días hábiles, contados a partir del día hábil

siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o

aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil

siguiente, de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado

el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una serie de

requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso,

que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser

subsanados en el plazo de 3 días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del

mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de

proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la

firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d)

hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente

en la cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones,

cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la misma sede, salvo, claro

está, que se haya señalado algún medio, excluido de cualquier

circunscripción territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con ello se

completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento [artículo 139.3) del CPCA), en este

caso, material, necesario para la admisibilidad y la posterior valoración del

recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso, que por las

características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido,

debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme

con los hechos que se han tenido por demostrados, o indemostrados (lo cual

lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas

por violación de normas procesales, y jurídica, cuando se trata de un problema

que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de

cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos por supuesto, los

principios de rango constitucional o aquella que también opera por efecto

reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia

impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, pueden

concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de

carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser

dirigidos en ambas vertientes. Por su parte, es necesario aclarar que de la

fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de

los cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal

apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que

equivocadamente utilizó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y

razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y

desde luego, no es menester, citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas

últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al

momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación

dispuesta por ley, puede entenderse, como aquella argumentación

técnico-jurídica en la que se mencionan artículos, o reglas jurídicas

entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble

perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En

la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una

sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida

(ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay

fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas

doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo

general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el

artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una

fundamentación jurídica mínima...deben explicarse las razones en las cuales

sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia

recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé

sustento” (Sentencia no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de

mayo del 2008). La fundamentación es por tanto, ajena al despliegue confuso de

normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple

exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al

recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia

recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el

recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho

referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de

manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total

fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito

establecido en el numeral 139.3), que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor

de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del mismo Código de rito.

El ayuntamiento

codemandado, en el primero de sus reparos, alega, el Tribunal al declarar con

lugar la demanda contra el ente corporativo, estimó que la vía pública donde ocurrieron

los hechos era una calle municipal. Señala, lo anterior con fundamento en el

acuerdo no. 1 de la sesión no. 343 del Consejo Municipal, celebrada el 10 de

octubre de 2006, donde se acordaron realizar las labores de colocación de la

tubería 50 metros al sur del centro educativo Sotero González. Recrimina, los

juzgadores incurrieron  en una indebida interpretación, pues, pese a que

al lugar se le denomina “Calle Máquinas”, no puede llevar a considerar que se

trata de una vía municipal. Apunta, sí bien el ente corporativo asumió los

trabajos de entubado de la quebrada, que corre de forma paralela a la

carretera, lo fue por que de manera responsable asumió el resguardo de los

intereses locales. Sin embargo, arguye, esto no implica que la calle sea municipal.

Expone, en realidad se trata de la ruta nacional no. 127, administrada por el

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y cuyo mantenimiento le corresponde

al CONAVI. Acota, dicha condición nunca fue un hecho controvertido, ya que los

restantes codemandados nunca manifestaron que no se trataba de una carretera

nacional. Señala, por esa razón se trajo al proceso al Consejo, quien como no

presentó oposición en tal sentido, entonces recurriendo a la lógica elemental,

significa que lo aceptó. Por ello, afirma, su aceptación tácita en cuanto a la

naturaleza de la vía en cuestión.

Según se aprecia,

recrimina el Tribunal considerara que el lugar donde ocurrió el incidente es

una carretera cantonal, ya que estima, se trata de una ruta nacional, la no. 127.

No obstante, omitió citar, -pese a estar obligado a ello-, el derecho de fondo

que resultó vulnerado, en razón del yerro que en su criterio se cometió en la

sentencia recurrida. Es claro, evade explicar la indebida aplicación del

ordenamiento jurídico  en que incurre el fallo impugnado. De ahí, no basta

con que recrimine el proceder del Juez, ni que externe motivos por los que

estima improcedente lo resuelto, sino que le era ineludible hacer la

correspondiente relación técnico-normativa. Así las cosas, ante la evidente

desatención en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de

la resolución recurrida, con otras razones normativas, no con simples y

genéricas disconformidades, lo pertinente es su inadmisibilidad.