Resolución 01148-2013

De previo a analizar

la admisibilidad de los agravios interpuestos por la casacionista, es menester

señalar lo siguiente. En la resolución cuestionada, el Tribunal dispuso de

oficio la falta de capacidad de actuar procesal o “legitimatio ad processum”

activa y declaró sin lugar la demanda interpuesta. Por innecesario, omitió

pronunciamiento en torno de las defensas formuladas por la institución

demandada. Por último, condenó al pago de las costas al demandante. En el

considerando III, denominado “SOBRE LA LEGITIMACIÓN AD PROCESUM [sic]

ACTIVA COMO PRESUPUESTO INDISPENSABLE DE FORMA PARA PRESENTAR LA DEMANDA”,

en lo de interés, indicó: “En punto a la legitimación, cabe señalar en

primer término la diferencia que existe entre la legitimación ad causam tanto

activa como pasiva, que constituye un presupuesto procesal de fondo, y la

legitimación ad procesum [sic] activa, entendida como la

capacidad procesal para ser parte dentro de un proceso y ejercer por sí mismo

la acción en el ámbito jurisdiccional, aludida en los numerales 102 y 298 del

Código Procesal Civil y 66 b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, y

que constituye un presupuesto de admisibilidad de la demanda, un requisito de

forma. Mientras que, la legitimación ad causam no es de forma sino

de fondo, es la relación entre la situación jurídica expuesta por el actor y el

interés legítimo debatido siendo un presupuesto para una decisión estimatoria

de la pretensión. […] En tanto que la legitimación ad procesum

[sic] activa es la capacidad necesaria con lo [sic] que

debe contar una persona física o jurídica para entablar una demanda. De

esta suerte, la determinación de si existe o no la legitimación activa en un

caso concreto exige, primero precisar con toda claridad cual [sic] es la

pretensión o pretensiones deducidas y, segundo, establecer quién o quiénes

están habilitados para reclamarlas y en el caso de la legitimación ad procesum [sic]

activa deberá determinarse si quien acude a entablar la acción, cuenta con la

capacidad legal para acudir a la sede jurisdiccional. […]” (lo subrayado es

suplido). Esta Sala comparte lo afirmado por las juzgadoras y el juzgadores de

instancia en torno a lo que debe entenderse por capacidad de actuar procesal,

con la observación de que la norma del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA) que la regula de manera específica es el canon 9, en

donde, en lo de interés se indica: “Tendrán capacidad procesal ante la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, además de los

sujetos que la ostenten de conformidad con la legislación común: […]”. De

igual manera, el numeral 102 del Código Procesal Civil señala: “Capacidad

Procesal. Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre

ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante

representación. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus

representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.”

Consecuentemente, solo le asiste dicha capacidad a la persona física o jurídica

que se encuentre legalmente habilitada para realizar, por sí misma, actos

procesales válidos, sea demandando por sí o siendo demandado. Como bien lo

señaló el Tribunal, la capacidad de comparecer a juicio constituye un

presupuesto de admisibilidad de la demanda; es decir, se trata de un aspecto de

orden procesal. Si se acoge la defensa o se declara de oficio, los juzgadores

no pueden analizar el fondo de lo discutido; tal y como sucedió en esta lite.

Por ende, lo pertinente es declarar la inadmisibilidad de la demanda. Así está

expresamente dispuesto en los preceptos 92 inciso 2) y 120 inciso 3) del CPCA.

Por esta razón, los motivos casacionales que generaría la resolución que

declara la falta de capacidad de actuar procesal o de “legitimatio ad

processum” son de naturaleza procesal; es decir, por quebranto de normas de esa

índole. Es por ello que, dentro de esta línea de pensamiento, las juzgadoras y

el juzgador de instancia incurren en un error cuando, en la parte dispositiva

de la sentencia impugnada indicaron: “Se declara la falta  de

legitimación ad procesum activa. Se declara sin lugar la demanda planteada

por el COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESCAZÚ, contra la CAJA

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Se omite pronunciamiento sobre las

excepciones interpuestas, por innecesario. Son ambas costas a cargo del actor.-“(Lo

subrayado es suplido). Al no haberse analizado el fondo de lo discutido en este

proceso, se repite, lo procedente era declarar la inadmisibilidad de la

demanda, no declararla sin lugar. Asimismo, debió ordenarse el archivo del

expediente. Por lo expuesto, esta Cámara entenderá que la resolución combatida

es de inadmisibilidad de la demanda.

En el marco del orden

de ideas expuesto en el considerando anterior, los agravios formulados por la

casacionista aduciendo quebranto de normas sustantivas, no son de recibo. Sin

embargo, una vez analizados, se determina que lo recriminado en el segundo

reclamo por este motivo casacionial, folio 197, configura un alegato procesal,

por lo que resulta admisible. Por el contrario, en el sexto reparo,

conforme al orden dispuesto por la recurrente (tercero por transgresión de

normas procesales), folio 202, en donde arguye que la condena en costas

impuesta a su representado no es procedente, ya que su representado litigó de

buena fe y en defensa de los derechos de la población, así como del presupuesto

constituido por fondos públicos. También, añade, actuó sobre la base de la

contratación administrativa, para aquellos servicios técnicos o profesionales

que prestan los diferentes entrenadores contratados para preparar a los equipos

de las diferentes disciplinas que participan en los Juegos Nacionales, en cuyo

caso, anota, una vez terminado ese servicio, concluye el contrato. Lo expuesto

en este motivo de disconformidad, de darse, configuraría un motivo casacional

por violación de normas sustantivas, no procesales como se interpuso. A pesar

de lo apuntado en torno a que la inadmisibilidad de la demanda solo genera

quebrantos de índole procesal, este configura una excepción. Esto por cuanto,

como se apuntó, el Tribunal, en sentencia y de oficio, dictó una falta de

capacidad de actuar procesal. Debido al estadio procesal en que se encontraba

el proceso, el pronunciamiento sobre las costas resultaba procedente. Por lo

tanto, este agravio también resultaría admisible; sin embargo es informal. La

casacionista no cita ninguna norma como infringida y, por ende, tampoco

explica, con el rigor debido, en qué consiste su quebranto, lo que impone su

rechazo.

Sin perjuicio de lo

expuesto, y a mayor abundamiento de razones, es menester señalar lo siguiente.

En el primer motivo de disconformidad por quebranto de normas

sustantivas, folio 197, señala la recurrente que, de conformidad con los hechos

probados, el Tribunal admite que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de

Escazú fue parte en el proceso administrativo que siguió la Caja Costarricense

de Seguro Social en su contra. Confeccionó dos informes de inspección y expidió

las respectivas planillas adicionales por supuestas diferencias en salarios y

reportes a esa institución, tocante a supuestos trabajadores del Comité. No

obstante, agrega, las juzgadoras y el juzgador de instancia hicieron un

cuestionamiento sobre la legitimación de su representado como parte en el

proceso judicial, afirmando que no puede figurar como actor ni demandado,

declarando sin lugar la demanda y condenándolo en costas, por considerar que no

está dentro de los supuestos de exoneración. En la tercera objeción por

quebranto de normas sustantivas, folio 198, afirma la impugnante que en la

sentencia cuestionada el Tribunal omitió, en los alegatos de las partes, que su

representado invocó que los informes emitidos por la Caja estaban, no solo

ayunos de fundamento, sino también, que dicha institución violó su propio procedimiento.

Incluyó a los entrenadores contratados por servicios técnicos y profesionales

como si fueran trabajadores regulares del Comité, sin hacer las entrevistas que

la misma funcionaria de ese ente admitió, en la audiencia oral y pública, como

parte del procedimiento a seguir para determinar si existe o no una relación

laboral, sea cual sea la connotación que las partes le hayan dado. Esto,

comenta, es una anomalía palpable en los informes de la funcionaria técnica;

por ende, una acción irregular de la Administración, cuyo accionar le causó

daños y perjuicios a su representado, al considerar, sin ningún fundamento o

corroboración, que los entrenadores contratados por servicios técnicos y

profesionales son trabajadores regulares del Comité, procediendo a elaborar

planillas adicionales, engrosando la supuesta deuda. El Tribunal, señala, no

incluyó, en los hechos demostrados, esa circunstancia, a pesar de haber sido

discutida en la audiencia de juicio, en donde se recibió e indagó a la testigo

perito de la Caja; por lo que no valoró la prueba de acuerdo con la sana

crítica racional; o más preciso, ni siquiera la consideró, violentando normas

del procedimiento con su actuar y provocando que exista falta de motivación en

la resolución recurrida.

En torno a lo

relacionado en el apartado anterior, es menester indicar que el numeral 139

inciso 3 del CPCA prevé un requerimiento de orden material, en tanto necesario

para la admisibilidad del recurso y para su posterior valoración por el fondo.

Se trata, de la motivación del recurso, que por las características de la

casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como

lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del

caso.  Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos

que se han tenido por demostrados, o por indemostrados (lo cual lleva a la

ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la

violación de normas procesales. Y jurídica, cuando se trata de un problema que

se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de

cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto,

los principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto

reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia

impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede

concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de

carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser

dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es

necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso

mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del

elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta

innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano

jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque constan

en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es para nada

indispensable, citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y

reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas

últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento

de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación

dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como  aquella

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o

reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones

las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como

lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima ... deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación del recurso es

por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de

argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la

procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se

consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o

criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple

el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del

mismo Código de rito.

En el caso en

estudio, el recurrente olvida que esta instancia procesal no corresponde a un

recurso ordinario (como es la apelación). Tampoco es suficiente, se insiste,

manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas.

Es menester, según se apuntó en el considerando anterior, el contraste de lo

decidido con la infracción que en su criterio tuvo lugar. La casacionista no

combate, de manera sistemática y específica, los fundamentos de la resolución impugnada.

En el primer agravio por quebranto de normas sustantivas, lo señalado

por la recurrente no es más que una descripción del cuadro fáctico acontecido

en esta lite. No engarza su dicho con el fallo cuestionado. Además, no cita

ningún precepto de fondo como conculcado. En la tercera objeción, la

casacionista aduce dos hipótesis distintas e inseparables. Por un lado,

preterición del testimonio de la funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro

Social. Esto originaría un quebranto indirecto de ley. No obstante, no cita

norma alguna de fondo como transgredida. Por el otro, afirma que la sentencia

cuestionada padece falta de motivación, lo que da cabida a un motivo casacional

por quebranto de normas procesales. Esta ambigüedad riñe con la técnica que debe

imperar en la redacción del recurso de casación, la cual impone que los motivos

u objeciones deban indicarse en forma clara y precisa (artículo 139 inciso 3)

del CPCA).

Los demás agravios

propuestos, segundo por quebranto de normas sustantivas, folio 197

-entendiendo que lo alegado, de darse, configura un aspecto de orden procesal-;

cuarto, folio 199 y quinto, folio 201  –primero y segundo,

respectivamente, por infracción de normas procesales-, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 134 y 139 del CPCA resultan admisibles.  Se

pone en conocimiento de su admisión a la parte demandada por el plazo de 10

días hábiles (ordinal 142 ibídem).  Debido a la especialidad de las

pretensiones discutidas en el proceso, esta Sala estima que la redacción de la

sentencia posee una excepcional complejidad, y así deberá declararse conforme

al numeral 149 inciso 4 íbid.  Por ello, su dictado podrá realizarse en un

plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del vencimiento del traslado

del recurso a la parte actora.

La recurrente, a

folios 205 y 206, aporta con su recurso la siguiente prueba: 1) certificación

expedida por la Secretaria de la Municipalidad de Escazú, en donde se indica lo

dispuesto en el precepto 164 del Código Municipal; el domicilio legal del

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú; los integrantes de su Junta

Directiva; así como el número de su cédula jurídica y 2) copia fotostática de

su cédula de identidad. De conformidad con el numeral 145 ibídem, se concede

audiencia de esos documentos a la institución demandada por el plazo de tres

días, aclarando que su admisión o rechazo se resolverá en el fallo final.