Resolución 00813-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció proceso

contencioso administrativo -especial tributario-, cuya cuantía se fijó en la

suma de dieciséis millones doscientos sesenta y dos mil diez colones con diez

céntimos, a fin de que en sentencia se declare: “1- Solicito

que este TRIBUNAL Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda conozca del

presente juicio ordinario especial tributario dándole el trámite de ley.

Que

en sentencia se declare con lugar y en todos sus extremos el presente reclamo, decretando

la NULIDAD ABSOLUTA de: - La Resolución de la Administración Tributaria

de Grandes Contribuyentes, número DT 10 R 057-03, de las once horas del diez de

mayo del año dos mil tres, que declaró sin lugar el reclamo presentado por la

compañía intervenida AUTO REPUESTOS AVENIDA DIEZ, S.A., contra

los traslados de cargos números 2751000044177 y 2751000044186, y determinó a su

cargo un aumento con respecto a lo declarado, en concepto de impuesto sobre la

renta de los períodos fiscales 1999 y 2000, por ¢8.043.591,oo y ¢8.218.419,oo,

respectivamente. -La resolución número 412-2005 P, de las ocho horas cuarenta

minutos del dos de septiembre del dos mil cinco, dictada por la Sala Primera

del Tribunal Fiscal Administrativo, que confirmó íntegramente el aumento

determinado a AUTO REPUESTOS AVENIDA DIEZ, S.A., en el impuesto sobre la renta

de los períodos fiscales de los años 1999 y 2000.

Que se condene al Estado a

los pagos de los DAÑOS Y PERJUICIOS causados con su actuar lícito

originados por los actos administrativos arriba impugnados.

Se

declare -prima facie-, que los daños a indemnizar por parte del Estado, a favor

de la empresa actora, ascienden a la suma de ¢34.015.034 colones (treinta y

cuatro millones cero quince mil cero treinta y cuatro colones), de los

cuales ¢17.994.977 colones (diecisiete millones novecientos noventa y cuatro

mil novecientos setenta y siete colones), corresponden al impuesto más

intereses del año 1999, y ¢16.020.057 (dieciseis millones veinte mil

cincuenta y siete colones), al impuesto más intereses del año 2000, todo

calculado hasta el 25 de noviembre del año 2005.-

Se declare que la

suma principal antes dicha, debe ser pagada junto con el PERJUICIO DIRECTO

ocasionado, consistente en los intereses moratorios, los que empiezan a correr

a partir del 25 de noviembre del 2005 hasta su efectivo pago, de conformidad

con la tasa anual que certifique el Banco Nacional, vigente para depósitos a

plazo a 6 meses en moneda nacional.

Que el Estado con su actuación, le ha

ocasionado un DAÑO DIRECTO, Y PERJUICIOS A AUTO REPUESTOS AVENIDA DIEZ, S.A.

POR UN TOTAL DE ¢34.015.034 COLONES (TREINTA Y CUATRO MILLONES CERO QUINCE MIL

CERO TREINTA Y CUATRO COLONES) más los respectivos intereses hasta el pago

total de la deuda.

Se condene al Estado al pago de

ambas costas del

presente proceso.”

El representante

estatal contestó conforme a folios 122 a 170 e interpuso

las excepciones de falta de derecho y defectos formal en la pretensión

que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo.

El Tribunal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sétima, integrada por

los jueces Bernardo Rodríguez Villalobos, Isaac G. Amador Hernández y Francisco

Jiménez Villegas, en sentencia n.° 20-2011-VII de las 14 horas del 23 de marzo

de 2011, dispuso: “Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara improcedente en todos sus

extremos la presente demanda. Se condena en ambas costas

a la actora.”

La parte actora formula

recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya para

refutar la tesis del Tribunal.

Para efectuar la vista

se señalaron  las 8 horas 30 minutos del 10 de agosto de 2011, oportunidad

en que hicieron uso de la palabra los licenciados Luis Enrique Gutiérrez

Rodríguez e Iván Vincenti Rojas, el primero como representante de la sociedad

actora y el segundo en su condición de representante estatal.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

En la demanda origen

de este proceso, Auto Repuestos Avenida Diez S.A., refirió, mediante traslado

de cargos no. 197-1000096886 del 30 de julio de 2002, la Administración

Tributaria (en adelante AT), determinó diferencias en las declaraciones del

impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios fiscales 1999 y 2000,

por las sumas de ¢8.043.591,00; y ¢8.218.419,00, respectivamente. Señaló, la AT

sostuvo que dedujo ilegítimamente, gastos financieros, intereses y diferencias

cambiarias del crédito que obtuvo con el Banco Internacional de Costa Rica (en

lo subsiguiente BICSA), durante los ejercicios fiscales 1999 y 2000, razón por

la cual, solicitó los contratos de préstamo correspondientes. Aclaró a la AT

que la operación 20290003, suscrita con BICSA, por la suma de USD $487.413,26; fue obtenida como

capital de trabajo, además, le entregó fotocopias de las letras de cambio

garantía de los pasivos de interés. Explicó además a la Administración, que

dicho préstamo fue renovado a fin de financiar cuentas por cobrar a clientes

que en diciembre de ese año superaban los ¢123.000.000,00.

Explicó, en notas del 15 de octubre y 11 de diciembre de 2002, manifestó a la

AT que la información referente al convenio de préstamo no estaba disponible,

pues correspondía a períodos prescritos. Adujo, no obstante aportó un fax emitido por BICSA en el cual se aclara la naturaleza del crédito. Aseveró,

mediante traslados de cargos no. 193-100000002781 y 193-10000002791 del 17 de

febrero de 2003, se le atribuyó una infracción administrativa por incluir

deducciones mayores a las correspondientes o información inexacta en las

declaraciones del impuesto sobre la renta de los ejercicios 1999 y 2000,

imponiéndole el pago de ¢2.010.898,00; relativo al

período fiscal 1999 y ¢2.054.605,00 para el 2000, mas intereses. Aseguró, sus gestiones fueron denegadas mediante resolución

DT10R057-03 del 30 de mayo de 2003, la cual impugnó, pero, su recurso de

revocatoria fue declarado sin lugar. El Tribunal Fiscal Administrativo

(en lo sucesivo TFA) emitió la resolución 412-2005 P, del 22 de setiembre de

2005, en la cual confirmó la resolución atacada y dio por agotada la vía.

Adujo, el 25 de noviembre de 2005, canceló bajo protesta a la AT la suma total

de ¢34.015.034,00, por adeudos reclamados (períodos

fiscales 1999 y 2000), sumas que incluían impuestos e intereses. En sentencia

solicita:

Se declare la nulidad absoluta de las resoluciones no. DT 10 R

057-03 emitida por la AT, y no. 412-2005 P del TFA;

Se condene al Estado al

pago de los daños que estima en la suma de ¢34.015.034,00 así como sus

perjuicios, consistentes en intereses moratorios desde el 25 de noviembre de

2005, hasta su efectivo pago, conforme a la tasa de ley, y ambas costas. El Estado contestó negativamente. Opuso

las excepciones de defecto formal en la pretensión, y falta de derecho. El Tribunal rechazó la primera interlocutoriamente, acogió la de

falta de derecho. Declaró improcedente la demanda, con las costas a

cargo de  la accionante. Inconforme

la actora, acude en casación.

A pesar de que en el

recurso se entremezclan una serie indistinta de agravios, del análisis de la

censura planteada, se puede colegir que se trata en realidad de tres

reproches independientes. En el primer cargo, reclama violación directa

por indebida interpretación del

artículo 51 del

Código de Normas y Procedimientos Tributarios (en adelante CNPT). Dice, desde el inicio sostuvo que no se le puede exigir la

presentación de documentos de los períodos tributarios 1993 y 1995, pues están

prescritos. Asevera, el Tribunal señala en forma errónea que la

prescripción no opera en el caso de examen, además, indica, resuelve en contra

del numeral 51 del CNPT, que establece un plazo de tres años para determinar

obligaciones, pago de tributos, intereses y otros.  Así, añade, la

violación se da en dos vías, al desaplicar la norma 51

citada, y dar al caso una solución diametralmente opuesta a la que el propio

instituto de la prescripción señala. Afirma, conforme el precepto 51 del CNPT

lo que prescribe es  la facultad de “determinar” la deuda tributaria y con

ella el examen de documentos, antecedentes o información, en aras del principio

constitucional de seguridad jurídica. También denuncia desaplicada la norma 35

del CNPT que establece como medio extintivo de las obligaciones tributarias, a

la prescripción, y del numeral 109 de ese cuerpo normativo, el cual obliga a

los sujetos pasivos a conservar los documentos, por un plazo máximo de cuatro

años, así como del principio constitucional de seguridad jurídica. En la segunda

censura, alega desaplicación del

primer párrafo del

transitorio III de la Ley de Justicia Tributaria (en adelante Ley 7535).

Apunta, la norma temporal permite a las empresas con incrementos de patrimonio

e ingresos injustificados, presentar su declaración del impuesto sobre la

renta, posterior a la vigencia de dicha Ley, sin justificar el origen de tales

recursos. Sostiene, en aplicación de dicho mandato, la empresa podía sustituir

con los socios el pasivo existente anterior a los períodos fiscales 1993 y

1995, con un adeudo real con bancos, sin necesidad de explicar el origen de ese

ingreso. Dicho cardinal, indica, permitió a las empresas corregir en la

declaración de renta del período 1996, irregularidades que podían incluso

implicar cárcel por hechos realizados con anterioridad a la vigencia de la Ley

7535, sin que existiese obligación de pagar sumas adicionales por correcciones

relativas a su actividad económica anterior, tales como cuentas por cobrar,

utilidades o pasivos alterados. Expone, el Tribunal no le dio importancia a que

los préstamos de socios del

año 1992, están justificados como

generadores de ingresos, lo cual resulta de un simple análisis de las cuentas

de activo circulante y activo fijo de ese año, que muestran un aumento en el

patrimonio de la compañía. Agrega, los préstamos obtenidos en los períodos 1993

y 1995, inyectaron capital a la empresa, brindando más ingresos y recursos para

comprar incrementar el inventario. En el tercer agravio, recrimina

violación indirecta, por error de derecho en la apreciación de tres pruebas que

considera fundamentales, el fax de BICSA, del 15 de noviembre de 2002, la

certificación de E. Gutiérrez y Asociados, del 10 de agosto de 2003 y las

letras de cambio a favor de BICSA, en octubre y noviembre de 1999, a las cuales se ha

negado el valor de plena prueba documental, conforme a los preceptos 368, 378 y

379 del Código Procesal Civil. Aduce, dichas probanzas, permiten constatar que

los gastos deducibles para los períodos 1999 y 2000, eran viables y

procedentes, pues la partida era cierta y verdadera. No obstante, en tesis del Tribunal, la falta de presentación de contratos de

préstamos de los años 1993 y 1995, hace improcedente la deducción. Lo anterior,

continúa, quebranta el precepto 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en

adelante LIR), que permite a los contribuyentes servirse de un Contador Público

Autorizado para que certifique los estados contables y financieros  a incluir en la declaración, lo cual el Tribunal no

notó respecto de las certificación emitida por la firma E. Gutiérrez y

Asociados. Añade, no hay en el expediente administrativo documento fidedigno

que indique si esa certificación se basó en datos falsos, por lo cual la fe pública se mantiene, y al no considerarlo así, trae como consecuencia la nulidad del fallo. Por otro lado, asevera, si por

medio del

sistema bancario obtuvo un préstamo y éste está vigente, la garantía de aquel

puede otorgarse bajo diversas modalidades amparadas por el Código de Comercio,

que incluyen las letras de cambio. Recalca, la sentencia es omisa en cuanto a

las letras, las cuales ni siquiera menciona, por lo que afirma el fallo omite

darles el valor legal que esa prueba tiene, para efectos de indicar que el pago

de sus intereses constituye un gasto deducible, conforme al inciso d) del

precepto 8 de la LIR. También acusa infracción al cardinal 48 de la LIR, pues,

de haberse atendido las pruebas que omitió conocer, la deducción del pago por

intereses hubiese sido correcta y atinada.

En el primer cargo, la

casacionista considera, el Tribunal quebranta el ordinal 51 del CNPT, al

disponer en forma errónea que la prescripción no opera en el caso de examen.

Refiere, conforme a esa disposición, la AT está

impedida para “determinar” deudas tributarias y con ello examinar documentos de

períodos prescritos. El Tribunal indicó, la Administración solicitó a la

actora, documentos, comprobantes y justificantes de base, necesarios a efecto

de demostrar que los dineros de los préstamos, cuyo origen se remonta a 1993 y

1995, fueron utilizados en la generación de rentas gravables. Sea, la vinculación o conexión de los gastos, intereses y

diferencial cambiario, producto de préstamos originados en esos períodos, lo

cual estimó correcto, habida cuenta de su incidencia fiscal en los períodos

posteriores (1999-2000), en los cuales, fueron hechas las deducciones.

Sobre el particular, estima esta Sala, en efecto, en la especie la

Administración Tributaria pretendió verificar períodos anteriores al

modificado, a fin de determinar la realidad de la deducción por amortizaciones

a los préstamos. Se trata en el caso de interés, de una actividad económica,

cuyos efectos se han diferido durante varios períodos,

toda vez que se refiere a empréstitos, cuyas amortizaciones no solo afectan el

ejercicio en el cual han sido suscritos, sino también los posteriores. Al

respecto, no debe confundirse la modificación de la base imponible relativa a

ejercicios fiscales prescritos, con la facultad de revisión y fiscalización

realizada sobre esos períodos, a fin de acreditar la realidad económica que da

lugar al reclamo. Resulta innegable que cabe aplicar el plazo de la

prescripción a supuestos en los cuales la Administración modifique la base

imponible declarada por el contribuyente, o afecte de cualquier manera, el

monto a cancelar por concepto del impuesto en períodos

precedentes al de estudio. Tales situaciones no podrían ser modificadas una vez

cumplido el plazo dispuesto por el canon 51 del CNPT.. En el

caso de examen, la verificación de préstamos adquiridos en ejercicios

económicos previos que afecten aquellos de estudio, por parte de la

Administración Tributaria, constituye un acto válido, el cual tiende a

establecer la realidad, procedencia o legalidad de los créditos adquiridos por

la actora. Contra tal actividad, no cabe acoger la defensa de prescripción,

puesto que los efectos del suministro de recursos bancarios en la actividad

empresarial, han sido deducidos como amortizaciones en períodos posteriores

(hechos tenidos por demostrados número 5 y 6), circunstancia que impide la

aplicación del plazo que dispone el precepto 51 invocado, al seguir dicha

declaratoria surtiendo efectos a futuro, como especie de actos continuados. Así

las cosas, ante su alegato, corresponde a la Administración en cada caso,

determinar el elemento fáctico que las genera, con todas las facultades

inherentes para ello, lo cual implica, la potestad de verificarlas en su

origen, como ocurre en el caso de examen. Por lo anterior, procede rechazar el

cargo, en cuanto a la violación del precepto 51 CNPT, puesto que la nueva

determinación tributaria, corresponde a períodos en los cuales, se dedujo de

manera diferida la amortización de los préstamos suscritos con anterioridad.

En el tercer cargo, el

cual procede analizar con antelación al segundo agravio, por tratarse de una

violación indirecta, alega error en la apreciación de tres pruebas que

considera fundamentales, el fax de BICSA del 15 de noviembre de 2002, la

certificación de E. Gutiérrez y Asociados del 10 de agosto de 2003 y las letras

de cambio a favor de BICSA, emitidas en octubre y noviembre de 1999. Dice, tales probanzas hacen viable la deducción de gastos realizada

en los períodos 1999 y 2000. El Tribunal argumentó, la actora no

demostró que los dineros producto de préstamos en cuestión, que dieron origen a

la operación con BICSA por la suma de USD $487.413,26,

hubiesen sido utilizados como

capital de trabajo y generado ingresos gravables (hecho tenido por no

demostrado, número 1).  Agregaron los jueces, ni los estados financieros

del año 1995 al 2002, auditados por E. Gutiérrez y Asociados, que refieren la

existencia de pasivos anteriores no cancelados; ni los de octubre de 1987 al 31

de diciembre de 1998, relativos a deudas con socios o afiliadas; ni el detalle

de estados financieros del pasivo y su movimiento mensual por débitos y

créditos desde 1987 a

1993, que indica, estaban contabilizados en los libros; ni el balance de

situación y estado de resultados breve de los períodos 1987 a 1994, que relata, el

préstamo bancario en cuestión corresponde al pago que se le hizo a los socios,

afiliadas y otras compañías de pasivos existentes; tanto como los flujos de caja

auditados, referentes a incrementos en el capital de trabajo, utilidades y

capital social, bastan a efecto de demostrar los contratos de préstamo, ni el

uso que se les dio, en vista de su generalidad. Por ende, afirman, no puede

acreditarse que hayan sido utilizados para capital de trabajo, ya que la

empresa no aportó documentos referentes a los contratos por los cuales

suscribió los pasivos, a efectos de verificar sus términos, ni los documentos y

justificantes de base que probaran que los recursos se utilizaron en la

generación de rentas gravables. Es decir, no evidenció que

hubiesen sido utilizados para compras de inventario, pago de planillas, compras

de insumos y servicios directos, entre otros. En fin, señalan los

jueces, no se trajo al proceso la prueba de origen que

diera certeza y justificara la conexión de los préstamos de interés con la

generación de rentas gravables. Al respecto, en cuanto a la valoración de la

prueba en materia tributaria, esta Sala ha reiterado, que los movimientos en

los que se fundamente el contribuyente para realizar las autoliquidaciones,

deben estar respaldados por los respectivos comprobantes. De tal

forma, no basta con que el administrado los presente ante la Administración,

sino que, adicionalmente, para tenerlos como

válidos, ésta debe autorizarlos. En esa línea, estimó: “…la posible

deducción de un determinado gasto o costo pende, no solo de su conexidad con la

generación de rentas sujetas. Requiere además, de su

acreditación en sede tributaria, sea, debe estar debidamente respaldada por los

comprobantes correspondientes, que ha de aportar el contribuyente. Lo

anterior viene establecido como requisito sine qua non por lo

preceptuado en los numerales 7, 8, 9 de la Ley no. 7092, 11, 12 de su

Reglamento. Aunado a ello, como se ha expuesto, no

basta al obligado aportar comprobantes para justificar el gasto. Se impone como requisito complementario, que se encuentren debidamente

autorizados por la Administración Tributaria. Por ello, al margen del tipo

de documento que sea presentado para secundar la deducción y posterior

liquidación del deber jurídico tributario, su sola presentación no permite

suponer la demostración que en este ámbito corresponde

al contribuyente. La validez de la deducibilidad autorrealizada por el sujeto pasivo

está sujeta a la posterior comprobación que pueda realizar la Administración

Tributaria, en los términos que estatuye el numeral 123 del Código de Normas y

Procedimientos Tributarios. Lo anterior supone la facultad del Fisco de

analizar la correspondencia de esos comprobantes con los presupuestos que

impone el Ordenamiento Jurídico para la procedencia de la deducción (sobre las

implicaciones de esta función revisora, consúltese de esta Sala, sentencia 633

del 6 de septiembre del 2006 ya citada). Este cotejo busca

desentrañar la realidad económica subyacente en la obligación tributaria y

ponderar la adecuación del gasto al ligamen de necesidad, pero además, su

efectiva demostración. Por ello, ante el rechazo que

pueda dictar el Fisco por considerar que el gasto no se encuentra debidamente

justificado, corresponde al obligado aportar las pruebas que justifiquen que el

gasto es deducible. En definitiva, no basta que el gasto en sí esté

vinculado con la generación de rentas gravables, para que pueda surtir ese efecto de reductor. Es imperativo que el contribuyente

acredite su efectiva realización mediante los comprobantes debidamente

autorizados por la Administración Tributaria, soportes que son elementales para

comprobar la existencia real de la partida, pero además, para establecer su

procedencia cuantitativa y cualitativa.” (Fallo no. 214 de las 8 horas 25

minutos del

25 de marzo de 2009. Consúltese también el no. 1499, de las 15 horas 35 minutos

del 1° de diciembre de 2010) (el subrayado no es del original). También ha

mantenido este órgano decisor el criterio, de que, a

fin de que tal tipo de erogaciones sean avaladas como gastos deducibles, han de vincularse de

manera concreta, a la producción de rentas, en la forma dispuesta por el

precepto 7 de la LIR. Debe en consecuencia para ello, establecerse un nexo que permita considerar deducibles los desembolsos

provenientes de aquella obligación. Así las cosas,

ante la no aceptación de la prueba aportada por parte de la AT, correspondía al

contribuyente la carga de la prueba, entendida como

el deber de demostrar, que los recursos producto del

financiamiento, fueron efectivamente utilizados como capital de trabajo. Observa además esta

Cámara, que de los autos se extrae como la actora se mostró reticente a aportar

prueba relativa a los préstamos, por cuanto consideró, se trataba de documentos

propios de ejercicios fiscales prescritos (hecho X y XIII de la demanda),

decisión que no puede imputarse a la AT al tener por no acreditado el uso de

esos fondos. En esa misma línea, es claro que el Tribunal si valoró las demás

probanzas documentales presentadas, a las cuales se refiere ampliamente en el

fallo, teniendo por demostrada la existencia de créditos, mas no el uso de aquellos para la obtención de rentas gravables. En

efecto, observa esta Sala, los movimientos en los que se fundamente el

contribuyente para realizar las autoliquidaciones, deben estar respaldados por

comprobantes autorizados, elemento que no consta en la especie. Asimismo, para

que las erogaciones sean deducibles, han de vincularse

a la producción de rentas, (art. 7 de la LIR). De tal forma, ante el rechazo de

la prueba por parte de la Administración Tributaria, correspondía al

contribuyente demostrar, que los fondos habían sido utilizados como capital de

trabajo. No obstante, se reitera, la actora se mostró reticente a aportar

prueba relativa a los préstamos, pues consideró, se trataba de ejercicios

fiscales prescritos (ver hechos X y XIII de la demanda), decisión que no puede

imputarse como error a la AT al tener por no acreditado el uso de esos fondos.

De consiguiente, resulta irrefutable, la accionante no justificó en forma clara, el uso brindado a los recursos de examen. En

consecuencia, al no allegar prueba idónea en ese

sentido, el agravio debe ser rechazado.

En la segunda censura,

la recurrente alega desaplicación del primer párrafo del transitorio III de la

Ley 7535, que en su criterio, permitió a las empresas que tenían incrementos

injustificados de patrimonio e ingresos, dejar de acreditar el origen de tales

recursos en la primera declaración del impuesto sobre la renta posterior a la

vigencia de esta Ley. Sostiene, en atención a esa disposición, la empresa podía

sustituir el pasivo existente con los socios, anterior a los períodos fiscales 1993

y 1995, con un pasivo real con bancos, sin necesidad de explicar el origen de

esos ingresos. El Tribunal indicó, el transitorio en cuestión permitía a los

contribuyentes del

periodo fiscal 1996, omitir la justificación sobre los incrementos patrimoniales,

excepcionándolos a su vez de eventuales sanciones administrativas por conductas

de esa especie. Sin embargo, estiman los jueces, el reproche por inaplicación

de ese transitorio resulta infundado, ya que el ajuste tributario objeto del

presente proceso, no se debe a un incremento de patrimonio e ingresos dejado de

acreditar, sino a gastos financieros originados en un préstamo, los cuales

fueron deducidos en los períodos 99 y 2000. Por esa razón, señalan los

juzgadores, conforme a la naturaleza del gasto deducido, la actora estaba

obligada a demostrar los términos y aplicación del valor de los préstamos

suscritos en 1993 y 1995, que dieron origen a las deducciones de examen. Así,

concluyen, el Transitorio III citado no es aplicable al presente caso, por cuanto

en la especie se está ante un rechazo de gastos

financieros, los cuales no tienen relación con ingresos ni con un incremento

patrimonial no justificado. Considera esta Sala, el párrafo 1° del Transitorio

III, de la Ley 7535, establece: “Los incrementos injustificados de

patrimonio e ingresos, que se presenten en la primera declaración del impuesto

sobre la renta posterior a la vigencia de los artículo 1 a 11 de esta Ley, no

requerirán justificación de origen ni servirán como base para aplicar sanciones

administrativas o penales...” Según refiere la normativa de cita, los

contribuyentes fueron relevados de su deber de justificar los incrementos

patrimoniales, e ingresos no justificados, en tanto no requerían acreditación

de origen, ni podían servir de base para la imposición

de eventuales sanciones. No obstante, la disposición no resulta aplicable al

caso de examen, por cuanto, en la especie, no se está ante un

incremento patrimonial. En efecto, el mandato de cita no hace referencia alguna

a amortizaciones o gastos financieros producto de

financiamientos adquiridos en el período de la amnistía dispuesta, sino que se

limita a incrementos patrimoniales o ingresos no justificados. Adicionalmente,

conforme al principio de la carga de la prueba en materia tributaria,

corresponde al contribuyente probar la existencia de las circunstancias

estipuladas en el inciso a) del canon 8 de la LIR, con el propósito de tener

como deducibles ciertos gastos (Resolución de esta Sala, no. 468 de las 10

horas 45 minutos del 7 de abril de 2011). De tal

forma, si bien el Transitorio dicho permitió a las empresas que tenían ingresos

e incrementos injustificados de patrimonio, dejar de acreditar el origen de

tales recursos en la primera declaración del

impuesto sobre la renta posterior a la vigencia de esta Ley, tal dispensa no

resulta aplicable a gastos derivados de empréstitos, los cuales si debía

demostrar. En el presente asunto, se está ante deducciones originadas por

amortización a un préstamo suscrito con los socios que según alega la actora,

existía con anterioridad a los períodos fiscales 1993 y 1995, el cual habría

sido sustituido según su propio dicho, por una deuda con bancos, cuyo origen,

evidentemente, si debía explicar; razón por la cual, se impone el rechazo de la

censura. Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento de razones, a lo

expuesto debe añadirse, que en efecto, el legislador ha calificado las

circunstancias de la deducción dicha, obligando a demostrar al contribuyente,

que el uso del crédito en cuestión, conforme a los términos del precepto 8,

inciso d), de la LIR, está vinculado a la producción de rentas, esto es, a

actividades claramente productivas, situación que en nada se asemeja a la

cancelación de deudas contraídas con los socios.

En mérito de lo

expuesto, procederá denegar el recurso y establecer sus costas a cargo del recurrente conforme al canon

611 del

Código Procesal Civil.