Resolución 00774-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció demanda ordinaria cuya cuantía se fijó en la suma de setecientos

veinticuatro millones doscientos sesenta y siete de colones con noventa y cuatro

céntimos, a fin de que en sentencia del expediente 05-000207-0504-CI: se declare: “1.- Que la empresa Q S.A.

y las demandadas, quedando prevaleciendo por fusión la empresa subsidiaria S

S.A., a partir del año 1994, iniciaron un contrato de distribución, mediante el

cual la primera tendría bajo su responsabilidad la distribución de los

productos de las empresas demandadas, en la zona atlántica, en el área

comprendida entre el cruce de Río Frío y Río Chirripó.

Que a partir del mes

de marzo de 1996, como consecuencia de la fusión de operaciones entre la

empresas actoras, quedando a cargo de las distribución de los productos de las

demandadas, la empresa D S.A. se continúa el contrato de distribución, entre

dicha empresa y la citada compañía fusionada y demandada.

3.-

Que la relación contractual entre actoras y demandadas se enmarca dentro de los

contemplados en la Ley Nº

6209 de Protección de Representante de Casas Extranjeras.

4.-

Que el contrato dio inicio en 1994 y que la distribución fue exclusiva.

Que

las empresas actoras, para cumplir eficientemente con el contrato de

distribución incurrieron en la compra de terrenos, la construcción de terrenos

y estanterías, compra de equipos de computo, aire acondicionado, monta cargas;

todos necesarios para almacenar los productos distribuidos de la sociedad

fusionada y demandada.

Que por acuerdo de las actoras, quienes fusionaron

sus operaciones, el contrato de distribución a partir del mes de marzo de 1996,

quedó a cargo de la actora D S.A., por lo que para los efectos de este

contrato, las actoras estarán conformes en que se tendrá como exclusiva beneficiaria

de la indemnización total que aquí se reclama.

Que

mediante carta fechada 13 de octubre de 2004, la empresa demandada S S.A., sin

que mediara aviso previo e incurriendo en abuso de derecho, por medio de su

Director Gerente, señor J, dispuso "romper toda relación comercial

con" la actora D S.A.

Que a partir del 13 de octubre de 2004, la D S.A. dejó de recibir

mercadería de la demandada y conoció de la existencia de un nuevo distribuidor

a cargo del contrato de distribución.

Que las actuaciones descritas

constituyen dos incumplimientos graves y por lo tanto, la resolución del

contrato debe declararse con la indemnización correspondiente, por haberla

causado la demandada fusionada S S.A., a la que debe tenerse como parte

incumpliente.

Que S S.A. adeuda D S.A. de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6209 de Protección al

Representante de Casas Extranjeras, la indemnización tasada, la cual de

conformidad con las Certificaciones de Contador Público Autorizado que

adjuntamos, asciende a la suma de cuatrocientos sesenta y nueve millones

trescientos veinticinco mil doscientos veinticuatro colones, con cincuenta y

siete céntimos (¢469.325.224,57)

Que en virtud de que la suma es líquida,

deben reconocerse intereses moratorios hasta el efectivo pago de la suma adeudada,

aplicado a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, de

conformidad con el párrafo segundo del numeral 497 del Código de Comercio.

12.-

Que la sociedad prevaleciente de la fusión y aquí demandada, debe adquirir todo

el inventario que aún se mantienen en nuestras bodegas y cancelar todos los

gastos en que nuestras poderdantes han incurrido para mantener ese inventario,

los cuales al igual que los otros daños y perjuicios, se liquidarán en

ejecución de sentencia. Que el monto de ese inventario es la suma de once

millones cincuenta y seis mil quinientos dos colones con cincuenta y tres

céntimos (¢11.056.582,53)

Que la sociedad

demandada debe cancelar las costas procesales y personales de esta

ejecución." El proceso 05-002809-0504-CI fue acumulado a esta causa y en

el escrito de demanda presentado por la parte actora en fecha 7 de diciembre de

2005 solicitó lo siguiente: "1.- Que entre la sociedad actora D S.A. y la

demandada S S.A., se celebró un contrato de distribución comercial.

Que la

demandada S S.A. ha incumplido gravemente sus obligaciones contractuales, ya

que rompió unilateralmente el contrato de distribución que la relacionaba con

la sociedad actora D S.A.

Que en virtud del incumplimiento de la demandada

S S.A., se declara resuelto el contrato de distribución comercial celebrado

entre ambas partes.

Que S S.A. debe indemnizar los daños y perjuicios

ocasionados a la actora D S.A.

Que dentro de la indemnización de daños y

perjuicios a cargo de la demandada S S.A. se debe necesariamente comprender los

que representan los descuentos de que la actora disfrutaba, calculados en un

período mínimo de cuatro años a partir del rompimiento unilateral del contrato,

y de acuerdo con el comportamiento histórico del contrato; además de los daños

que representa la capacidad instalada ociosa, esto es la bodega y por la

subutilización del equipo de montacargas y de los vehículos; extremos todos que

deberán ser debidamente indexados desde la fecha del rompimiento de contrato

hasta el día en que adquiera firmeza la sentencia, de modo y manera que la

devaluación de la moneda no afecte a la actora, sino a la demandada.

Que la indemnización en daños y perjuicios se liquidará

y fijará en ejecución de sentencia, de conformidad con los criterios

establecidos en el extremo 5 de esta petitoria.

7.-

Que la demandada debe pagar ambas costas de esta acción.”

La parte

demandada contestó negativamente oponiendo la expresión genérica de: sine

actione agit, las excepciones de falta de

derecho y falta de legitimación tanto activa como pasiva; así como las defensas

de prescripción y litis pendencia que se resolvieron interlocutoriamente.

El Juez

David E. Acuña Marín, en sentenciano. 186 de las 10 horas del 16 de setiembre

de 2010, resolvió: “De conformidad con lo expuesto, normas legales y doctrina

citada, se rechaza en todos sus extremos la demanda presentada por D S.A.

contra S S.A. de fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, fundamentada en la Ley 6209, Ley de Protección al

Representante de Casas Extranjeras, acogiédose las excepiones de falta de

derecho y falta de legitimación activa y pasiva y se DECLARA CON LUGAR EN

TODOS SUS EXTREMOS la demanda promovida en fecha siete de diciembre de dos

mil cinco, se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de

legitimación activa y pasiva, prescripción y para ambas demandas la genérica de

sine actione agit, esta última por no exitir dentro del ordenamiento jurídico

nacional. Deberá la Sociedad S S.A. pagar a D S.A. los daños y

perjuicios ocacionados por el rompimiento contractual de la forma en que fueron

solicitados en la demanda de fecha siete de diciembre de dos mil cinco. Son las costas personales y procesales a cargo de la parte

demandada.”

4.

El doctor Olmán Arguedas Salazar apeló y el Tribunal Civil de Heredia,

integrado por los Jueces Javier Víquez Herrera, Carmen M. Blanco Meléndez y

Jorge Mario Soto Álvarez, en sentencia no. 81-1-2011 de las 9 horas del 3 de

Junio de 2011, dispuso: “Se declara con lugar el Incidente de

Presentación de Documentos Extemporáneos. Se rechaza la

nulidad concomitante. SE CONFIRMA la sentencia

recurrida.”

5.

La representación de la parte demandada formula recurso de casación indicando

expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

6.

Para efectuar la vista se señalaron las 10 horas del 18 de enero de

2012. Asistieron en representación de las partes el licenciado Hernán Vega

Miranda y el doctor Sergio Artavia Barrantes, quienes hicieron uso de la palabra.

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

La compañía Q

Sociedad Anónima (en adelante Q) es una empresa costarricense, domiciliada en […].

Se dedica a la compra y venta de productos de consumo de abarrotes y

cosméticos, así como a la agricultura, ganadería industria, comercio en general

y de todo tipo de actividad lucrativa.  Puede vender,

comprar, hipotecar, pignorar y disponer de cualquier forma de toda clase de

bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales.  Su presidente, con facultades de apoderado generalísimo, es el

señor JQ.  Por su parte, D Sociedad Anónima (en lo sucesivo, D o D),

también es una empresa costarricense, domiciliada en […].  Su objeto es la industria y el comercio en general con potestad

para comprar, vender, hipotecar, pignorar y, en cualquier forma, disponer de

derechos reales y personales, bienes muebles e inmuebles. Su presidente, con facultades de apoderado generalísimo, es el

señor JQ.  A finales del año 1994 inició una relación comercial

entre  Q y S Sociedad Anónima (en adelante, S), la cual es una empresa

costarricense, domiciliada en San José, siendo su objeto la manufactura de

papel higiénico y otros artículos de papel, similares a los producidos por S,

que es una empresa domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego, en el mes de marzo de 1996, dio inicio el vínculo comercial

entre D y K Sociedad Anónima (en lo sucesivo, K), que era una empresa

costarricense, domiciliada en San José,

cuyo objeto es la manufactura de productos para el consumidor y el comercio en

general.  A partir del mes de setiembre de 1997, las

compañías Q y DI dispusieron separar las operaciones de distribución; razón por

la cual, la segunda asumió la relación comercial con S y K.  En el año

2003, S se fusionó con K, prevaleciendo la primera.  S

tiene plantas de producción en el territorio costarricense, específicamente en

Belén de Heredia y en la provincia de Cartago.  Entre D y S medió

una relación comercial, consistente en la compra y distribución, por parte de

la primera, de los productos fabricados e importados por la segunda en la zona

del Atlántico, abarcando el territorio comprendido entre el cruce del río Frío

y el río Sixaola, frontera con la

República de Panamá.  El vínculo entre

ambas compañías se dio de manera verbal. DI contaba con un plazo de 28

a 30 días para pagar las facturas a S, beneficiándose

con un descuento por pronto pago, establecido en 10 días.  S ejercía un

mecanismo de supervisión y control de la distribución de sus productos en los

diferentes puestos  de venta que abarcaba D.

Esta última contó con infraestructura adecuada para la realización de su

actividad como

distribuidora. Conforme transcurrió la relación comercial, dicha

infraestructura creció: amplió la planta física, adquirió vehículos, contrató

personal, compró equipo de oficina.  El 8 de octubre de 2004, el señor JQ

agredió físicamente a don C, gerente de S.  El día 13 de ese mes y año, S decidió finalizar la relación comercial que

mantenía con DI.

El 4 de febrero

de 2005, los apoderados generalísimos de Q y D interpusieron demanda ordinaria

en contra de K y S ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia; no

obstante, según indicaron, como ambas empresas se fusionaron, prevaleciendo la

segunda, la demanda debe entenderse dirigida en contra de S.  A este proceso se le asignó el número 05-000207-0504-CI.

Solicitaron se declare en sentencia que Q y S, a partir del año 1994, iniciaron un contrato de

distribución, mediante el cual, la primera tendría bajo su responsabilidad la

distribución de los productos de la demandada en la zona atlántica del páis, en el área

comprendida entre el cruce de río Frío y el río Chirripó.  Que a partir

del mes de marzo de 1996, en virtud de la fusión de operaciones entre las

empresas actoras, quedó a cargo de la distribución de los productos la compañía

DI, continuando el contrato de distribución entre dicha empresa actora y S.

Que la relación contractual entre las compañías actoras y

demandadas se enmarca dentro de lo contemplado en la Ley no. 6209, Ley de

Protección al Representante de Casas Extranjeras.  Que el vínculo negocial inició en el año 1994, siendo la

distribución exclusiva.  De igual manera, piden se declare que sus poderdantes,

para cumplir de manera eficiente el convenio de distribución, incurrieron en la

compra de terrenos, construcción de bodegas y estanterías, compra de equipos de

cómputo, aire acondicionado, monta cargas; todo lo cual resultaba necesario

para almacenar los productos distribuidos de S.  Que, por acuerdo de sus

mandantes, quienes fusionaron sus operaciones, el contrato de distribución, a

partir del mes de

marzo de 1996, quedó a cargo de D, por lo que, para los efectos de ese acuerdo,

las compañías actoras están conformes en que se le tendrá como exclusiva beneficiaria de la

indemnización total reclamada. Asimismo, que en carta datada 13 de octubre de

2004, Scott Paper, sin que mediara aviso previo e incurriendo en abuso de

derecho, por medio de su director general, dispuso romper toda relación

comercial con DI.  A partir de esa fecha, la actora dejó de recibir

mercadería y supo de la existencia de un nuevo

distribuidor.  Piden se disponga que las actuaciones descritas constituyen

dos incumplimientos graves y, por lo tanto, se resuelva el contrato con la

indemnización correspondiente, por haberla causado la empresa demandada, a

quien debe tenerse como

parte incumplidora.  Además, pretenden se declare que Scott Paper le

adeuda a D, de conformidad con lo preceptuado en la Ley no. 6209, la indemnización

tasada, la cual, de conformidad con las certificaciones de Contador Público

Autorizado (CPA), asciende a la suma de ¢469.325.224,57.  En virtud de que

la suma es líquida, deben reconocerse intereses moratorios hasta el efectivo

pago del monto

adeudado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 497 del Código de Comercio.  Piden se le

imponga a Scott Paper el deber de adquirir todo el inventario que aún se

mantiene en las bodegas de sus mandantes, y cancelar los gastos en que sus

representadas incurrieron para mantenerlo, los que, al igual que los demás

daños y perjuicios, se liquidarán en ejecución de sentencia.  El monto de

ese inventario, indicaron, es de ¢11.057.582,53.

Por último, solicitan se le imponga a la parte demandada el pago de las costas del

proceso.  El apoderado generalísimo de la sociedad S

aceptó unos hechos y rechazó otros.  Formuló las defensas de falta

de: derecho, legitimación activa y pasiva.  Asimismo,

alegó la expresión genérica “sine actione agit”. Por otro lado,

el 7 de diciembre de 2005, el apoderado generalísimo de DI interpuso demanda

ordinaria ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia (tramitándose con

el número 05-002809-0504-CI), en contra de Scott Paper, a fin de que en

sentencia se declare que, entre ambas compañías se celebró un contrato de

distribución comercial, el cual fue incumplido por la demandada, al romperlo

unilateralmente.  En virtud de lo anterior, pretende se resuelva,

imponiéndosele a la demandada la indemnización de los daños y perjuicios

irrogados; dentro de los cuales, señaló, deben comprenderse los que representan

los descuentos que su poderdante disfrutaba, calculados en un período mínimo de

cuatro años a partir del rompimiento del contrato y de acuerdo con el

comportamiento histórico del convenio.  Además, lo que representa la

bodega ociosa y la subutilización del equipo de montacargas y los vehículos;

extremos que, según solicitó, deberán ser debidamente indexados desde la fecha

del rompimiento del contrato y hasta el día en que adquiera firmeza la

sentencia, de modo y manera que la devaluación de la moneda no afecte a su

poderdante, sino a la empresa demandada.  La indemnización de los daños y

perjuicios, afirmó, se liquidará y fijará en ejecución de sentencia, de

conformidad con lo antes apuntado.  Por último, requirió se le impusieran

a S las costas del

proceso.  El apoderado generalísimo de la sociedad demandada aceptó

parcialmente un hecho y rechazó los demás.  Opuso

las defensas de prescripción de la acción y del derecho; así como falta de: derecho, legitimación activa y

pasiva.  También alegó la expresión genérica “sine

actione agit”.  En resolución de las 16 horas del 8 de agosto

de 2006, el Juez Civil de Heredia rechazó la defensa de litis pendencia que en

este segundo proceso había esgrimido la empresa demandada.  Además, de

oficio, decretó la acumulación de ese proceso al primero, es decir, al expediente

no. 05-000207-0504-CI por ser el más antiguo y donde se previno; lo cual fue

confirmado por el Tribunal Civil de Heredia en voto n.° 365-03-2006 de las 8

horas 50 minutos del 9 de noviembre de ese año.  El juzgador A quo, en su

sentencia, rechazó, en todos sus extremos, la demanda presentada por D contra S

el 4 de febrero de 2005.  Asimismo, declaró con lugar la

promovida el 7 de diciembre de 2005.  Rechazó las

defensas interpuestas.  Condenó a S a pagarle a D los daños y

perjuicios ocasionados por el rompimiento contractual, de la forma como

fueron solicitados en la demanda.  Le impuso a la empresa demandada el

pago de las costas del

proceso.  El Tribunal declaró con lugar el incidente de presentación de

documentos extemporáneos, ante la omisión del

Juzgado.  Rechazó la nulidad concomitante y confirmó lo

resuelto.  Inconformes, los apoderados general y

especial judiciales de la empresa demandada interponen recurso de casación por

motivos procesales y de fondo; el cual fue ampliado en escrito de folio 1895.

Para un mejor análisis, se ordenan los reparos

conforme a la técnica de la casación (artículo 610 del Código Procesal Civil).

III.

DOCUMENTOS PRESENTADOS CON EL RECURSO.  Los casacionistas

aportan copias fotostáticas certificadas notarialmente de los siguientes

documentos:  1) auto de esta Sala no. 000044-A-S1-2011 de las 8 horas 50

minutos del 20 de enero de 2011, mediante el cual se declaró sin lugar la

revocatoria interpuesta por el licenciado Horacio Mejías González en contra de

la resolución de esta Cámara no. 00134-A-S1-2010 de las 10 horas 24 minutos del

4 de noviembre de 2010, que rechazó el recurso de casación formulado contra

dicha resolución dentro del proceso tramitado con el no. 05-001061-0184-CI

incoado por S Sociedad Anónima (hoy denominada K Sociedad Anónima) contra D,

Sociedad Anónima; y 2) sentencia no. 234, emitida por el Tribunal Segundo

Civil, Sección Segunda, a las 9 horas 10 minutos del 30 de junio de 2010, en el

proceso ordinario interpuesto por Scott Paper Company de Costa Rica Sociedad

Anónima (hoy denominada K Sociedad Anónima) contra D, Sociedad Anónima, el cual

se tramita en el Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José con el no.

05-001061-184-CI.  Sobre la prueba en casación, esta Sala ha expresado:

“[…] conforme a lo dispuesto por el ordinal 609 del Código Procesal Civil,

en esta instancia no pueden proponerse ni recibirse nuevas probanzas, ni es

posible aceptar  alguna como prueba para mejor

resolver, con excepción de “… que se trate de documentos públicos de influencia

efectiva en la decisión de la litis, y siempre que consten en el proceso o que

hayan sido presentados con el recurso o con el escrito de ampliación”.

Asimismo, para que la prueba ofrecida sea de recibo ante esta sede, es menester

que se encuentre dentro de alguno de los supuestos establecidos en el artículo

293 ibídem, porque si esa condición no se demuestra, la probanza no podría ser

admitida (En relación, pueden consultarse los fallos no. 677 de las 11 horas 45

minutos del 18 de agosto del 2004 y no. 153 de las 10 horas 30 minutos del 17

de marzo del 2005). Dicha norma, estipula: “Después de

la demanda y contestación no se admitirán más documentos, salvo:

Los de

fecha posterior a dichos escritos.

Los anteriores cuya existencia jure no haber conocido antes la parte que los presenta.

Los que

no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean

imputables a la parte interesada, siempre que, en su caso, se haya hecho

oportunamente la designación del archivo o lugar expresado en el artículo

anterior.

Aquéllos que, no siendo fundamento de la demanda, sirvan para

combatir excepciones del

demandado o constituyan una prueba complementaria…”. (Sentencia

no. 321 de las 10 horas con 15 minutos del 4 de mayo de 2007.  En

igual sentido, puede consultarse, entre otros, el fallo no. 764 de las 8 horas

30 minutos del 24 de junio de 2010).  Como se indicó, mediante la

resolución emitida por esta Sala, no. 000044-A-S1-2011 de las 8 horas 50

minutos del 20 de enero de 2011, se rechazó el recurso de revocatoria

interpuesto en contra de la resolución que había rechazado de plano el recurso

de casación interpuesto.  Es evidente que tal

decisión no tiene influencia efectiva para decidir esta litis.  Ergo, no resulta admisible en esta sede.  En cuanto a

la certificación de la sentencia emitida por la Sección Segunda

del Tribunal Segundo Civil de San José, si bien es cierto, es de fecha

posterior a los escritos de demanda y contestación, también lo es que resulta

esencial para los intereses de la empresa demandada, pues no configura prueba

complementaria, sino un medio de convicción para acreditar uno de los aspectos

esgrimidos en la contestación de la demanda como sustento de la defensa de

falta de derecho.  Es decir, con dicha certificación, la parte demandada

pretende demostrar el porqué de la ruptura del vínculo

negocial que la unía con la sociedad actora: el estado de moratoria de la

demandante.  Además, debe tenerse presente que dicho fallo fue emitido a

las 9 horas 10 minutos del 30 de junio de 2010; por su parte la sentencia del

Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia, no. 186, dictada en este proceso, es

de las 10 horas del 16 de setiembre de 2010 –poco más de dos meses después de

la del Tribunal Segundo Civil de San José-; mientas que la ahora cuestionada,

no. 81-1-2011 del Tribunal Civil de Heredia, es de las 9 horas del 3 de junio

de 2011 (vale decir, dictada casi un año después).  Es

claro, entonces, los recurrentes tuvieron la posibilidad material de aportarla

en etapas procesales previas, pero no lo hicieron, según se expondrá.

Analizada la cuestión propuesta, no hay duda que no se cumplen los requisitos

estipulados en el precepto 293 precitado, lo que conlleva al rechazo de la  gestión formulada.  En este sentido, es menester

señalar que el representante de la sociedad actora, en el escrito de expresión

de agravios –folio 1793-, en lo conducente afirmó:  “[…]

MOTIVOS

DE NULIDAD DE LA SENTENCIA

/ […]

En segundo lugar, porque omite cualquier

consideración de la sentencia del otro proceso ordinario civil, cuya copia

certificada fue aportada al proceso y en el que se condena a la aquí actora

a pagar los montos adeudados a mi representada, por facturas pendientes

de pago y con ello da por resuelta la relación comercial preexistente entre las

partes […]” (lo subrayado es suplido).  Asimismo, los casacionistas, a

folio 1870, en lo de interés aseveran:  “4.-

La actora D, al momento de [sic] terminación de la relación

adeudaba a nuestra representada la suma de plazo vencido y exigible de ¢38.989.266.88

y un total de ¢76,000,000.00 incluyendo el saldo no vencido.  Consecuencia

de esa deuda, nuestra representada presentó demanda ordinario [sic]

civil contra la aquí actora –allá demandada-.  Dicha demanda

fue declarada con lugar, mediante sentencia de primera instancia, confirmada en

apelación y rechazando la Sala,

de plano, el recurso de casación –ver voto 1341 del 4 de noviembre del 2010 de

esta Sala.  En dicho proceso se condenó a la actora D S.A. a pagar a

nuestra representada un monto superior a los 78

millones de colones.  Ese proceso se encuentra con sentencia firme,

fue fallado luego de la apelación de la apelación [sic] de este proceso y se encuentra en fase de ejecución. / Presentamos

dichas sentencias como

prueba extemporánea e incidente de hechos nuevos, en este proceso, sin embargo

tales gestiones fueron rechazadas.” (Lo subrayado no es del

original).  Luego, a folio 1879 reiteran:  “3.-

El error de derecho se consume cuando la sentencia recurrida no le

da ningún valor ni efecto jurídico, a una sentencia firme, “confirmada” por

esta Sala de Casación –voto 1341 del 04 de noviembre de 2010-, que declare [sic]

al aquí demandado incumplidor grave de su obligación de pago de las facturas

pendientes, al momento de terminación del contrato y condenarlo además a pagar,

una suma líquida de más de 78 millones de colones.  Desde la

contestación de demanda, alegamos esa como causa

adicional de causa justa de terminación del contrato de distribución, sin

responsabilidad para nuestra representada.  Como al momento de

contestación [sic] de la 2° demanda acumulada –exp. 05-2809, aquel

proceso ordinario interpuesto por mi representada aun [sic] no había

sido resuelto ni en primera instancia, fue luego que presentamos copia

certificada de las sentencias de primera y segunda instancia.  El a

quo y el ad-quen, [sic] a pesar de que determinan la existencia

de una [sic] contrato de distribución local y que la aquí actora recibía

la mercadería a crédito, luego le restan mérito a que la obligación de pago de

tales facturas, constituye elemento esencial del contrato al negar valor a la

mora, por más de 38 millones que la actora tenía con el demandado.” (Solo

lo subrayado no es del

original).  De igual manera, a folio 1882, en lo de interés afirman los

casacionistas:  “d) Sentencia condenatoria contra la demandada emitida

por el Tribunal Segundo Civil, y confirmada en sentencia por la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia mediante resolución 000044-A-2011, del proceso 05-1061, que se tramitó

en el Juzgado Quinto Civil.  El error de derecho con este documento

público –la sentencia- se produce al negarle al Tribunal el valor de plena

prueba, específicamente en su consideración que con base en ese documento

público, firme e irrefutable se demostraba la existencia de una condena firme

contra la aquí actora –allá demandada- que la declara incumplidora del contrato

base de esta demanda y le condenaba además a pagar las sumas adeudas [sic]

por esa causa, un monto mayor de 78 millones de colones.  Presentamos

esta sentencia como

documento extemporáneo y alegamos además una litis pendencia respecto de él y

la causa que desvirtuaba las pretensiones de la aquí actora.  Sin

embargo, el Tribunal ha negado todo valor y eficacia probatoria a ese documento. […]” (Lo subrayado es

suplido).  De las anteriores citas se concluye, con absoluta

nitidez, que la parte demandada es consciente de que la probanza que aporta

ahora, en casación, debió presentarla ante las instancias jurisdiccionales

correspondientes, debido a que configuraba un elemento de convicción esencial

para sus intereses.  Sin embargo, luego de un

estudio pormenorizado del expediente, esta

Sala determina que lo afirmado por los apoderados de la empresa demandada,

tanto ante el Ad quem, como

ahora en casación, no se apega al mérito de los autos.  En el expediente

consta, a partir del folio 1455 bis, el incidente de acumulación de procesos

interpuesto por el apoderado especial judicial de la sociedad demandada ante el

Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia. Se pretendió la acumulación del proceso no. 05-000207-504-CI

tramitado ante ese órgano jurisdiccional y el no. 05-001061-184, el cual se

desarrollaba en el Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José.  Como prueba, la incidentista

aportó fotocopias certificadas notarialmente de:  1) demanda interpuesta

en el Juzgado Quinto Civil de San José, 2) auto de las 8 horas del 6 de

diciembre de 2005, mediante el cual se le dio traslado a la sociedad ahí

demandada, 3) contestación de DIQUIQUE, 4) resolución de las 9 horas del 24 de

octubre de 2006, en la cual el Juzgado se pronunció acerca de las pruebas

ofrecidas por las partes, 5) resolución de las 7 horas 30 minutos del 6 de

junio de 2008, en la que se ordena el giro por concepto de cancelación total de

honorarios del perito y 6) oficio no. 05-000207-0504-CI suscrito por el Juez

Civil de Mayor Cuantía de Heredia, dirigido al Juzgado Quinto Civil de Mayor

Cuantía de San José, donde se indica que, de conformidad con los artículos 130

y 131 del Código Procesal Civil, se ordenó la suspensión del proceso no.

05-000207-0504-CI hasta que se resolviera el incidente, en virtud de la

existencia de otro proceso ordinario, donde figuran las mismas partes en el

Despacho destinatario.  El Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia, en

resolución no. 216-R-2008 de las 13 horas 50 minutos del 18 de julio de 2008

(folio 1482) acogió la solicitud de acumulación.  No obstante, el Tribunal

Civil de Heredia, en voto no. 237-1-08 de las 10 horas del 3 de septiembre

de 2008 (folio 1498), la revocó y rechazó.  Posterior a esa resolución, la

parte demandada, distinto a lo que alegó ante el Ad quem y ahora en casación,

no aportó copia de las sentencias del A quo y Ad quem recaídas en el proceso

no. 05-001061-184-CI, tramitado ante el Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía

de San José.  En autos no existen tales documentos.

Al respecto, a folio 1303, consta el incidente de litis pendencia interpuesto

por el apoderado generalísimo de la empresa demandada en el proceso ordinario

no. 05-002809-0504-CI, tramitado ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de

Heredia.  Afirmó que existía otro proceso, el no. 05-000207-0504-CI, con

identidad de partes, objeto y causa.  En consecuencia, solicitó el archivo

del

no. 05-002809-0504-CI, por ser el más reciente.  El Juzgado, en resolución

de las 16 horas del 8 de agosto de 2006, folio 1324, rechazó la excepción de

litis pendencia.  Sin embargo, al determinar que ambos procesos tramitados

en ese mismo Despacho tenían identidad de partes y causa, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 130 del Código Procesal Civil, de oficio ordenó la

acumulación del no. 05-002809-0504-CI al 05-000207-0504-CI por ser este el más

antiguo.  No se mencionó, para nada, el proceso tramitado ante el Juzgado

Quinto Civil de San José,

no. 05-001061-184-CI.  El Tribunal Civil de Heredia, en el voto

365-03-2006 de las 8 horas 50 minutos del 9 de noviembre de 2006 confirmó lo

resuelto por el A quo.  Por otro lado, a partir del folio 1519 bis,

consta el incidente de documentos extemporáneos formulado por la sociedad

demandada.  Solicitó se admitiera el expediente no. 05-001479-373-F.C.-C

tramitado ante al Juzgado Contravencional de Santo Domingo de Heredia, por

lesiones levísimas y amenazas, en contra del señor JQ y cuyo ofendido es el

señor C.  En esa incidencia, distinto a lo afirmado por los casacionistas,

el apoderado especial judicial de parte demandada tampoco presentó ni aludió a

las sentencias emitidas en el proceso tramitado ante el Juzgado Quinto Civil de

Mayor Cuantía de San José, no. 05-001061-184-CI.  Por consiguiente, en

mérito de lo expuesto, se impone el rechazo de los documentos presentados con

el recurso de casación.

CASACIÓN POR MOTIVOS PROCESALES

IV.

En

el primer motivo de disconformidad, alegan los casacionistas  la

causal prevista en el inciso 6) del artículo

594 del Código Procesal Civil:  la

sentencia impugnada hace más gravosa la situación del único apelante –reformatio in pejus-.

Transcriben lo que se ha indicado en torno a ese

instituto, señalando que el extracto pertenece a una resolución de esta Sala;

empero, no la identifican.  Manifiestan que su

poderdante fue la única apelante de la sentencia parcial condenatoria de

primera instancia.  En la expresión de agravios del recurso

vertical, apuntan, se impugnó el hecho de que la sentencia condenara a la

empresa demandada al pago de daños y perjuicios sin decir la causa que lo

originaba, tampoco en qué consistían ni los parámetros de esa condena.

Además del grave error en la forma de resolver del A quo, de remitir en la

parte resolutiva a los daños y perjuicios en “[…] la forma en que fueron

solicitados en la demanda.”, añaden, se protestó otro aspecto:  el

hecho de que no se estableció la causa, el parámetro, las bases, ni el nexo

causal de la condena en daños y perjuicios.  El

Tribunal, comentan, cometió el mismo yerro, al no pronunciarse sobre el agravio

específico de la sentencia. Incurrió, estiman, en la prohibición del

reformatio in pejus, haciendo más gravosa la situación de la única

apelante.  En primer lugar, porque no explica si se da o

no el vicio; en segundo término porque fijó los parámetros en única instancia.

Afirman que la sentencia recurrida hace más gravosa la

situación de su representada por las razones expuestas en la expresión de

agravios.  El A quo, comentan, incumplió gravemente el deber de

indicar:  a) cuáles eran esos daños, b) en qué consisten, c) la

determinación precisa y d) el motivo que los origina.  Estos requisitos,

sostienen, no solo derivan de condiciones que debe contener la demanda, sino

que la sentencia, al acoger uno u otro extremo indemnizatorio, debe indicar,

bien sea global o individualmente, su procedencia o no; en el primer caso, las

razones de ello y los parámetros de la condena.  Al protestar la sentencia

de primera instancia, arguyen, se atacó ese punto

concreto, porque violentaba el derecho de defensa y el deber de

motivación.  El Tribunal, insisten, no solo no atendió ese

reclamo; sino que fijó las bases de la condena económica en única instancia,

sin posibilidad de poder atacar, en doble instancia, tal condena.  Es

aquí, afirman, donde se configura la causal esgrimida por motivo procesal;

pues, al omitir el juzgador A quo ese análisis, pero imponerlo el Tribunal, a

pesar de ser los apelantes, violentó la prohibición del reformatio in pejus, al

hacer más gravosa la situación de su representada.  El Ad quem incursionó

y fijó, en única instancia, reiteran, los extremos y parámetros de la condena

económica, al establecer las bases, ex novo, que servirán para guiar la

ejecución.  Es decir, por un lado admitió, sin decirlo, que la sentencia

de primera instancia condenó sin consideraciones de causa, nexo y bases; pero,

a pesar de esa omisión se aventuró a fijar los parámetros de la condena,

haciendo más gravosa la situación a su mandante.  Su representada,

argumentan, sigue sin saber cuáles son las bases o los parámetros de la condena.

El Tribunal debió, apuntan, anular la sentencia y ordenarle

al A quo cumplir con esos requisitos; mas no lo hizo.  Todo lo contrario, acotan, invadió el campo de la reforma en

perjuicio.  En estos casos, estiman, el Ad quem

debe anular, pues de no hacerlo, incurre en estos yerros.  La

fijación en única instancia de las bases y parámetros de la condena económica o

la causa que la fundamenta, hace más gravosa la situación del único

apelante.  La prohibición de “reformatio in pejus”, indican, es una

limitación de la actividad que desarrolla el órgano Ad quem y, por tanto, una

prohibición que lo afecta, en el sentido de no agravar, con su sentencia, la

posición de la parte que ha interpuesto el recurso de apelación, entendiéndolo

como una actividad de la parte, dirigida a no agravar el contenido de la

sentencia recurrida.  En virtud de ese principio,

acotan, se limitan los poderes del Tribunal de alzada, estrictamente a los

puntos a los que se refiere el recurso, sin perjuicio de los casos en que la

propia ley autoriza el pronunciamiento de oficio.  La no reforma en

perjuicio, comentan, es una garantía procesal del régimen de los recursos, del

principio dispositivo y del

debido proceso.  Su marco constitucional se

encuentra en la prohibición de generar indefensión, la cual se vería vulnerada

si como consecuencia de su propio recurso, la

condición del

recurrente empeorara.  Se pretende, a partir de esta garantía procesal, la

supervivencia de ciertos efectos jurídicos, de una decisión que ha sido

sometida a examen mediante apelación en puntos

concretos.  Inherente a las garantías de los recursos,

afirman, es el interés en la impugnación.  En consecuencia,

arguyen, la interposición del recurso no puede estar en

contraposición con ese interés, sin violentar los principios de tutela judicial

efectiva de esos derechos e intereses.  En conclusión, aducen quebranto del numeral 565 del Código Procesal

Civil.

Tocante a la

supuesta infracción del ordinal 565 del Código Civil, al haber incurrido el

Tribunal, según indican los recurrentes, en reforma en perjuicio de la única

apelante, es menester anotar que, respecto a ese instituto esta Sala ha

indicado:  "VI. ... La reforma en perjuicio o

reformatio en pejus, también conocida como reforma peyorativa, importa un

irrespeto al principio de que la apelación solo puede considerarse en lo

desfavorable al recurrente, principio recogido en nuestra legislación en el

artículo 565 del Código Procesal Civil y que además tiene una estrecha

vinculación con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada por el

ordinal 41 de la

Constitución Política, en tanto el admitir reformas oficiosas

contrarias al interés del recurrente operaría como elemento disuasorio de la

apelación.  El vicio aflora cuando la modificación o

reforma gravosa sobreviene, entonces, sin instancia de parte legítima.

...” (Sentencia número 259 de las 15 horas 45 minutos del 13 de marzo de

2002.  En igual sentido, pueden consultarse las resoluciones números No.

75 de las 14 horas 15 minutos del 12 de junio de 1991, 54 de las 15 horas 30

minutos del 26 de mayo de 1995, 922 de las 16 horas 30 minutos del 27 de

noviembre de 2002 y 883 de las 14 horas 9 minutos del 22 de julio de

2010).  A la luz de lo anterior, se determina que

el agravio no se configura.  Según se apuntó en el considerando II de esta

sentencia, el A quo acogió las pretensiones formuladas con la demanda promovida

el 7 de diciembre de 2005; por su parte, el Ad quem, en la sentencia combatida,

confirmó esa decisión, razón por la que, distinto a lo señalado por los

casacionistas, no fijó los parámetros acerca de la condena al pago de los daños

y perjuicios en única instancia.  Ergo, no se está frente a un problema de reforma en perjuicio, pues el Tribunal no

hizo más gravosa la situación del

único apelante.  En consecuencia, se impone desestimar

el agravio de mérito.  En todo caso, no se ha causado indefensión a

la parte recurrente porque ha tenido la posibilidad de combatir la decisión del Tribunal mediante el recurso de casación.

CASACIÓN POR MOTIVOS DE FONDO

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LEY

VI.

En

el segundo reparo a la sentencia cuestionada, identificado por los

casacionistas como

“Tercer motivo:  Casación por el fondo indirecta.  Error de

derecho en valoración de prueba”, afirman que su poderdante alegó, tanto en

la contestación de la demanda, cuanto en la nota de terminación del contrato, la morosidad en la

deuda como motivo adicional de terminación del contrato.  El Juzgado y el Tribunal, apuntan, omitieron cualquier

consideración, de causa suficiente, para dar por terminado el convenio sin

responsabilidad para su representada.  Se aportó a los autos,

acotan, copia certificada de la sentencia emitida en el proceso no.

05-001061-0184-CI, en la cual se condenó a la aquí actora a pagar los montos

adeudados a su mandante por facturas pendientes de pago, además de resolverse

la relación comercial preexistente entre las partes, configurando la excepción

de contrato no cumplido prevista en el artículo 692 del Código Civil.  Con

lo anterior, señalan, se acredita que la demandante no podía reclamar el pago

de ninguna indemnización si previamente había incumplido la suya:  el pago

puntual, y en el plazo acordado, de las facturas de venta.  Del fallo

emitido en el proceso ordinario tramitado en el Juzgado Quinto Civil de San

José, interpuesto por su representada en contra de la aquí actora; así como de

la certificación de CPA de folio 1080 –no desvirtuada-, afirman, se demuestra

que Distribuidora Quirós Quesada se encontraba en mora al momento del

rompimiento de la relación comercial, el 13 de octubre de 2004.

Transcriben, en lo conducente, lo señalado en dicha certificación del

CPA.  La parte actora, agregan, mantenía facturas pendientes de pago a su

representada por un monto superior a los ¢75.000.000,00,

encontrándose en mora al momento de romperse la relación, lo cual también se

demuestra con la confesión de J y JQ.  De igual manera, agregan, la

sentencia cuestionada señala que la carta dirigida a la actora por parte del

representante de S, fechada 13 de octubre de 2004, en donde se da por terminado

el contrato, es omisa respecto a la condición de morosidad.  Empero,

aseveran, en esa misiva, la cual es citada literalmente en el fallo impugnado,

se indica “[…] por lo que le demando el pago inmediato del saldo adeudado.”

Contrario a lo expuesto en ambas instancias, anotan, el representante de la

empresa demandada solicitó el pago del saldo

adeudado, el cual, a esa fecha, según la certificación del CPA, ascendía a ¢38.989.266,88, pues el resto no era exigible porque la actora tenía

plazo para su pago.  Al omitirse cualquier consideración

de fondo, comentan, y no acogerse la defensa de falta de derecho, en su

modalidad de contrato no cumplido, el A quo acogió indebidamente la demanda y

rechazó su oposición.  El yerro apuntado, afirman, se consumó

cuando, en la sentencia impugnada, no se le dio ningún valor ni efecto jurídico

a una sentencia firme, confirmada por esta Sala en voto no. 1341 del 4 de

noviembre de 2010, con la cual se declaró a la empresa actora incumplidora

grave de su obligación de pago de las facturas pendientes al momento de la

terminación del contrato, condenándola a pagar una suma líquida de más de

¢78.000.000,00.  Desde la contestación de la

demanda, indican, se alegó ese hecho como

causa adicional y justa de terminación del

contrato de distribución, sin responsabilidad para su poderdante.  Como al momento de contestar la segunda demanda acumulada

(expediente 05-2809), anotan, el proceso ordinario interpuesto por su

poderdante aún no había sido resuelto en primera instancia, luego presentaron

copias certificadas de las sentencias del Juzgado y del Tribunal.

En esta lite, argumentan, tanto el A quo como el Ad quem, a pesar de que

determinaron la existencia de un contrato de distribución local, y que la aquí

actora recibía la mercadería a crédito, le restaron mérito a que la obligación

de pago de las facturas constituye elemento esencial del convenio, al negar

valor a la mora por más de ¢38.000.000,00 que la empresa

demandante tenía con su representada.  Si la relación existente entre las

partes, estiman, era de distribución, según lo afirman ambas sentencias en este proceso, y la empresa demandada entregaba facturas de

venta de productos, que luego la actora debía pagar, la principal obligación de

la demandante era el pago de esas facturas de crédito.  Al 13 de octubre

de 2004, añaden, fecha de terminación del

contrato, existía una mora superior a los ¢38.000.000,00

por concepto de facturas impagas.  Se pidió el pago de

lo adeudado. Además, en la contestación de la demanda, afirman, se alegó

ese hecho como base a una excepción de contrato no cumplido, por lo que no

podían los juzgadores de ambas instancias, sin incurrir en error de derecho,

negar valor a esas probanzas como base suficiente para dar por terminado el

contrato de distribución, sin responsabilidad para su representada.  Al no

procederse de esta manera, arguyen, se contradice la sentencia de esta Cámara

no. 1341 del 4 de noviembre de 2010, la cual reconoce el incumplimiento grave

del contrato de distribución por parte de la aquí actora, al condenarla al pago

de los saldos de principal e intereses adeudados.  El error de derecho,

comentan, se produce con cuatro medios de prueba, con pleno valor probatorio, a

los que se les negó su valor y eficacia, afectando el resultado de lo

resuelto:  1) la certificación del CPA de folio 1080, no desvirtuada, la

cual, de conformidad con los artículos 1 y 8 de la Ley de Creación del Colegio de

Contadores Públicos tiene valor de documento público.  El yerro con esta

probanza se produce, indican, al negarse la existencia de la deuda por parte de

la demandante y, con ello, la causa suficiente para declararla incumplidora del

contrato de distribución que unía a las partes.  2) la

prueba confesional de los coapoderados de la sociedad actora, J y JQ, donde

aceptaron que su representada mantenía un adeudo con Scott Paper.  Con lo

cual se conculcó el precepto 338 del Código Procesal Civil.

el documento privado, reconocido por la actora, de fecha 13 de octubre

de 2004, violándose los numerales 379 y 380 del Código Procesal Civil. Y 4) la

sentencia condenatoria contra la aquí actora, emitida por el Tribunal Segundo

Civil, confirmada por esta Sala mediante resolución 44-A-S1-2011, emitidas en

el proceso 05-1061, que se tramitó en el Juzgado Quinto Civil de San José; con

lo cual se infringió el artículo 370 del Código Procesal Civil.  Asimismo,

señalan, se violaron los preceptos 692 del Código

Civil y 425 del

Código de Comercio.  Con base en los medios de convicción indicados,

apuntan, no podía sostener la sentencia cuestionada que su representada era la

incumplidora del

contrato y, por ello, condenársele al pago de los daños y perjuicios.  De

habérsele dado a esas pruebas el valor legal

atribuido, la conclusión hubiese sido otra:  la aquí actora es la

incumplidora del

contrato que unió a las partes, al no honrar su principal obligación que era el

pago de las facturas; siendo, por ese hecho condenada en firme. Consecuencia de

lo anterior, estiman, resulta insostenible que su representada fuera la

incumplidora, cuando, más bien, la empresa accionante debió ser condenada con

la sanción más grave prevista en el ordenamiento jurídico costarricense, como

es la resolución del contrato, eximiéndosele a su poderdante del pago de los

daños y perjuicios.  La infracción de estas normas de fondo es tan

grosera, a la luz del quebranto probatorio, apuntan, que resulta incompatible

la sentencia preterida, del anterior proceso que condenó a la aquí actora, con

las conclusiones jurídicas de la nueva decisión.  ¿Cómo sostener, se

preguntan, que fue su representada la incumplidora del contrato, si

una sentencia firme haría incompatible ese silogismo jurídico, al decir lo

contrario: que fue la aquí demandante la incumplidora?  Este yerro

probatorio, y la afectación al silogismo, es tan grave, concluyen, que se

tendrían dos sentencias incompatibles: una que dice que la actora incumplió y,

por ello, se le condenó a pagar tal y cual extremo; contra otra que afirma que

la mora en la deuda, su principal obligación contractual y la condena judicial,

no son motivo de su incumplimiento, y que no es causa suficiente para

justificar la resolución del contrato sin responsabilidad para su

representada.

El meollo de lo

alegado por los recurrentes estriba en que, a su juicio, el Tribunal incurre en

error de derecho al valorar la siguiente probanza:  1) la certificación

del CPA;  2) la confesional de los coapoderados de la sociedad actora, J y

JQ; 3) el documento privado de fecha 13 de octubre de 2004; y 4) la sentencia

emitida por el Tribunal Segundo Civil, confirmada por esta Sala mediante

resolución 44-A-S1-2011, emitidas en el proceso 05-1061; mediante las cuales se

demuestra el incumplimiento de la sociedad accionante de su obligación

contractual de pagar el adeudo que mantenía con su poderdante al momento cuando

se le puso término al convenio, el día 13 de octubre de 2004.  Es decir, se comprueba la morosidad de la demandante y, por ende,

la procedencia de la defensa de falta de derecho opuesta oportunamente.

Al respecto, debe indicarse que, respecto a las sentencias emitidas en el

proceso ordinario tramitado ante el Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de

San José con el no. 05-001061-0184-CI, como se apuntó de manera prolija en el

considerando III de esta sentencia, en este expediente no constan esos

pronunciamientos, razón por la cual no pudieron ser preteridos por los

juzgadores de segunda instancia.  Ergo, en cuanto a

esta probanza, el agravio no es de recibo. Respecto a la certificación del CPA

Ismael Antonio Calvo Rojas, visible a folio 1080, los recurrentes citan como

conculcados los numerales 1 y 8 de la

Ley no. 1038 del 19 de agosto de 1947, Ley de Creación del

Colegio de Contadores Públicos.  Disponen esos preceptos: “Artículo

1º.- El ejercicio de la profesión de

Contador Público queda sujeto a las prescripciones de la presente ley y a las

disposiciones reglamentarias correspondientes. / El ejercicio privado de la

contabilidad seguirá realizándose en la forma y con los alcances hasta ahora

establecidos, tanto en lo que se refiere a las disposiciones legales vigentes,

como en lo que respecta a los usos y costumbres comerciales. […] Artículo

8º.- Los documentos que expidan los

contadores públicos en el ramo de su competencia, tendrán valor de documentos

públicos. / Los Inspectores que para los fines del artículo 27 de la ley Nº 837

de 20 de diciembre de 1946, nombre o haya nombrado la Oficina de Tributación,

estarán facultados, durante el tiempo en que ejercieren dicho cargo, para

desempeñar las funciones a que se contrae este artículo, y los documentos que

ellos expidan en el ejercicio de tal cargo, tendrán el mismo valor legal de los

expedidos por los contadores públicos. / ( Así reformado por el artículo 1º de

la ley No. 140 de 13 de agosto de 1948 ).”  Esas normas,

en especial la segunda, le otorgan el carácter de documentos públicos a las

certificaciones expedidas por los contadores públicos en el ramo de su

competencia.  Empero, tales disposiciones no se refieren

al valor de los documentos públicos.  Consecuentemente, al omitirse

señalar el precepto referido al valor de esa probanza, e indicarse, con el rigor

debido, en qué consiste el quebranto, la objeción planteada, respecto a ese

medio de convicción, resulta informal –artículos 596 y 597 del Código Procesal

Civil-.  En consecuencia, esta Sala tiene vedado verter pronunciamiento

respecto a ella.  En torno a la supuesta indebida

valoración de las declaraciones confesionales de los señores J y JQ, debe

indicarse que, en los hechos probados de la sentencia del Juzgado, prohijados

por el Tribunal, individualizados como primero y segundo, los cuales no fueron

impugnados por los casacionistas, en lo de interés se indica:  “Primero:

Que la empresa Q S.A. es […] Cuyo presidente es el señor J quien ostenta

la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma. […]

Segundo:

Que la empresa D S.A. es […] siendo el señor J su presidente con

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.”  La

sentencia del Juzgado, en el considerando III, denominado cuestiones de orden

previas, el cual no fue cuestionado por la sociedad demandada en el recurso

vertical, dispone:  “Previo a conocer el fondo del asunto, y en virtud

de que hubo una acumulación de procesos, por cuestiones de orden se