Resolución 00508-2012

El actor planteó proceso de Medida Cautelar contra la

Municipalidad de la Unión, Cartago solicitando la suspensión de la remoción de

sus labores ante esa Municipalidad; por cuanto, estimó que se cometieron

violaciones al ordenamiento, entre l a s que señaló ,  la imputación

imprecisa de cargos, por lo que solicitó la suspensión de la ejecución de la

remoción del acto administrativo final en que se le removió de sus labores de

Coordinador  de Recursos Humanos de la demandada.

II.-

El Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,

mediante resolución no. 1056-2008 de las 12 horas del 07 de noviembre de 2008,

se declaró incompetente en razón de la materia y ordenó el envío del proceso al

Juzgado de Trabajo de Cartago.  La parte actora discrepó de lo resuelto,

por lo que planteó su inconformidad, motivo por el cual se remitió en consulta

ante esta Sala.

La invalidez del inciso

a) del artículo 3 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (en adelante CPCA), declarada por la Sala Constitucional en la

sentencia N°. 2010-9928, de las 15 horas del 9

de junio del

año en curso,  que se adicionó por voto N°.

2010-11034 de este mismo año), establece, en tesis de

principio, que los conflictos jurisdiccionales surgidos en el seno del empleo público han

de ser conocidos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Empero, la

Sala Constitucional realiza algunas matizaciones que precisa aclarar, a fin de

encausar de una manera más diáfana las líneas generales para la resolución de

los conflictos competenciales que surjan en este

campo, acordes con el desarrollo jurisprudencial que vaya adoptando esta Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia. El pronunciamiento constitucional, se

asienta sobre la base de cuatro principios que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado, a saber: tutela judicial efectiva, control

universal de la conducta administrativa, sometimiento del Estado al Derecho y una nueva concepción

de la distribución de funciones. A partir de allí, reconoce una reserva

constitucional de competencia para la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

que sirve de valladar al legislador y al propio Juez, y como guía

interpretativa para cualquier operador jurídico.  De esta manera, después

de señalar que toda relación jurídico-administrativa y cualquier

cuestionamiento sobre una conducta de esta índole, es resorte exclusivo de la

Jurisdicción Contenciosa; la Sala Constitucional da por sentado que la relación

jurídica de empleo público es de carácter público. No obstante, establece

algunas excepciones para el conocimiento de los conflictos que de ella surjan, y que son precisamente sobre los que se hace

necesario enfatizar en la presente resolución.

La sentencia constitucional afinca la definición

concreta de los conflictos jurisdiccionales de empleo público en dos ejes

fundamentales: 1) el régimen jurídico aplicable a dicha relación, de modo que

para un primer acercamiento a la jurisdicción contencioso administrativa es

imprescindible la existencia previa (a modo de presupuesto o sustrato) de una

relación jurídico administrativa, representada en este caso, por aquella que

nace del empleo público. Dicho de otro modo, la existencia de una relación

jurídico administrativa, valga decir, de empleo regido por el derecho público,

se constituye en presupuesto imprescindible para atribuir la competencia del

asunto al Contencioso Administrativo. Si la naturaleza de dicha relación no es tal (administrativa), o el empleado de referencia, no

participa de las condiciones funcionariales (por su condición, su función o su

incidencia en la gestión pública), el asunto habrá de ser conocido por la

jurisdicción laboral.

Una vez superado el primer requisito, se erige un segundo, que con mayor precisión define la vía

jurisdiccional encargada de conocer el conflicto planteado. Se trata del

contenido material de la pretensión. Será éste, el que a modo

de brújula, defina el norte que deba seguir el proceso para efectos

competenciales. Bajo esta perspectiva, se puede señalar como regla

general primaria que, todo conflicto de la Administración Pública en el que se

ventile o discuta sobre una conducta administrativa derivada de una relación de

empleo público (y por ende, de relación jurídico administrativa vinculada con

la gestión pública), ha de ser conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo. No obstante lo anterior, de la misma resolución de cita se

obtiene que, si la pretensión no está dirigida al cuestionamiento o impugnación

directo de dicha relación jurídica o de alguna de sus manifestaciones en

ejercicio de poder público, el asunto debe residenciarse en la jurisdicción

laboral. De esta forma, las pretensiones relativas a la seguridad social, pese

a la base jurídica subyacente que pueda existir, han

de ser conocidas por la Jurisdicción de Trabajo. Así lo serán

por ejemplo los aspectos relativos a las jubilaciones o los riesgos laborales.

De igual forma, serán del

conocimiento del

ámbito laboral, los diferentes aspectos patrimoniales o económicos cuando

constituyan la exclusiva pretensión derivada de la relación de empleo público

preexistente. Esto permite afirmar que, lo relativo al aguinaldo,

cesantía, preaviso y vacaciones como

pretensión exclusiva, deberán seguir el camino de la Jurisdicción Laboral. Lo

mismo ocurre con los aspectos relativos a anualidades,

reconocimiento de carrera profesional, dedicación exclusiva, zonaje,

prohibición, o cualquier otro sobresueldo. A este grupo debe añadirse un

tercero, en este caso relacionado con el derecho laboral colectivo, y que a

modo de ejemplo está representado por los conflictos surgidos del derecho de

huelga, de paro, o bien, los conflictos de carácter económico social. En

síntesis, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Constitucional, cuando el

justiciable acude a los Tribunales de Justicia para ventilar un aspecto de

empleo público, se enfrenta a una bifurcación competencial, en la que, se

repite, toda impugnación de conductas administrativas relativas al empleo

público han de ser conocidas en la Jurisdicción consagrada en el artículo 49

Constitucional, salvo en lo que hace a las pretensiones exclusivamente

económicas derivadas de aquella, así como lo relativo a la seguridad social, y

al derecho laboral colectivo, que serán del conocimiento, según se ha dicho, de

la Jurisdicción de Trabajo. De más está señalar que, esta división no cubre

algunos tipos de procesos especiales, los que por sus características vienen

atribuidos en particular al Contencioso Administrativo, con independencia del

contenido de su pretensión. Ese es el caso de los denominados “amparos de

legalidad”  o de las ejecuciones de actos

administrativos firmes (176 del

CPCA), que se residenciarán siempre en la Jurisdicción indicada. De igual modo ocurre con todo proceso de lesividad, en el que desde

luego se cuestiona una conducta administrativa emitida por la propia

Administración.

Atención especial

merece el fenómeno de la concurrencia de pretensiones, en el que las que se

acaban de clasificar para una u otra jurisdicción, se presentan en forma

conjunta en una misma demanda. Para el tema concreto, es preciso señalar que en

tal caso, lo que opera es una acumulación inicial de pretensiones, de las que

autoriza, entre otros, el artículo 43 del CPCA, de manera que, se produce un

fuero de atracción de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que permite y

obliga conocer los aspectos jurídico-públicos, y también, como derivación de

aquellos los extremos que en puridad, puedan calificarse de laborales. Lo

contrario, implicaría, una grave afectación a la celeridad, a la seguridad

jurídica y a la economía procesal. Así las cosas, para el supuesto, v.gr., de

una solicitud de nulidad de un acto administrativo, un reglamento aunado con la

reinstalación, el pago de salarios caídos, vacaciones y otros extremos

patrimoniales aleatorios, el asunto debe radicarse, por el fuero de atracción

indicado, en la jurisdicción contencioso administrativa.

En el presente asunto se presenta proceso ordinario

laboral de conformidad con el numeral 150 del Código Municipal que establece :

“Los servidores o servidoras podrán ser removidos de sus puestos cuando

incurran en las causales de despido que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y

las dispuestas en este Código. El despido deberá estar sujeto tanto al

procedimiento previsto en el libro segundo de la Ley G eneral de la

Administración Pública, como a las siguientes normas: a) En caso de que el acto

final disponga la destitución del servidor o servidora, esta persona podrá

formular, dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir de la

notificación del acto final, un recurso de apelación para ante el tribunal de

trabajo del circuito judicial a que pertenece la municipalidad…”. Es por

disposición de Ley, que se establece que el procedimiento para conocer de la

apelación que procede contra el acto administrativo de despido del señor E.,

dictado por la Municipalidad de la Unión, se debe seguir ante la jurisdicción

laboral.

Consecuentemente, se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Juzgado de Trabajo de

Cartago como

jerarquía impropia .