Resolución 00492-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la sociedad actora estableció

proceso especial tributario, cuya cuantía se fijó en la suma de ochenta y seis millones

trescientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho colones con ochenta y siete

céntimos, a fin de que en sentencia: "1. […] se revoque o anule

parcialmente la resolución DT10-RV-079-02 de las 10:00 horas del 30 de agosto

del (sic) 2002, dictada por la Administración de Grandes Contribuyentes

de la Dirección General de Tributación confirmada –en lo que interesa- por la

resolución de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo número TFA

184-2005 de las 11:30 horas del 3 de mayo del (sic) 2005, dejando sin

efecto los ajustes siguientes: a) En el impuesto sobre la renta (traslado de

observaciones y cargos 275-10-0078-01): los ajustes por intereses y diferencial

cambiario línea crédito B., intereses y diferencial cambiario D.B., intereses y

diferencial cambiario Agencias Aduana, y margen de utilidad sobre ventas al

costo. b) En el impuesto general sobre las ventas (traslado de observaciones y

cargos 275-10-0079-01): los ajustes por traslados de repuestos y mano de obra

por autos nuevos, por traslados de repuestos y mano de obra por autos usados,

por traslados de repuestos y mano de obra por garantías, y por traslados de

repuestos y mano de obra a empresas del exterior.

Como

consecuencia de lo anterior, se ordene al Estado la restitución de los montos

de impuestos pagados por mi representada por las sumas de ¢58,360,901.67 en

concepto de impuesto sobre la renta del periodo fiscal 1999 y de ¢

27,965,247.20 en concepto de impuesto general sobre las ventas por los meses de

octubre de 1998 a

septiembre de 1999. Dichas sumas deberán incrementarse con sus correspondientes

intereses, que corren desde el momento de su ingreso a la Hacienda Pública

hasta el día de su efectiva devolución.

En caso de que el Estado se oponga a

la presente demanda, solicito que se condene al pago de todas las costas del proceso.”

2.

El representante estatal contestó conforme a folios 322 a 347. Interpuso la

defensa previa de caducidad, la cual fue resuelta interlocutoriamente;  la excepción de falta de derecho y la expresión

genérica de “sine actione agit.”

El Tribunal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Novena, integrada por

los jueces Juan Luis Giusti Soto, Bernardo Rodríguez Villalobos e Isaac

Guillermo Amador Hernández, en sentencia n. ° 095-2010-IX de las 14 horas 15

minutos del 30 de setiembre de 2010, dispuso:”Se rechaza la excepción

genéricamente invocada de sine actione agit, se acoge la excepción de falta de

derecho y en consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda

tributaria de E.A. SA, contra El (sic) Estado. Son

ambas costas a cargo de la actora.”

La sociedad actora

formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se

apoya para refutar la tesis del Tribunal.

5.

Para efectuar la vista se señalaron las 10 horas del 18 de mayo de

2011, oportunidad en que hizo uso de la palabra el Lic. José María Oreamuno

Linares, en su condición de apoderado especial de la actora.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la Magistrada Escoto Fernández

En la demanda origen de este proceso, E.A. S.A., (en lo sucesivo Euro Autos),

demandó al Estado. Refirió, mediante traslado de cargos y observaciones no.

275-10-0078-01, notificado el 31 de octubre de 2001, la Administración

Tributaria (en adelante AT), determinó un incremento respecto del impuesto

declarado sobre la renta del periodo fiscal 1999, por la suma de

¢64.117.483,61. Señaló, en traslado de cargos y observaciones no.

275-10-0079-01, notificado en la misma fecha, la AT dispuso incrementos

respecto de lo declarado en el impuesto general sobre las ventas, de octubre de

1998 a

setiembre de 1999, por ¢31.412.586,43. Adicionalmente,

manifestó, en la misma fecha, la AT en traslado de cargos, no. 275-10-0080-01

solicitó el pago no efectuado en el impuesto sobre remesas al exterior, de

marzo a setiembre de 1999 por la suma de ¢11.928.501,17. Explicó, en resolución

DT10RV-079-02 del 30 de agosto de 2002, la AT declaró sin lugar la impugnación

que hizo de los traslados de observaciones y cargos de referencia, determinando

deudas tributarias por las sumas y periodos antes indicados. Por ello, expresó,

interpuso incidente de nulidad y recurso de revocatoria, los cuales fueron

declarados sin lugar, por resolución AU10RV-045-03 del 30 de abril de 2003, la

cual apeló ante el Tribunal Fiscal Administrativo (en lo sucesivo TFA). Mencionó,

el TFA en resolución TFA 184-2005, del 3 de mayo de 2005, declaró

parcialmente con lugar el recurso en lo referente al impuesto sobre remesas al

exterior, confirmando lo resuelto en lo demás. Aseveró, el TFA emitió también

la resolución 239-2005 del 7 de junio de 2005, que

declaró sin lugar la adición y aclaración, agotando la vía. En sentencia

solicita:

Se revoque parcialmente la resolución DT10-RV-079-02, confirmada

por el fallo TFA 184-2005, dejando sin efecto los siguientes ajustes: a) En el

impuesto sobre la renta, traslado de cargos 275-10-0078-01, los ajustes por

intereses y diferencial cambiario, de las líneas B., D.B., y Agencias de

Aduana, así como el margen de utilidad de las ventas al costo; b) En el

impuesto general sobre las ventas, traslado de cargos 275-10-0079-01, los

ajustes por traslados de repuestos y mano de obra por autos nuevos, traslados

de repuestos y mano de obra por garantías y traslados de repuestos y mano de

obra a empresas del exterior.

Se ordene al Estado la restitución de los

montos de impuestos pagados por la suma de ¢58.360.901,67;

mas intereses, desde su ingreso a la hacienda pública y hasta su efectivo pago.

En caso de oposición estatal, se le condene al pago de todas

las costas. El Estado contestó negativamente. Opuso las excepciones de falta de derecho y la expresión genérica

de sine actione agit. El Tribunal rechazó la expresión

genérica invocada, acogió la de falta de derecho. Declaró sin lugar la

demanda, con costas a cargo de  la accionante. Inconforme la actora, acude en casación.

La casacionista

plantea tres cargos por el fondo. En el primer reproche, reclama

violación directa del artículo 9, inciso c) de la Ley de Impuesto sobre la

Renta (en lo sucesivo LIR).  Dice, el Tribunal avaló el ajuste que la

Administración había hecho en el traslado de cargos no. 275-10-0078-01, a la declaración de

impuesto sobre la renta, desconociendo la deducibilidad del gasto por intereses

y fluctuación monetaria generado por el pasivo con agencias de aduana por impuesto

de ventas. Asevera, las agencias aduanales S. y C., le

otorgaron financiamiento para cubrir los costos de los vehículos y repuestos

que al efecto vendía. Añade, conforme la certificación de contador

público que aportó, el promedio mensual de ese financiamiento ascendía a

¢67.383.537,41, para el año 1999. Afirma, la AT

rechazó la deducibilidad de los intereses y fluctuación monetaria de dicho

financiamiento, en la parte que sirvió para el pago del impuesto sobre

la renta, por considerar que el numeral 9 inciso c) lo prohíbe. Apunta, en ese sentido la AT estimó que al haberse utilizado para pagar

impuestos, ese pago de intereses se torna en no deducible. Sostiene, si bien la

norma de cita establece que los impuestos no son

deducibles de la renta bruta, no incluye en esa categoría al financiamiento

para pagar tributos. En ese sentido, indica, se

equivoca el Tribunal, pues no se percata de que los intereses a los que hace

relación el canon citado, son los que cobra la Administración por el retraso en

el pago de obligaciones tributarias, no intereses producto de financiamientos.

Además, señala, la AT no objetó la deducibilidad del financiamiento de todos los servicios

aduaneros, sino solo el del

impuesto general sobre las ventas, por parte de la Agencia Aduanal.

Expone, el hecho que el impuesto de ventas se traslade al consumidor final, no

implica que no se pueda financiar su pago durante el

plazo que transcurre, entre la importación y la venta final. Agrega, ese financiamiento tiene un costo, el cual es necesario para

la generación de la renta, por lo tanto, en su criterio es deducible. En el segundo

cargo, recrimina violación indirecta del ordinal 124 del Código de

Normas y Procedimientos Tributarios (en lo sucesivo CNPT), por error de hecho

en la apreciación de la prueba. Aduce, el Tribunal estimó que el ajuste

realizado por la AT es procedente, por cuanto, las declaraciones de ventas y

del impuesto sobre la renta presentadas por la empresa para el período 1999,

presentan diferencias sustantivas no justificadas. En efecto, continúa, los

jueces consideraron que el rubro de ingresos obtenidos por concepto de ventas

de vehículos y repuestos, posee una diferencia sustantiva no justificada, con

lo cual incurrió en el presupuesto del

ordinal 124, inciso b) del

CNPT, que habilita el uso de la determinación de oficio. Lo anterior, asevera,

implica un error de apreciación de parte del Tribunal, puesto que, si se

aportaron los documentos que justifican que el monto de “ventas” en dicho

impuesto, no coincida con el de “ingresos” en el impuesto sobre la renta. Lo

que ocurre, aclara, es que algunos “traslados” o salidas de inventario de

bienes sujetos al impuesto de ventas, se emplean en la satisfacción de

garantías, reflejándose en la contabilidad como “ventas” al costo, puesto que

no se cobran al cliente. Afirma, no se trababa de compraventas mercantiles,

pero si de ventas en el sentido del canon 2 de la Ley del Impuesto General

sobre las Ventas (en adelante LIGV), que las califica como cualquier acto que

involucre “una transferencia del dominio de mercancías”. Agrega, de lo

anterior resulta que sus explicaciones en cuanto al requerimiento formulado en ese sentido por la AT, fueron mal apreciadas, lo que en su

opinión se traduce en un quebranto del

precepto 124 del

CNPT. Además, alega violado el ordinal 330 del Código Procesal Civil (en lo

subsiguiente CPC), en tanto, opina, los jueces debieron analizar estos

elementos en conjunto con documentos que obran en el expediente administrativo

y con base en los mandatos 1, 5, 7, 10 y 14 de la LIR; 1,2,12 y 13 de la LIGV,

y 18, 33, 40 y 45 de la Constitución Política. En el tercer cargo, aduce

violación indirecta de los cardinales 7 y 8 de la LIR, por error de hecho en la

apreciación de la prueba. Dice, la AT rechazó la deducibilidad de los gastos

financieros de todas las fuentes de financiamiento

empleadas por su representada. Manifiesta, aduciendo que los pedidos de toda la

región centroamericana al fabricante en Alemania, son consolidados en una sola

empresa domiciliada en Panamá (E.A. S.A.), la AT concluye, que el inventario de

vehículos le pertenece a ésta última, la que por ese hecho, debe correr con

todos los costos, entre ellos, los financieros de importación. Agrega, la AT

reafirma esa tesis, indicando que los vehículos son importados a Costa Rica,

desde la Zona Libre de Colón, en Panamá, previa venta al comprador en Costa

Rica, lo que se aúna a la política de no tener a la venta, más de un vehículo

de cada modelo en la sede de la empresa en Costa Rica. Con base en ese

criterio, menciona, la AT negó la deducibilidad de los intereses y diferencial

cambiario de la línea “crédito vehículos, crédito B.”, del pasivo con D.B., y

del pasivo con las agencias aduanales, indicando que el financiamiento es

innecesario para la producción de rentas en Costa Rica. Asevera, demostró

mediante prueba pericial, que de no haberse utilizado ese

financiamiento, el flujo de caja de su empresa habría sido negativo, lo que

implica, que su actividad generadora de rentas solo es posible a través de esos

financiamientos. No obstante, añade, la sentencia combatida considera, que el

planteamiento metodológico del informe contable, es el de un

modelo teórico, no acorde a la realidad. Afirma, el error de

la sentencia consiste en no percatarse de que la hipótesis planteada en la

pericia, proviene de las determinaciones hechas por la AT. En efecto,

arguye, esos ajustes afirmaban que no era necesario el financiamiento, por

ello, el estudio excluyó del flujo de caja real el monto de

los financiamientos, demostrando que en ese supuesto, el flujo se volvía

negativo. Indica, lo importante no es si se usó o no, sino,

si era necesario o no para la producción de rentas gravadas. Concluye de

lo anterior, su empresa sí requería del financiamiento en cuestión, resultando

el fallo totalmente diferente de haberse aceptado el hecho indicado, por lo

cual, los jueces quebrantan también el precepto 330 del CPC, los artículos 7 y

8 inciso d) de la LIR, y los mandatos 18, 33, y 50 de la Constitución

Política.

En el primer cargo, la

casacionista considera, el Tribunal desconoce la deducibilidad del gasto por

intereses y fluctuación monetaria generado por el pasivo con agencias de aduana

por impuesto de ventas, interpretando, que al haberse utilizado para pagar

impuestos, ese pago de intereses no es deducible. El Tribunal indicó, el canon

9 inciso c) de la LIR, armónicamente interpretado con las disposiciones del

numeral 5 del CNPT, prohíbe expresamente la deducción de impuestos, sobre la renta

bruta. En criterio del Tribunal, esta es una norma

restrictiva, a través de la cual, el legislador claramente vedó la posibilidad

de deducir el impuesto sobre las ventas lo mismo que los recargos, multas e

intereses pagados sobre cualquier tributo, lo cual se encuentra expresamente

contenido en la norma transcrita. También agregaron los jueces, en referencia

al crédito con B., que el ajuste practicado por la AT es procedente, toda vez

que la actora no logró demostrar el uso que dió al crédito con esa entidad

bancaria, lo cual resultaba necesario, conforme a los términos del mandato 8,

inciso d), de la LIR, que obliga a demostrar el empleo de los préstamos, cuyos

intereses se intenta deducir. Estiman los juzgadores, corre a cargo de la

contribuyente interesada, el deber de probar el destino de los pasivos cuyos

costes financieros solicita le sean reconocidos por la

Administración como

deducibles de la renta bruta. Indica el Tribunal, en la especie, no brinda tal

demostración, obviando que por tratarse de un hecho relacionado con la

disminución de la base imponible, la carga probatoria sólo incumbe al

contribuyente, conforme a los cardinales 140 del CNPT, 19 del Reglamento

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria y 317 inciso a) del CPC.

Al respecto, esta Sala ha mantenido el criterio, de que en tesis de principio,

para que una erogación sea calificada como gasto deducible, debe vincularse de

manera concreta, a la producción de rentas, en la forma dispuesta por el

precepto 7 de la LIR. Debe en consecuencia para ello, establecerse un nexo que permita considerar deducibles los desembolsos

provenientes de aquella obligación. Adicionalmente, conforme al principio de la

carga de la prueba en materia tributaria, corresponde al contribuyente demostrar

la existencia de las circunstancias estipuladas en el inciso a) del canon 8 de

la LIR, con el propósito de tener como deducibles ciertos gastos (Voto no. 468

de las 10 horas 45 minutos del 7 de abril de 2011). En lo medular, la actora

claramente manifiesta, que en la especie, los financiamientos en cuestión

fueron obtenidos para el pago de impuestos, reconociendo a su vez, que de la

letra del precepto 7 de la LIR, el pago de tributos no es deducible de la renta

bruta. No obstante, expresa, que el Tribunal confunde dicho extremo -intereses

propios de un financiamiento- con los que cobra la Administración por el

retraso en el pago de obligaciones tributarias. Estima esta

Cámara, la tesis de la recurrente no es de recibo. Es claro que conforme

a lo dispuesto por los mandatos 9 inciso c) de la LIR, y 5 del CNPT, que los

impuestos no son deducibles de la renta bruta. Ahora bien, no podrían admitirse

como deducibles de

dicha renta, los intereses cancelados como parte

de un financiamiento obtenido para satisfacción de la deuda tributaria, pues de

admitirse lo anterior, se privilegiaría la deducción del

pago de los propios impuestos, esta vez, mediante la figura del endeudamiento. Si en criterio del

legislador, el pago en sí de los impuestos no comporta el carácter de gasto

deducible, tampoco puede interpretarse válidamente que el costo de un

financiamiento obtenido para la cancelación de tales tributos, si sea deducible

del impuesto de la renta, pues al final, se trata en efecto, del pago del mismo

tributo, sea que se realice con fondos propios o a través de una figura

crediticia. A lo anterior debe añadirse, que en efecto, el legislador ha

calificado las circunstancias de la deducción dicha, obligando a demostrar al

contribuyente, que el uso del crédito en cuestión, conforme a los términos del

precepto 8, inciso d), de la LIR, debe estar vinculado a la producción de

rentas, esto es, a actividades claramente productivas, y no al pago de cargas o

tributos, que tienen como hecho generador, la actividad remunerativa, ya

cumplida. Por lo anterior, resulta irrelevante que el Tribunal haya hecho

también relación en su fallo a los intereses que cobra la Administración por el

retraso en cancelar obligaciones tributarias, como si se tratara de los

intereses propios de un financiamiento, en el tanto, de su fallo queda clara la

obligación del declarante, en cuanto a demostrar el nexo causal entre el uso

del préstamo, y la obtención de rentas, razones que obligan al rechazo del

cargo.

En la segunda censura,

la recurrente alega, los juzgadores yerran al estimar que el ajuste realizado

por la AT es procedente, por cuanto, las declaraciones de ventas y del impuesto

sobre la renta realizadas por la empresa para el período 1999, presentan

diferencias sustantivas no justificadas, con lo cual incurrió en el presupuesto

del canon 124, inciso b) del CNPT, que habilita el uso de la determinación de

oficio. Considera, los jueces apreciaron mal las

explicaciones que brindó al respecto. Sobre dicho punto, el Tribunal

dispuso, el ajuste es procedente, toda vez que las declaraciones de ventas y

del impuesto sobre renta presentadas por la actora para el período fiscal 1999,

en el rubro de ingresos por ventas de vehículos y repuestos, evidencian una

diferencia sustantiva no justificada, incurriendo con ello en el supuesto del

numeral 124 b) del CNPT. Lo anterior, estiman los juzgadores, habilita a la AT

para proceder a la determinación de oficio, según se indicó en el traslado de

cargos no. 275-10-00078-01, (ajustes aplicados sobre el impuesto sobre la

renta), puesto que dicha declaración presenta diferencias atribuibles a la

contribuyente. Para los enjuiciadores, el mandato 124 del CNPT, prevé varios

presupuestos en los cuales la ley legitima a la AT para determinar de oficio la

obligación tributaria, comprobando la veracidad de las declaraciones juradas

hechas por el contribuyente. Agrega el Tribunal, el concepto de traslado al

costo que aplica la empresa actora, respecto de mercancías custodiadas mediante

un inventario, así como la inclusión de la mano de obra o taller dentro de

dicho concepto, traslados de repuestos tomados del inventario para reemplazar

piezas defectuosas que deben ser suplidas durante el período de garantía y la

mano de obra necesaria para la reparación, no constituyen partidas que

jurídicamente puedan reconocerse como deducibles. En efecto,

señalan los jueces, tales traslados al costo de los citados rubros, no forman

parte de los gastos deducibles autorizados por ley. Añaden, incluirlas como gastos a descontar de la

renta bruta, violenta: “…la necesaria prevalencia del

criterio de legalidad taxativa que enuncia el ordinal octavo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta (por sí y en relación con el numeral 5 del CNPT), dentro de

cuyo texto no están contemplados los citados rubros”. Así, refirió el

Tribunal, en concordancia con el precepto citado del CNPT, la AT realizó un

proceso de auditoría fiscal a la empresa actora, auditó sus estados

financieros, revisó su sistema contable y registros conexos, llegando al

convencimiento que la información proveída por la declarante, no reunía los

elementos de convicción para aceptarla simple y llanamente, actuación que a

juicio de ese cuerpo de juzgadores, resulta acorde con el ordenamiento

jurídico. Al respecto, estima esta Sala, la Administración realizó una

auditoría fiscal, de la cual resultaron inconsistencias de carácter contable,

lo que justifica la conducta administrativa, que resulta apegada al

ordenamiento jurídico, conforme al método de base cierta, para casos como el de

estudio. (Voto no. 795 de las 16 horas 15 minutos del 30 de julio de

2009. Véase también en ese sentido voto no. 1499 de las 16 horas 35 minutos del

1º de diciembre de 2010) Considera este órgano decisor, el alegato de la

casacionista se centra en la existencia de un error de apreciación por parte

del Tribunal, respecto de las explicaciones brindadas por la actora, a la AT.

Según el argumento de la recurrente, la sola presentación de los documentos que

“justificaban” que el monto de “ventas” en dicho impuesto, no coincidiera con

el de “ingresos” en el impuesto sobre la renta, era suficiente para descartar

el supuesto del cardinal 124, inciso b) del CNPT. Además, intenta respaldar esa

tesis, explicando que algunos “traslados” o salidas de inventario de bienes

sujetos al impuesto de ventas, se emplean en la satisfacción de garantías,

razón por la cual se reflejan en la contabilidad como “ventas” al costo, puesto

que no se cobran al cliente. No obstante, independientemente del mecanismo por

el cual dichos bienes finales, terminen siendo asignados a una categoría

contable diversa a la de mercancías sujetas al impuesto de ventas, se trata en

todo caso de haberes sometidos a dicho pago. Tal circunstancia obliga a la

empresa actora, a incluirlos en la categoría contable específica, como

mercaderías sometidas al pago del tributo de referencia, independientemente de

que, conforme a la práctica interna de la demandante, para efecto de la

atención de garantías, éstos sean cobrados al cliente, o no. Bien ha dispuesto

el Tribunal, que se trata de mercancías sujetas al pago del impuesto sobre

las ventas, por lo cual resulta irrelevante que sean consumidas internamente

para la atención de garantías.  De lo anterior, al confrontar las

declaraciones de renta e impuestos de venta presentadas y detectar la AT

inconsistencias en la información contable brindada por la actora, podía sin

mas acudir a la revisión extensiva de la contabilidad de la empresa, a la cual

autoriza el precepto 124 del CNPT. De dicha revisión resultó, que la información

proveída por la declarante, no cumplía los requisitos necesarios a efecto de

justificar las inconsistencias encontradas en las declaraciones, por el

contrario, contiene importantes discrepancias como las que se apuntan, a saber,

la deducción de tributos por mercaderías sometidas al pago del impuesto sobre

las ventas, como si se tratara de bienes deducibles de dicho pago, hecho que,

aunque la casacionista intenta justificar, acepta como verdadero, al indicar

que aportó documentación que acredita las ventas realizadas “al costo”. Por

consiguiente, no se observa que el Tribunal haya apreciado en forma incorrecta

las probanzas aportadas, toda vez que, los segmentos deducidos, como la venta

de repuestos y mano de obra por reparaciones en taller, están sujetas al pago

de impuesto sobre las ventas. Así las cosas, al no haberse

violentado los preceptos cuyo quebranto se alega, el agravio debe rechazarse.

En el tercer cargo,

reclama, el Tribunal rechazó la deducibilidad de los gastos financieros de

todos los financiamientos empleados por su representada, al considerar que son

innecesarios para la producción de rentas en Costa Rica. Manifiesta asimismo,

los juzgadores aceptan la tesis de la AT, en cuanto los pedidos de toda la

región centroamericana al fabricante en Alemania, son consolidados en una sola

empresa domiciliada en Panamá, por lo cual concluye, que el inventario de

vehículos le pertenece a ésta última, por lo que los costos  financieros

de importación le son atribuíbles. Además rechazó prueba pericial, en la cual

se simuló el escenario financiero de la empresa, donde, aduce, se demostró, que

el flujo positivo de caja de la empresa depende de su financiamiento. Los

jueces estimaron, la actora no logró demostrar el uso del crédito de B., cuyos

gastos financieros pretende deducir de la renta bruta, por lo que el ajuste

practicado por la AT es procedente. Dicen los integrantes de ese cuerpo

colegiad, el numeral 8 de la LIR, obliga al contribuyente a justificar el uso

que da al pasivo cuyos intereses deduzca y conforme a los ordinales 140 del

CNPT, 19 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación

Tributaria y 317 inciso a) del CPC, puesto que pesa sobre éste la carga

probatoria, demostración que en la especie no se da. Aduce el Tribunal, los

argumentos carecen de fuerza probatoria para enervar los razonamientos de la AT

al aplicar el ajuste. Dicen los jueces, lo anterior se evidencia de las

certificaciones de contador público presentadas a folios 229-230, 232-233, y

235 del Tomo 1 del expediente administrativo, documentos relativos a los

períodos 1998 (octubre a diciembre), 1999, 2000 y 2001, es decir, períodos que

no son objeto de este proceso, por lo que constituyen información inconducente

la cual se debe rechazar. En cuanto al ajuste de gastos por intereses y

fluctuación monetaria generados por el crédito con D.B., establecen los

juzgadores, no está acreditada en autos la constitución de dicho fondo de

garantía. Apuntan, la deducción aplicada no es de recibo, pues no se hace

acompañar de prueba que demuestre la relación subyacente, ni

el uso del

crédito que se pretende deducir de la renta bruta. En todo caso, manifiesta el

Tribunal, se trata de un pasivo que no corresponde a

las características exigidas por ley a este tipo de créditos, que al no ser

aplicado al capital de trabajo de la empresa, no redunda en la creación de

rentas gravables, como

lo dispone el canon 8 literal d) de la LIR. Expresa aquel órgano decisor, en el

escenario descrito por la actora, el préstamo no llega a salir del Banco que lo

otorga, sino que se mantiene en una cuenta a nombre de la empresa matriz,

domiciliada en Panamá, resultando en un pasivo sin justificación contable como

para ser deducido. En cuanto al ajuste por intereses y diferencial cambiario en

el impuesto de ventas, generados por el pasivo con las agencias de aduanas S. y

C., refiere el Tribunal, se trata de intereses pagados sobre tributos que por

ley, no son deducibles. Establece, los vehículos

nuevos que importa la empresa, se piden contra el pago parcial previo del

cliente, por sumas que superan los tres mil dólares, lo cual constituye un

fondo disponible a ese fin. Concluye el órgano colegiado, en aplicación de la

prohibición dispuesta por el canon 9 inciso c) de la LIR y la norma 5 del CNPT,

no son deducibles los intereses ni el diferencial cambiario producto de los

préstamos que realiza la actora con las agencias aduaneras para cubrir el

impuesto sobre las ventas, que éstas pagan inicialmente, y luego les es

reembolsado. Estima esta Sala, en lo fundamental, la

casacionista alega error de hecho en la apreciación de la prueba. No

obstante, no lleva razón con el argumento dado. La Administración rechazó la

deducibilidad de los gastos financieros de todas las fuentes

de financiamiento, no porque fueran innecesarias, como alega la recurrente, sino, por cuanto no

demostró el uso que da al pasivo que intenta deducir, ni la existencia de un

fondo de garantía con D.B., argumentos distintos, a los que hace mención el

agravio. Tampoco lo referente al rechazo alegado, se debe a la errónea

interpretación del Tribunal en cuanto a que los

pedidos de toda la región centroamericana al fabricante en Alemania, son

consolidados en una sola empresa domiciliada en Panamá, por lo que debe asumir

los costos. En efecto, aprecia éste órgano decisor, sobre el

pasivo que se intenta deducir, no se fundamenta en tales puntos, por el

contrario, se basa en una carencia probatoria, que diera sustento a las

diversas argumentaciones de la actora. Así, es la falta de prueba en

cuanto a la utilización de los créditos y constitución de un fondo de garantía

con D.B. y el destino del crédito obtenido con B., lo que motiva el rechazo de

la deducción y no la errónea interpretación que se aduce. Los juzgadores consideraron,

que no se acreditó en autos la constitución de dicho fondo de garantía, y en

cuanto al financiamiento proporcionado por las agencias aduanales, al

considerar que los intereses pagados que se intenta deducir en esta línea,

versan sobre tributos que por ley, no son deducibles, lo que obliga al rechazo

del cargo, criterio que como se dijo en el considerando III, esta Sala

comparte. Finalmente, en cuanto a la pericia realizada por la firma Agüero

Herrera y Asociados, el Tribunal la rechazó por considerar que no se ajustó a

la realidad del negocio, expresando por el contrario, que fue parcial y poco

útil para fallar este asunto por el fondo, pues su alcance está limitado por

las variables con las que fue construida la hipótesis. Agregó el Tribunal, se

trata de un estudio falto de sistematización, con

conclusiones que no se siguen ni se extraen del

documento base, por lo que generan una interpretación imprecisa, de ahí que los

jueces se aparten del

criterio vertido por el perito. De lo anterior, estima esta

Cámara, el peritaje rendido (folios 245 a 250), es en efecto limitado, lo cual

reconoce la recurrente. No resulta óptimo para demostrar la hipótesis

planteada al inicio, en cuanto a la necesidad de contar con un

financiamiento para generar un flujo de caja positivo. En primer lugar, el

estudio dicho, dice buscar la sustitución de los financiamientos bancarios para

las importaciones de vehículos y repuestos, por la utilización de recursos

propios. No obstante, incluye variables ajenas a la realidad del negocio, como lo son, la cancelación de principales e

intereses de operaciones crediticias pendientes de pago al 30 de setiembre de

1998. Es claro que en la práctica diaria del negocio, la cancelación de

principales e intereses de créditos existentes, impacta negativamente el flujo

de caja, por lo que su inclusión en el peritaje de examen, impide valorar con

claridad el escenario propuesto, sin el uso de los costos financieros que se

pretende deducir del pago de la renta. Similar circunstancia ocurre respecto de

la adquisición de activos productivos, puesto que la pericia refiere, que en

razón de que en el período dicho se adquirieron activos financiados por el

Banco Interfin, se consideró para efectos del estudio, que habían sido

realizados con recursos propios. Lo anterior, afecta igualmente el resultado

del examen al flujo de caja, pues no existe información que permita establecer,

que a falta de tal financiamiento, la empresa hubiese optado por invertir su

flujo de caja en tales activos, ni se aporta información que permita

determinar, que esa inversión estuviera revestida de las circunstancias de

oportunidad o urgencia, que usualmente caracterizan este tipo de decisiones.

Dicho de otra manera, ante una falta de efectivo, es lógico pensar que una

inversión de esa especie, no se hubiese realizado, por lo que su introducción

en las variables, afecta negativamente el resultado del estudio.

También se observan otras inconsistencias en el informe rendido, como lo es, la inserción en el

punto relativo a la compra de repuestos, de los “financiamientos como erogaciones en el

flujo”, lo cual no se entiende, tratándose de un escenario de cero créditos.

Similar desenlace merece la introducción del

pago de operaciones de crédito con el Banco B., comisiones bancarias  y de créditos a largo plazo.  En síntesis, la

pericia no alcanza a plantear con claridad un

contexto, en el cual, se observe el resultado de la actividad empresarial, en

ausencia de financiamientos. Agréguese a lo anterior, la sentencia combatida se

sustenta en la falta de prueba en cuanto al uso del crédito del B., así como en

la duda sobre la existencia de un fondo de garantía con el banco D.B.,

domiciliado en Panamá, e ilegalidad de la deducción del pago de intereses por

el financiamiento de impuestos. La pericia aportada, en nada contradice las

conclusiones a las que arriba la sentencia, toda vez que se trata de una

hipotésis, que intenta reproducir la gestión empresarial sin incluir gastos por

financiamientos, por lo que, a mas de las limitaciones señaladas con

anterioridad, su rechazo como elemento probatorio, resulta

irrelevante a efecto de combatir el fallo.

En mérito de lo

expuesto, procederá denegar el recurso y establecer sus costas a cargo del recurrente conforme al canon

611 del

Código Procesal Civil.