Resolución 00481-2012

I.-

El gestionante, licenciado Rafael Ángel Barahona Melgar, en su carácter de

denunciado y demandado civil, pide la revocatoria tanto de la sentencia no.

0001381-F-S1-2011 de las 8 horas 40 minutos del 10 de noviembre de 2011, como

también del auto no. 00016-A-S1-2010 de las 9 horas 50 minutos del 12 de enero

de 2010 que rechaza la solicitud de adición y aclaración; ambas resoluciones

fueron emitidas por esta Sala. Además, invoca nulidad concomitante de esos

pronunciamientos.

II.-

El petente cita el artículo 155 del Código Notarial cuyo contenido refiere: “Las

pruebas serán apreciadas sin las limitaciones que rigen para los procesos

comunes, pero deberán de consignarse las razones por las cuales se les niega u

otorga determinado valor”. Con base en esa norma, expresa, recurrió del

fallo del  Ad quem, con fundamento en que no existe prueba alguna de

carácter científico para determinar que la firma que se consignó en su

protocolo es realmente falsa. A su juicio, más bien el informe grafoscópico del

Departamento de Documentología del Organismo de Investigación Judicial,

establece que no se pudieron comparar la rúbricas, por ser de modelos

diferente. En este sentido, agrega, no constituye, de acuerdo a la

jurisprudencia de la Sala Tercera, que dice fue expuesta e incluida en el

expediente, que la firma sea falsa, como también se consigna a folio 365. Alude

a una solicitud de ampliación que hizo del informe técnico-científico, y el

referido Departamento encargado indicó que no se pudo llevar a cabo el cotejo,

por ende, nunca se declaró su falsedad. Aduce que en la sentencia emitida por

esta Sala, como también en la resolución complementaria a ella, no se calificó

la prueba científica. Tampoco se dijo, en forma expresa, por qué se le niega el

valor; ni se exponen los motivos que la desacreditan. Máxime, alega,

considerando que fue admitida por todas las partes y por el A quo. Hace

referencia al pronunciamiento de este Juzgador, quien citó como parte de su

absolutoria el mencionado informe. No obstante, continúa, ni el Tribunal ni

esta Cámara aplicaron lo estipulado en el canon 155 del Código Notarial. No

entraron a valorar el indicado elemento probatorio sobre el cual se funda su

inocencia. Tampoco se alude a él, no se analiza, ni se descarta, tampoco se le

da ningún valor. Además, asevera, el auto que resuelve la solicitud de adición

y aclaración tampoco subsanó ese yerro, ni aplicó lo dispuesto por en el

relacionado precepto legal. Este, manifiesta, es vinculante para los órganos

jurisdiccionales, quienes debieron cumplir con su contenido. Reitera las

inconsistencias que dice fueron cometidas por el Ad quem y la Sala, respecto a

la inaplicación de la norma señalada, lo que determina la nulidad de las dos

resoluciones citadas de esta última, según lo alega de modo concomitante. El

resto de manifestaciones que formula constituyen repeticiones de las censuras

invocadas, que acompaña con la cita del canon 39 de la Constitución Política,

en cuanto al derecho de defensa y al principio de legalidad que dice ampararlo,

en punto a la necesaria fundamentación que deben contener las decisiones

jurisdiccionales y la observancia a los deberes en cuanto a la valoración

probatoria.

III.-

La anterior gestión debe rechazarse por los siguientes motivos.

En casos

como el presente, el Código Notarial, en el artículo 158, autoriza el recurso

de casación, que “…se regirá por las disposiciones correspondientes a la

tercera instancia rogada en materia laboral”. En este particular, del

numeral 563 del Código de Trabajo, se extrae que las resoluciones de la Sala de

Casación no admiten recurso de revocatoria. Esta disposición sigue la misma

tónica del canon 618 del Código Procesal Civil, cuando restringe la

presentación de impugnaciones contra esas sentencias. De lo expuesto, es claro

que las resoluciones de esta Sala, cuestionadas en la gestión que se analiza,

no son pasibles del recurso de revocatoria.

Además, se aduce nulidad

concomitante de ambos pronunciamientos; sin embargo, el fundamento viene

inmerso dentro de las manifestaciones por las que se presenta la revocatoria

que, en realidad, constituyen motivos de inconformidad de los aspectos de fondo

considerados por este órgano para confirmar la sentencia del Ad quem; con la

salvedad de un punto que más bien modificó en beneficio del licenciado Barahona

Melgar. En esta inteligencia, no se expresa ni se detecta defecto procesal

alguno que determine la nulidad de las citadas resoluciones.

De todas

maneras, las cuestiones que se plantean como base de la gestión devienen inatendibles,

pues ya fueron objeto de examen tanto en la sentencia que resolvió el recurso

planteado contra la decisión de segunda instancia, cuanto en la resolución

complementaria que denegó la solicitud de adición y aclaración. En

consecuencia, no procede, por la presente vía, reiterar aspectos que fueron o

debieron formularse como censuras concretas al recurrir ante esta Sala; mucho

menos plantearlos de nuevo luego de que se pronunció sobre ellos.

Asimismo,

la adición y aclaración que se pidió de lo sentenciado, ni siquiera cumplió con

los requerimientos impuestos por el artículo 158 del Código Procesal Civil, lo

que también determina la improcedencia de esta gestión.

Con todo, nótese,

tanto en la sentencia final como también en el auto que rechazó la solicitud

para que se adicionara y aclarara, este Colegio dio cuenta del tratamiento que

hizo el Tribunal de la prueba cuya valoración objeta el petente. En la primera

resolución se analizaron las censuras propias del recurso, incluyendo la

referencia a los exámenes de grafoscopía. A partir de allí se establecieron los

detalles que estimó el Ad quem para basar su criterio decisor, destacándose que

la impugnación que pretendió combatirlo no atacó con efectividad esas

consideraciones. Aún así, esta Cámara analizó los cargos atinentes a los

informes periciales, valoró la temática de la prueba científica, examinó los

argumentos y el proceder del Tribunal en punto a la labor de apreciación

probatoria, que no solo incluyó la prueba que refiere el gestionante, sino

otros elementos de convicción que han figurado en el expediente, destacándose

los fundamentos para arribar a las respectivas conclusiones, de hecho y de

derecho, que derivaron de esas probanzas. En esta inteligencia, no se advierte

incumplimiento del precepto 158 del Código Notarial, de parte del Ad quem;

además de no ser ciertas las afirmaciones con las que se busca endilgar a esta

Sala que no emitió pronunciamiento sobre la prueba técnica ni justificaciones

en torno a cómo se consideró, lo que no da base para entender inaplicada esa

norma.

De todas maneras, la infracción que se acusa de ella, aunada a la

referencia que se hace de canon 39 constitucional, no es más que una

reiteración de lo alegado en la solicitud de adición y aclaración, cuyo auto que

la resuelve determina la impertinencia de esos argumentos, según se observa en

el Considerando IV de ese pronunciamiento.

No cabe, por consiguiente,

intentar reabrir la discusión de asuntos que fueron resueltos en su

oportunidad, sobre los cuales, además, se emitieron los detalles justificantes.

En mérito de lo establecido se impone el

rechazo de la anterior solicitud.