Resolución 00199-2012

Con base en los hechos que

expuso y disposiciones legales que citó, la actora planteó demanda ordinaria,

cuya cuantía se estimó en la suma de ciento cuarenta dos millones de colones,

para en sentencia se declare: “a) Que en el año 1977, el Registro Público de

Bienes Inmuebles cometió un error al reconstruir el folio donde de encontraba

inscrita la finca 9681-000 de Puntarenas, pues en el asiento primero consignó

una cabida original de 150 hectáreas cuando lo correcto debió ser de 128

hectáreas 9218 metros 18 decímetros cuadrados de conformidad con el plano

catastrado P 12197-52, error que se mantuvo al consignarse el asunto segundo

–que fue una segregación de 20 hectáreas- pues se consignó una cabida restante

de 130 hectáreas cuando lo correcto debo ser de 108 hectáreas 9218 metros 18

decímetros cuadrados. Se ordenará al Registro Público consignar la cabida

correcta de esta finca en el asiento registral: 108 hectáreas 9218 metros 18

decímetros cuadrados. b) Que el Catastro Nacional cometió un error al

inscribir los planos catastrados P 456189-81 y P 662440-86 pues la finca de la

demandada, matrículas 9681-000 de Puntarenas, nunca ha tenido (ni tuvo) una

cabida registral de 130 hectáreas. Se ordenará al Catastro Nacional eliminar

ambos planos de su base de datos y corregir el Mapa Catastral 1-2-5360-3480 en

cuanto resultare afectado por estos dos planos. c) Que la demandada debe

restituir a mi poderdante todo el terreno que los planos catastrados P

456189-81 y P 662440-86 le traslapan al plano catastrado P 4467-73. Se

ordenará la puesta en posesión a favor de mi poderdante conforme al plano

catastrado P 4467-73. d) Que la demandada deberá cancelar a mi poderdante

los perjuicios que le ha causado. El motivo que origina estos perjuicios es la

posesión que ejerce el demandado sobre la franja de tierra en que el plano P

456189-81 traslapa al plano P 4467-73 (aproximadamente 48 hectáreas). El

perjuicio consiste en que mi poderdante no ha podido poseer ni explotar esa

franja de terreno desde que adquirió la finca. Se estiman los perjuicios en la

suma de DIEZ MILLONES DE COLONES a esta fecha. e) Que se condene en

ambas costas a la parte demandada.”

El representante de la sociedad

demandada contestó negativamente e interpuso la defensa previa de cosa juzgada

material, así como las excepciones de falta de derecho, prescripción, caducidad

y falta de legitimación activa y pasiva.

El Juez Juan Carlos Castillo

López, en sentencia 01-2008-AS de las 13 horas 20 minutos del 14 de enero de

2008, resolvió: “…se declara: CON LUGAR la defensa previa de COSA JUZGADA

MATERIAL interpuesta por la demandada Corporación de Desarrollo Agrícola

del Monte S.A. En cuanto a las costas las mismas son a cargo de la parte

actora. Una vez firme la presente resolución archívese el expediente y sáquese

del libro de entradas.”

El apoderado de la actora

apeló, y el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José,

integrado por la Jueza María Carolina Hurtado García y los Jueces Enrique Ulate

Chacón y Carlos Bolaños Céspedes, en voto no. 0856-F-10 de las 8 horas 48

minutos del 8 de setiembre de 2010, dispuso: “En lo apelado, se confirma la

resolución recurrida.”

El

representante de la actora formula recurso de casación indicando las razones en

que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

6.-

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

La sociedad El Triunfo

de la Verdad Sociedad Anónima adquirió de Fernando Ceciliano Granados la finca

del Partido de Puntarenas inscrita al folio real 221.180-A-000, traspaso que se

formalizó mediante una donación. La primera plantea el presente proceso

alegando que como consecuencia de un error de Registro en la reconstrucción del

folio en el que se encontraba asentada la información del inmueble, se consignó

una medida distinta a la que originalmente tenía. Ante ello, solicitó que en

sentencia se declare la existencia del yerro señalado por parte del Registro

Público de Bienes Inmuebles y por el Catastro Nacional, que la demandada debe

restituir todo el terreno que los planos catastrados P-456189-81 y P-662440-86

(correspondientes a la propiedad de la accionada) le traslapan al plano

P-4467-73 (referente al inmueble de la actora), más los perjuicios derivados de

la posesión que ha ejercido sobre la franja del terreno en discusión, así como

las costas. La demandada admitió algunos hechos y rechazó otros. Alegó

que en 1992, mediante el proceso 92-000116-419-AG, interpuesto por Corporación

de Desarrollo Piñero contra Compañía Piego de Costa Rica Sociedad Anónima y

Fernando Ceciliano Granados, se definió el límite entre el inmueble de la aquí

actora y el que le pertenece a la demandada (inscrito en el folio real 9681-000

del Partido de San José), por lo que planteó la defensa de cosa juzgada

material. Asimismo, interpuso las excepciones de falta de derecho, de

legitimación (activa y pasiva), prescripción y caducidad. El Juzgado, luego de la

respectiva audiencia, acogió la primera, ordenó el archivo del expediente y

condenó a la actora al pago de ambas costas. El Tribunal confirmó lo resuelto

en primera instancia, por lo que acude ante esta instancia extraordinaria el

representante legal de la parte actora.

En su único

agravio, recrimina lo resuelto por los juzgadores de instancia en cuanto a la

existencia de la cosa juzgada material. En primer término, se refiere a la

identidad subjetiva. Critica que sostener, como lo hace el Tribunal, que la

parte actora sabía o debía saber acerca de lo resuelto en el proceso

declarativo con base en los embargos que constaban en el Registro Nacional,

trasciende la publicidad registral y la finalidad de la anotación. De acuerdo

al primero, señala, la única información que debe conocer el tercero es la que

consta. Cuestiona que, si la anotación del embargo se realiza para asegurar el

cobro de sumas de dinero, no se puede sostener que con base en esta se tenga

conocimiento del otro proceso. Esas anotaciones, agrega, no contenían datos que

permitieran saber que el objeto sobre el que versaba o había versado era el

área en disputa. Manifiesta, una anotación de embargo y una de demanda tienen

efectos y consecuencias diversas y persiguen finalidades distintas. Arguye, la

norma que debe ser aplicada para solucionar el punto es el numeral 468 del

Código Civil, respecto del cual explica que la expresión “resultas del proceso”

debe ser interpretada en el sentido de que estas “llegan hasta donde la

medida anotada llegue.” En el caso del embargo, dice, lo más “grave” que

puede pasar es que el bien sea rematado. Se refiere en forma general a las

medidas cautelares, para lo cual transcribe parcialmente algunas resoluciones

judiciales y apunta que, en virtud del principio de instrumentalidad, estas

representan lo que pretende el acreedor. Continúa su exposición aludiendo al

principio de fe pública registral o publicidad registral. Explica, este se

deriva de los artículos 267, 456 y 457 del Código Civil en relación con el precepto

66 de un reglamento que no identifica, y que consiste en la protección brindada

a la apariencia jurídica mostrada por el Registro. Aduce, este presenta dos

aspectos, uno positivo, según el cual se presume que los asientos son exactos

por corresponder a la realidad jurídica extraregistral, y otro negativo, según

el cual se presume, en beneficio de terceros, que estos son completos, es

decir, no omiten nada. Por ello, asevera, resulta necesario examinar el

contenido de las anotaciones de embargo para determinar “hasta donde llegó

el conocimiento” de la parte actora y alega que de su literalidad no se

extrae cuál era el objeto del proceso ordinario por lo que, la única “resulta”

que debe soportar es una eventual condena por ¢5.000.000,00 más el 50% de ley.

Reclama, además, que no existe identidad de objeto ni de causa. Respecto del

proceso ordinario de 1992, apunta que en este se definió el lugar donde debía

ubicarse el lindero entre las fincas 9681-000 de Pindeco y 221180-A-000 de Luis

Fernando Ceciliano Granados por la desposesión sufrida por la primera así como

la existencia de un traslape entre los planos P-456189-81 y el P-4467-73.

Alega, nunca estuvo en discusión la medida de las propiedades, solo el lindero.

Narra, en el 2001, mediante un peritaje rendido en un proceso penal, se conoció

que el Registro había cometido un error con la extensión (área) del inmueble

del Pindeco, lo cual fue reconocido por dicho órgano, lo que demuestra que el

proceso de 1992 se desarrolló y culminó con información incorrecta. Agrega, “el

objeto de este proceso no es solamente recobrar una franja de tierra, sino que

se corrija el terrible error del Registro, que propició un error del Catastro,

y que juntos propiciaron el error judicial de fijar un lindero con base en un plano

que no debería siquiera existir. Y por otro, que la causa en este proceso no es

la simple desposesión o el traslape de planos, sino la existencia de un error

registral que vino [sic] provocar un error judicial, y la desposesión de

una franja de terreno que legítimamente le pertenece a la finca de mi

poderdante. […] En este proceso no se está solicitando la delimitación

de un lindero a partir de cierta “información registral”. Se le está

solicitando al Juzgado que declare nula e incorrecta “esa cierta información

registral””

Previo a ingresar en

el análisis de los cargos, resulta fundamental realizar una breve sinopsis de

lo peticionado y lo resuelto tanto en el proceso iniciado en 1992 como en el

presente. En el primero, presentado por Corporación de Desarrollo Piñero de

Costa Rica S.A. contra Compañía Piego de Cartago S.A. y Fernando Ceciliano

Granados, la actora requirió, en lo que interesa para esta litis, que en

sentencia se declare que es propietaria y poseedora legítima de la finca inscrita

bajo matrícula de folio real 009681-000, la cual colinda con la finca

221.180-A-000 y que se definan los límites entre ambas propiedades. Solicitó,

además, se le otorgue la posesión efectiva. En primera instancia, la demanda

fue declarada con lugar, por lo que se indicó que la actora era la propietaria

de los inmuebles mencionados. Respecto a los linderos, se dispuso: a) en cuanto

a la finca 9681-000, estos son los “demarcados en el plano catastrado

número: F-456189-81”; b) “que ambas propiedades colindan entre sí por el

rumbo norte la primera y el rumbo sur la segunda; D) que el lindero definitivo

entre ambos predios, es el fijado en base al peritaje técnico rendido por el

Ingeniero Javier Machado Mejía, que debe coincidir con el plano P-456189-81”

Por su parte, tanto el Tribunal Superior Agrario, mediante sentencia 462-97 de

las 9 horas 10 minutos del 14 de agosto de 1997, como esta Sala, en voto

58-F-98 de las 14 horas 30 minutos del 5 de junio de 1998,  confirmaron la

sentencia del A quo. Posteriormente, se presentó un recurso de revisión ante

este Órgano en donde se alega que existió un error en la información registral

con base en la cual se falló el proceso, específicamente en lo que corresponde

al área del inmueble 9681-000, lo cual no fue aportado por cuanto no existía

esa información en el Registro Nacional, lo que califica como una fuerza mayor.

Mediante sentencia 945-F-04 de las 14 horas 30 minutos del 10 de noviembre de

2004, se declaró improcedente el recurso formulado toda vez que “no se puede

sustentar en ningún motivo de desconocimiento, ocultamiento o retención, que

imposibilitara su uso [de la información].” Ahora bien, el presente

proceso fue incoado el 16 de mayo de 2007 por El Triunfo de la Verdad (sociedad

que adquirió la propiedad de Fernando Ceciliano Granados por donación) contra

la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte (sociedad resultante de la

fusión de la Corporación de Desarrollo Piñero de Costa Rica S.A. con Fresas del

Trópico S.A. y Compañía Bananera Carmen S.A.) y, como se reseñó en el

considerando I, en lo medular solicita que la demandada le restituya el terreno

que los planos catastrados P-456189-81 y P-662440-86 le traslapan al plano

P-4467-73.

A efectos de valorar

la decisión de los órganos de instancia de acoger la excepción de cosa juzgada,

es preciso analizar los tres elementos constitutivos de este instituto

procesal, a saber identidad en el objeto, causa y en los sujetos. El primero

consiste en lo reconocido o declarado en sentencia, ya sea respecto de una o varias

cosas o de una relación jurídica; el segundo, en el conjunto de hechos alegados

como sustento de la pretensión y el último se determina a partir de las partes

que intervinieron en el proceso. En este sentido, puede consultarse la

sentencia 740 de las 14 horas 45 minutos del 1 de diciembre de 1999, la cual ha

sido reiterada en innumerables votos, entre los que se puede citar el 710 de

las 14 horas 15 minutos del 23 de octubre de 2008, 985-F-S1-2009 de las 11

horas 5 minutos del 18 de setiembre de 2009 y el 220-F-S1-2010 de las 14 horas

50 minutos del 11 de febrero de 2010. A partir de las anteriores definiciones,

conviene analizar si en la especie se da la requerida identidad entre estos

elementos, tal y como lo exige el artículo 162 del Código Procesal Civil. En lo

que atañe al objeto, en el primer proceso, de acuerdo a lo expuesto en el

anterior considerando, la pretensión esbozada por Corporación de Desarrollo

Piñero de Costa Rica y que fue acogida por los órganos jurisdiccionales, en lo

que interesa, versaba sobre los límites entre las propiedades 9.681-000 y

221.180-A-000. Lo resuelto sobre este aspecto incidió, en definitiva, sobre el

área y los linderos de los inmuebles dichos. En este, la sociedad actora

pretende la restitución de una porción de terreno y que, según dice, fue

sobrepuesto en los planos recién mencionados. Dicho de otra forma, lo que se

pretende es acrecentar la medida de su inmueble modificando la colindancia

definida en esos planos. Como bien lo señala el Tribunal “en ambos asuntos,

se persigue la declaratoria de titularidad del área traslapada en litigio.

[…] no es de recibo que en aquel proceso ordinario se hubiese ventilado

solamente una pretensión de deslinde. Nótese, existió declaratoria de derecho a

favor de la sociedad Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.,

respecto al área que en este nuevo asunto la sociedad El Triunfo de la Verdad

S.A. pretende se le ponga en posesión.” Con base en lo expuesto con

anterioridad, y según se analizó correctamente en la sentencia, que se impugna,

no cabe duda que el objeto de ambos litigios es el mismo, al buscar definir el

área y las colindancias entre los inmuebles.  Ahora, sobre la causa,

señaló el Ad quem: “No se comparte que en el proceso ordinario tramitado

ante el Juzgado agrario de la zona sur, en expediente número 116-3-92, solo se

debatiera sobre la desposesión sufrida por la ahora sociedad demandada por un

juez ejecutor. Por el contrario, de las copias de sentencias recaídas en ese

proceso ordinario, aportadas a folios 148 a 202, se colige que la discusión en

ese expediente versó sobre la titularidad registral y la posesión material del

área descrita en el plano catastrado número P-456189-81, con relación a la

finca colindante matrícula número 221180-A-000. En el presente caso, se

desprende de la narración de los hechos planteados en la demanda, así como de

la petitoria ventilada, la sociedad accionante El Triunfo de la Verdad S.A.

pretende reabrir el debate acerca de esa titularidad, aludiendo a vicios en el

plano catastrado número P-456189-80 y en la medida de la finca propiedad de la

demandada Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. matrícula 9681-000

de Puntarenas.” Tal y como lo apuntan los juzgadores de segunda instancia,

se puede observar que efectivamente, en lo medular, la causa petendi de ambos

procesos es la misma. La única diferencia radica en que en este el actor se

fundamenta en que el Registro Nacional incurrió en un error en relación con los

datos del inmueble. No obstante, ello no faculta a la parte a plantear un nuevo

proceso tendiente al desconocimiento de una sentencia emitida con autoridad de

cosa juzgada material. Debe observarse que, en aquel primer proceso, se formuló

un recurso de revisión aduciendo la situación dicha en torno a lo resuelto por

ese órgano registral, el cual fue rechazado por cuanto ello era un aspecto que

pudo haber sido planteado en el proceso original y no se hizo. Así, más que un

fundamento fáctico distinto, se trata de subsanar una omisión probatoria

amparándose en un supuesto hecho nuevo. En este punto, conviene reiterar lo que

indicó este órgano al resolver el recurso de revisión. “Por otro lado, como

la misma parte lo expresa en su recurso de revisión, en el expediente existía

un plano antiguo (P-15678-72), donde la citada finca aparecía con una medida de

108 hectáreas 3.027, 94 metros cuadrados (visible a folio 61). De ahí, que sí

como se alega, el conocimiento de esa circunstancia (medida de la finca 9681)

es fundamental, al punto de pretender se acoja el presente recurso de revisión;

en su momento debió solicitar la reposición del folio faltante, siendo claro

que no se puso la diligencia debida y por ende, no es posible alegar –fuerza

mayor- cuando no hay motivo para justificarla como imposibilidad de haberlo

efectuado en el momento procesal oportuno. […] De todo lo anterior, se

colige que en todo momento se tuvo acceso a la información mediante la cual se

podía en primer término reconstruir el folio faltante y segundo percatarse del

error en que había incurrido el Registro Público. Asimismo, se contaba con

todas las herramientas legales y técnicas para lograrlo. De ahí, que no exista

la alegada fuerza mayor, porque utilizando la diligencia debida se hubiera

podido obtener la información y obtener la reposición del folio. Como se

expresó, de acuerdo con el objeto litigioso y existiendo en el expediente, el

plano P-15678-72, con una medida inferior a la consignada en el Registro

Público a la finca del Partido de Puntarenas número 9681, lo pertinente era

abocarse al esclarecimiento de ese punto específico. La revisión es

improcedente, porque no se puede sustentar en ningún motivo de desconocimiento,

ocultamiento o retención, que imposibilitara su uso.” Lo anterior viene a

determinar que la causa petendi en ambos procesos es la misma.

Resta entonces

analizar la identidad de sujetos para determinar si en el caso sub examine

existe, o no, cosa juzgada material. Sobre este elemento, el Tribunal indicó: “Nótese

que para efectos del instituto de la cosa juzgada material, interesa determinar

si la persona conocía la existencia del proceso en que se debatía la

titularidad del área en disputa. En la especie, se observa que el representante

del Triunfo de la Verdad S.A., conocía la existencia del proceso ordinario

número número [sic] 116-3-92, ya que como él mismo lo expone era sabedor

que el embargo anotado había recaído en la etapa de ejecución de ese asunto.

Por consiguiente, debió conocer que la finca matrícula 221180-A-000 del partido

de Puntarenas era objeto de litigio entre la colindante y la transmitente. No

es procedente entender que solamente le es atribuible al donatario de esa finca

las consecuencias de la etapa de ejecución, puesto que en este caso corresponde

a decreto de embargo derivado de un proceso litigioso, por ende también le

afectan las resultas o sentencia declarativa del proceso principal, ya que se

trata de un mismo litigio. En este caso, no se está frente a un tercero, de

forma tal que cuando adquirió el inmueble, sí constaba anotación que hacía

referencia al número de expediente del proceso ordinario, lo cual le permitió

conocer que los atributos del dominio de esa finca sí estuvieron en discusión.”

El recurrente cuestiona este criterio refiriéndose al tipo de anotación que

pesaba sobre el inmueble y que de acuerdo a la información que constaba en el

Registro Nacional no le era factible tener conocimiento de los alcances del

proceso, toda vez que lo que se consignaba en el asiento registral era un

embargo preventivo. Ahora bien, en criterio de esta Sala, es preciso ubicar en

su correcta dimensión el análisis de la identidad de los sujetos para efectos

de la cosa juzgada material. Ciertamente, cuando en un asiento registral consta

una anotación, quien se convierta en el propietario del bien no puede alegar

desconocimiento sobre la existencia del derecho que se reclama, el cual

adquiere una posición prevalente, y se encuentra vinculado por lo que se

resuelva en sede jurisdiccional. Empero, para los efectos del instituto de la

cosa juzgada en el presente asunto, tal discusión deviene en ociosa. Como ya se

indicó en el considerando IV de esta sentencia, el aspecto subjetivo consiste

en la identidad de las partes intervinientes. En la especie, resulta innegable

que la sociedad actora no participó en el proceso de 1992, sino que lo hizo el

señor Ceciliano Granados, quien le traspasó el inmueble en el 2007. Ahora bien,

resulta fundamental para la correcta solución de este asunto, el considerar que

en ese primer proceso se esgrimió una pretensión real. Lo anterior es relevante

toda vez que el pronunciamiento realizado en sentencia se incorpora, en ese

tanto, a la cosa misma, en la medida en que se definió un aspecto referido a

esta. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las sentencias firmes

tienen el efecto de consolidar una específica situación jurídica. El fallo en

cuestión no se refirió a una relación jurídica sino a la definición de los

límites del inmueble. Lo resuelto en sentencia vincula al titular jurídico del

bien, independientemente de la persona, física o jurídica, que ostente dicha

condición (o status jurídico) en un momento específico. Por lo tanto, al darse

la enajenación de la finca, el nuevo propietario, al asumir la condición de

titular, se encuentra igualmente vinculado por aquellos pronunciamientos

judiciales referidos al bien. Caso contrario, la autoridad de la cosa juzgada

material quedaría supeditada al tiempo durante el cual quien actuó como parte

en el proceso se mantenga como dueño, afectándose el principio de seguridad

jurídica. En consecuencia, el tema de la publicidad registral se torna en una

controversia inconsecuente, en la medida en que, al momento en que se realizó

la donación, ya había adquirido firmeza la sentencia a que se ha venido

haciendo referencia (voto 58-F-98 de las 14 horas 30 minutos del 5 de junio de

1998) y había sido declarado improcedente el recurso de revisión incoado (voto

945-F-04 de las 14 horas 30 minutos del 10 de noviembre de 2004). En virtud de

lo expuesto, el agravio planteado no es de recibo.

Con base en los

motivos expuestos, lo procedente es confirmar lo resuelto por el Tribunal.