Resolución 01598-2012

Con base en

los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció demanda cuya estimación se fijó como inestimable, a fin de que en

sentencia se declare: “I. …con lugar esta demanda en todos sus

extremos.

Por no ser conformes con el ordenamiento jurídico, la

ilegalidad y en consecuencia la nulidad de los actos administrativos que a

continuación se dirán » Resolución RRG-2969-2003, del día 12 de febrero del

2003. » El acto contenido en el acuerdo 021-066-2003, artículo único

inciso 21), efectuado en la Sesión Extraordinaria 066-2003 celebrada por la

Junta Directiva de la Autoridad Reguladora el 28 de octubre del 2003, así como

sus actos conexos, anexos o derivados de conformidad con el artículo.

III.

El restablecimiento de la situación jurídica vulnerada por la ARESEP y la

adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma,

a saber que, en sentencia se ordene el inicio de un procedimiento de fijación

tarifa (sic), por medio del cual TRALAPA LTDA., obtenga una

remuneración justa e indexada por el servicio que brinda.

Que

como producto de las actuaciones descritas en esta demanda, la ARESEP por

acción y omisión provocó un desequilibrio financiero en las concesiones que

ostenta nuestra representada.

Que se condene a la demandada

responsable de los daños y perjuicios irrogados a nuestra representada por su

funcionamiento anormal y se ordene su respectivo pago. Esos daños se originan

en las actuaciones descritas anteriormente u omisión de la ARESEP (inactividad

material) por mantener un desequilibrio financiero en la prestación del

servicio público que brinda TRALAPA LTDA en sus diversas rutas de transporte,

incluyendo sus permisos, consisten en las contraprestaciones económicas

que nuestra representada  ha dejado de percibir desde la solicitud de

incremento tarifario hasta hoy día, y se estiman en la suma de ₵ 804.803.873,39

(OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES, (sic) OCHOCIENTOS TRES MIL,

(sic) OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES COLONES, (sic) CON

TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), más los intereses de ley hasta su efectivo pago, sin

que esta estimación limite nuestra pretensión en el caso de que un perito

técnico en la materia determine una suma superior a la indicada anteriormente.

VI.

Que se condene a la demandada al pago de las costas procesales y personales de

este procedimiento contencioso.”

La

representante de la demandada contestó negativamente y opuso las excepciones de

falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva.

El Juez

Ricardo Madrigal Jiménez, en sentencia no. 3146-2009 de las 16 horas del 8 de

diciembre de 2009, resolvió: “Se declara sin lugar en todos

sus extremos la presente demanda, se acoge la mal llamada excepción de falta de

derecho sobre el total estas (sic) y falta de legitimación activa con

respecto a las pretensiones pecuniarias. Se condena a la actora al pago de

ambas costas de este proceso.”

El apoderado de

la actora apeló; y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

integrada por la jueza Sandra Quesada Vargas y los Jueces Francisco Jiménez

Villegas, Jonatán Canales Hernández, en sentencia no. 077-2011 de las 14 horas

5 minutos del 25 de agosto de 2011, resolvió: “Se confirma la sentencia

apelada.”

El

representante de la actora formula recurso de casación.

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

I.-

La empresa Tralapa Limitada solicitó a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

(ARESEP), un incremento tarifario para sus rutas de transporte remunerado de

personas, el cual fue denegado. La demanda para que en sentencia se declare la

nulidad de los pronunciamientos administrativos de rechazo. Se restablezca la

situación jurídica vulnerada, ordenándose un procedimiento para la fijación de

tarifas, a fin de obtener una remuneración justa e indexada por el referido

servicio. Se disponga que se produjo un desequilibrio financiero en sus

concesiones y le indemnicen los daños y perjuicios sufridos, debiendo la

accionada, asimismo, pagar ambas costas del proceso. Esta opuso las excepciones

de falta de derecho y de legitimación en su doble modalidad. El Juzgado declaró

sin lugar la demanda y añadió: “se acoge la mal llamada excepción de falta

de derecho sobre el total estas (sic) y falta de legitimación activa con

respecto a las pretensiones pecuniarias”. Condenó a la accionante a pagar

las costas personales y procesales. El Tribunal confirmó.

Recurre el apoderado de la parte actora.

En el recuadro, al inicio del libelo de impugnación, menciona que la dirige a

esta Sala e indica: “TRALAPA LIMITADA presenta recurso de casación…”. No

obstante, en el cuerpo del escrito lo destina a los “Señores Jueces Tribunal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda”. Ese despacho, en

resolución de las 14 horas del 27 de setiembre de 2011, señaló que “… la

parte actora interpuso recurso de casación, mismo que por error presentó ante

la Oficina de Recepción de Documentos del Anexo A del Segundo Circuito Judicial

de San José, donde radica este Tribunal y no ante la Sala Primera de la Corte

Suprema de Justicia, como correspondía. Siendo que el conocimiento sobre la

admisibilidad o no de la impugnación indicada compete a la Sala referida,

remítase este proceso y el respectivo expediente administrativo, ante ése (sic)

órgano jurisdiccional, a efecto de resolver lo que en derecho corresponda”.

Esta Cámara, según constancia de folio 445, da cuenta que recibió por

conocimiento el asunto el 26 de setiembre de 2011, dentro del plazo para

recurrir. Por otra parte, en el encabezado del aludido escrito, el apoderado de

la actora señala que presenta “formal recurso de (sic) recurso de

casación contra sentencia 77-2011 de las catorce horas con cinco minutos del veinticinco

de agosto del año dos mil once”. Sin embargo, luego consigna: “SOBRE LA

APELACION” y los alegatos son, prácticamente, los mismos que expuso al

apelar el fallo de primera instancia. Debe aunarse a lo expuesto, como se dijo,

que también consignó como destinatario a los “Señores Jueces Tribunal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda”. Estos aspectos serán

objeto de examen en el

Por lo pronto, se exponen los agravios

que se someten a conocimiento de esta Sala.

Indica el recurrente, “la sentencia

aquí impugnada” violenta, en contra de su mandante, los artículos 106 “y

siguientes…” del Código Procesal Civil (CPC) relacionados con la figura del

litis consorcio pasivo necesario y con las disposiciones contenidas en la Ley

8220, en concreto, del precepto

Denuncia indebida valoración de la prueba.

Numera sus manifestaciones de agravio en ocho puntos, a los cuales agrega, al

final, un apartado que denomina “SOBRE EL FONDO”.

se

refiere a la sentencia de primera instancia, diciendo que el A quo reconoce un

perjuicio contra su representada, ya que existe una responsabilidad civil y una

disciplinaria, por lo menos del Consejo de Transporte Público (el Consejo, en

adelante), al no aportar la documentación prevenida por la ARESEP. A partir de

allí, denuncia, flaquea ese cuerpo considerativo del aludido fallo, pues en

atención al principio de seguridad jurídica y de justicia pronta y cumplida, el

Juez debió integrar el litis en orden a los numerales artículos 41 de la Constitución

Política y 106 del CPC. Esta última norma, explica, establece su obligación de

integrarla, de considerar que por la naturaleza de la relación jurídica

material, como la que existe entre la ARESEP y el Consejo, era necesario llamar

a estrados a otro responsable de la conducta impugnada. Aduce: “Nótese que

el juzgador de primera instancia se pronuncia en su resolución en el sentido de

que “manifiestamente” existe una responsabilidad civil y una disciplinaria al

amparo manifiesto (sic) perjuicio contra mi representada ya que existe

una responsabilidad civil y una disciplinaria por lo menos del Consejo de

Transporte Público al amparo de las disposiciones contenidas en la tantas veces

citada Ley No. 8220 como el mismo indica. Sin embargo, a folio 18 in fine,

manifiesta que debe tenerse en cuenta que en vía judicial “donde no impera la

ley 8220, sino el artículo 317 del Código Procesal Civil, bajo el aforismo de

que quién (sic) está llamado a probar, lo cierto es que la actora

tampoco ha tomado el interés en acreditar los requisitos prevenidos...”. De

lo expuesto, estima, se deduce una grave contradicción de ese juzgador en dos

sentidos.

porque al fijar esa responsabilidad del Consejo, debió haber

integrado el litis consorcio pasivo necesario, no ignorar el contenido del

canon 106 del CPC, ni dejar en estado de indefensión a su poderdante. Es un

conflicto y como tal debe resolverse llamando a las partes que estime

involucradas. No obstante, continúa, el referido despacho acoge una mal llamada

defensa “de falta de legitimación pasiva”, porque se demandó al ente que

no presenta responsabilidad alguna según sus consideraciones.

porque

según mandato legal, la ARESEP y el Consejo trabajan de modo coordinado en

varios aspectos. Sobre todo, en lo relacionado con los estudios técnicos, las

fijaciones extraordinarias de tarifas y el refrendo de los contratos de

concesión, como se dispone en los artículos 4 de la Ley 3503; 64 de la Ley 7593

que reforma la 3503 en varias disposiciones; 6 y 7 de la Ley 7969. Sostiene, a

partir de esa coordinación y del vínculo entre ambos entes, la base de datos

del Consejo, existente en la ARESEP, debe ser actualizada al tenor de lo

estipulado en la Ley 8220, numerales 8 y

Esta situación, censura, como queda

demostrado en la especie, nunca se dio en detrimento de las gestiones de su

representada. Además, le atribuye al referido órgano de primera instancia,

yerros en su análisis, cuando expresa que la Ley 8220 obliga solo al Consejo,

pese a que en realidad esa normativa vincula a toda la Administración. En este

sentido, estima, se colige que la demanda está bien planteada, pues a quien le

ha correspondido recabar la información ante el Consejo y mantenerla

actualizada es a la ARESEP. De este modo, el daño lo causa esa institución y no

el Consejo. Trascribe el numeral 8 Ibidem. Destaca, esa Ley es especial y

pretende eliminar todo trámite engorroso que debe cumplir el administrado

frente a cualquier gestión. Sobre ella, expone, el aludido juzgador realiza un

análisis en su

Además, menciona, el ámbito de aplicación lo

define el canon 1 al establecer que es para toda la Administración Pública,

central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas,

órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales,

municipalidades y empresas públicas. Su única excepción es en los trámites y

procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional. Por ende,

estima: “Resulta totalmente contradictorio entonces lo resuelto por el a

quo, en el sentido de que no tiene connotación jurídica esa normativa o por lo

menos no es oponible en estrados judiciales y que además exime a la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos de la aplicación de la misma”. Alude

al hecho cuarto que el juzgador de primera instancia tuvo por probado. Aclara,

para confirmar la inercia, falta grave y negligencia de ambas instituciones

implicadas, todos los acuerdos de flota y horarios e información de las rutas

en general son de dominio público y de acceso abierto e irrestricto a cualquier

persona, pues forman parte del Registro de Transporte Público creado por la Ley

3503. Es decir, expone, no se necesitaba autorización para acceder a ella.

Además, el transporte remunerado de personas se rige por el principio del

interés público, en virtud de declaración expresa de la Ley, y esa información

debe estar en la base de datos como lo señala el canon 9 de la Ley 8220 y en el

12 de su Reglamento. Sintetiza indicando, al fin y al cabo, la responsabilidad

le corresponde en su totalidad a la ARESEP, por lo que la demanda está bien

planteada “y así debe ser declarado en sentencia firme”.

Segundo:

acusa errónea interpretación de la Ley 8220, cuando de su texto se desprende

que para poder exigir al administrado la presentación de cualquier requisito,

se han de publicar de previo en La Gaceta. Así podrán ser exigibles, como se

indicó en la demanda. Copia los numerales 4 y 5 Ibidem. En su criterio, la

ARESEP ha incumplido con este requisito y los hechos que se expusieron al

demandar denotan su responsabilidad. Existió una falta de servicio, pues la

accionada no aceptó la documentación. Tampoco coordinó, en forma eficaz, su

ingreso, la cual debía aportar el Consejo. En todo caso, añade, el ardid quedó

al descubierto con los propios argumentos de la demandada. En el mismo año de

la solicitud, expresa, la entidad reguladora había obtenido toda la

documentación que necesitó para la fijación nacional al sector de transporte

público y debió utilizarla. No escudarse en una petición al Consejo, con su

atraso en enviar la información para rechazar la solicitud de su mandante.

Siendo así, agrega, esas actuaciones se califican como una falta grave, según

el artículo 10 de la Ley 8220, que también remite al título VII, capítulo 1, sección

1, de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Aún más, explica, la

Ley 7593 establece que el órgano regulador puede actuar de oficio o a instancia

de parte, para mantener una correcta remuneración por los servicios que brinda

el concesionario. Sin embargo, recrimina, ese deber no se cumplió, como bien se

demuestra con el peritaje requerido por la actora. En relación con lo anterior,

asevera, el canon 4 Ibid., establece que uno de los principales deberes u

objetivos de la entidad de regulación, es el de procurar el equilibrio entre

las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestatarios de los

servicios públicos. Trascribe el numeral 8 de esa normativa. A su juicio, queda

individualizado el nexo de causalidad, ya que con las citadas actuaciones

existió un desequilibrio financiero en la tarifa de su representada, dejándose

de percibir la contraprestación legítima que merecía en su oportunidad. Como

consecuencia del funcionamiento anormal de la ARESEP para el caso concreto,

alega, se causó un daño injusto, que su mandante no tiene obligación de

soportar, conforme lo exigen los artículos 190 “y siguientes…” de la

LGAP.

refiere: “Igualmente a folio 19, líneas 16 en

adelante, se manifiesta el a quo en el sentido de que no existe algo que

indique que el acto administrativo que se está impugnando resulte contrario al

ordenamiento jurídico del total de los elementos que constan en el expediente

administrativo o judicial por el contrario es totalmente acorde con el

ordenamiento jurídico, lo anterior- claro está- al margen de la responsabilidad

por incumplir la ley 8220”. Según indica, se está a tono con el

ordenamiento o no, pero nunca puede serlo a medias. Estima contradictorio el

criterio de ese juzgador, lo que obedece, señala, a que interpreta que la

ARESEP está eximida de aplicar la citada normativa, lo cual es erróneo. Por un

lado, añade, según ese argumento, no existe nada al margen del ordenamiento en

el acto administrativo impugnado. Pero, de acuerdo con la Ley 8220 sí existe

una ilegalidad en el acto. Destaca, surge la interrogante de si se aplica,

porque el referido órgano de primera instancia nunca lo deja claro en su

sentencia.

en cuanto a la errónea aplicación e interpretación de

la prueba, manifiesta: “Más contradictorio, pero además ilegal y violatorio

del principio de equidad, resulta que el mismo juzgador determine que en la

especie puedan faltar los requisitos prevenidos en su oportunidad por la Aresep

y que era obligación de mi representada evidenciarlo ante ese Despacho en el

momento procesal oportuno y así que pueden ser traídos al proceso como prueba

para mejor resolver, lo cual está dentro de de (sic) sus potestades, y

sin embargo, manifiesta que es mi representada quién (sic) debió

evidenciarlo ante ese Despacho”. Cuestiona, acaso no es su obligación,

también en virtud del principio de equidad, traer al proceso la documentación

que estime pertinente. Le atribuye al Juez otra contradicción. A su juicio,

pudo haber conminado la presentación de los documentos advirtiendo la

imposición de las sanciones que establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contenciosa Administrativa (LRJCA). Sin embargo, acota, a renglón seguido, ese

órgano indica que no se supone que debe reconstruir la prueba en beneficio de

una parte. Añade: “Lo dicho anteriormente demuestra además que el a quo

actuó negligentemente y con un desconocimiento del expediente judicial”.

Detalla lo que su representada ofreció y solicitó que se le requiera al

Consejo. Dice que el Juez tramitador le dio traslado. Entonces, cuestiona, no

es cierto que la actora no ofreciera la prueba necesaria, ya que ese despacho

previno a la ARESEP y al Consejo la presentación de las probanzas. Este último

hizo caso omiso. Reitera, era obligación del Juez integrar el litis consorcio

pasivo necesario ante el aludido incumplimiento y aplicar las sanciones que

pregona en su sentencia.

combate lo que califica como

incongruencias en la interpretación del material probatorio, “…tales como

que en los hechos probados número cuatro se tuvo por demostrado que por oficio

No. 1336- DASTRA- 2002, de fecha 09 de diciembre del año 2002, el ingeniero

Mario Freer, Director de Aguas y Saneamiento, solicita autorización a mi

representada para requerir esa información ante el Consejo de Transporte

Público, entonces no significa reconstruir prueba para ese Despacho sino llamar

al Consejo de Transporte Público para verificar si aporto (sic) la

documentación solicitada por la Aresep o en su defecto si sus bases de datos

están conectadas y actualizadas entre sí como lo dispone la ley 8220”.

Sexto:

atribuye falta de fundamentación respecto a lo que el A quo indica de que “Esta

situación determina que exista una manifiesta falta de derecho en el caso que

nos ocupa, en lo referente a resolver al gestión de manera satisfactoria para

el actor”. Estima, no se desprende cuál es esa manifiesta falta de derecho,

aunado a que ese juzgador, en las consideraciones de su fallo, acota que

existió un perjuicio contra la accionante, en tanto hay responsabilidad civil y

disciplinaria por lo menos del Consejo, al no aportar la documentación

prevenida por la ARESEP.

alega que ese órgano expresa que corren

en el expediente una serie de documentos para justificar de un modo técnico el

aumento. Pero realizar directamente ese tipo de análisis conlleva la necesidad

de una serie de especialistas en administración de empresa, transportes y

aspectos parecidos, lo cual constituiría conocimiento privado del juzgador que

no podría ser invocado para resolver el conflicto. Sobre el particular, arguye,

su representada solicitó un actuario matemático para determinar los daños y

perjuicios causados. Aduce, ese Juzgado lo seleccionó. Si existió alguna duda

sobre los resultados del peritaje, se le debió pedir que se aclarara, lo cual

es materia y facultad fuera de la competencia y posibilidades de su mandante.

Además, sostiene, si ese despacho estimó necesario algún otro tipo de

especialista, debió pedirlo como prueba para mejor resolver y cumplir con su

obligación de resolver el conflicto. Razona, la administración de justicia debe

hacer llegar sus propios peritos, a efecto de mantener la imparcialidad y la

objetividad dentro del expediente.

objeta la condenatoria en

costas a la demandante, pues “el mismo juzgador reconoce que efectivamente,

existe por lo menos una conducta del Consejo de Transporte Público violatoria

de nuestros derechos la cual produce lesiones y daños a mi representada, lo que

demuestra la buena fe del litigio planteado por Tralapa Limitada”. Con el

título “SOBRE EL FONDO”, alega que la solicitud de la actora se apega a

derecho. Menciona los aspectos que sucedieron administrativamente y la conducta

de la ARESEP y del Consejo, todo lo cual motivó la presentación de este

proceso. Acompaña sus argumentos con algunas citas normativas, como los

artículos 11, 27 y 41 de la Constitución Política; 11 de la LGAP; 5, 6, 8 y 9

de la Ley 8220; 6 del Reglamento a esta Ley. También alude a algunos hechos

probados del fallo de primera instancia.  Señala que si A quo consideró

que el Consejo tiene algún grado de responsabilidad, debió, por mandato

expreso, también por integración, seguridad jurídica y obligación de resolver

el conflicto, integrar el litis consorcio pasivo necesario. Refiere a aspectos

que manifestó ese juzgador en la sentencia de primera instancia, de la cual

extracta partes en lo de su interés, sobre aspectos procedimentales. Asimismo,

siempre relacionando sus censuras con el pronunciamiento del Juzgado, incursiona

en temas de nulidad, debido proceso, daños, perjuicios y prueba pericial.

IV.-

Como se adelantó en el Considerando II, el recurso adolece de confusión

respecto al órgano jurisdiccional al cual se destina. Contradictoriamente se

indica que es a la Sala y también al Tribunal Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda. No se presentó ante esta Cámara, sino en el Segundo Circuito

Judicial de San José, donde está radicado el Tribunal. Presenta mucha similitud

en su formato y contenido con los escritos de apelación y de expresión de

agravios, que el representante de la actora formuló ante el Ad quem. Los cargos

radican en las consideraciones del A quo, no del Superior. Esto último tiene

especial trascendencia, pues según los preceptos 591 del CPC y 70 de la LRJCA,

el recurso de casación, en la materia que aquí ocupa, procederá respecto a la

sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo. No contra la

emitida por el Juzgado, pues para ello está contemplada la apelación. Además,

no consta que los litigantes hayan dispuesto, de común acuerdo, la casación

directa o “per saltum”, como para autorizar a que este Colegio

incursione en el examen de lo resuelto por el A quo. Más bien, existe un

pronunciamiento del Superior que, precisamente, resolvió lo dispuesto por el

Juzgado y era eso lo que debió combatirse en el recurso de casación. Es

notorio, por lo demás, que las manifestaciones de censura corresponden a los

agravios contra lo resuelto por el A quo. Con razón, ninguna técnica ni

formalidad de la casación se observa. Se presentan expresiones de censura, pero

no se ligan con infracciones normativas, lo cual es imperioso, habida cuenta de

que el canon 593 del CPC, de un modo expreso, determina que esa impugnación se

ha de interponer en virtud de quebrantos a disposiciones jurídicas procesales

y/o de fondo. Ello también se desprende de los numerales 595, 596 y 597 del

mismo cuerpo legal. Aunque se mencionan algunas normas de diversas categorías

jurídicas, no existe denuncia específica de su violación. Se aducen defectos en

la apreciación del material probatorio, pero no se especifica el tipo de error.

Tampoco se detallan las pruebas, con la debida cita y explicación de los

preceptos vulnerados. Esto es, en caso de errores de hecho, de la normativa

atinente al fondo del asunto, lo cual también se exige tratándose de yerros de

derecho, cuyo planteamiento, de igual modo, requiere la referencia de las

disposiciones sobre el valor del respectivo elemento de convicción. En

definitiva, la formulación de los reproches impide todo conocimiento del fallo

de segunda instancia, lo que también imposibilita cualquier variación de lo que

en él se decide.

V.-

En consecuencia, se debe desestimar el recurso, con sus costas a cargo de la

parte que lo estableció (artículo 611 Ibidem).