Resolución 01151-2011

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare:  “A) ...

la nulidad absoluta de las resoluciones del Organo (sic) Director número

CSE-OD-01-2007, CSE-OD-02-2007, CSE-OD-2007, resolución de las 10 horas,

del 28 de enero del (sic) 2008, y Acuerdos del Consejo Superior de

Educación precitados 03-30-07, 02-49-07, 02-07-08, y los que dependan y

fundamentan estos. B) SE RESTABLEZCA LA SITUACION (sic) JURIDICA (sic)

INDIVISUALIDA (sic), DE MANERA QUE SE ME REINSTALE ANTE EL CONSEJO

DIRECTIVO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO COMO SU REPRESENTANTE,

ENTIENDASE (sic) DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION (sic) EN EL

CARGO QUE OSTENTABA.- C) Se me indemnice condenando, a los accionados al pago

de los daños y perjuicios causados, costas en sede administrativa, motivados en

la conducta disconforme con el Ordenamiento Juridico (sic) y ahora a

nivel judicial deorden (sic) personal y procesal. 1.-) daños de carácter

material consistentes y motivados en: a) las dietas dejadas de percibir desde

el día en que se me separó como director y representante del Colegio

Universitario de Cartago, en octubre del año dos mil siete, al día de hoym (sic)

considerando que mi cargo como director de aquella institución

parauniversitaria vence el 30 de junio del (sic) 2009,, (sic) más

los intereses que paga el Banco Nacional de Costa Rica, por los certificados a

plazo a seis meses sobre dicha suma que suma a la fecha SERIAN (sic) CUATRO

MILLONES CIEN MIL COLONES, PERO AL 30 DE JUNIO DEL (sic) 2009, SRIAN (sic)

CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES APROXIMADAMENTE QUE ME DEBE PAGAR LOS

ACCIOANDOS (sic). b)los honorarios pagados al Licenciado José Andrés

Carrillo Chaves por la defensa en sede administrativa, ante el Organo (sic)

Director del Proceso y Consejo Superior de Educación, en la suma de

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL COLONES QUE INVOLUCRAN LOS DOS RECURSO DE AMPARO

INTERPUESTOS. c) Dos recursos de amparo interpuestos contra el Organo (sic)

Director del Proceso y Consejo  Superior de Educación, los números

07-015779-0007-CO RECHAZADO POR EL FONDO SEGÚN VOTO NUMERO (sic) 2007-017678,

de las 15 horas, 9 minutos del 5 de diciembre del (sic) 2007 y el número

07-016073-007-00 y número

SIN LUGAR EL RECURSO POR VOTO 2008-002275, de las

10 horas y 55 minutos del 15 de febrero del (sic) 2008 ante la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que suma setenta y cinco mil

colones cada uno para un total de ciento cincuenta mil colones, motivados en al

defensa de este atropello que sufrí a mis derechos fundamentales. B) DAÑO MORAL

SUBJETIVO: motivado tanto por la conducta ilegítima, tanto omisiva como

positiva al iniciar un procedimiento que lo fue solo para suspenderme,

exhibirme públicamente y removerme como representante del Consejo Superior de

Educación ante el Consejo Directivo del Colegio Universitario de Cartago,

provocándome con ello zozobra, angustia, sufrimiento, desesperación que me

produjo las comunicaciones al Colegio Universitario del Cartago de investigar

lo que ellos llamaron, el Organo (sic) Director: actuaciones de

supuestas anomalias (sic) de mi persona como representante del Consejo

Superior de Educación, en el Consejo Directivo del C.UC, ese proceso, luego por

mi suspensión arbitraria de cuatro meses fundada en hechos falsos, CUYOS

RECURSOS NUNCA PROVEYO (sic) ESPERA QUE PROVOCA AQUELLA ZOZOBRA,

ANGUSTIA, SUFRIMIENTO, la defensa y costa de la misma, luego la remoción que se

hace terminado un proceso que nunca concluyó razonable y proporcionalmente,

sería y legalmente con fundamentos reales y demostrados de mis actuaciones en

el Consejo Directivo del Colegio Universitario de Cartago, que estimo en la

suma de VEINTICINCO MILLONES DE COLONES QUE ESTIMO EN FORMA PRUDENCIAL Y QUE EL

TRIBUNAL FIJARA IN RE IPSA, así como los intereses sobre dicha suma que

paga el Banco Nacional de Costa Rica, por los intereses a seis meses plazo. C)

Se restablezca la situación jurídica indIvidualizada (sic) de manera que

retorne con todos mis derechos, como COMO REPRESENTANTE DE DICHO ORGANISMO

COLEGIADO ANTE EL Colegio Universitario de Cartago.”

El Estado contestó

negativamente y opuso  las excepciones de cosa juzgada, falta de derecho y

de interés; así como, la expresión genérica de “sine actione agit.”

Asimismo, a folio 779 renunció al proceso conciliatorio.

La audiencia

preliminar  se efectuó a las 9 horas 26 minutos del 5 de agosto de 2009,

oportunidad en que ambas partes hicieron uso de la palabra y se resolvió la

excepción de cosa juzgada.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrada por los jueces

Ana Isabel Vargas Vargas, Joaquín Villalobos Soto y Roberto Gutiérrez Freer; en

sentencia n.° 2188-2009 de las 15 horas 33 minutos del 7 de octubre de 2009,

resolvió: “Se acogen las defensas de falta de derecho y falta de interés. Se

declara sin lugar en todos sus extremos la demanda formulada por Rubén Leandro

Montero contra el Estado. Son las costas personales y procesales a cargo del

actor.”

5.-

El actor formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que

se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

6.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la Magistrada Escoto Fernández

En la demanda origen

de este proceso, el actor, Rubén Leandro Montero, manifestó,  mediante

acuerdo del Consejo Superior de Educación (en lo sucesivo CSE), de 28 de junio

de 2007, se nombró órgano director a fin de que investigara su responsabilidad

en supuestas anomalías como representante del CSE ante el Consejo Directivo del

Colegio Universitario de Cartago (en lo que sigue CDCUC). Dijo, el 30 de agosto

de ese año, el órgano director solicitó al referido Consejo, remitir documental

certificada sobre supuestas actuaciones, a lo que dicho Consejo se negó,

argumentando falta de especificación en cuanto a la información requerida.

Apuntó, por estimar que había interferido en la toma de ese acuerdo, el órgano

director, como medida cautelar, solicitó al CSE la suspensión de su cargo por

un plazo de cuatro meses, la cual fue acogida por el CDCUC el 22 de octubre de

2007. Afirmó, las impugnaciones que formuló contra esa resolución no resultaron

atendidas. Asimismo, agregó, nunca fueron atendidos los recursos de

revocatoria, nulidad concomitante, apelación en subsidio y reclamo

administrativo por daños que presentó el 21 de diciembre de ese año.

Adicionalmente, manifestó, su situación fue hecha del conocimiento público, al

suministrar la Secretaría General del CDCUC información al diario La Nación,

que en nota del 11 de noviembre de 2007, alude a dichas anomalías, lo que causó

un daño a su imagen y daño moral subjetivo. Indicó, el referido menoscabo se

acrecentó con su remoción del cargo, el día 12 de febrero de 2008. Añadió, en

escrito del 24 de enero de 2008, formuló recusación contra lo integrantes del

CSE, la cual fue rechazada por falta de interés actual, al haber sido cesado en

sus funciones. Expresó, el 25 de febrero de ese año, interpuso nuevo recurso de

revocatoria, nulidad concomitante y apelación en subsidio en contra del acuerdo

de remoción del CSE no. 02-07-08, memorial que según adujo, tampoco fue atendido.

Adicionó, interpuso dos recursos de amparo contra los acuerdos del CSE. El

primero fue rechazado por el fondo, y el segundo declarado sin lugar. Por lo

anterior solicita: a)  Declarar la nulidad absoluta de las resoluciones

del órgano director no. CSE-OD-01-2007, CSE-OD-02-2007, CSE-OD-03-2007, los

acuerdos del CSE 03-30-07, 02-49-07, 02-07-08 y los que de ellos deriven.

b) Se le reinstale en su cargo ante el CDCUC. c) Se condene a los accionados a

pagar por daños: ¢5.300.000,00, correspondientes a dietas dejadas de percibir e

intereses calculados al 30 de junio de 2009; ¢525.000,00 de honorarios del

procedimiento administrativo: ¢150.000,00 por costas en dos recursos de amparo;

¢25.000.000,00 de daño moral subjetivo mas intereses de ley, y ambas costas. El

Estado contestó de forma negativa. Opuso las excepciones de cosa juzgada, falta

de derecho y de interés. El juez tramitador rechazó la de cosa juzgada, el

Tribunal acogió las de falta de derecho e interés y declaró sin lugar la

demanda, con las costas a cargo del actor. Inconforme el demandante, acude en

casación.

A pesar de que en el

recurso se entremezclan una serie indistinta de agravios, del análisis de las

censuras planteadas, se puede colegir que se trata en realidad de tres

reclamos de naturaleza sustantiva. En el primero, recrimina

contradicción entre los hechos indemostrados y la prueba que consta en el

proceso. Argumenta, el Tribunal tiene por no demostrado que de manera

subrepticia se hubiere iniciado un proceso sancionatorio en su contra, por el

que se le haya sancionado, en clara contradicción con la prueba. Por el

contrario, considera, se inició un procedimiento preliminar, en el cual se le

impuso una medida cautelar. Agrega, los juzgadores erróneamente estimaron, el

procedimiento no resultaba necesario por tratarse de un puesto de confianza.

Adicionalmente, dice, la medida precautoria impuesta, se mantuvo cuatro meses,

sin que se iniciara el trámite administrativo, por lo que se configuró como una

verdadera sanción, con efectos perniciosos en su contra. En lo esencial,

asevera, al dictarse dicha medida, el Estado estaba en la obligación de iniciar

de inmediato un procedimiento administrativo, lo cual no hizo; no obstante,

publicitó la situación, dañando su imagen, en una  clara desviación de

poder. En su criterio, al no iniciarse el procedimiento dentro del plazo de un

mes desde que se conoció de los hechos, se violentaron los preceptos 229

párrafo 2º y 261 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante

LGAP), que establece el plazo para concluir el procedimiento, 103 de la Ley

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en lo sucesivo

LRJCA), 243 del Código Procesal Civil (en lo que sigue CPC). También alega

lesión de las disposiciones 190 y 191 de la LGAP por conducta ilegítima y

desviación de poder, toda vez que, como se evidencia en el hecho 16, vio

disminuida su salud producto de la investigación y medida cautelar dictada en

su contra, así como de las publicaciones en el diario La Nación y su sorpresiva

remoción del cargo. Lo anterior, apunta, transgrede también los mandatos 11,

39, 41 y 49 de la Constitución Política, toda vez que la medida se mantuvo en

ausencia de procedimiento; los cánones 131 y 132 de la LGAP, que enuncian fines

y adecuación de los actos al Ordenamiento Jurídico; 223 del CPC que refiere los

casos en que no se presume la buena fe y 13 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional (LJC). Además, aduce quebrantados los principios de

razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso

que estipulan los cardinales 33, 39, 41 y 49 de la Constitución, al tener el

Tribunal como hecho probado, que por resolución 14254-2004 del 15 de diciembre

de 2004, la Sala Constitucional, haya anulado por inconstitucional el precepto

5 de la Ley 1981 de 9 noviembre de 1955, lo cual no constituye un hecho.

Asimismo, por dejar de aplicar el mandato 9 del Reglamento de Educación

Superior, Decreto 30431-MEP. Dice, el órgano enjuiciador reputó innecesario el

trámite de investigación, por tratarse de un cargo de confianza, determinación

que en todo caso juzga excesiva. En el segundo agravio, asegura, el acto

final no fue dictado con la debida prontitud, puesto que transcurrieron cuatro

meses sin que se dictara, por lo que tampoco se puede acoger una falta de

interés, de lo que resulta la mala aplicación del precepto 352 de la LGAP.

Alega asimismo preterición de prueba, por cuanto, el Tribunal rechazó una

pregunta formulada al señor Bolívar relativa a los alcances de la resolución de

la Sala que ordenó dictar con prontitud el acto final, vedándosele

injustificadamente el ejercicio técnico de la defensa, en quebranto de los

preceptos 39 y 41 de la Constitución Política. Arguye asimismo error de hecho

en la interpretación de la prueba, al no ser exacto lo dispuesto por los jueces

en cuanto al fundamento del rechazo de los recursos de amparo.  En el tercer

reclamo, asevera, el Tribunal no fundamenta en la forma debida, las razones por

las cuales le condenó al pago de ambas costas, a pesar de la buena fe que ha

mostrado al litigar, lo cual, considera, lesiona su derecho de defensa y el

principio constitucional del debido proceso. Estima, la sentencia es omisa en

ese sentido, los juzgadores se limitaron a indicar que no existían razones para

exonerar en costas al vencido, a pesar de que el canon 193 del CPCA, conlleva

la obligación de fundamentar el fallo debidamente.

En el primer reclamo,

recrimina contradicción entre los hechos tenidos por no demostrados y la prueba

recabada, y por ende errada la posición de los juzgadores al considerar

innecesario entablar un procedimiento administrativo para la remoción de un

funcionario que ocupa un cargo de confianza. Los jueces indicaron, no se

demostró que al accionante se le hubiere iniciado un procedimiento administrativo,

ni que se le hubiere sancionado. Lo anterior se debe, expresaron, a que las

actuaciones del órgano director ocurrieron en la fase de investigación

preliminar, que explican, no es parte del procedimiento administrativo como

tal, sino que constituye una etapa previa, a fin de que la Administración

compruebe las circunstancias que rodean el caso, determine la existencia y

grado de la falta o infracción atribuida, e identifique al posible responsable.

Agregan los jueces, a través de esta fase puede establecerse si existe mérito

suficiente para incoar un procedimiento, de manera que, las actuaciones de esta

especie, no marcan el inicio de un procedimiento sancionatorio o disciplinario.

De lo anterior, enfatizan, queda claro que no se estaba ante el inicio de un

procedimiento administrativo, sino frente a la etapa de investigación

preliminar. Tampoco, dicen, puede argumentarse que se haya impuesto una sanción

velada a través de la medida cautelar, puesto que tal disposición, tuvo lugar

como medida “ante causam”, que por su naturaleza, debía dictarse en la fase

preliminar, a fin de evitar cualquier intromisión del investigado. De esta

alternativa, señalan, puede hacer uso la Administración sin que de ello pueda

interpretarse que se trataba de una sanción previa. Sobre este punto, observa

este órgano decisor, en efecto, el procedimiento administrativo no se había

iniciado al imponerse la medida cautelar. Las actuaciones que impugna la

casacionista, no formaban parte de ese “iter procedimental”, conforme al

cual, en atención al debido proceso y a fin de cristalizar su derecho de

defensa, se ponen en conocimiento del investigado, los cargos de los que se le

investiga, fijándose hora y fecha para las audiencias correspondientes. Se

estaba en una fase previa, dispuesta a fin de determinar la posible existencia

o no de anomalías, en la cual, la Administración podía, al menos en tesis

general, dictar medidas cautelares ante causam, que aseguraran el resultado de

la investigación. Por lo anterior, en cuanto a dicho reclamo, no existe

contradicción entre el elenco de hechos indemostrados y otras probanzas, pues

no se demostró que el órgano hubiese cursado el inicio del procedimiento.

En lo referente al

argumento en el sentido de que la cautelar constituyó sanción en quebranto del

debido proceso, estima esta Sala, el Tribunal tuvo por demostrado, que el

actor, se encontraba nombrado en un puesto de confianza. Al respecto, es el

criterio de esta Cámara, que el carácter de un nombramiento de tales

características, es similar al de los presidentes ejecutivos de las

instituciones autónomas, y al de otros funcionarios, nombrados casi siempre a

plazo fijo, y cuyo común denominador, es encontrarse en una relación de

servicio no típicamente laboral, bajo un régimen de dirección o colaboración,

en el cual, no median órdenes de un superior, sino más bien directrices, y que

corresponden a una relación de confianza, que obliga a otorgar mayor libertad

para el nombramiento y su eventual remoción.  Esta relación de confianza

puede fundarse, conforme a los requerimientos del cargo, en aspectos meramente

subjetivos, de orden personal; propios de la existencia de una comunicación

ideológica, o política, necesaria para el buen manejo de la cosa pública,

conforme a los planes y programas existentes; o en elementos objetivos,

relativos a la idoneidad y capacidad del funcionario. (Ver al respecto votos

2000-10135 y en sentido similar 2004-05025, 2002-11884, 2002-0693, 2001-04600

de la Sala Constitucional). Como consecuencia de lo anterior, dado que quien

nombra a tal servidor en su cargo, puede elegirlo libremente, sin sujeción a

trámites o procedimientos normados, también puede la  Administración en

cualquier tiempo, dejar sin efecto la designación, desde el momento en que así

lo considere oportuno. Lo anterior, por cuanto mantener al funcionario en su

puesto, constituye una decisión puramente subjetiva del jerarca, basada

únicamente en la confianza requerida para ocupar el cargo. De tal forma,

nombrado el actor en un puesto de esas condiciones, podía perfectamente el CSE

dejar sin efecto su nombramiento por pérdida de confianza, sin que para ello

mediara procedimiento administrativo de ninguna especie, y sin que la remoción

de su cargo pueda ser entendida como una sanción. Ahora bien, tratándose de

puestos como el relacionado, en los cuales basta la falta de confianza para la

destitución, no guarda sentido la imposición como acto previo, de una medida

cautelar por un plazo de cuatro meses. Desde este punto de vista, lleva razón

el recurrente al estimar gravosa, irrazonable y desproporcionada, la preventiva

impuesta, toda vez que resultaba innecesaria al tratarse de un cargo de esta

especie. Nótese que la cautelar tardó cuatro meses, lo que revela un exceso de

parte de la Administración, toda vez que con posterioridad se optó por la

remoción del cargo por perdida de confianza. Considera esta Sala, las medidas

cautelares no son sanciones, ni pueden ser interpretadas de esa manera. A pesar

de que, por la naturaleza de los hechos investigados, impliquen actos de

gravamen como ocurre en el caso de la suspensión en el ejercicio de un cargo,

al tratarse de una cautelar dictada como acto previo para la destitución de un

funcionario de confianza, la  medida impuesta en el caso concreto, resultó

abiertamente ilegal. En efecto, el Tribunal interpretó correctamente los

hechos, al indicar que no se requería de un procedimiento administrativo a fin

de remover del puesto al accionante, por tratarse de un cargo de confianza,

pues, el nombramiento del representante del CSE ante el CDCUC es un acto

discrecional. La escogencia, indicó, recae en el CSE de forma potestativa,

según se desprende del artículo 9 inciso a) del del Decreto 30431- MEP,

Reglamento de Educación Superior Parauniversitaria, por lo que, en forma

facultativa y sin sujeción a trámite ni procedimiento alguno, aquel

nombramiento podía dejarse sin efecto, según lo dispone el precepto 140 inciso

de la Constitución Política. No obstante, aprecia este órgano decisor, lo

anterior no justifica la imposición de la medida cautelar para la remoción de

un cargo, cuya existencia deriva únicamente, de la confianza que en aquel se ha

depositado. Tal posición se ve reforzada por la tesis expuesta por  el

Tribunal, en el sentido de que, el nombramiento del accionante reviste el

perfil de un cargo de tales particularidades, para el cual, la normativa

vigente no impone mas requisito, que la libre determinación por parte del

Consejo de cita. De ahí que, en aplicación del principio del paralelismo de las

formas, sea perfectamente válido interpretar, que para su remoción, bastaba la

pérdida de confianza, en clara aplicación del canon 9 inciso a) del Reglamento

de Educación Superior Parauniversitaria, sin que resultara necesario, ni

obligatorio, iniciar un procedimiento administrativo. Así las cosas, resulta

ilegal e irrazonable la cautelar impuesta, en tanto mantuvo suspendido y sin

percibir dietas al actor, por un plazo de tres meses y 20 días, por lo que

procede acoger el agravio.

En cuanto a la

infracción que se alega de los mandatos 190 y 191 de la LGAP, por conducta

ilegítima y desviación de poder, el Tribunal indicó, la medida impuesta no es

solo lícita sino además posible como medida cautelar “ante causam”. Agregó, el

reclamo del accionante es en el sentido de que la Administración es responsable

por una conducta lícita en cuyo caso sería aplicable el canon 194 de la LGAP

según remisión expresa del precepto 190 párrafo 2º de la LGAP. Sin embargo,

estimó, no se configura el nexo causal, dado que, para que pueda alegarse la

indemnización, se requiere, conforme al artículo 194, que se haya causado un

daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña

proporción de los afectados e intensidad de la lesión. Recalcan los juzgadores,

en el presente caso el actor dejó de percibir las dietas como consecuencia de

la medida precautoria de que fue objeto, la cual no violentó ningún derecho

subjetivo a percibir ese emolumento, puesto que, por tratarse de un puesto de

confianza, el accionado podía ser removido del cargo a conveniencia de la

Administración, razón por la cual, el daño material que se alega, no existe

como tal por lo que no puede ser resarcido. De conformidad con la norma 190 de

la LGAP, esta Sala ha dispuesto, que la Administración es responsable cuando su

funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño, el cual

la víctima no tenga el deber de soportar, sea este patrimonial o

extrapatrimonial, y siempre que entre el funcionamiento y el daño exista un

nexo causal. La responsabilidad dicha, se enmarca, dentro de un régimen

objetivo, que procura la reparación indemnizatoria a quien ha experimentado una

lesión atribuible a la Administración Pública. Conforme al artículo 191, este

deber compensatorio alcanza los daños ocasionados por faltas de los servidores

públicos, durante el desempeño de sus tareas o en ocasión del cargo que ocupan.

Tal responsabilidad tiene sus cimientos en la antijuricidad de base, que se

concreta en la inexistencia del deber de soportar el daño.  De esa manera,

cuando se haya sufrido una lesión originada en una conducta pública, sea esta

activa u omisiva, que la víctima no tenga la obligación de soportar, se impone

el deber de resarcir el menoscabo, en virtud del postulado de reparación

integral que establece el numeral 41 de la Constitución Política. De lo

anterior también deriva como contrapartida, que no cabe tal reparación en

ausencia de una antijuridicidad de base. Así, sólo es indemnizable la lesión

que confrontada con la globalidad del ordenamiento jurídico, pueda reputarse

como antijurídica, pues lo contrario sería afirmar la compensación por acción

dañosa frente a un menoscabo que el bloque de legalidad no reprocha y, por el

contrario, tolera y conciente como normal y justificado (Consúltese voto de esta

Sala, no. 213 de las 11 horas 20 minutos del 25 de marzo de 2008). Al respecto,

es el criterio de esta Cámara, que si se configuran los presupuestos normativos

necesarios para invocar la responsabilidad del Estado que se alega, toda vez

que la cautelar impuesta, constituyó una medida necesaria, en tanto el actor se

encontraba ejerciendo un cargo de confianza. Si bien, no se está en presencia

de un caso de suspensión de un trabajador asalariado, es claro que el actor

percibía el pago de dietas, las cuales evidentemente no recibió durante el

período en que resultó innecesariamente suspendido por parte de la

Administración. Las dietas cuyo pago reclama, corresponden a las que hubiera

percibido por el ejercicio de un cargo directivo de confianza, del cual según

se ha expresado, el accionado podía ser removido libremente por pérdida de

confianza, para lo cual bastaba la sola decisión del órgano. Tal circunstancia

implica un importante menoscabo en las finanzas del actor, claramente generado

por la suspensión impuesta por CSE, lo que acredita la existencia del obligado

nexo causal, entre conducta y daño. De lo anterior, resulta la existencia de la

necesaria antijuridicidad de base, puesto que la medida cautelar que se impuso,

no era un requisito esencial a efecto de proceder a la remoción del cargo de

confianza. Por consiguiente,  la conducta del CSE causó un daño al actor,

que obliga a un resarcimiento pleno por parte de la Administración, por lo que

el cargo debe acogerse.

En cuanto al alegato

del casacionista, referente a haber sufrido daño al ver su situación expuesta

en un medio de comunicación nacional, el Tribunal consideró, en la especie no

aparecen como demandados, ni el diario La Nación, ni la fuente de la que habría

obtenido dicha noticia. Considera esta Sala, no existe duda en cuanto a que el

hecho fue publicitado en un diario de amplia circulación, lo cual brindó

notoriedad a los acontecimientos. No obstante, es claro, se trató de un evento

noticioso, cuyo origen no ha sido revelado por el medio que publicó la noticia.

Así las cosas, se trata de un evento que sigue a la conducta administrativa a

la cual se hace referencia en el anterior considerando, ésta hace palpable el

daño causado al actor, al colocar su situación personal, en el conocimiento de

la opinión pública. Por esta razón, atendiendo a las repercusiones emocionales

que la noticia pueda haber tenido para el accionante, estima esta Sala

procedente atender la censura del casacionista en esa línea. En lo referente al

alegato en el sentido de que el Tribunal tuvo como hecho probado, que la Sala

Constitucional mediante resolución 14254-2004 del 15 de diciembre de 2004,

anuló por inconstitucional el precepto 5 de la Ley 1981 de 9 noviembre de 1955,

lo cual estima, no puede incluirse como un hecho probado, en tanto se trata de

un fallo, considera esta Cámara, en efecto lleva razón el recurrente, en cuanto

a que la resolución recién citada, técnicamente no constituye un hecho, no

obstante, tal afirmación no tiene ninguna incidencia en el resultado del fallo.

La circunstancia de que se le haya listado como un hecho demostrado no implica

ningún perjuicio para el recurrente, ni quebranta en modo alguno lo dispuesto

en la norma 122 del CPCA, que dispone los contenidos esenciales de la

sentencia, razón por la cual, en cuanto a este punto, su alegato resulta

inútil.

Alega el recurrente, el

daño moral subjetivo no se constriñó a la circunstancia de estar imposibilitado

para ejercer su cargo de representante del CSE ante el CDCUC, pues según alega,

sufrió además zozobra, angustia, sufrimiento, y desesperación que le produjeron

las comunicaciones del CUC. Al respecto, estima esta Cámara, el daño moral lo

genera, precisamente la  imposibilidad de ejercer su puesto, que resultó

de la innecesaria imposición de una medida cautelar. Sobre este tópico, una

importante cantidad de precedentes de esta Sala han señalado que el daño moral

subjetivo existe “in re ipsa”. Esto implica que no necesariamente la falta de

prueba directa afecta el deber de reparar (una vez que se ha acreditado una

conducta lesiva y un nexo causal respecto de los daños que se alegan) toda vez

que atendiendo a las circunstancias del caso, el juzgador puede valorar las

circunstancias en las que se produce el evento lesivo para determinar, a partir

de las presunciones humanas, si resultó afectado, de manera injusta, el fuero

interno del  reclamante, a fin de juzgar si procede el resarcimiento

peticionado. Así las cosas, la prueba de la preocupación, estrés, desánimo,

tristeza, o angustia, no en todos los casos puede acreditarse de la manera que

se exige para los hechos puros y simples, ya que todos esos sentimientos

afectan, en esencia, el fuero íntimo de una persona. Por ello se ha dicho que

el juez debe ponderar las condiciones que rodean al evento lesivo, para

concluir si este tipo de aflicciones, habiendo sido reclamadas, pudieron

derivarse del daño. En este asunto, el CDCUC dictó una suspensión en contra del

actor por un período de tres meses y 20 días, para posteriormente removerlo del

cargo, aduciendo que se trataba de un puesto de confianza. Según los hechos

acreditados, dicha suspensión debió ocasionar zozobra, angustia y temor en el

accionante. Así las cosas, la conducta administrativa de referencia, por las

circunstancias del caso concreto, afectó en su fuero interno al señor Leandro

Montero, por lo que debe ser indemnizado. Por consiguiente, el recurso debe

acogerse para anular sobre este punto el pronunciamiento del Tribunal y

conceder el daño moral, que en criterio de la Sala corresponde conceder de

manera prudencial, en la suma de ¢500.000,00. Por la forma en que resuelve,

resulta innecesario hacer referencia al cargo tercero, el cual deviene falto de

interés.

En mérito de lo

expuesto, procederá acoger el recurso. Se anulará la sentencia impugnada.

Fallando por el fondo, se rechazan las defensas de falta de derecho y de

interés, en relación a los extremos que se acogen. Se rechazará la solicitud de

reinstalación del actor como representante del CSE ante el CDCUC, por encontrarse

vencido el periodo de su nombramiento, así como el pago de los honorarios en

que incurrió con motivo de su defensa en el procedimiento administrativo, de

conformidad con lo dispuesto por los cánones 328 y 329 de la LGAP. Se acoge la

demanda en los siguientes términos: a) Se declara la nulidad absoluta de las

resoluciones del órgano director no. CSE-OD-01-2007 del 30 de agosto de 2007,

CSE-OD-02-2007 del 3 de octubre de 2007, CSE-OD-03-2007 del 3 de octubre de

2007 y los acuerdos del CSE 03-30-07, 02-49-07, 02-07-08, y lo que de ellos

deriven.  b) El actor tiene derecho a que se le reconozcan las dietas

dejadas de percibir durante el período de su suspensión (tres meses y 20 días),

las cuales deberán liquidarse en ejecución de sentencia. c) El daño moral

subjetivo se fija en ¢500. 000,00. Sobre ambas sumas deberán cancelarse

intereses de ley, desde la fecha de pago de cada dieta y en el caso del daño

moral, a partir de la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago. d) Se

reconocerá al actor la suma de ¢150,000.00 por los honorarios profesionales en

que incurrió con ocasión de dos recursos de amparo, a razón de ¢75,000.00 cada

uno. Son las costas a cargo del Estado conforme al canon 150 inciso 3) del

Código Procesal Contencioso Administrativo.