Resolución 19037-2022

OBJETO DEL RECURSO. El recurrente

explica que la tutelada labora para la CCSS y desde febrero de 2022 se

encuentra suspendida sin goce de salario y sin que medie una resolución

fundamentada; además, no se estableció un plazo concreto. Explica que mediante

oficio HSC-DG-SF-040-2022 de 8 de febrero de 2022, la jefatura de la amparada

le indicó la obligación de vacunarse contra la COVID-19. Acota que la amparada

no se negó, sino que se estaba realizando estudios para determinar si tiene

contraindicación médica alguna. Expone que, mediante oficio HSC-DG-SF-040-2022

de 8 de febrero de 2022, la tutelada fue retirada del recinto laboral y se le

prohibió reincorporarse a sus labores. Acusa que la amparada se encuentra

suspendida sin goce de salario desde febrero y a la fecha no se ha incoado el

procedimiento administrativo.II.- SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA

CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2. En la sentencia N° 2020-0019433 de las 09:20 horas

del 9 de octubre de 2020, esta

Sala se refirió a legitimidad en general del fin

que persigue el legislador al establecer el carácter obligatorio de una vacuna

e indicó lo siguiente:“Esta Sala ha reconocido, en primer lugar,

la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial

que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho

fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el

resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un

fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la

obligatoriedad de las vacunas”.Como punto de partida, es dable señalar

que la aplicación obligatoria de la vacuna contra el coronavirus COVID-19, en

el personal del sector público y privado no fue definida por los propios

patronos, sino por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia, de conformidad

con las potestades otorgadas por la Ley Nacional de Vacunación. Lo anterior

llevó a que se emitiera el Decreto n.°42889-S “Reforma Reglamento a la Ley

Nacional de Vacunación” (Decreto Ejecutivo N°32722-S de 20 de mayo de 2005) con

el fin de incluir la vacuna en cuestión en el esquema nacional de vacunación.

Asimismo, en ejercicio de las mismas facultades, en el artículo 2 del Decreto

n.°42889-S, se estableció la obligatoriedad de “la vacuna del COVID-19 para el

personal establecido por la Comisión Nacional de Vacunación, en las sesiones

extraordinarias número VII-2021 del 16 de febrero del 2021 y VIII del 23 de

febrero de 2021”. Así las cosas, la inclusión de la vacuna en contra del

coronavirus COVID–19, en el esquema nacional de vacunación y su carácter

obligatorio para el personal de salud, así como al resto de servidores públicos

y trabajadores privados debe ser entendida a la luz de lo dispuesto por la Ley

Nacional de Vacunación, que define el marco general regulatorio en la materia.

Nótese que la disposición de la vacunación obligatoria no es nueva, ya que

desde la emisión del Código Civil mediante la ley n.°30 del 19 de abril de

1885, vigente a partir de 1º de enero de 1888, en el artículo 46, reformado por

leyes n.°5476 de 21 de diciembre de 1973, y la n.°7020 de 6 de enero de 1986,

estableció que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o

tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación

obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad

laboral y de los casos previstos en el artículo 98, del Código de Familia.

Asimismo, siguiendo esa línea normativa la Ley General de Salud, en relación

con las competencias del Ministro de Salud ordena lo siguiente:“Art. 345.

Declarar obligatorios la

vacunación contra ciertas enfermedades así como ciertos exámenes o prácticas

que se estimen necesarios para prevenir o controlar enfermedades”.De otra parte, respecto a las obligaciones

de los administrados, la referida ley señala lo siguiente:“Art. 147.- Toda persona deberá cumplir

con las disposiciones legales o reglamentarias y las prácticas destinadas a

prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles.Queda especialmente obligada a cumplir:

(…)b) Las medidas preventivas que la autoridad

de salud ordene cuando se presente una enfermedad”.La vacunación es justamente una medida

preventiva para evitar la propagación de una enfermedad transmisible. Además,

el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación señala:“De conformidad con la presente Ley, son

obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime

necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que se crea en

esta Ley, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de

Seguro Social.Las vacunas aprobadas deberán

suministrarse y aplicarse a la población, sin que puedan alegarse razones

económicas o falta de abastecimiento en los servicios de salud brindados por

instituciones estatales.Estas vacunas aprobadas se refieren al

esquema básico oficial que se aplique a toda la población, y a las vacunas para

esquemas especiales dirigidos a grupos de riesgo específicos.La Comisión Nacional de Vacunación y

Epidemiología deberá elaborar una lista oficial de vacunas, que se incluirá en

el Reglamento de la presente Ley. La lista podrá ser revisada y analizada

periódicamente, atendiendo los frecuentes cambios tecnológicos en este campo”.En consonancia con esto, el artículo 6 del

mismo cuerpo normativo, en sus incisos a), b) y e), reconoce como funciones y

objetivos de la Comisión de Vacunación y Epidemiología:“a) Garantizar la obligatoriedad y

gratuidad de las vacunas y el acceso efectivo de toda la población a ellas (…)

b) Formular los lineamientos políticos y estratégicos generales sobre vacunación,

aplicables en el sector salud (…) e) Definir, conjuntamente con las autoridades

del sector salud del país, los esquemas y las vacunas referidos en el artículo

3º de la presente Ley”.A la luz de lo expuesto, no es posible

afirmar una infracción a los derechos fundamentales de la parte amparada, toda

vez que la aplicación obligatoria de la vacuna contra el coronavirus COVID-19

fue definida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia, de

conformidad con las potestades otorgadas por la Ley Nacional de Vacunación, la

cual es obligatorio para los servidores del sector público y los trabajadores

del sector privado; y, por ende, el patrono se encuentra legitimado a solicitar

a sus trabajadores un comprobante del esquema de vacunación contra la COVID-19,

que demuestren que han cumplido con lo exigido por el ordenamiento jurídico,

como se expondrá a continuación.III.- SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LA VACUNA

CONTRA EL COVID-19 EN EL ÁMBITO LABORAL. La parte recurrente considera que es

contrario a los derechos fundamentales de la parte amparada que el patrono haya

dispuesto la obligatoriedad de la vacuna por el COVID-19, para todos los

trabajadores y que, de incumplir con ello, se le sancionaría laboralmente. Al

respecto, es menester señalar que el artículo 56 de la Constitución Política

garantiza a todos los habitantes de la República el derecho al trabajo, y

establece la obligación del Estado de procurar a sus ciudadanos una ocupación

debidamente remunerada e impedir que, por causa de ella, se establezcan condiciones

que menoscaben la libertad o dignidad del individuo. A su vez, el artículo 66

de la Constitución Política, señala que los patronos deben garantizar a los

trabajadores, condiciones mínimas de seguridad e higiene en los lugares de

trabajo que les permitan el mejor desempeño en sus labores; pero, sobre todo,

que no pongan en riesgo su integridad física y emocional. En efecto, de la

interpretación armónica de los artículos 21, 56 y 66 de la Constitución

Política; 1, 11 y 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, se

desprende que todo trabajador tiene derecho a ejecutar las funciones que le

competen en un ambiente apropiado, cuyas condiciones garanticen la protección

de su derecho a la salud.En ese sentido, el Código de Trabajo, en

los artículos 195 y 197, sobre los riesgos de trabajo regula lo siguiente:“ARTICULO 195.- Constituyen riesgos del

trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con

ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y

remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia

directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades”.“ARTICULO 197.- Se denomina enfermedad del

trabajo a todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una

causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y

condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que éstos han sido

la causa de la enfermedad”.De manera, que de los artículos citados se

deriva la obligatoriedad del patrono de velar por un ambiente de trabajo

saludable, razón por la que debe de tomar todas las medidas necesarias para

garantizar la salud ocupacional de las personas trabajadoras. De este mismo

contexto, emana la obligación preventiva por parte del empleador establecida en

los artículos 214 inciso d) y 282 del mismo cuerpo legal citado.“Artículo 214.- Sin perjuicio de otras

obligaciones que este Código impone, en relación con los riesgos del trabajo,

el patrono asegurado queda también obligado a: (…)d. Adoptar las medidas preventivas que

señalen las autoridades competentes, conforme a los reglamentos en vigor, en

materia de salud ocupacional”.“Artículo 282.- Corre a cargo de todo

patrono la obligación de adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para

garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme a los términos de

este Código, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se

promulguen, y las recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el

Consejo de Salud Ocupacional, como las autoridades de inspección del Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de

Seguros”.Ahora bien, al estar avalada la

constitucionalidad de la norma que dispuso la obligatoriedad de la vacunación

contra el COVID-19, y al estar facultado el patrono por el ordenamiento

jurídico para velar por la seguridad y salubridad en los centros de trabajos,

mediante el establecimiento de normas de carácter obligatorio para los

empleados, por medio del Decreto Ejecutivo n.°43249-S, el Poder Ejecutivo

dispuso:“Artículo 1.-Refórmese el artículo 2 del

Decreto Ejecutivo N° 42889-S del 10 de marzo de 2021, denominado Reforma al

Decreto Ejecutivo N° 32722-S del 20 de mayo de 2005, denominado Reglamento a la

Ley Nacional de Vacunación y Establecimiento de la Obligatoriedad de la Vacuna

del COVID-19, para que en adelante se consigne lo siguiente: “Artículo

Con

fundamento en el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación, Ley número 8111

del 18 de julio de 2001, así como los ordinales 2 y 18 del Reglamento a la Ley

Nacional de Vacunación, Decreto Ejecutivo número 32722 del 20 de mayo de 2005,

será obligatoria la vacuna del COVID-19 para el personal establecido por la

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, en las sesiones extraordinarias

número VII-2021 del 16 de febrero del 2021, VIII2021 del 23 de febrero de 2021

y N° XLV-2021 del día 23 de septiembre de 2021, para el caso de este último

acuerdo, será en los términos fijados por la Comisión Nacional de Vacunación y

Epidemiología para el sector público y el sector privado. Para cuando sean

citados por los encargados para tal efecto y de acuerdo con la planificación

institucional respectiva, las personas contempladas en el párrafo anterior

deberán vacunarse, con excepción de aquellos funcionarios que, por

contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible recibir la

vacuna contra el COVID-19. Será responsabilidad del patrono tomar las medidas

correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa POR TANTO,

institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra

el COVID-19”.La constitucionalidad de dicho decreto fue

avalada en la sentencia n.°2022-000374 de las 09:20 hrs. de 5 de enero de 2020,

en la cual la Sala reconoció la obligatoriedad de las vacunaciones contra las

enfermedades, cuando ésta sea considerada necesaria por la Comisión Nacional de

Vacunación y Epidemiología, por ser justamente una medida preventiva para

evitar la propagación de males transmisibles, como lo es el caso de la

enfermedad Covid-19.A partir de las consideraciones realizadas

es preciso concluir que este Tribunal ya advirtió que la vacunación obligatoria

a los servidores públicos y trabajadores privados no es per se

inconstitucional, sino que responde a criterios y valores constitucionales

legítimo.IV.- REMISIÓN A LA VÍA LABORAL COMPETENTE.

Además de lo que en términos generales se acaba de indicar en relación con la

constitucionalidad de disponer la vacunación obligatoria para servidores

públicos y trabajadores privados, y teniendo en cuenta que el tipo de sanción

por el incumplimiento de esta obligación es un asunto que compete determinarla

al patrono mismo, corresponde agregar que la valoración específica de una

eventual lesión del debido proceso, procede ser examinada en cada caso concreto

en la vía laboral correspondiente. Esto con fundamento en lo expuesto en la

sentencia 2017-017948, de las 09:15 horas del 8 de noviembre de 2017, en la que

se indicó lo siguiente:"Ciertamente, la tutela de la Sala

Constitucional, en tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación

del Título V, Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos

y Garantías Sociales. Es allí, donde encuentran protección constitucional, por

medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo, a la

jornada laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la

libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones

colectivas de trabajo, entre otros; todo ello, con ocasión del trabajo. Sin

embargo, bajo una nueva ponderación, dada la promulgación de la Reforma

Procesal Laboral, Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016, vigente desde el 25 de

julio de 2017, esta Sala considera que ahora todos los reclamos relacionados

con esos derechos laborales, derivados de un fuero especial (por razones de

edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión

política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad,

afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal

discriminatoria contraria a la dignidad humana), tienen un cauce procesal

expedito y célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción

plenaria y universal, para su correcto conocimiento y resolución, en procura de

una adecuada protección de esos derechos y situaciones jurídicas sustanciales,

con asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional, que tiene una

relación indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la

Constitución. Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del

Estado, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les

garantiza el ordenamiento jurídico, así como las demás personas trabajadoras

del Sector Público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que

tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. En fin,

el proceso sumarísimo será de aplicación, tanto del sector público como del

privado, en virtud de un fuero especial, con goce de estabilidad en el empleo o

de procedimientos especiales para su tutela, con motivo del despido o de

cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, por violación de fueros

especiales de protección o de procedimientos, autorizaciones y formalidades a

que tienen derecho, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia,

las personas trabajadoras adolescentes, las personas cubiertas por el artículo

367, del Código de Trabajo, las personas denunciantes de hostigamiento sexual,

las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620, y en fin, de quienes

gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumentos

colectivos de trabajo. Esta nueva legislación incorpora, en el ordenamiento

jurídico, una serie de novedosos mecanismos procesales: como plazos más cortos

para la realización de los actos procesales, una tutela jurisdiccional más

eficaz, asistencia legal gratuita, implementa la oralidad en los

procedimientos; y, como consecuencia, incluye los sub-principios de

concentración, inmediación y celeridad, tasa de forma expresa las situaciones

en las que cabe ejercer los medios de impugnación, entre otros institutos, todo

lo cual tiende a la realización de una eficaz tutela judicial en materia

laboral, como garantía de protección de los derechos laborales

constitucionales, dadas las nuevas características de simplicidad, celeridad y

prontitud de los procesos laborales, lo que constituye una mayor garantía para

la efectiva protección de las situaciones jurídicas sustanciales que involucren

aspectos laborales y en las que, para su debida tutela, se requiera recabar

elementos probatorios o zanjar cuestiones de mera legalidad. De modo, que las

pretensiones deducidas en este recurso de amparo, son propias de ser conocidas

a través de los nuevos mecanismos procesales que prevé la citada Reforma

Procesal Laboral o, en su caso, ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, de conformidad con lo resuelto por esta Sala en la Sentencia

No. 2008-002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, motivo por el

cual, lo procedente es rechazar de plano el recurso y remitir a la parte

interesada a la jurisdicción competente, para que sea allí donde reciba, en

forma plena, la tutela judicial que pretende" . En virtud de las consideraciones

expuestas, el recurso debe rechazarse.V.- SOBRE LA MORA ADMINISTRATIVA. Por otra

parte, adviértase que la alegada dilación en iniciarse el trámite del

procedimiento administrativo correspondiente y resolverse lo pertinente no se

encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos en lo atinente a

una justicia pronta y cumplida. Por el contrario, la acusada dilación

constituiría, de ser el caso, una violación al artículo 41 de la Constitución

Política, motivo por el cual el amparo resulta inadmisible, de conformidad con

las siguientes consideraciones.VI.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, de su fundación, ha

utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces

procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas

sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico

infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta

con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el

particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su

supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento

indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas.

No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código

Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su

entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que

ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa

plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos

procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como

el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la

amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las

pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración,

inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en

situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso

unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los

procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas,

ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y

algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de

ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a

terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos

procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía

procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las

situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de

derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el

contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un

cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y

prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas

sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o

definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.VII.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS

POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE

LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública

cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública

(artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos

administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento

administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los

recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad

ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción

contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la

jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la

posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio

letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el

rechazo de plano e indicarle a la parte gestionante que si a bien lo tiene puede

acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

EN RELACIÓN

CON LA POSIBLE VIOLACIÓN AL DERECHO AL SALARIO. Si bien como se indicó en las

líneas previas no es resorte de este Tribunal conocer la acusada dilación en

resolverse el procedimiento administrativo seguido contra la tutelada, no menos

cierto es que entre los agravios expuestos se indica que la tutelada se

encuentra suspendido de sus funciones y sin goce salarial desde febrero de

2022, situación que podría implicar una lesión al derecho al salario. De ahí

que la Sala considera procedente cursar tal extremo del amparo con el propósito

de contar con los elementos probatorios requeridos a fin de aplicar el

correspondiente control de constitucionalidad y, por esta vía, definir si ha vulnerado

o no el orden constitucional. (…)”