Resolución 00217-2024

"II. En contraposición con lo que establecía el artículo 201 del Código Procesal Civil de 1989, el cual regulaba la interrupción del proceso civil, la cual podía originarse, entre otros motivos legales, por la muerte o la enfermedad grave de la parte o de su apoderado especial judicial o de su abogado director, el nuevo Código Procesal Civil, del 2016 ni tampoco el Código de Trabajo y sus reformas contienen regulación expresa sobre la interrupción del proceso civil, de una manera parecida a como la regulaba el numeral 201 del Código Procesal Civil, de 1989.  Pese a ello, esta Cámara colegiada laboral tiene claro que el presente proceso no podría continuar solamente con la intervención efectiva de una sola de las partes (la parte actora), sino que es menester adoptar y ejecutar las acciones procesales, suficientes y necesarias, para que la parte demandada cuente con un nuevo curador procesal, tal que lleve a cabo la importante misión de representar y defender los intereses de la sociedad demandada dentro del presente proceso judicial.  Así se deriva del numeral 41 de la Constitución Política -el cual contempla el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva- y de los numerales 4.1.1 y 5.1 del Código Procesal Civil, los cuales son aplicables al proceso laboral, con base en el numeral 428 párrafo segundo del Código de Trabajo y sus reformas.  Dado pues que el Código Procesal Civil vigente y el Código de Trabajo y sus reformas no contienen una regulación expresa y completa sobre la interrupción del proceso y sus causales, existe entonces una auténtica laguna legal que obliga a esta Cámara colegiada laboral, a llevar a cabo el ejercicio de integración normativa en los términos en que así lo facultan los numerales 3.4 del Código Procesal Civil y 428 párrafo segundo del Código de Trabajo y sus reformas.  Así las cosas, atendiendo a las circunstancias particulares de este proceso y con base en los principios constitucionales del debido proceso y tutela judicial efectiva (artículos 39 y 41 de la Carta Magna) y los principios generales del Derecho Procesal, como lo son: el garantizar la igualdad de las partes y el acceso a la justicia (numerales 4.1.1 y 5.1 del Código Procesal Civil, los cuales son aplicables al proceso laboral, con base en el numeral 428 párrafo segundo del Código de Trabajo y sus reformas), este Tribunal de Apelaciones, ha tomado la decisión de devolver este asunto al Juzgado de Trabajo de Heredia, con el fin de que esa oficina judicial lleve a cabo las acciones administrativas del caso, tendentes a la designación de un nuevo curador procesal que represente y defienda los intereses de la sociedad demandada en este asunto y una vez realizado lo anterior, remitirá nuevamente este litigio a esta Cámara colegiada laboral, con el fin de resolver, lo que en Derecho corresponda, sobre el recurso de apelación que la parte actora interpuso en contra de la sentencia de primera instancia."