Resolución 00834-2024

"III.- DEL DESISTIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA.- El Código Procesal Contencioso Administrativo propugna por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos, sustentándose para ello en cuatro pilares ideológicos, todos ellos, sobre la base de disposiciones y principios constitucionales, a saber: la distribución de funciones (principio de separación de poderes), que permite al Poder Judicial controlar las conductas públicas (artículos 9, 49, 153 de la Carta Fundamental); el sometimiento del Estado al Derecho (principio de legalidad, en su doble visión, sea, tanto la negativa como la positiva) en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus competencias, esto es, al principio de legalidad (numerales 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública-); el control universal de la función administrativa, que elimina cualquier posibilidad de reducto exento de la gestión administrativa del control jurisdiccional del proceder público (relación de los cánones 49 y 153 Ídem); y como corolario de esos enunciados, la tutela judicial efectiva (artículos 41 y 49 Ibídem). Todas esas máximas convergen para concretar una justicia pronta y cumplida, siempre teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es garantizar la legalidad de la función administrativa y la tutela de las situaciones jurídicas que puedan verse afectadas en el marco de las relaciones jurídico-administrativas. Para tales efectos, conforme a las regulaciones procesales contenidas en el citado Código Procesal que rige esta Jurisdicción, se diseñó un proceso común compuesto por una serie de etapas que de manera concatenada, cada una con una intencionalidad o ratio claramente establecida, buscan la depuración del proceso, pero a su vez, la solución de la controversia, ya no solo por la emisión de una sentencia final, sino a través de formas anticipadas de terminación del proceso, a saber: el desistimiento (artículo 113), el allanamiento total o parcial (artículo 114), la satisfacción extraprocesal (artículo 115), la equiparación de resolución administrativa (artículo 116), transacción (artículo 117) y cumplimiento de conducta omitida (artículo 118).  En todos estos casos, la decisión jurisdiccional que se adopte, tendrá el carácter de cosa juzgada material, según lo prevé el ordinal 112 del Código de rito de referencia, en tanto requiere de la supervisión y homologación de parte del Juez Contencioso. Específicamente, en lo que respecta al desistimiento, consiste en una de las formas de terminación anticipada del proceso contencioso administrativo y supone una manifestación expresa de la parte de retirar sus pretensiones, total o parcialmente. Esta solicitud puede ser formulada por escrito o de manera oral, dentro de las audiencias preliminar o de juicio oral y público. Su fundamento lo constituye el principio dispositivo, en virtud del cual el actor decide cuándo accionar y concluir el proceso iniciado. Conforme a la forma en que está regulado este instituto jurídico en nuestro ordenamiento jurídico, esta manifestación sólo refiere a la terminación de la acción procesal, de manera que no comprende la extinción o renuncia del derecho, con lo cual le queda la posibilidad al promovente de volver a incoar la acción, en caso de estimarlo pertinente y que se tramitará conforme a las regulaciones procesales que rigen los procesos contenciosos (lo cual se traduce en la sujeción de las reglas de caducidad y/o prescripción establecidas en el ordenación procesal que rige esta Jurisdicción, ya que se trataría de un proceso nuevo). Así, el desistimiento pone fin al proceso, pero no a las situaciones jurídicas sustanciales de fondo que pueda aducir la parte actora en un proceso nuevo. En virtud de lo dicho, una vez formulado el desistimiento, sin más, el Tribunal debe valorar el cumplimiento de las exigencias formales que prevé la normativa procesal, y de adecuarse a lo establecido en ella, proceder a su acogimiento, lo que daría por terminado el proceso, con el correspondiente orden de archivo de las actuaciones. Cuando sea parcial, el proceso debe seguir respecto de las pretensiones no desistidas o bien, respecto de las partes a quienes no cubra la manifestación de desistimiento. De igual manera, en materia de costas, el numeral 197 del mismo códice procesal estatuye que si el desistimiento se formula antes de concluida la audiencia preliminar, la terminación se dispone sin condenatoria en este extremo, empero, cuando sea planteado luego de esa etapa procesal, al socaire del inciso 2) de ese mandato, la decisión se dicta sin pronunciamiento en costas, sin perjuicio de que la parte accionada lo pueda reclamar dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del  auto que tenga por concluido el proceso, en cuyo caso, por adición, el Tribunal Decisor podrá imponer el pago de las costas personales y procesales causadas, siempre que halle mérito para la condenatoria [...]".