Resolución 00150-2023

"II) [...] En primer término, en cuanto al tema de la legitimación, no resulta procedente acoger el reclamo en razón de que, lo que se solicita es la caducidad de la medida cautelar como tal, o sea, del embargo recaído, acerca de lo cual si tiene legitimación la parte ejecutada como parte en el proceso y contralor de sus derechos, razón por la cual ese reproche puntual del recurso debe desestimarse. Ahora bien, en cuanto al reclamo de la indebida aplicación de las normas procesales que indica quien impugna, se hace importante aclarar las figuras procesales de caducidad del proceso, y caducidad de las medidas cautelares. El legislador regula la caducidad procesal en el artículo 57.1 y la caducidad de las medidas cautelares en el numeral 83, ambas del Código Procesal Civil. En relación con los procesos como el que nos ocupa, el numeral 57.1.4 ibidem, plantea la posibilidad de terminación anticipada del proceso en fase de conocimiento, de haber entrado en estado de letargo o inactividad por seis meses o más por causa imputable al acreedor, y existan embargos decretados en autos. Para su pertinencia, además de lo ya indicado, sería necesario que el proceso aún esté en fase de conocimiento, o sea, que no haya recaído sentencia o se haya confirmado el auto intimatorio, caso contrario devendría en improcedente. Ahora bien, el mencionado ordinal 83 del Código Procesal Civil, plantea una hipótesis distinta, lo cual es, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas ante la inactividad, de tres meses o más, por causa imputable al ejecutante, en los casos en que no proceda ya la caducidad del proceso, lo cual ocurrirá si se encuentra en fase de ejecución, buscando en este caso, tutelar la situación perjudicial del deudor por mantener embargado su activo patrimonial de forma indefinida, ante la inacción imputable del ejecutante en realizar coactivamente el derecho concedido en firme. Bajo sendas hipótesis, estima quien resuelve, como Órgano unipersonal, que no lleva razón la parte recurrente con su interpretación, pues, precisamente en aplicación de los numerales 3.3 y 3.4 del Código Procesal Civil, las normas deben interpretarse de la forma más armoniosa con el espíritu y finalidad que conllevan. Quien apela, a criterio de quien resuelve, incurre en un error conceptual, al señalar las medidas cautelares conforme a la etapa procesal en que se encuentra el proceso. El embargo, independientemente de su naturaleza, sea ejecución pura, preventiva o por configurarse en título ejecutivo, constituye una medida cautelar en los términos descritos en el aludido artículo 83 y, por tanto, debe estar sujeta al plazo de caducidad, siempre y cuando no estemos frente aquellos supuestos en que no proceda la caducidad del proceso. La afectación patrimonial dictada como medida cautelar en la fase del contradictorio del juicio, o mantenida posterior a la firmeza del auto intimatorio o de la sentencia de fondo en firme, según sea el caso, siempre buscan la misma finalidad, asegurar los resultados futuros, así como consolidar situaciones jurídicas, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 del Código Procesal Civil en concordancia con el ordinal 86.1 ibidem, buscando evitar que el deudor proceda a ocultar o distraer bienes para burlar una eventual responsabilidad patrimonial. En resumen, para efectos de este asunto, no resulta relevante si el embargo como medida cautelar, se dicta en una etapa anticipada al proceso, durante la etapa de conocimiento, o en su fase de ejecución como producto de una resolución que conceda el derecho a una de las partes. Independiente de su naturaleza de ejecución preventiva, por sustentarse en un título ejecutivo o de ejecución pura, se ha visto como constituyente de una medida cautelar y, en consecuencia, está sujeta a las mismas vicisitudes del numeral 83 del Código Procesal Civil, tal y como resolvió el Juez Aquo. En razón de ello, se rechaza este motivo puntual contenido en el recurso."