Resolución 00022-2014

En lo que concierne a la regulación procesal respecto al cobro de los honorarios de abogado, el Código Procesal Civil ofrece dos posibilidades de selección que se vislumbran como excluyentes: la vía incidental o la declarativa: "Artículo 236.-   Vía incidental. Los apoderados, mandatarios judiciales o abogados directores, para el cobro de honorarios respecto de su parte, así como ésta para exigirles rendición de cuentas, gozarán de la tramitación privilegiada en forma de incidente, dentro del expediente principal y ante el mismo  juez que conoce del proceso. Tal incidente no será admisible después de un año de terminado el asunto. Respecto a las costas del incidente, sólo se emitirá pronunciamiento en cuanto a las procesales, y en él podrá decretarse embargo de bienes a instancia del acreedor, en cantidad suficiente, a juicio del juez. La resolución definitiva del incidente tendrá autoridad y eficacia de cosa juzgada, admitirá los recursos ordinarios y el de casación, si procede en relación con la cuantía del incidente. (El párrafo tercero de este artículo, fue modificado mediante Ley Nº 7421 de 18 de  julio de 1994, publicada en La Gaceta Nº 155 de 17 de agosto de 1994).". La propuesta descrita ofrece al profesional en derecho lo que la doctrina procesal califica como "naturaleza alternativa de una vía" para cuya equiparación en cuanto a la vía selecionada, el legislador se mostró conminado -en el caso del cobro de honorarios-, a equiparar al incidente a los efectos que produce la vía plenaria: autoridad de cosa juzgada material,  pues de lo contrario la posibilidad de escogencia presentaría serias inconsistencias desde el punto de vista práctico. Corresponde a una intención de verdadera conveniencia casuística según veremos en relación a la selección de vía adoptada. La "alternativa de vía" obedece a un instituto recientemente extendido en la legislación moderna de gran preponderancia práctica, que ha de ser analizado en supuestos como el de los incidentes, dentro del lugar que vienen ocupando en nuestro sistema "ubicados" como procesos especiales. En efecto, el citado ordinal ofrece dos posibles ventajas al profesional en derecho: la opción por una vía incidental, que precisamente a ello conduce la denominada adjetivación introducida con la identificación de "tramitación privilegiada en forma de incidente dentro del expediente principal" así como la pretendida eficacia de la ya comentada cosa juzgada material. No es baladí en relación al instituto de la cosa juzgada que el efecto práctico de incorporarla al incidente presenta la ventaja de evitar otro proceso futuro y evitar decisiones contradictorias. De lo anterior, surge el cuestionamiento, respecto a las implicaciones de equivalencia entre el cobro privilegiado mediante incidente respecto al eventual ordinario u abreviado plenario. La respuesta ha de ser negativa, salvo lo referido al punto de conexión común: la cosa juzgada, pero que en todo caso en este último supuesto se circunscribe a aspectos propios del objeto del incidente. Si precisamente el "adjetivo" privilegiado surge como opción alternativa, radica precisamente en una elocuente diferencia entre su tramitología -sumarísima- así como lo limitado del objeto: cobro de honorarios o rendición de cuentas. Adviértase que es precisamente la ley que ofrece al abogado (a) la posibilidad de elección -disposición de la ley y además por voluntad del accionante- que se reconoce elevar la condición de cosa juzgada al incidente de mérito, pero  limitado  lógicamente a la pretensión propia del incidente, toda vez que cuestiones ajenas -aunque directamente relacionadas no tendrían posibilidad de conocimiento dentro del incidente, sencillamente porque rebasarían el margen de actuación referida a la limitación de actividad de las partes. Insístase en que el acto petitorio de un proceso incidental demarca su identidad procesal limitado a esa pretensión que constituye el objeto del proceso incidental: hechos, derecho y ofrecimiento de prueba -artículo 483 Código Procesal Civil-. Por consiguiente, no es posible dar cabida o abordar planteamientos que puedan trascender más allá de las líneas divisorias del incidente, pues precisamente por eso constituye un proceso especial - lo cual se patentiza con mayor rigor en materia de honorarios bajo el sutil estigma de "privilegiado". Además deberá remarcarse que el reconocimiento de cosa juzgada solo opera en atención exclusiva al objeto del incidente. Lo anterior ya lo visualizaba con extraordinaria propiedad el eximio procesalista Chiovenda: "Se comprende que, por regla general, se tratará de cuestiones relativas a la voluntades concretas de la ley, que podrían ser objeto de un juicio autónomo y dar lugar en éste a cosa juzgada; puesto que sólo respecto a éstas puede tener importancia decir que cuando estas cuestiones se presentan como prejudiciales en un juicio que tiene otro objeto, se resuelve sin efecto de cosa juzgada...(sic)". ([Nombre1] Chiovenda, Instituciones de derecho procesal Civil, Vol.3. Editorial Jurídica Universitaria. México, 2001, Págs. 226 y 227).  Por consiguiente y sin desconocer la fisonomía propia del incidente de cobro de honorarios, no atribuible a su calificación de privilegio, pues deviene más en tautología que en un signo de distinción procesal- sino propiamente derivado de la cosa juzgada-, ésta no podría consistir en una llave de acceso y sin límite alguno respecto al conocimiento de otras alegaciones ajenas al objeto del incidente, a pesar  de que por esa circunstancia incluso  algunos le denominan como un "superincidente" -al examinado en autos-. Dado que el objeto del proceso incidental se reduce a lo que determina la causa de pedir, no es jurídicamente posible abordar el conocimiento de aspectos que eventualmente conformen la controversia, reservados a un proceso plenario, pues de admitir una postura distinta estaríamos invadiendo más allá de los límites del incidente, esferas de actuación funcionalmente equivalente a una especie de cosa juzgada implícita.

Según se describió; en el caso de autos,  la representación legal de la sociedad Citi Tarjetas, se opone al incidente de cobro de honorarios al alegar la existencia de un contrato  o fijación convencional de los honorarios entre las partes y cuya validez le atribuye vigencia y efectos conforme al artículo 1022 del Código Civil. En términos generales atribuyó a la gestionante una actuación de mala fe al endilgar la existencia de un contrato vinculante donde se regula su retribución patrimonial por estos asuntos. La forma de cubrir los honorarios, añade, se pactaron contra recuperación y lo convenido lo cual configura ley entre las partes -según se consignó-. No es posible dentro de un incidente  aunque privilegiado por la cosa cosa juzgada, negar la existencia de un contrato sobre honorarios, por cuanto las eventuales implicaciones de ilegitimidad o arbitrariedad solo pueden ser conocidas y declaradas en vía plenaria.  El régimen breve y sumarísimo de la vía incidental descarta esa posibilidad -según se consignó- y al existir convenio entre partes, mientras no se deje sin efecto en la vía plenaria, resulta vigente y excluye la fijación invocada por medio del incidente en cuanto se peticiona la aplicación del Arancel de Abogados. La elección del incidente -por parte de la incidentista- determinó las reglas procesales aplicables, sin que ello evidencie una denegación de justicia, o a una posición reductista y atrincherada en sutiles formalismos, dado que la determinación de lo decidido obedeció exclusivamente a la vía seleccionada que impidió aplicar el Arancel de Honorarios al preexistir un contrato vigente sobre la regulación de honorarios inter partes -pacta sunt servanda -. Conforme advierte Palacio: "sic)...el objeto de  la demanda incidental debe ser, como el de todo acto procesal, idóneo y jurídicamente posible" (Op. cit. pág. 265). Tales razones alegadas por el apelante resultan suficientes para la revocatoria  de la resolución apelada para en su lugar declarar sin lugar el incidente de cobro de cobro de honorarios con lo cual deberá acogerse la excepción de falta de derecho así como la falta de legitimación activa y pasiva que corresponden a los aspectos objeto de alzada.”