Resolución 00096-2025

I.-

a) Actos de alegación de parte y trámite (síntesis de las alegaciones, pretensiones y defensas). Queja: El señor Odith Gutiérrez Barquero manifestó haber acudido ante la notaría del licenciado Daniel Martínez Barquero, junto con Míriam Roselly Mora Serrano, con el objeto efectuar el traspaso del vehículo placa BNZ-ochocientos setenta y cuatro, firmándose el documento respectivo. Se le dijo que el traspaso estaría inscrito en menos de un mes y que se le entregaría el título de propiedad en ese momento. Pasado ese plazo, el notario requirió más tiempo, accedió y dos meses después tampoco hubo suerte, ni logró encontrarlo en su oficina. Por la aplicación “Whatsapp” le respondió solicitando más tiempo y fue hasta el mes de agosto que le entregó una boleta de diario y apuntó a problemas con el Registro Nacional.  Paso diciembre y tampoco hubo noticias, hasta que otro colega investigó y le dijo que habían inconsistencias y que por eso fue denegado el traspaso, frente a lo cual, le pidió, otra vez, más tiempo. Solicitó que el notario realice el trámite o de lo contrario le devuelva los trescientos mil colones que le entregó para ese fin.  Solicitó una indemnización por daños y perjuicios de un millón de colones (la cual fue rechazada en razón de no haberse cumplido la prevención para la corrección de la demanda, según resolución de las nueve horas y trece minutos del cinco de agosto del dos mil veinte, folios 2 y 15). Defensa: El notario Romero Martínez contestó. Dijo que no se referiría a los hechos,  señaló que procedería a finiquitar la inscripción respectiva y pidió se le otorgara el plazo de ley para ese efecto (folio 23). c) Resolución  Interlocutoria: Por resolución de las seis horas y cuarenta y nueve minutos del veinte de octubre del dos mil veinte, se confirió al notario Romero Martínez, el plazo de tres meses con la finalidad de que acreditara la inscripción del testimonio de la escritura número ochenta y cinco- doce, objeto del asunto o devolviera la suma de trescientos mil colones pretendida por el quejoso  (folio 29). d) Resolución Impugnada: La autoridad de primera instancia, M. Sc. Juan Carlos Granados Vargas,  dictó la sentencia número cuarenta y tres-dos mil veinticinco, a las dieciséis horas y dos minutos del veintisiete de enero del dos mil veinticinco, mediante la cual, impuso al notario Romero Martínez, seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. e) Recurrente: Apeló el notario sancionado y  admitida esa impugnación, conoce este Tribunal del citado recurso.

II.-

Por corresponder al mérito de los autos, se confirma la relación de hechos demostrados.

Sobre el Recurso: El licenciado Romero Martínez señaló que los hechos ocurrieron hace más de seis años y apuntó que no recuerda lo sucedido o si le pagaron los trescientos mil colones señalados por el recurrente. Reconoció   el testimonio de la escritura no fue inscrito oportunamente, pero explicó que  esa omisión no fue necesariamente por acto  que le fuera atribuible, pues ni él mismo recuerda las razones que motivaron la demora. Argumentó que no fueron aportadas pruebas que respalden los argumentos del quejoso y reclamó que le fuera aplicada una presunción ante la falta de pruebas del quejoso. Reclamó  el “in dubio pro reo”. Dijo que el vehículo fue traspasado a un tercero desde el veintitrés de enero del dos mil veintitrés, por lo que a partir de esa fecha era imposible inscribir. Apuntó que debe sufragar los gastos de su núcleo familiar y aportar para los gastos de sus padres, personas mayores quienes sufren de varios padecimientos y viven con su hermano, persona discapacitada. Solicitó se le eximiera de responsabilidad y en caso contrario, se le aplicara una sanción más proporcional que seis meses de suspensión.

La función notarial coadyuva a la paz social al constituirse en un medio para la realización pacífica del derecho, pues correctamente ejercida provee a   los habitantes de la República, de un medio para adecuar sus voluntades en el marco del ordenamiento jurídico, de modo y forma que sean válidas y eficaces.  La labor del notario, frente a la autorización de instrumentos que contengan actos o contratos con vocación registral (aquellos para los cuales, la inscripción es requerida para su plena validez o eficacia frente a terceros), como es el caso del traspaso del vehículo objeto del asunto, no  termina con la firma de la escritura respectiva, dado que la legislación lo obliga a realizar los trámites necesarios y oportunos para lograr la  inscripción de su testimonio  (pues solo de esa forma se alcanza aquél objetivo). Así lo contempla el artículo 34 inciso h) del Código Notarial, que literalmente señala, como un obligación a su cargo: “h) Efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los documentos autorizados por él”.  El debido cumplimiento de esta obligación implica un accionar diligente, y proactivo por parte del notario autorizante quien está facultado para: “Entablar y sostener, con facultades suficientes, las acciones, gestiones o recursos autorizados por la ley o los reglamentos, respecto de los documentos que haya autorizado.” (artículo 34 inciso e) ibid), lo que implica orden y seguimiento respecto de la suerte de cada documento. Ante esto, no pueden aceptarse las manifestaciones realizadas por el notario en su recurso, según la cuales, no recuerda lo sucedido, ni sus justificaciones de que el testimonio no se inscribió, por razones que según dice, no necesariamente  son su responsabilidad. No puede la persona notaria desligase así de las obligaciones respecto de un instrumento que autorizó. Lo reflejado es una actitud impropia frente a las altas tareas propias de la dignidad del cargo ejercido.

Ahora, reclamó el notario que sin que el quejoso aportar prueba (documental o testimonial) se presumió que en su momento le fueron pagados los honorarios y gastos de inscripción y reclamó, ante esto, un principio general aplicado en materia penal, según el cual, en caso de duda, debe favorecerse al acusado. Sin embargo, en el caso, no se está ante un supuesto de insuficiencia probatoria, ni ante dos normas frente a las cuales deba tomarse partido por la más benigna. El quejoso aportó una fotocopia del testimonio de la escritura objeto del asunto (que luego se complementó con las copias de la matriz respectiva que no fueron cuestionadas), y según se desprende de esas reproducciones, no fue consignada la razón de falta de pago de honorarios y gastos de inscripción, prevista en el artículo 167 del Código Notarial. La parte cumplió, entonces, las cargas que la ley le impone y correspondía  al notario, según esas normas, destruir la presunción contenida en el citado articulo, según la cual, la ausencia de esa razón, hará presumir el pago oportuno y correcto (principio de la carga de la prueba, articulo 41.1 del Código Procesal Civil). En todo caso, y aunque la autoridad de primera instancia tuvo por no probada la cancelación del específico monto de  trescientos mil colones referidos por el quejoso (al punto que no ordenó su devolución),  si tuvo por demostrado el pago oportuno de la suma correspondiente en honorarios y gastos generada por el traspaso y necesario para su inscripción (por aplicación del citado numeral), y como se dijo esa presunción no fue destruida.  No obstante, debe hacerse hincapié en que   el acusado no solo no destruyó la citada presunción, es que tampoco puede entenderse que se haya opuesto al aserto del quejoso. Véase, en este sentido, que  cuando contestó, aunque no lo señaló de esa forma, se allanó a la denuncia,  pues al cumplir el citado acto procesal,  expresamente señaló que no haría referencia a los hechos;  que procedería a finiquitar la tramitación del documento  y pidió un plazo para inscribir, que es precisamente lo pretendido, lo que da pié para no tener por controvertido los hechos referentes al pago, y para considerar el cuestionamiento realizado ahora en el recurso, como un argumento novedoso, efectuado a destiempo y contrario a su proceder procesal anterior (doctrina de los actos propios). Así, el citado hecho (el pago presunto) no se contradice con la restante prueba constante en el expediente y en consecuencia no hay razón para demeritar la conclusión del señor juez, sobre el pago, ni margen para la aplicación del principio reclamado.

La sanción ante el incumplimiento del deber de inscripción, está prevista en el artículo 144 del Código Notarial y comprende un rango menor de un mes y un extremo mayor de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial (además del mantenimiento de la sanción hasta la inscripción, situación que no se ordenó, por las razones que se dirán). Desde ya hace muchos años se ha tomado como base objetiva para  fijar  la entidad de la sanción, la extensión de la demora, de tal manera que exista una equivalencia entre una y otra, junto con otras  situaciones que también deben valorarse en cada caso,  como por ejemplo, la naturaleza del acto (su complejidad), así como  las justificaciones y acciones efectuadas por el notario y las partes. Ahora, en el caso, el señor juez de primera instancia impuso el extremo mayor de la sanción, y estimó como agravantes dos aspectos. Primero, la demora entre el año dos mil diecinueve y el dos mil veintitrés y segundo, que el quejoso acudió ante otra notaría. Lleva razón en ambos casos, sin embargo, sin dejar de considerar la gravedad de lo sucedido, así como la desazón e incomodidad ocasionada a la parte -sin justificación- que se vio obligada a acudir ante otro notario, estima este órgano, que la aplicación de la máxima sanción se torna extrema, pues si bien el testimonio resulta ahora ininscribible, el quejoso no perdió su propiedad, ni se puso en juego su dominio, por lo que resulta más propio y equivalente la imposición de cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Lamenta este Tribunal la situación personal y familiar expuesta por el recurrente, pues sin duda,  esas fuertes responsabilidades y el esfuerzo al que alude para cumplirlas,  enaltecen su condición humana.  No obstante, esos motivos son insuficientes para disminuir en mayor medida  lo resuelto, pues existió un incumplimiento grave en el ejercicio de su función y un atraso de esa índole, no puede sancionarse con la sanción mínima.

Como corolario de lo expuesto y en lo apelado, debe acogerse el recurso únicamente para modificar la sanción impuesta, fijando la medida en cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Tome nota el notario de lo señalado por el quejoso.