Resolución 05400-2025

Antecedentes jurisprudenciales. En la Sentencia N° 2012-011507, de las 16:31 horas de 22 de agosto del 2012, este Tribunal se pronunció sobre el tema del debido proceso y la proporcionalidad en los rebajos de salario por sumas giradas de más a funcionarios de la Administración Pública, en la cual, en lo conducente, dispuso lo siguiente: / “(…) En el asunto bajo estudio, la Sala observa que existen dos temas que deben ser analizados: 1) la posibilidad para la Administración de hacer rebajos por sumas pagadas de más; y 2) la necesaria comunicación que debe existir al trabajador, sobre los montos adeudados y la forma en que se procederá a su rebajo. (…) / (…)

Por otra parte, en lo que se refiere al segundo extremo planteado en el amparo, sea la necesaria comunicación que debe existir al trabajador, sobre los montos adeudados y la forma en que se procederá a su rebajo, debe recordarse que si bien, la Sala ha aceptado que la Administración puede recuperar por medio del rebajo salarial, los montos pagados en exceso para lo que no se requiere seguir el procedimiento ordinario que fija la Ley General de la Administración Pública (…) lo cierto es que también ha aclarado que, tales rebajos, son aceptables siempre y cuando se comunique previamente al trabajador –al menos- las sumas adeudadas, el número de tractos en los que procede el reintegro, el monto mensual de la deducción y la suma a deducir mensualmente que le permita recibir un monto de salario suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. (…) / En el caso concreto, para la Sala no ha quedado demostrado, con los elementos probatorios que fueron agregados al expediente, que se le hubiera avisado previamente a la recurrente sobre su situación particular, el monto de dinero que se le giró de más por concepto de incapacidades y la manera en que se le rebajaría, (…). Bajo esta perspectiva, se estima entonces, que se ha producido una infracción del derecho al salario por la falta de comunicación previa a la funcionaria sobre el monto adeudado y la forma en que el Estado iba a proceder a su reintegro (…).” Insistiendo en el considerando quinto de la citada Sentencia, que se encontraba como parte del debido proceso y derecho de defensa que el Ministerio de Educación Pública "(...) haya notificado a la amparada algún acto administrativo, en el cual se le comunicará el procedimiento que se iba a llevar a cabo para recuperar el monto cancelado de forma indebida, la suma adeudada, la fecha de inicio y la suma a deducir en forma quincenal, con el fin de darle la oportunidad de ejercer el derecho de defensa."  En adición, el Tribunal Constitucional desde hace larga data ha postulado que, el ejercicio legítimo cobratorio que efectúa una entidad pública además deberá de cumplir con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a que los rebajos que se realice al salario del servidor público deben permitir su subsistencia y no ser confiscatorios (Ver entre otras, la Resolución N° 2000-05645 de las 10:20 horas del 7 de julio del 2000 antes citada), aunado a que, el fundamento legal de dicha obligación lo corresponde el numeral 173 del Código de Trabajo, norma que dispone lo que sigue:  "El anticipo que haga el Patrono al trabajador para inducirlo a aceptar el empleo se limitará, respecto a su cuantía, a una cuarta parte del salario mensual convenido; cuando exceda del límite fijado será legalmente incobrable y no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con las cantidades que se adeuden al trabajador. / Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso, se amortizarán durante la vigencia del contrato en un mínimo de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. Es entendido que al terminar el contrato el Patrono podrá hacer la liquidación definitiva que proceda." Esta norma que complementa la exposición que se realizó anteriormente, resulta ser aplicable a las relaciones estatutarias, de forma supletoria, por cuanto en la Ley de Servicio Civil no se prevé los supuestos de pagos en exceso o demás que perciban los funcionarios del Estado. Lo anterior, conforme al artículo 51 de dicha Ley, el cual dispone en lo conducente: "Los casos no previstos en esta ley, en sus reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con el Código de Trabajo, la Ley de Seguro Social, los principios generales de Servicio Civil, los principios y leyes de derecho común, la equidad, la costumbre y el uso locales. (...)" A partir de lo anteriormente expuesto se desprende que, la Sala Constitucional, intérprete suprema de la Constitución y protectora de los derechos humanos y fundamentales de los administrados ha determinado que, para el caso de las sumas pagadas en demasía por parte de las autoridades públicas no se requiere cumplir con las formalidades procesales dispuestas por el ordenamiento legal para el procedimiento ordinario, sino que debe acudirse a los procedimientos que están contemplados en el Código de Trabajo de rito, debiendo de asegurarse la satisfacción de una serie de garantías mínimas consistentes en que, se le brinde la información al servidor público de forma previa al rebajo de su salario de los montos que han sido pagados de más, sobre en qué consisten dichos rubros y cuál es el mecanismo para su recuperación, esto es, si es un pago de forma total, o parcial, en este último supuesto en cuántos tractos y su respectiva cuantía, garantizando en todo momento que esta recuperación de los fondos públicos sea razonable y proporcionada, sin transgredir el derecho a recibir el salario [...]".