Resolución 09414-2024

"VII. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO [...] Partiendo de que se  tiene por acreditado que el accionante es Contador Público Autorizado y que, en el caso concreto, mediante los acuerdos N°447-9-2022-19 y 448-9-2022.SO.9,  se sancionó al actor, tal cual se describió supra, lo cual, genera un efecto directo y gravoso en su condición personal y profesional, puesto que, en forma potencial, pero cierta, impide el ejercicio de un derecho fundamental como lo es el derecho al trabajo previsto en el artículo 56 de la Constitución Política. Debe tomarse en cuenta que, desde la perspectiva de esta administradora de justicia, existe una obligación de interpretar y aplicar las normas -en este caso, las relativas a la justicia cautelar- en orden a garantizar la mayor protección de la persona frente al ejercicio de los poderes públicos (principio pro homine) y de aplicar el ordenamiento jurídico bajo una perspectiva de garantía en torno al ejercicio oportuno de los derechos fundamentales y humanos (principio pro libertate), de modo que, aún y cuando el acto impugnado no se ha ejecutado (actualmente no solo por la suspensión administrativa acordada por la Junta Directiva, sino también por la resolución que acogió la medida cautelar provisionalísima), pues lo cierto es que el acto administrativo sancionatorio es eficaz, ejecutivo y ejecutorio (artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública), y esto puede ser aplicado en cualquier momento por el órgano sancionador y con ello, también lo es el impacto directo en la esfera de intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de la parte accionante quien, como lo alegó, se vería incidido en su credibilidad, honorabilidad y buen nombre, todo como profesional, además en la fuente de sus ingresos, con su suspensión profesional.  Dicho lo anterior, puede apreciarse cómo a partir de lo previsto en el artículo 21 del CPCA,  será procedente la tutela cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, sean estos actuales o potenciales, sobre la persona que solicita el auxilio judicial, lo que habilita a las y los jueces a valorar la repercusión gravosa de un daño o un perjuicio cuando esa afectación sea potencial pero cierta o inminente, sobre una determinada persona. Es precisamente eso lo que sucede en el presente asunto, pues contrario a lo que estima la parte demandada, no es necesario esperar a que la conducta impugnada genere un daño efectivo a la parte para que se pueda adoptar una decisión cautelar, ya que cuando ese daño es potencial, pero cierto e inminente y su nivel de gravedad impacta en forma directa y grosera el ámbito patrimonial o extrapatrimonial de una persona, los y las administradoras de justicia debemos atender tales circunstancias, con base en el derecho a la justicia pronta y cumplida, a la tutela jurisdiccional efectiva (art. 41 de la Constitución Política), así como en atención de los principios de interpretación pro persona y pro libertad, y en procura de resguardar el ejercicio de los derechos fundamentales a la dignidad humana (art. 33 constitucional) y al trabajo (art. 56 de la Carta magna), la justicia cautelar debe brindar protección oportuna a la persona, pues, las lesiones generadas a una persona, aquellas que no se lograron evitar al no adoptarse la protección cautelar, no siempre logran ser traducidas en pretensiones resarcitorias, las cuales si bien pudieran ser otorgadas en el proceso de fondo, no logran de evitar el efecto producido por el acto gravoso que se ataca en el proceso, mismo que, por la patológica duración en el tiempo, se convierte en sí mismo en una amenaza para la persona que busca justicia en este ámbito. Se entiende que la suspensión del actor en su ejercicio profesional, representa un daño grave, potencial pero cierto, pues es susceptible de impedir el ejercicio del derecho fundamental (art. 56 constitucional) y humano (art. 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) al trabajo, siendo que ambas normas poseen rango constitucional en el ordenamiento jurídico costarricense (art. 48 constitucional), pero, de relevancia para este asunto, es que bajo un control de convencionalidad ex oficio llevado a cabo en el análisis del caso, las normas del derecho interno deben ser interpretadas y aplicadas en armonía con el goce efectivo de los derechos convencionales y el corpus iuris interamericano, siendo de interés tutelar los derechos a las garantías judiciales, la justicia pronta y el derecho al trabajo, siempre en procura de proteger a la persona y al goce de sus derechos de alto linaje.  En consecuencia, sí se tiene por acreditado este presupuesto [...]".