Resolución 08900-2025

ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:

Mediante escrito de demanda presentado en la vía laboral en fecha 29 de noviembre del 2019, la apoderada judicial de la parte actora formuló las siguientes pretensiones, que han sido enumeradas por este Tribunal: “1) Se ordene la reinstalación permanente de mi representada en el puesto que venía desempeñando y se declare la ineficacia del despido gestionado.

Se proceda a la anulación del procedimiento administrativo disciplinario realizado bajo el número de expediente 600-2019.

Se permita la participación de la señora MARIA FABIOLA SEQUEIRA HERNANDEZ, en los concursos del Ministerio de Educación Pública y se le mantenga en el registro de elegibles del Servicio Civil.

Se aperture a favor de mi representada el concurso ordinario y extraordinario 2019, y se le permita concursar para los puestos de ese año y siguientes.

Se condene al Ministerio de Educación Pública al pago de los salarios caídos desde la fecha en que fue cesada de su puesto es decir desde el 16 de octubre de 2019, hasta la fecha en que se le reinstaló mediante la aplicación de la medida cautelar gestionada mediante expediente N° 19-001913-0166-LA, es decir el 15 de noviembre de 2019.

Igualmente solicito se reconozca el daño moral y los perjuicios provocados a mi representada, la cual ha sufrido acoso en su contra por parte de sus compañeros de trabajo y de los estudiantes del CINDEA a raíz del procedimiento administrativo disciplinario al que fue sometida y que la ha hecho gastar sus recursos en el pago de su defensa material.

Finalmente solicito en nombre de mi representada que se le ordene al Ministerio de Educación Pública la reubicación de mi representada del CINDEA DE CORONADO, ya que en esta institución mi representada se siente insegura de realizar su labor como docente y puede hacer ésta en cualquier otra institución educativa”. [véanse las imágenes 2-6 del expediente judicial digitalizado]

Por auto de las 15:52 horas del día 05 de diciembre del 2019, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José cursó traslado de la demanda en contra del Estado, ente que contestó en forma negativa la acción en fecha 24 de enero del 2020, oponiendo la defensa previa de incompetencia en razón de la materia y la excepción de falta de derecho, solicitando la condenatoria en ambas costas a cargo de la parte actora, junto con los intereses que se generen hasta su efectivo pago. [véanse las imágenes 10-13 y 51-82 del expediente judicial]

Mediante resolución N° 1192-2020 de las 11:48 horas del 11 de agosto del 2020, el Juzgado de Trabajo acogió la excepción de incompetencia y ordenó el envío de la presente causa al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sin que tal decisión fuera impugnada por ninguna de las partes. [ver al respecto las imágenes 476-481 del expediente judicial]

Por auto de las 14:48 horas del día 01 de octubre del 2020, el juzgador de la fase de trámite de este Tribunal se arrogó el conocimiento de la causa, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda y confirió audiencia a la parte actora acerca de la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado. [rola en imagen 484 del expediente judicial]

Mediante escrito presentado en fecha 06 de octubre del 2020, la representación de la parte actora realizó sus alegatos en cuanto a la falta de derecho interpuesta por el Estado. Posteriormente, a través de un nuevo apoderado judicial, el día 23 del mismo mes y año indicados, la accionante presentó un escrito indicando que se “reacomodan los alegatos y pretensiones”, junto con un hecho nuevo y la solicitud de una medida cautelar. [véanse las imágenes 486-487, 490-530 y 921-961 del expediente judicial]

Por auto de las 10:07 horas del 17 de diciembre del 2020, el Juez Tramitador confirió audiencia al Estado sobre las nuevas alegaciones planteadas por la parte actora y sobre la medida precautoria solicitada, rechazando el requerimiento cautelar en carácter provisionalísimo. [rola en imagen 1353-1355 del expediente judicial]

Mediante escrito datado 08 de enero del 2021, el representante del Estado apersonado a los autos se opuso a la reformulación planteada y al hecho nuevo de la actora, alegando un intento solapado de plantear una nueva demanda cuando ya estaba trabada la litis, por lo que solicitó su rechazo. De igual manera, solicitó el rechazo de la medida cautelar, manifestando que dentro del expediente número 19-001913-0166-LA, la gestión que inicialmente se había acogido, fue rechazada posteriormente en definitiva, aportando copia de la resolución respectiva. [ver imágenes 1358-1366 y 1367-1379 del expediente judicial]

A través del auto dictado a las 16:27 horas del 28 de mayo del 2021, el Juez Tramitador a cargo del asunto, en cuanto a la reformulación presentada por la parte actora indicó lo siguiente: “(…) este juzgador no encuentra un sustento normativo o razón lógica para atender a dicha solicitud, en tanto ya la demanda fue contestada por la parte demandada y en ese sentido, se estima, se trata de una etapa precluida (…) motivo por el cual debe rechazarse la solicitud planteada en ese sentido (…)”. Asimismo rechazó la incorporación del hecho nuevo, señalando que: “(…) se trata de un hecho previo a la interposición de la acción judicial por la actora y en consecuencia, bajo ninguna circunstancia, calificable como hecho nuevo al amparo de la normativa (…)”. [así consta en imágenes 1382-1384 del expediente judicial]

El día 28 de setiembre del 2021 dio inicio la Audiencia Preliminar establecida en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde la representación de la parte actora en la etapa de saneamiento manifestó que había presentado en la misma data un nuevo escrito, en cuyo texto tenía la siguiente referencia: “SE ACLARA, AMPLIA, ADAPTA Y AJUSTA LA DEMANDA, AMPLIACIÓN DEL FUNDAMENTO Y PRETENSIONES”. Ante ello, el Juez Tramitador suspendió la diligencia y confirió audiencia al Estado para que se refiriera en el plazo de tres días hábiles. Dentro del término conferido, en fecha 01 de octubre del 2021 el personero estatal manifestó su oposición y solicitó su rechazo por improcedente y reiterativo, enfatizando que ya lo planteado por la parte actora se había resuelto. [ver al respecto las imágenes 1394-1425, 1426-1427 y 1428-1431 del expediente judicial]

Mediante auto de las 10:22 horas del 30 de marzo del 2022, el Juez Tramitador resolvió: “(…) No ha lugar lo peticionado por la actora en proceso, siendo procedente el rechazo de sus solicitudes por paridad de razón a lo resuelto según resolución de las 16:27 horas del 28 de mayo de 2021 (…)”. [la negrita es del original; rola en imágenes 1439-1440 del expediente judicial]

En fecha 19 de mayo del 2022 se realizó nuevamente la Audiencia Preliminar establecida en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde ninguna de las partes alegó aspectos de saneamiento. El apoderado judicial de la actora se refirió a las nuevas pretensiones que trataba de introducir, junto con la motivación de estas, a lo que el Estado se opuso. Ante ello, el Juez Tramitador indicó que ya en su momento se habían rechazado los dos escritos donde la actora formulaba nuevos hechos y pretensiones, pero que sobre su procedencia se la dejaba a los jueces de fondo. No hubo defensas previas que resolver, se fijaron los hechos controvertidos del proceso, se procedió a admitir únicamente prueba documental, se declaró el proceso de puro derecho y se dispuso que las partes procedieran a rendir las conclusiones por escrito. [así consta en imágenes 1992-1987 y en la grabación de la audiencia]

Mediante escritos presentados los días 01 y 02 de febrero del 2023, las representaciones de la parte actora y del Estado formularon sus conclusiones. [véanse imágenes 2011-2043 y 2044-2049 del expediente judicial]

Según constancia emitida en fecha 03 de setiembre del 2025 y conforme al plan de descongestionamiento del Tribunal, la resolución de este proceso fue asignada a la presente Integración para el dictado de la sentencia respectiva. [los autos]

Se dicta la presente sentencia previa deliberación y por unanimidad de los integrantes del Tribunal, sin que se observen vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta el Juez Hidalgo Rueda, con el voto afirmativo de los jueces Baltodano Gómez e Irías Obando.

HECHOS PROBADOS. De pleno inicio valga indicar, que siendo que el expediente administrativo se encuentra anexado al legajo judicial digitalizado, el Tribunal hará referencia a imágenes y no a folios; de igual manera, por constar las piezas de manera duplicadas, se evitará realizar reiteraciones innecesarias. Explicado lo anterior, de relevancia para resolver, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

Que la señora María Fabiola Sequeira Hernández, cédula de identidad número 1-1155-0170, laboraba en forma interina para el Ministerio de Educación Pública -MEP-, ejerciendo interinamente el puesto de Profesora de Enseñanza Media (G. de E.), Inglés, en la Dirección Regional de San José Norte, Circuito 06, CINDEA de Coronado, con vencimiento al día 31 de enero del 2020. [hecho no controvertido]

Que mediante oficio C.C.I.S. 2019-0222 con fecha 02 de julio del 2019, el señor Roberto Levy Porras, Director del CINDE de Coronado, remitió al Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, una denuncia planteada el día 20 de junio de dicho año por el estudiante Jean Carlos Herrera Venegas, cédula de identidad número 4-0232-0519, perteneciente a la sección 10-4, por medio de la cual ponía en conocimiento una supuesta relación inapropiada con la entonces funcionaria Sequeira Hernández, así como malos tratos de ella, posterior a la finalización de la relación. [véanse imágenes 1984 y 1985-1988 del expediente judicial]

Que a través de resolución N° 3035-2019 de las 12:57 horas del 04 de julio del 2019, la Dirección de Recursos Humanos del MEP consideró que existía mérito para dar apertura a un procedimiento disciplinario en contra de la docente por supuestas relaciones impropias. [consta en imágenes 1981-1982 del expediente judicial]

Que a las 08:37 horas del día 18 de julio del 2019, la asesora legal e instructora de las diligencias administrativas recibió declaración del estudiante Jean Carlos Herrera Venegas, con el fin de ampliar la denuncia y luego de juramentarlo declaró, para lo que resulta de interés, lo siguiente: “(…) A mediados de agosto del año pasado iniciamos una relación sentimental la profesora María Fabiola Sequeira y yo, primero comenzamos a conversar por mensajes por Messenger y luego por WhatsApp me decía "mi amor", "precioso", me preguntaba que (sic) me gustaba ella, me dijo que yo le gustaba, me dijo que si podíamos mantenerlo en secreto porque a ella le perjudicaba por su trabajo, incluso hacíamos video llamadas, más adelante me hacía manifestaciones de amor, y manifestaciones más íntimas, de sexo, luego en clases se acercaba mucho, me coqueteaba, me acercaba las partes íntimas, me llevaba en su carro hasta la casa, me decía que la esperara en la gasolinera el Trapiche para que no (sic) nos viéramos, también en espacios solos en el colegio nos veíamos cuando los estudiantes estaban en clase o en el parqueo de los profesores, me pedía que llevaba (sic) las cosas, en esos espacios nos tocaba (sic), nos acariciábamos, era como muy sentimental, muy obvio de la relación sentimental que teníamos (…) Besos en la boca y caricias se dieron come (sic) desde septiembre del año pasado, luego después de mi cumpleaños me invitó a salir, fuimos a recoger unas cajas de leche para el niño de ella y luego me invitó a comer al Restaurante Mil sabores, luego fuimos al cine a un Mall muy lejos, fuimos a ver una película de terror, eso fue entre octubre y noviembre del año pasado, cuando salimos del cine nos parqueamos en lugar cerca de mi casa, un lugar donde no pasaba mucha gente, ahí hubieron besos y caricias más íntimas, tocamientos en las zonas genitales. Cuando entregó promedios en noviembre me puso un mensaje que la esperara y nos fuimos en el carro de ella y nos parqueamos en un lugar aislado y ahí tuvimos sexo oral, eso fue por la noche. En navidad terminamos la relación porque ya se habían hecho muchos comentarios en el colegio sobre la relación que teníamos, yo le di unos regalos y ya terminamos y ya no hablamos más, ni por mensajes, yo fui para Orotina donde mi familia en diciembre. Este año cuando volví al CINDEA en febrero, ella otra vez comenzó con el coqueteo, días después ella llegó a mi casa mi tía no estaba y estuvimos a punto de tener sexo pero no teníamos protección (…). Yo Académicamente (sic) era buen estudiante y ella era buena profesora, pero comenzó a echarme la culpa de los comentarios y no me ayudaba en las clases, me ignoraba, no me evacuaba las preguntas, era malcriada conmigo, en una actividad en el que yo tenía que bailar, yo le dije que me pusiera un trabajo y me dijo que no, que eso era mucho trabajo para ella, les dijo a los estudiantes que yo fui a hablar con el director que ella no daba clases en modo opcional y los estudiantes se molestaron conmigo pero era mentiras de ella. Eso me afecto (sic) académicamente porque la profesora ya no me ayudaba, tuve que buscar otra muchacha y pagarle clases para que me ayudara en inglés porque no podía entender la materia y me perjudico (sic) las notas (…). Ella para defenderse me puso orden de violencia doméstica con mentiras dijo que yo era su exnovio y que la amenacé de muerte (…). Yo voy aportar las copias de los mensajes y videos que la profe me mandaba por WhatsApp, también me mandó fotos por WhatsApp. Además aportó (sic) una copia de la demanda que me puso por violencia doméstica. También recibí el 18 de junio del 2019, a las 8:51 p.m. una llamada amenazándome de muerte a mí y a mi familia, del número 6477-3050 y el 25 de junio me enviaron por Facebook una página donde me insultaban en relación a una publicación que habían (sic) hecho yo en Facebook también sobre una relación complicada refiriéndome a la relación que tenía con la profe, yo presenté la denuncia en la OIJ de esa amenaza por teléfono y sobre los insultos en Facebook (…)”. [consta en imágenes 1909-1912 del expediente judicial]

Que en fecha 26 de julio del 2019, dentro del expediente número 600-2019, la Dirección de Recursos Humanos del MEP emitió el traslado de cargos contra la funcionaria Sequeira Hernández por la “supuesta comisión de actos constitutivos de (relación sentimental consentida con persona menor de edad y abuso sexual) de conformidad con el procedimiento establecido al efecto en el Estatuto de Servicio Civil, por la supuesta comisión a los deberes inherentes del puesto que desempeña”. Ante ello, se le transcribió lo indicado en la denuncia formulada por el estudiante, se le citó la normativa aplicable, advirtiéndosele que en caso de comprobarse los hechos incurriría en falta grave, se le confirió un plazo de diez días para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes, poniéndosele a su disposición el expediente administrativo e indicándosele que podía asesorarse por un profesional en Derecho. Asimismo, mediante resolución N° 3437-2019 de las 13:21 horas del propio día 26 de julio del 2019, la Dirección del MEP indicada, adoptó medida cautelar administrativa contra la docente, a efecto de garantizar la objetividad de la investigación; por ende, se ordenó la reubicación de la servidora durante el período comprendido entre el 30 de junio y hasta por el resto del curso lectivo 2019 en la Dirección Regional de San José Norte, a efecto de realizar funciones acordes con la categoría y naturaleza del puesto en que se encontraba nombrada. Ambas resoluciones le fueron notificadas a doña Fabiola el día 31 de julio del 2019. [ver imágenes 1869-1872 y 1873-1874 del expediente judicial]

Que mediante escrito presentado en fecha 14 de agosto del 2019, la funcionaria Sequeira Hernández dio contestación al traslado de cargos, aclarando primeramente que el estudiante era mayor de edad. Se opuso al hecho de haber mantenido una relación sentimental con él, aduciendo más bien ser víctima de acoso de su parte, al punto de tener que denunciarlo judicialmente y solicitar medidas de protección. En cuanto a la medida cautelar, indicó no estar disconforme, aunque solicitó que se le permitiera impartir lecciones. Finalmente, ofreció sus pruebas de descargo, solicitó corregir el dato de que el denunciante era mayor de edad, así como la nulidad del proceso y el archivo del mismo, señalando como medio para notificaciones el de su abogada defensora. [consta en imágenes 1855-1861 del expediente judicial]

Que por resolución N° 3747-2019 de las 10:48 horas del 14 de agosto del 2019, la Dirección de Recursos Humanos del MEP procedió a recalificar la supuesta falta cometida por la funcionaria Sequeira Hernández, a efecto de tener la conducta investigada como “presunta relación sentimental con persona mayor de edad” [rola en imágenes 1852-1853 del expediente judicial]

Que luego de realizada la llamada audiencia de repreguntas, mediante escrito presentado el día 17 de setiembre del 2019, la docente y aquí actora, por intermedio de su patrocinio letrado, procedió a rendir las conclusiones del procedimiento disciplinario, solicitando la absolutoria de los hechos imputados. Aunado a ello, el día 18 siguiente, mediante otra representante judicial, la investigada presentó incidente de nulidad absoluta por violación al debido proceso y al derecho de imputación, formulando un nuevo alegato de conclusiones, solicitando la absolutoria de la causa y el levantamiento de la medida cautelar. [véanse imágenes 1725-1727 y 1711-1715 del expediente judicial]

Que mediante resolución N° 4857-2019 de las 14:39 horas del 02 de octubre del 2019, notificada a la docente en el medio señalado al efecto el día 04 siguiente, el Despacho de la Ministra de Educación Pública dispuso lo siguiente: “1- Cesar de su interinidad sin responsabilidad patronal (sic) la servidora MARÍA FABIOLA SEQUEIRA HERNÁNDEZ por haberse acreditado la comisión de faltas graves en el ejercicio del cargo.

Contra la presente resolución cabe el recurso de revocatoria o reposición para ante este mismo órgano dentro del plazo de tres días hábiles según lo establecido en el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública.

Remitir copia de lo resuelto a la Dirección General del Servicio Civil para que valore la inclusión de la señora MARÍA FABIOLA SEQUEIRA HERNÁNDEZ portadora de la cédula 1-1551-0170, en el Registro de inelegibles para efectos de selección y nombramientos futuros.

Enviar copia de la presente resolución al Departamento de Trámites y Servicios de este Ministerio a fin de que sea incluido en el expediente personal del servidor. 4- (sic) Rige del 16 de octubre del 2019”. [las mayúsculas y destacado en negrita están en el original; consta en imágenes 1683-1710 del expediente judicial]

Que con oficio DMS-3583-10-2019 fechado 10 de octubre del 2019, la Directora de Despacho del MEP le trasladó a la Jefatura del Departamento de Gestión Disciplinaria, el escrito presentado por la representación legal de la otrora funcionaria, por medio del cual formuló recurso de reconsideración contra la resolución N° 4857-2019. Entre otras cosas, alegó vicios del procedimiento, que se generó un estado de indefensión a la investigada, indebida valoración de la prueba y que se le aplicó la sanción más grosera. Ante ello, solicitó declarar con lugar la impugnación presentada, así como la nulidad de lo actuado y el archivo del expediente en forma definitiva. Asimismo, con el oficio DMS-3676-10-2019 del 17 de octubre del 2019, la citada Directora le trasladó también a la Jefatura de Gestión Disciplinaria, un escrito presentado por la señora Sequeira Hernández ofrecido como prueba para mejor resolver. [ver imágenes 1671-1676 y 1668-1670 del expediente judicial]

Que mediante resolución N° 5384-2019 de las 09:17 horas del 24 de octubre del 2019, notificada a la sancionada al día siguiente, la señora Guiselle Cruz Maduro, a la sazón Ministra de Educación Pública, conoció la impugnación e incidente de nulidad absoluta presentados por la representación de la otrora funcionaria Sequeira Hernández, en la que se rechazaron los alegatos de la recurrente, enfatizando el órgano decisor que la resolución dictada se fundamentó tanto en la prueba documental como en la testimonial evacuada, realizándose un análisis integral de todos los elementos probatorios allegados al expediente y en la que se procedió a transcribir parte de las declaraciones rendidas. Se resaltó además, el hecho de que la propia docente indicó ante el Juzgado de Violencia Doméstica del II Circuito Judicial de Goicoechea, que la persona a la que denunciaba era su exnovio. En cuanto al vicio acusado en la intimación de cargos por haberse indicado primeramente que se trataba un menor de edad, se señaló que el error material fue corregido en su momento, sin afectar esto la investigación y sin generar indefensión ni violación al debido proceso. A su vez, se consideró que las faltas atribuidas a la entonces servidora son de gravedad indubitable y que riñen con la normativa atinente a las aptitudes morales para el desempeño del cargo. Por consiguiente, resolvió lo siguiente: “I- Declarar inadmisible el Recurso de Reconsideración interpuesto por el apoderado de la señora MARÍA FABIOLA SEQUEIRA HERNÁNDEZ contra la Resolución N° 4857-2019 de las catorce horas y treinta y nueve minutos del dos de octubre del dos mil diecinueve. II- Rechazar (sic) sin lugar la Nulidad Absoluta, interpuesta por el por el (sic) apoderado de la señora MARÍA FABIOLA SEQUEIRA HERNÁNDEZ contra la Resolución N° 4857-2019 de las catorce horas y treinta y nueve minutos del dos de octubre del dos mil diecinueve. III- Rechazar por extemporáneo el ofrecimiento de prueba para mejor resolver presentado por la señora MARÍA FABIOLA SEQUEIRA HERNÁNDEZ, mediante escrito con fecha de recibido 17 de octubre del 2019. IV- Confirmar en todos sus extremos la Resolución N° 4857-2019 de las catorce horas y treinta y nueve minutos del dos de octubre del dos mil diecinueve”. [lo resaltado en mayúscula y negrita es del original; consta en imágenes 1658-1665 del expediente judicial]

Que dentro del expediente judicial tramitado ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José bajo el número 19-001913-0166-LA, se dictó la resolución de las 09:59 horas del 04 de diciembre del 2019, disponiéndose que “lo procedente es revocar la medida cautelar otorgada en el auto número 1869-2019 de las quince horas y veintiocho minutos del doce de noviembre del año dos mil diecinueve en todos sus extremos”. A su vez, mediante sentencia de alzada dictada a las 08:15 horas del 27 de febrero del 2020 por la Sección Tercera del Tribunal de Apelación de Trabajo se confirmó lo resuelto, disponiéndose: “Así las cosas, no se encuentra mérito suficiente que fundamente modificar la resolución que se conoce, toda vez que, al ponderar los intereses públicos, prevalece el del Ministerio de Educación Publica (sic), no solo por la formación académica, sino todo aquello que involucra la educación”. [ver al respecto las imágenes 1367-1370 y 1371-1379 del expediente judicial]

HECHOS NO PROBADOS. De tal naturaleza, por no existir respaldo probatorio en autos, se tienen por indemostrados los siguientes hechos:

Que el error material en la intimación de cargos inicial -corregido posteriormente por la Administración- generara indefensión a la docente Sequeira Hernández o afectara el debido proceso. [no lo evidencia así el Tribunal]

Que en la investigación disciplinaria seguida contra la señora Sequeira Hernández, el órgano instructor actuara con favoritismo hacia el denunciante y/o que las resoluciones emitidas estuvieran parcializadas. [no se extrae de los autos]

Que alguna actuación y/o resolución dentro del procedimiento disciplinario seguido en contra de la actora fuera capaz de producirle daño y/o perjuicio alguno, así como que por su condición de mujer se le hubiere desprestigiado. [ayuno de prueba]

ARGUMENTOS FORMULADOS POR LA PARTE ACTORA EN SU DEMANDA. A modo de síntesis y sin perjuicio de la lectura integral que de la demanda ha realizado este Tribunal, narró la accionante que fue funcionaria del Ministerio de Educación Pública y que se encontraba nombrada como docente en el CINDEA de Coronado, en la Unidad Pedagógica de San Diego y en el Liceo Hernán Zamora, de manera interina hasta el 31 de enero del 2020. Señaló, que su labor siempre fue realizada con esmero y dedicación, pero que en julio del año 2019, mediante oficio CCIS-2019-022 del 02 de julio de 2019, el señor Director del CINDEA de Coronado, envió al Departamento de Gestión Disciplinaria una denuncia en su contra planteada por el señor Jean Carlos Herrera Venegas, estudiante mayor de edad de dicho centro educativo. Producto de tal denuncia, indicó que se le realizó un traslado de cargos dentro del expediente 600-2019, en el que se le achacaron una serie de hechos en relación con una supuesta relación sentimental con dicho estudiante, haciéndole una imputación como si aquél fuera menor de edad y un supuesto abuso sexual, cuando en realidad se trata de un estudiante mayor. Adicionalmente, dijo, se dictó una medida cautelar en la que se le separó del puesto como docente del Colegio Nocturno de Coronado. Recalcó que la denuncia planteada por el estudiante no es de acoso sexual ni de una relación sentimental, sino porque el estudiante indicaba que ella como profesora había mantenido una relación con él, que no le resolvía sus dudas y en una ocasión le ignoró en clase. Añadió la actora, que en fecha 14 de agosto de 2019, se presentó la contestación al traslado de cargos, rechazando todos los supuestos hechos que se le acreditaban, pues se aportaron pruebas que era imposible relacionarlas con su persona, tratándose de mensajes de WhatsApp, que no indicaban fecha, nombre, fotografía ni permitían de alguna forma individualizar que fueran conversaciones mantenidas por ella y que podían haber sido fácilmente manipuladas por el denunciante, cosa que efectivamente sucedió. Manifestó también, que mediante resolución N° 3747-2019, se emitió la recalificación a la situación jurídica, en la que se rectificó que los supuestos hechos se dieron con una persona mayor de edad y no con un menor como por error lo calificó originalmente el Ministerio. Sostuvo, que en fecha 11 de setiembre del 2019, se llevó a cabo la audiencia de recepción de prueba en la que el órgano instructor no dejó que ella se defendiera de la forma más adecuada, sino que fue evidente su favoritismo con el denunciante. Según dijo, se realizaron una serie de preguntas a los testigos ofrecidos por el Ministerio que fueron conducidos por parte del órgano instructor para tratar de determinar una serie de hechos que no fueron por ninguna de las pruebas aportadas, por lo que nunca se logró demostrar que existiera una relación sentimental con el señor Herrera Venegas. Acusó, que sin pruebas contundentes, mediante una resolución parcializada, el órgano instructor resolvió desfavorablemente en su contra, a pesar de que ni siquiera se recibió la declaración del denunciante, pues se presentó tarde a la convocatoria y no realizó su declaración. Añadió, que posterior a eso se recibieron las deposiciones de los testigos, pero que ninguno de ellos pudo asegurar que existiera una relación sentimental entre las partes, sino que sus testimonios se basaron en los hechos que el mismo señor Jean Carlos Herrera Venegas les indicó y en meras apreciaciones subjetivas por parte de éstos, ya que ninguno de ellos pudo tan siquiera indicar que existiese alguna relación más allá de una amistad entre ella y el acusador. Relató, que en fecha 19 de setiembre de 2019 se procedió a enviar las conclusiones de la audiencia de recepción de prueba y del proceso en general, en el que desprendiéndose de la información aportada al expediente administrativo, en su criterio es posible concluir que no existe un solo testigo material que pudiera dar fe de la existencia de una relación sentimental entre la actora y el estudiante mayor de edad; que el mismo alumno negó la existencia de alguna relación; que se aportaron como prueba mensajes de WhatsApp que nunca fueron verificados por parte de un perito en la materia, que permitiera darle contenido fidedigno a dicho aporte probatorio, sino que simplemente el órgano instructor los determinó como ciertos, sin tomar en cuenta la existencia de posibles falsificaciones de esos mensajes o que fueran acomodados a gusto del mismo denunciante; por consiguiente, añadió, no se logró comprobar bajo ninguna circunstancia los hechos imputados. Prosiguió diciendo, que mediante resolución N° 4857-2019, el Despacho de la Ministra de Educación emitió la resolución del procedimiento disciplinario, teniendo por probados hechos, que en criterio de la actora, nunca llegaron a acreditarse, como que ella le coqueteaba, le acerca sus partes íntimas y que en los espacios solos se tocaban, así como que luego ella empezó a tomar represalias contra el estudiante. Agregó la actora, que más bien en la audiencia de recepción de prueba, ella dejó claro que tuvo que presentar una denuncia por violencia doméstica contra el estudiante, pues empezó a sufrir acoso constante de su parte, lo cual no fue valorado. De igual manera, se refirió a los hechos no probados de la resolución, esgrimiendo que nunca se demostró que existiera una relación sentimental entre ella y el denunciante, por lo que estimó una indebida valoración de los hechos y de las pruebas por parte del órgano instructor, violentando el debido proceso, el principio de inocencia y el de la sana crítica, por lo que el acto dictado lo tildó de absolutamente nulo, al llegar a conclusiones faltantes de contenido probatorio que determinaran su veracidad. Incluso señaló, que el órgano decisor no consideró un hecho de vital importancia, como lo es la declaración jurada del denunciante en donde él mismo indica que nunca ha tenido una relación con ella, que los hechos narrados no son ciertos, que la prueba aportada ha sido manipulada y que incluso mal informó a sus testigos, situación que nunca fue valorada por la Administración, dejándola en total indefensión. Por consiguiente, acusó que pese a la poca evidencia en su contra y que los testigos se refirieron a meros chismes y afirmaciones inventados por el denunciante, el MEP la cesó de su nombramiento, transgrediendo también el principio in dubio pro operario y causándole un grave perjuicio, tanto moral como económico mediante la emisión de la acción de personal N° 805906-2019 emitida por la Dirección de Recursos Humanos del ente ministerial. Abonó la actora diciendo, que el proceso incoado en su contra le ha producido un grave perjuicio moral, ya que no solo se desprestigia en su condición de mujer, indicando que ella es una coqueta, sino que además se le sanciona por ello, y producto de ese proceso, ha sufrido acoso por parte de sus compañeros de trabajo y por los mismos estudiantes del CINDEA de Coronado, situación que le ha desmejorado su calidad de vida profesional y familiar, lo cual ha desembocado en la necesidad de presentar este proceso judicial, en vista de la injusta e ilegal actuación de su patrono, quien no aplicó los principios del derecho laboral y procedió a realizar un despido injusto y carente de validez legal, ya que no se tomó en cuenta que el proceso disciplinario con el que se le sancionó fue interpuesto por un denunciante que una vez visto la gravedad de sus afirmaciones, se manifestó mediante una declaración jurada y por medio de correos electrónicos enviados al Ministerio de Educación Pública, indicando que los hechos con los que la eran falsos y que él mismo creó, pero aun así, en un procedimiento castigador y perseguidor, la Administración violentó sus garantías laborales y procedió a despedirla. Por todo lo expuesto, solicitó la parte actora el acogimiento de su demanda en todos sus extremos.

ARGUMENTOS DEL ESTADO EN SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Una vez analizados los alegatos de oposición a la demanda esgrimidos por el Estado, a modo de síntesis tenemos primeramente la explicación realizada en cuanto a que la señora Sequeira Hernández, al momento del cese de nombramiento interino, según consta en la acción de personal N° 201911-MP-5089382, por el período del 15/11/2019 al 10/12/2019, ocupaba el puesto como Profesora de Enseñanza Media (G. de E.) de Inglés, en la Unidad Pedagógica de San Diego de la Dirección Regional de Enseñanza de Cartago, y según la acción de personal N° 201912-MP-5119005, por el período del 15/11/2019 hasta el 31/01/2020 como Profesora de Enseñanza Media (G. de E.) de Inglés, en la Dirección Regional de San José Norte, CINDEA de Coronado. No obstante, explicó, que según acción de personal N° 201911-MP-5055651, a partir del 16/10/2019, según resolución N° 4857-2019 de las 14:39 horas del 2 de octubre de 2019, del Despacho de la señora Ministra de Educación Pública, se le tramitó cese de funciones sin responsabilidad patronal, acto del que solicitó suspensión por medida cautelar presentada en sede judicial según expediente N° 19-1913-166-LA, y en razón de resolución de las 09:59 horas del 04 de diciembre del año 2019, dictada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, se materializó a partir del 10/12/2019, según consta en acción de personal N° 201912-MP-5119005. Señaló, que de los antecedentes contenidos en el expediente administrativo disciplinario conforme la prueba documental que se aporta puede evidenciarse que el Director del CINDEA de Coronado donde laboró la accionante, remitió acta de denuncia de la supuesta relación inapropiada por parte de la accionante con el estudiante Jean Carlo Herrera Venegas de la sección 10-4. Refirió, que se determinó como verdad administrativa, que la aquí actora incurrió en faltas graves a sus deberes y obligaciones por cuanto ante los hechos denunciados se logró comprobar que como profesional educadora tenía el deber de mantener un comportamiento de formación, cuidado y protección con el estudiante a su cargo, y no en contra de la ética profesional y moral con la que evidentemente no solo perjudicó en distintos ámbitos al alumno como denunciante, sino que perjudicó los propios intereses del centro educativo como patrono -interés público- lo que implicó la pérdida objetiva de la idoneidad para el ejercicio de la docencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil, inciso c) del artículo 9 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y artículo 11 y 12 del Reglamento de Carrera Docente, lo cual consecuentemente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 inciso d) del Código de Trabajo, contrario a lo que estima la parte actora, implica una falta a las obligaciones de los trabajadores. Por otro lado, admitió que si bien es cierto en principio en el traslado de cargos se intimó una relación sentimental con una persona menor de edad, dicho error material no es invalidante de la actuación administrativa, pues en este caso se corrigió mediante resolución N° 3747-2019 de las 10:48 horas del 14 de agosto del 2019, notificada debidamente a la accionante el día 20 de agosto de 2019, mediante el correo electrónico que dejó señalado para notificaciones; en ese sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se rectificó el error material, corrigiéndose que la condición de la víctima es persona mayor de edad. Rechazó que se hubiere tomado una medida antojadiza, arbitraria o ilegal en contra de la funcionaria, sino que mediante el procedimiento administrativo incoado, a efectos de garantizar la objetividad de la investigación, la conservación de las pruebas recabadas y el cumplimiento del interés público, se tomó como medida cautelar administrativa la reubicación provisional de la aquí accionante, en la Dirección Regional de San José Norte, realizando funciones acordes con la categoría y naturaleza del puesto en que se encontraba nombrada, esto por un período del 30 de julio y hasta el resto del curso lectivo 2019. No obstante, añadió que regresó a las condiciones originales del puesto a partir del 16 de octubre del año 2019, según consta en la acción de personal 201910-MP-5055230. En cuanto a lo denunciado por parte del estudiante como supuestas irregularidades atribuidas a la accionante ante una relación sentimental y de connotación sexual, refirió el personero estatal que contrario a lo manifestado por la parte actora, una vez valorada tanto la prueba de cargo como de descargo, bajo las reglas de la objetividad, razonabilidad y sana critica de cada uno de los elementos probatorios traídos al procedimiento, se logró constatar que las conductas de la docente hacia el estudiante evidenciaban la cercanía y confianza que tenía como propias de una relación sentimental entre una pareja, constatándose incluso de la prueba de la misma actora, que ella puso una denuncia para solicitar medidas de protección contra el estudiante Jean Carlos, tratándose de su exnovio. Indicó también, que en dicha denuncia ante el Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José, la misma jueza a cargo del caso llegó a la conclusión de que la solicitud de medidas de protección debía ser rechazada por cuanto “lo que existió entre el presunto agresor y la madre de la presunta víctima es una relación de noviazgo casual”, según consta en la resolución N° 3027-2019 de las 8:01 horas del 09 de agosto del 2019. En otro orden de ideas, refirió el Estado que ciertamente consta en el expediente disciplinario N° 600-2019 la contestación de la accionante al traslado de los cargos rechazando todos los hechos denunciados por el estudiante Jean Carlo Herrera Venegas. No obstante, contrario a lo que estima, en cuanto a que la prueba documental referida, no es contundente y era de fácil manipulación para relacionarla con una relación con el alumno, indistintamente de la falta de veracidad que estime darle la parte actora a la documental aportada por aquél, lo cierto es que la misma de frente a las declaraciones rendidas por las testimoniales evacuadas de ambas pates, e incluso de frente a lo admitido por la parte accionante, en cuanto a la relación sostenida con el estudiante, determinado por parte de la jueza, así como videos remitidos por la docente por redes sociales, sus argumentaciones no lograron desacreditar que efectivamente medió por parte de la señora Sequeira Hernández, un comportamiento impropio, ante una relación sentimental con el estudiante, incurriendo en faltas graves a sus deberes y obligaciones que como profesional educadora tenía el deber de mantener un comportamiento de formación, cuidado y protección con el estudiante a su cargo, y no en contra de la ética profesional y moral con la que evidentemente no solo perjudicó en distintos ámbitos al colegial como denunciante sino los intereses del centro educativo como patrono, lo que implica una falta gravísima a las obligaciones de los trabajadores, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 inciso d) del Código de Trabajo. En otros términos, refutó el Estado que en la audiencia de recepción de prueba testimonial se le impidiera la defensa y que existiera un favoritismo al denunciante, pues ella previamente tuvo acceso al expediente, a ejercer su debida defensa para aportar prueba de descargo e incluso contó con patrocinio letrado, teniendo abierta posibilidad de realizar las preguntas que estimara conveniente a cada una de las partes presentes, no siendo cierta la supuesta parcialización por parte del órgano instructor del procedimiento. Además, contrario a lo manifestado por la accionante, en la resolución N° 4857-2019 de las 14:39 horas del 02 de octubre del 2019, la Ministra de Educación Pública explicó que “si bien es cierto el denunciante se presentó a la audiencia de repregunta posterior a la hora convocada, quedó constando la prueba documental y testimonial que fundamentó los hechos denunciados”. Por ende, la testimonial recabada ofrecida por el estudiante denunciante, lejos de considerarse que deviene en apreciaciones subjetivas, fue conteste y válida a efectos de determinar como verdad administrativa, que la relación entre docente y estudiante existió y que la misma indistintamente de la situación sentimental similar a una pareja, detonó en actos impropios por parte de la actora como docente, con connotación sexual, que sin lugar a duda, acredita la falta a sus deberes y obligaciones que imponen su condición como funcionaria pública y las limitantes que como adulta y profesional debía respetar en torno a la integridad física y psicológica de los estudiantes a su cargo, evitando conductas indeseables, tanto en el ámbito privado, como personal y profesional, que en este caso, es agravante a su condición de docente, contrarias a la dignidad del cargo público que desempeña. Ahondó diciendo, que no puede venir ahora la actora a mentir sobre una relación sentimental entre ella y el estudiante Jean Carlo Herrera Vargas, cuando la admitió tanto en sede administrativa como en la instancia judicial en la denuncia ante el Juzgado de Violencia Domestica del Segundo Circuito Judicial de San José; por ello, rechazó el Estado el argumento de que existió una acusación falsa y que no existieron pruebas contundentes, señalando que más bien la actora no aportó ni en sede administrativa ni ahora ante esta instancia, elementos de prueba idónea de tal valor que puedan desvirtuar lo constatado en el procedimiento disciplinario, quedando acreditado como verdad administrativa la falta, según así fue determinado mediante resolución N° 4857-2019 del Despacho de la Ministra de Educación Pública, que ordenó el cese de nombramiento interino de la accionante, ante la falta a sus deberes y obligaciones, a principios éticos y morales y al principio de probidad que resguarda la función en el empleo público, acto cuya legalidad defendió, así como la resolución N° 5384-2019 que conoció en alzada recurso interpuesto por la parte actora. En otro orden de ideas, en cuanto al rechazo de una declaración jurada aportada por la docente al expediente administrativo, que indica que el mismo estudiante denunciante declaró que nunca ha tenido una relación sentimental con la actora, que los hechos no son ciertos y que incluso manipuló a los testigos, así como el argumento de que este hecho nunca fue valorado por parte del órgano instructor ni decisor, manifestó la representación estatal que dicho documento fue presentado como prueba para mejor resolver y se rechazó porque fue presentado al expediente cuando ya se había dictado resolución final por parte del Despacho de la Ministra de Educación Pública habiendo pasado el momento oportuno para su ofrecimiento. En todo caso, ahondó, con la prueba valorada en sede administrativa, quedó demostrada la relación entre la docente aquí actora y el estudiante denunciante, pues la misma actora aportó la denuncia que había presentado para solicitar medidas de protección contra el estudiante Jean Carlos, tratándose de su exnovio, según indicó en la acción judicial tramitada ante el Juzgado de Violencia Doméstica, teniéndose además la manifestación del Director del CINDEA, quien como superior jerárquico, refirió que cuando él toma la denuncia del estudiante y hace el traslado de la misma, vio en el celular del colegial los mensajes que le enviaba la actora, y aunque no detalló el contenido, pudo ver que aparecía la foto de ella, identificados con el nombre de “profe Fabiola”. Enfatizó el Estado, que el supuesto retiro de la denuncia, se trata de un correo electrónico, carente de firma y por medio del cual no se puede asegurar la autoría del otrora denunciante, pero más allá de ello, esa circunstancia no obsta a que pese a que tal manifestación haya existido, el Ministerio arribe a una conclusión diferente como en efecto sucedió, del trámite del procedimiento administrativo y la valoración de todos los elementos de prueba válidamente incorporados al procedimiento administrativo, pues no hay una declaratoria de falsedad por órgano judicial competente en relación con las declaraciones de los testigos recibidos dentro del procedimiento administrativo, ni la declaración jurada rendida por una persona, es un elemento idóneo para tal fin, máxime cuando son conocidas las presiones que se presentan en contra de los denunciantes en este tipo de procedimientos y en especial tratándose de un estudiante, que tuvo participación e interés en todo momento dentro del procedimiento administrativo, por lo que el Estado está llamado a velar por sus derechos. En consecuencia con lo expuesto, el Órgano Procurador rechazó que existiera discriminación, arbitrariedad o violación al derecho de igualdad en cuanto a la situación de la actora en su relación laboral como funcionaria interina en la aplicación del régimen potestativo disciplinario de la administración patronal. Hizo ver que se le respetó el derecho de defensa y el debido proceso, dictándose las resoluciones en estricto apego al principio de legalidad, conforme a lo que se tuvo por acreditado en la investigación, descartando cualquier vicio de nulidad, pues incluso el error material existente fue corregido y no resulta invalidante de la actuación administrativa. Defendió también la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta, pues lo cierto del caso es que hay un acto administrativo final, debidamente fundamentado, que después de una sustanciación de un procedimiento administrativo, ha arribado a una verdad administrativa que arroja la comisión de una falta grave, y que, pese a la interposición de este proceso judicial, la actora no ha podido desvirtuar. Debido a lo expuesto, solicitó declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, con la correspondiente condenatoria al pago de ambas costas e intereses a cargo de la parte actora.

CASO CONCRETO E IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Como punto de partida resulta necesario para este Tribunal destacar algunos aspectos procesales fundamentales que han acontecido a lo largo de esta causa judicial, que si bien es cierto fueron reseñados con amplitud en el primer considerando de esta sentencia, es menester recordarlos en este apartado: (i) la demanda que aquí se conoce fue entablada inicialmente en sede laboral, mediante la representación legal que en su momento tenía la accionante; (ii) el Juzgado de Trabajo respectivo cursó la demanda y confirió el traslado de rigor al Estado; (iii) el personero estatal apersonado a los autos contestó la demanda en tiempo y forma, oponiendo sus excepciones; (iv) ante la declaratoria de incompetencia de la autoridad judicial de trabajo, el Juez Tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo se arrogó el conocimiento de la causa, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda y confirió audiencia a la parte actora acerca de la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado, quedando trabada la litis en ese momento conforme a lo pretendido por la parte actora y la contestación esgrimida por el ente demandado; (v) con posterioridad a ello, mediante otro apoderado judicial, la parte actora intentó al menos en dos ocasiones modificar su cuadro fáctico y petitorio, bajo un intento de reformulación, ampliación, ajuste y/o aclaración, lo cual fue rechazado por el Juez Tramitador; (vi) en la Audiencia Preliminar de rigor, la representación de la accionante intentó nuevamente embrollar a la autoridad judicial y a la parte demandada, justificando la necesidad de aclarar, ajustar y adicionar sus pretensiones, lo cual nuevamente fue denegado por el juzgador a cargo de la diligencia, aunque dejando latente la posibilidad de que si los jueces decisores lo consideraban pertinente, se valoraran por el fondo los nuevos argumentos y pretensiones de la parte actora, situación que, aclara desde ahora esta Cámara, no resulta procedente. Como se desprende de la sinopsis anterior, el presente proceso ha tenido algunas vicisitudes que esta Integración ha estimado necesario destacarlas, con el fin de evitar alegatos de eventuales nulidades; y es que la parte actora, una vez que cambió de representación judicial y cuando ya la litis estaba trabada, pretendió modificar sustancialmente su demanda, tanto en su fundamentación como en su elenco petitorio, lo cual, insistimos resulta a todas luces no solo improcedente, sino además contrario a los principios de preclusión, seguridad jurídica y buena fe procesal que debe imperar en cada litigio y a los que están sometidas no solo las partes, sino y sobre todo, sus representante legales, siendo además una labor de la autoridad judicial evitar acciones que puedan causar demoras innecesarias, representen un abuso del derecho o fraude procesal. Además, no puede perderse de vista el principio de congruencia, que busca garantizar el orden, la certeza, el equilibrio y el derecho de defensa de cada una de las partes dentro del proceso judicial [al respecto se puede consultar el voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 134-F-03 de las 09:30 horas del 14 de marzo del 2003]. La anterior reflexión la realizamos, dado los intentos fallidos de la parte actora de incorporar diversos escritos con nuevos pedimentos y motivaciones diferentes a las exteriorizadas en su libelo de demanda, que fueron conocidas y combatidas en su momento por el Estado y sobre las cuales se había trabado la litis, por lo que no serán consideradas por este Tribunal, dado que de así hacerlo, se causaría una violación grosera al derecho de defensa de la parte contraria y al debido proceso, amén de que en su momento, como lo indicáramos líneas arriba, ya existió un pronunciamiento firme en fase de trámite rechazando lo pretendido por la demandante. Como sustento de lo indicado, hacemos ver también que existe vasta jurisprudencia al respecto; así por ejemplo la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su voto número 00891-2005 de las 09:55 horas del 02 de noviembre del 2005 señaló: “Por lo expuesto, se insiste en que con la demanda y su contestación se traba la litis, fijándose los hechos sobre los cuales versará el debate. Por ello, las partes se ven impedidas para alterar las bases sobre las cuales han planteado el litigio, no pudiendo pretender que sean objeto del debate otros aspectos que no fueron los planteados en el momento procesal oportuno. Esto, por cuanto, si se permitiera que alguna de ellas alterara o modificara los puntos en discusión, ello implicaría una violación de la garantía fundamental del debido proceso; pues, la otra, se vería impedida para argumentar lo pertinente y para aportar la prueba en que apoyara su eventual nueva posición; quedando, entonces, en una situación de indefensión”. En similar sentido, la Sala Primera de Casación, en su voto número 000925-F-S1-2017 de las 16:25 horas del 03 de agosto del 2017 señaló: “En ese estadio procesal (cuando el demandado contesta la demanda interpuesta en su contra) se traba la litis, de manera tal que, en ese momento se fijan los ejes sobre los cuales girará el proceso. Las pretensiones y excepciones aducidas definen el marco sobre el cual debe resolver el Juzgador. Se le impide excederse o modificar los límites fijados por las mismas partes, imposibilitándolo de todo pronunciamiento ajeno a estos (…) / Resolver lo contrario constituiría un vicio de incongruencia, pues se estaría otorgando un extremo no requerido en la demanda. Asimismo, se trasgrediría groseramente el derecho de defensa de los demandados, quienes no pudieron defenderse sobre ese particular, en tanto no fue requerido por la parte actora en el momento y medio oportuno (las pretensiones de su demanda)”. Aclarado lo anterior, tomando en consideración lo expresado por la parte actora en su escrito de demanda, esta Cámara percibe que son tres los ejes principales de su acción y sobre lo cuales se emitirá pronunciamiento, pasando a analizarlos en acápites separados para un mejor abordaje de cada tema tal y como sigue:

1-) Indebida valoración de la prueba: al respecto señaló la actora, que en la investigación administrativa el órgano instructor no dejó que ella se defendiera de la forma más adecuada, sino que actuó con evidente favoritismo hacia el denunciante, así como que nunca se logró demostrar que existiera una relación sentimental con el señor Herrera Venegas. Ante ello, acusó que sin pruebas contundentes y mediante una resolución parcializada, se resolvió en su contra transgrediendo el principio in dubio pro operario.

> Criterio del Tribunal: sobre el tema valga decir, que una vez analizado el acervo probatorio al que echó mano la Administración para resolver y que esta Cámara ha examinado detenidamente, no se comparte la posición expuesta por la parte actora. Baste decir, que además de varias declaraciones testimoniales que evidenciaron ante el órgano instructor la relación sentimental que existía entre la entonces docente María Fabiola Sequeira Hernández y su otrora alumno Jean Carlos Herrera Venegas, entre ellos el señor Roberto Enrique Levy Porras, Director del CINDEA de Coronado, la misma demandante reconoció abiertamente tal situación, pues como parte de su acervo probatorio, dentro de la investigación disciplinaria seguida en su contra, aportó copia de una denuncia que interpuso en su momento contra el citado estudiante, donde expresamente indicaba que se presentaba a solicitar medidas de protección en contra de su exnovio. En dicha causa judicial, que se tramitó bajo el expediente número 19-001876-0635-VD, mediante sentencia número 3027-2019 de las 08:01 horas del 09 de agosto del 2019, el Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José, en su resultando primero hizo ver lo siguiente: “l. Mediante solicitud de las trece horas y cincuenta y nueve minutos del veinticinco de junio del dos mil diecinueve la promovente, MARÍA FABIOLA SEQUEIRA HERNÁNDEZ solicitó medidas de protección en contra de la persona presunta agresora JEAN CARLO HERRERA VENEGAS, alegando que: “… solicito medidas en de protección en contra de mi ex novio (…) tuvimos una relación de un mes y medio aproximadamente (…). Él estudia donde yo trabajo, también es alumno mío (…)”. [lo destacado en mayúscula, negrita y letra cursiva está en el original]. Asimismo, en el primer hecho probado de dicha resolución judicial, se tuvo por demostrado que entre ambas partes existió una relación sentimental casual, lo cual fue analizado con detalle en el fondo del asunto, descartando la inexistencia de una conducta de violencia doméstica, precisamente por cuanto para la autoridad judicial, lo que existió fue más bien conductas propias de cualquier relación sentimental. Lo anterior resulta de vital importancia, toda vez que incluso en sede judicial fue reconocida por la parte que ahora demanda y así evidenciado por la autoridad jurisdiccional competente, que entre la docente Sequeira Hernández y su entonces alumno Herrera Venegas existió una relación sentimental. De ahí en más, por innecesario, este Tribunal no ahondará revelando los detalles de los videos y mensajes íntimos y con connotación sexual que fueron examinados por el órgano instructor y valorados por la Administración a la hora de interponer la sanción, pues lo cierto del caso es que el tema que aquí se analiza, respecto a la indebida valoración de la prueba, favoritismo o parcialidad en lo resuelto no existe, y contrario a lo afirmado por la actora sí se logró demostrar la existencia de la relación sentimental que niega la demandante, hasta en sede judicial, resultando incluso de aplicación el principio que reza “a confesión de parte relevo de pruebas”. Por otra parte, respecto a las represalias de la docente con el estudiante, una vez terminada la relación sentimental, y lejos de dictarse una resolución parcializada como lo afirmó, este Colegio de Jueces puede percibir que la resolución que dispuso el cese de su interinato está bien cimentada en el acervo probatorio analizado, pues consta también en autos la declaración testimonial de Óscar Francisco Sánchez Picado, quien entre otras cosas relató: “(…) Me contó que la profesora llegó negociar la nota con él para que accediera a lo que ella quería, eso para tener una relación más íntima. Según lo que comentó Jean Carlo (sic) que parte de ignorarlo y los gestos que le hacía en la clase era para acceder a tener una relación sentimental. Me comentó que sí hubo una relación sentimental y relación sexual e inclusive acoso, porque Jean Carlo (sic) no quería más pero la profesora insistía. Me contó que salieron, no recuerdo si fue motel o un lugar para tener encuentros sexuales. Me dijo que había mucho acoso en el colegio, no me detalló, me dijo que lo que llegaba a buscar, que no lo dejaba en paz, si no me equivoco llegó amenazarlo con las calificaciones del curso que estaba llevando con ella (…)”. En similar sentido, la declarante Maureen Graciela Barrantes Solís, a la sazón compañera de Jean Carlo, entre otras cosas, manifestó: “Si recuerdo que él tenía que presentar un trabajo y ella no quiso recibirlo y él llevaba justificación de por qué no lo había presentado en el momento”. De todo lo anterior resulta de interés, que en la resolución 4857-2019 que dispuso el cese del interinato de la aquí actora, la autoridad administrativa fue clara en indicar que la conducta imputada no solamente trascendió los límites físicos de la institución sino los deberes y obligaciones de la docente, señalándose que: “De este modo y del análisis concienzudo de los elementos probatorios allegados al expediente, se logra acreditar el hecho de que la denunciada MARÍA FABIOLA SEQUEIRA HERNÁNDEZ, a quien le fue encomendada la importante tarea de trabajar en la formación de personas, no tuvo claros los deberes y obligaciones que imponen su condición como funcionario público ni las limitantes como adulto debe respetar la integridad física y psicológica de los estudiantes a su cargo (…) / En este sentido cabe recordar lo dispuesto en el artículo 57 -deberes del personal docente- del Estatuto del Servicio Civil, en los siguientes incisos: a) Cumplir con las leyes y reglamentos, así como toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo, siempre que ella no maltrate al servidor en su decoro, ni contraríe las disposiciones legales. e) Ejercer una acción directa sistemática en la formación de la personalidad del educando, que lo capacite para vivir conforme a los valores superiores del hombre y la mujer. l) Observar, dentro y fuera del plantel, una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas costumbres". Así mismo, el Reglamento de la Carrera Docente en su artículo 11, en los siguientes incisos dispone como faltas graves: b) Conducirse durante sus labores en forma tal que desprestigien su profesión o bien sus actos riñan con la moral pública y las buenas costumbres. n) Incurrir en prácticas discriminatorias hacia alguna persona servidora, estudiante o externa a la Institución por su razón de su etnia, género, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad o por cualquier otro tipo de discriminación contraria a la dignidad humana". En el artículo 12 del mismo cuerpo normativo dispone como faltas de alguna gravedad, en los siguientes incisos: a) Incumplir, por negligencia, las leyes y -los reglamentos relativos con el ejercicio de la profesión docente o cualquier otra disposición que emane de autoridad competente en el ramo de la educación, salvo que, por las implicaciones de tal incumplimiento se incurra en falta grave; b) Demostrar en forma evidente con hechos o con su comportamiento, desinterés por el ejercicio de la profesión docente; e) Hacer discriminación por razón de raza, edad, creencias religiosas o políticas, situación social o económica de los alumnos, siempre que la actuación del educador no provoque serio perjuicio al alumno o alumnos afectados, en cuyo caso la falta se considerará grave; l) Incumplir cualquiera de las otras obligaciones que señala el artículo 57 del Estatuto (…). De lo anterior podemos colegir, que como causal, la conducta que realiza la trabajadora se considera falta grave, situación que nos ocupa- (sic) ello por la ejecución de una acción contraria a derecho, ética profesional y moral, con la que evidentemente no solo se perjudica en distintos ámbitos del estudiante Jean Carlo Herrea (sic) Venegas, sino que su conducta perjudica los intereses del patrono y del interés público (…)”. [mayúsculas y negritas son del original]. En abono a lo anterior y como bien lo manifestara el mandatario estatal al contestar la demanda, indistintamente de la relación sentimental que pudiera haber tenido la señora Sequeira Hernández con una persona mayor de edad, es lo cierto que era su alumno, y en ese tanto, este Tribunal considera que existía un confrontación de intereses inadecuada, no siendo válido ampararse en el principio pro operario cuando existió una situación que repercutió en el estudiante, por lo que sin lugar a dudas, el accionar de la docente implica una falta a sus deberes y obligaciones que debía atender como funcionaria pública, debiendo resguardar y respetar en todo momento la integridad física y psicológica de los estudiantes a su cargo, evitando conductas indeseables, tanto en el ámbito privado, como personal y profesional, por lo que evidentemente por su condición de docente, se tornan en acciones contrarias a la dignidad del cargo público que desempeñaba, transgrediendo entre muchas otras, las normas citadas por la Administración y transcritas líneas arriba. [al respecto se puede consultar el voto N° 00808-2007 de las 10:10 horas del 31 de Octubre del 2007 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia]. Por consiguiente, se rechaza el alegato de la parte actora que ha sido analizado en este apartado.

2-) Violación del debido proceso: sobre el tema esgrimió la accionante, y en abono a lo indicado sobre la valoración de la prueba que analizamos en el apartado anterior, que aportó una prueba que no fue valorada, consistente en una declaración jurada del propio denunciante. Ante ello, censuró que la investigación se basó en chismes y afirmaciones inventadas, violentándose el principio de inocencia y el de la sana crítica.

> Criterio del Tribunal: para empezar es bueno recordar, que sobre el debido proceso y todos sus componentes, nuestra Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a lo largo del tiempo, haciendo énfasis de que en sede administrativa, tal derecho está constituido por los principios siguientes: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria. Así, no toda infracción de normas procesales se convierte por sí sola en indefensión y por ende en violación al derecho constitucional al debido proceso [véase a modo de ejemplo y entre otros, los votos números 5469-95 de las 18:03 horas del 04 de octubre de 1995 y 000945-2009 de las 14:11 horas del 23 de enero del 2009]. En el caso concreto, y conforme a lo achacado por la parte demandante, este Tribunal no percibe que las autoridades administrativas limitaran o impidieran el ejercicio del derecho de defensa de la parte actora ni que violentaran el debido proceso; contrario a ello, consta que doña María Fabiola echó mano de los mecanismos legales ofrecidos por el ordenamiento jurídico, negando los hechos endilgados, ofreciendo prueba documental y testimonial, e inclusive siendo representada por un profesional en Derecho que ejerció su derecho de defensa. Ahora bien, sobre la prueba para mejor resolver que indicó la actora no fue valorada, debe hacer ver este Tribunal que la misma no fue presentada ante el órgano disciplinario en el momento de la investigación, sino que se presentó con posterioridad al dictado del acto final que dispuso el cese del nombramiento interino que desempeñaba. Por ello, con muy bien tino tal y como lo reseñamos en los hechos probados que dan sustento a esta sentencia y conforme al principio de la sana crítica racional que estima violentado la actora, en la resolución N° 5384-2019 de las 09:17 horas del 24 de octubre del 2019, la señora Guiselle Cruz Maduro, a la sazón Ministra de Educación Pública, hizo ver que el órgano decisor emitió su resolución con fundamento tanto en la prueba documental como en la testimonial evacuada, realizando un análisis integral de todos los elementos probatorios allegados al expediente, resultando extemporáneo el ofrecimiento de prueba para mejor resolver presentado por la otrora funcionaria, mediante escrito con fecha de recibido 17 de octubre del 2019. Valga ahondar, que como ya lo destacamos en el apartado anterior, la misma actora de este proceso reconoció ante una instancia judicial de violencia doméstica que había tenido una relación sentimental con el estudiante que la denunció en sede administrativa, a quien incluso calificó como su exnovio. Tal situación, como lo precisáramos en el punto analizado anteriormente, la tuvo por acreditada la autoridad judicial mediante sentencia número 3027-2019 de las 08:01 horas del 09 de agosto del 2019 dictada por el Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José, por lo que ningún documento fabricado en forma posterior con el intento de darle un valor probatorio de descargo puede tener la capacidad de contraponerse a lo que en sede judicial ya se tuvo por demostrado. A mayor abundamiento, resulta inaceptable para este Tribunal el dicho de la actora en cuanto a que su relación sentimental con el estudiante fue un mero chisme y que por ende el procedimiento seguido violentó su derecho de defensa, cuando lo cierto es que ella misma declaró en sede judicial que el alumno era su exnovio. Así las cosas, ninguno de los reproches esgrimidos por la demandante examinados en este apartado resulta de recibo.

3-) Despido injusto y carente de validez legal que transgredió sus garantías laborales y no consideró el principio in dubio pro operario: acerca de la medida disciplinaria impuesta, es criterio de la demandante que lejos de considerarse su condición de mujer, se le desprestigió, sufriendo a causa de la investigación, una grave perjuicio y daños materiales y de carácter moral, mediante un procedimiento castigador y perseguidor mediante el cual la Administración procedió a despedirla.

> Criterio del Tribunal: al respecto es necesario indicar, que no existe en autos prueba alguna que respalde la afirmación de la actora, de que por su condición de mujer se le hubiese desprestigiado y que tal situación le generara algún daño o perjuicio como lo ha alegado. Contrario a ello, esta Cámara ha podido percibir una investigación ajustada a derecho, donde incluso la Administración fue capaz de enderezar el error material que contenía el traslado de cargos y darle la valoración oportuna, al amparo de la sana crítica racional, de toda la prueba allegada a los autos, incluso la documental aportada por la propia demandante, que justamente, como lo hemos referenciado en los apartados precedentes, fue clave para la determinación que tomó el MEP de cesarla sin responsabilidad patronal de su nombramiento interino. Por tal razón, este Tribunal descarta que se haya dado un despido ilegal, sino que más bien, el cese del interinato de la actora fue producto de sus propias conductas indolentes y censurables, pues independientemente de la edad que tuviese el señor Herrera Venegas, es lo cierto que era un estudiante aún en proceso de formación y que estaba a su cargo; en ese tanto, la señora Sequeira Hernández estaba llamada a actuar con diligencia, eficiencia y probidad, conforme a los deberes establecidos en el Estatuto de Servicio Civil y el Reglamento de Carrera Docente, que justamente establecen como una obligación, el que las personas servidoras docentes no incurran ni promuevan prácticas discriminatorias así como la prohibición de incurrir en actos que desprestigien su profesión, como lo es precisamente el involucramiento con una persona a la que debía impartirle lecciones como docente y hacia quien debía mostrarle respeto. En igual sentido, no puede olvidarse que el Código de Trabajo como norma general, establece como una obligación de todo trabajador “observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo”, lo cual implica, para el caso de ciertos funcionarios públicos que deben velar por el interés de la colectividad, que este deber se ejerza dentro y fuera de su jornada laboral e incluso en su ámbito privado. Es por ello que, estando sometida además la funcionaria al principio de legalidad, resulta inadmisible su alegato de que se violentó el principio pro operario cuando existió una situación que repercutió en uno de sus estudiantes, situación que a todas luces implica la pérdida de confianza de la Administración y demuestra la inidoneidad de la actora como docente. Finalmente valga decir, que aún en el caso de que la señora Sequeira Hernández no hubiese sido cesada de su puesto de trabajo por las razones analizadas -que resultaron ajustadas a derecho-, ya para el momento del dictado de esta resolución, el plazo de su nombramiento interino habría culminado sobradamente, pues la demanda la presentó tan solo dos meses antes de vencer su nombramiento. Téngase en consideración, que un servidor bajo la modalidad de interinazgo, como la que tenía doña María Fabiola, tan solo ostenta una estabilidad relativa o impropia y su designación en un puesto público atiende a características de provisionalidad o temporalidad y a título precario. Por todo lo expuesto, esta Cámara avala lo actuado y resuelto por las autoridades del MEP, considerando que el cese sin responsabilidad patronal del nombramiento interino que ostentaba la actora fue una consecuencia lógica a su accionar indebido, por lo que no existe ningún acto carente de motivación, arbitrario o ilegal, y la sanción resulta ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, este Tribunal considera ajustado a derecho todo lo actuado y resuelto por la Administración, siendo improcedente decretar la anulación del procedimiento administrativo disciplinario realizado bajo el número de expediente 600-2019 y que se le permita a la actora mantenerla en el registro de elegibles, dada la pérdida de confianza e inidoneidad comprobada. Tampoco las pretensiones de carácter accesorio como lo son la reinstalación en el cargo y los pedimentos de carácter patrimonial resultan de recibo, pues bajo el conocido principio “accessorium sequitur principale”, sea que lo accesorio sigue a lo principal, al no detectarse ninguna nulidad en lo actuado y resuelto, las pretensiones dependientes de esta quedan sin sustento jurídico, lo que implica declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos.

EXCEPCIONES INTERPUESTAS. Dentro de este proceso la representación del Estado ha interpuesto la excepción de falta de derecho, al considerar que las actuaciones y resoluciones del Ministerio de Educación Pública encuentran sustento en el ordenamiento jurídico. Para esta Cámara la defensa aludida ha de acogerse en razón de lo explicado en el considerando precedente, al no resultar de recibo lo peticionado por la parte actora que implica el rechazo de la demanda en todos sus extremos.

COSTAS A CARGO DE LA PARTE VENCIDA. Siendo que el ordinal 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone como regla la condena al vencido y no encontrándose en esta causa motivo alguno para variar la premisa, las costas procesales y personales se imponen a la parte actora perdidosa, junto con los intereses que estas generen hasta su efectiva cancelación, lo que habrá de ser dilucidado en vía de ejecución.