Resolución 08535-2025

ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:

Dentro de la presente causa judicial iniciada en la vía laboral y trasladada por incompetencia ante esa sede jurisdiccional, conforme a los ajustes y la fijación de pretensiones realizada en la Audiencia Preliminar de rigor, la parte actora procura lo siguiente: “1. Que en sentencia se declare nulo el despido del actor sin responsabilidad patronal, mismo que se ejecutó el 25 de febrero del año 2020.

Que el actor sea restituido en su puesto conforme a la solicitud de medida cautelar solicitada en esta demanda.

Que en sentencia se condene a la Administración al pago de salarios caídos (Daño material), Daño Moral y Costas Procesales y Personales”. En cuanto al acto que se pide anular, lo identificó como el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-173-2020 que consiste en el despido del actor. Respecto al daño material, solicitó la suma de ¢6.000.000,00, aclarando además que por concepto de daño moral subjetivo peticionaba la cantidad de ¢10.000.000,00. [véanse imágenes 2-18, 430-436, 442-444, 448 y 665-669 del expediente judicial digitalizado]

Conferido el traslado de rigor, en tiempo y forma la representación estatal apersonada a los autos contestó en forma negativa la demanda, alegando la defensa previa de caducidad y la excepción de falta de derecho, solicitando que se declare sin lugar la acción y que se condene a la parte actora al pago de ambas costas. [ver imágenes 229-265 y 495-528 del expediente judicial]

En fecha 17 de octubre del 2022 se celebró la Audiencia Preliminar establecida en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en la que ninguna de las partes alegó aspectos de saneamiento. La parte accionante ajustó sus pretensiones y fueron fijadas por la Jueza Tramitadora conforme se precisó en el punto primero de este considerando. Se difirió la defensa previa de caducidad para ser resuelta en sentencia, se fijaron los hechos controvertidos del proceso y se procedió a admitir prueba documental y pericial ofrecida por la parte actora. [así consta en imágenes 665-669 del expediente judicial y en la grabación de la audiencia]

Por auto de las 14:22 horas del 19 de octubre del 2022 el Despacho confirió plazo al actor para depositar los honorarios del perito; no obstante, al no cumplir con el requerimiento judicial, mediante resolución de las 10:39 horas del 31 de octubre del 2022, la juzgadora de turno tuvo por prescindida la prueba pericial, declarando el proceso de puro derecho y confiriendo plazo de tres días hábiles a ambas partes para rendir sus conclusiones. [ver imágenes 673 y 677 del expediente judicial]

En fecha 04 de noviembre del 2022, la parte actora presentó sus conclusiones, solicitando el acogimiento de la demanda en todos sus extremos, al considerar que existió una duda razonable en el proceso de despido, invocando el principio in dubio pro operario y la desproporcionalidad de la sanción. Por su parte, la representación estatal reiteró sus argumentos de defensa, así como las excepciones de caducidad y falta de derecho, solicitando el rechazo de la demanda en todos sus extremos con condenatoria en costas a cargo del actor, junto con sus respectivos intereses. [véanse imágenes 681-686 y 687-692 del expediente judicial]

Según constancia emitida en fecha 14 de julio del 2025, el presente proceso fue asignado a la presente Integración para el dictado de la sentencia respectiva. [los autos]

Se dicta la presente sentencia previa deliberación y por unanimidad de los integrantes del Tribunal, sin que se observen vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta el Juez Hidalgo Rueda, con el voto afirmativo de las personas juzgadoras Baltodano Gómez e Irías Obando.

HECHOS PROBADOS. De pleno inicio valga indicar, que siendo que el expediente administrativo se encuentra anexado al legajo judicial digitalizado, el Tribunal hará referencia a imágenes y no a folios; de igual manera, por constar las piezas de manera duplicadas, se evitará realizar reiteraciones innecesarias. Explicado lo anterior, de relevancia para resolver, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

Que el señor [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], ingresó a laborar para el Ministerio de Seguridad Pública -MSP- el 16 de diciembre del 2012 y tenía un nombramiento en propiedad en el puesto número [Valor 002], cargo Agente de Policía, cuya última ubicación fue en la Delegación Policial de Naranjo, recibiendo un salario mensual de ¢534.987,50 [ver al respecto imágenes 529 y 530 del expediente judicial].

Que por medio del oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DSO-GS-045-2019 del 28 de octubre del 2019, el Dr. Gabriel Carmona Rojas, en su condición de Jefe del Departamento de Salud Ocupacional del MSP, puso en conocimiento de la Jefatura del Departamento Disciplinario Legal del Ministerio, un informe del Laboratorio de Toxicología del señor [Nombre 001], cuyo resultado dio positivo, con el fin de tramitar el procedimiento correspondiente estipulado en el Reglamento para las pruebas toxicológicas a los miembros de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, N° 39893-SP [véanse imágenes 266 y 267-280 del expediente judicial].

Que a través del oficio 2106-2019-DDL-AIP fechado 06 de noviembre del 2019, el Jefe de Admisibilidad e Investigaciones Preliminares del MSP, remitió al Jefe de la Sección de Inspección Policial el legajo de investigación donde se determinó el grado de probabilidad óptimo sobre la presunta responsabilidad disciplinaria del funcionario [Nombre 001], por haber obtenido un resultado positivo en la prueba toxicológica [rola en imagen 281 del expediente judicial].

Que mediante resolución de las 08:30 horas del 14 de noviembre del 2019, el Departamento Disciplinario Legal, Sección Inspección Policial del MSP, dictó el auto de apertura del procedimiento disciplinario, expediente número 302-IP-2019-DDL, en contra del señor [Nombre 001], con la siguiente intimación de cargos: “Se le atribuye la supuesta comisión de la siguiente falta grave: "Resultar positivo en prueba toxicológica tomada en la Delegación Policial de Naranjo, el día 02 de octubre del 2019. Al analizarse la muestra "A" del código 074633, esto en fecha 03 de octubre del 2019, resultó positiva por canabinoides (sic). Asimismo, el día 22 de octubre del 2019, al analizar la muestra "B" o contramuestra del mismo código 074633, resultó positiva por canabinoides (sic), conforme se describe en el aludido informe que consta en el expediente y en lo literal expresa: "…El día 02 de octubre de 2019, (sic) Dra. Alejandra Díaz Mora y Sr. Mario Salazar Barrantes, quienes son funcionarios del Laboratorio de Toxicología del Ministerio de Seguridad Pública, se presentaron en la Delegación Policial de Naranjo para realizar un muestreo del personal presente en esa unidad (…) EI día 03 octubre de 2019 se realizó el análisis por drogas de abuso de las muestras recolectadas en Delegación Policial de Naranjo el día 02 de octubre de 2019. El análisis se realizó en lote, en un Cobas Integra 400 Plus de Roche Diagnostics por el método Interacción Cinética de Micropartículas en Solución (KIMS), y estuvo a cargo del Dr. [Nombre 003], código M.Q.C 1394. Al realizar el análisis de la muestra A código 074633, la cual pertenece a [Nombre 001], cédula [Valor 001], destacado en la Delegación Policial de Naranjo, se obtuvo un resultado positivo por canabinoides (sic) (…) [Nombre 001] manifestó mediante el formulario correspondiente que el único medicamento que había consumido en las setenta y dos (72) horas anteriores a la toma de la muestra de orina 074633 fueron acetaminofén e ibuprofeno (…) De acuerdo a lo indicado en el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DSO-GS-044-2019, [Nombre 001] solicitó ante el Departamento de Salud Ocupacional que se realizara la apertura y análisis de la muestra B en su presencia. El Departamento de Salud Ocupacional estableció mediante oficio que el acto se realizaría en el Laboratorio de Toxicología el día 22 de octubre de 2019 a las 10:00 horas. [Nombre 001] se presentó en el Laboratorio de Toxicología el día 22 de octubre de 2019 a las 10:00 horas (…) se le mostró el envase con la muestra B código 074633 y se le solicitó que revisara su firma en el sello de segundad de la contramuestra 074633 y que revisara la integridad tanto del sello de seguridad como del cierre de seguridad de la contramuestra código 074633 (…) en presencia de los testigos Dr. [Nombre 003] y Sr. [Nombre 004], funcionarios del Laboratorio de Toxicología, y [Nombre 002], testigo apodado por [Nombre 001]. Una vez realizada la apertura de la muestra B código 074633 en presencia de los testigos mencionados anteriormente, se procedió a analizar dicha contramuestra en presencia de [Nombre 001] por el método Interacción Cinética de Micropartículas en Solución (KIMS) en un Cobas Integra 400 Plus de Roche Diagnostics, obteniéndose un resultado positivo por canabinoides (sic)”. [la letra cursiva está en el original]. En la misma resolución se le indicó al funcionario que de acreditarse lo reportado, constituiría falta grave, señalándose la normativa a aplicar y posibles sanciones, incluyendo el despido sin responsabilidad patronal e inhabilitación para reingresar a cualquier otro cuerpo de policía durante un período de diez años. Además, se nombró al órgano director que fungiría como instructor del procedimiento, se puso en conocimiento las pruebas del expediente y por evacuar, se le indicó que podía hacerse representar por un abogado, que debía señalar un medio para notificaciones, se le informó su derecho a recurrir y se le citó a una comparecencia oral y privada [así consta en imágenes 282-288 del expediente judicial].

Que por medio de la resolución número 758-2019-DDL de las 09:00 horas del mismo día 14 de noviembre del 2019, el Departamento Disciplinario Legal, Sección Inspección Policial del MSP, recomendó al órgano decisor la imposición de una medida cautelar administrativa, consistente en la suspensión provisional con goce de salario por tres meses al servidor [Nombre 001], la cual fue dispuesta por el Consejo de Personal mediante resolución 0211-2019 C.P. de las 09:00 horas del 18 de noviembre del 2019, tomada en acuerdo de la sesión extraordinaria número 1169 de la misma data [ver al respecto las imágenes 289-292 y 294-299 del expediente judicial].

Que el otrora servidor [Nombre 001] fue notificado en forma personal del auto de apertura y la medida cautelar decretada en su contra en fecha 24 de noviembre del 2019, según consta en acta de notificación policial [rola en imagen 304 del expediente judicial].

Que por escrito presentado en fecha 27 de noviembre del 2019 el señor [Nombre 001] presentó apelación contra la imposición de medidas cautelares, alegando la falta de motivación de la resolución [ver imágenes 307-312 del expediente judicial].

Que en fecha 16 de diciembre del 2019, el órgano disciplinario nombrado al efecto realizó la comparecencia de ley, a la que se presentó el investigado y su representación legal. En dicha diligencia, el entonces servidor presentó prueba documental que se tuvo por incorporada al expediente y rindió su declaración rechazando los hechos intimados. Acto seguido, previo a finalizar la comparecencia, el letrado del procedimentado esgrimió sus conclusiones [véanse imágenes 313-318 y 319-341 del expediente judicial].

Que mediante resolución número 2020-451-DM dictada por el Despacho del Ministro de Seguridad Pública a las 13:00 horas del 20 de enero del 2020, el titular de la cartera de entonces declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por el investigado contra la imposición de la medida cautelar de suspensión del cargo [consta en imágenes 343-345 del expediente judicial].

Que a través de la resolución número 171-IP-2020-DDL de las 08:30 horas del 18 de febrero del 2020, el Departamento Disciplinario Legal, Inspección Policial, en su condición de órgano director del procedimiento seguido contra el señor [Nombre 001], tuvo por demostrada la falta intimada y recomendó la sanción de despido sin responsabilidad patronal. En la citada resolución, al analizar el fondo del asunto se indicó, entre otros aspectos y para lo que resulta de interés acá, lo siguiente: “(…) Una vez analizadas y valoradas de forma objetiva las piezas probatorias que conforman el presente expediente, no hay controversia alguna en que producto de las pruebas toxicológicas efectuadas por personeros autorizados del Departamento de Salud Ocupacional de este Ministerio, en las muestras de orina (A y B) tomadas del servidor [Nombre 001] el día 02 de octubre del 2019, se obtuvo como resultado la presencia de canabinoides (sic), un compuesto producido por el cuerpo humano al metabolizar tetrahidrocanabinol (THC), en una concentración de 78 ng/mL. Arribamos a esta conclusión, de la simple lectura de la prueba documental que rola de folios 3 al 7 y que consiste en copias certificadas de los siguientes documentos: "Registro de Toma de Muestra para Toxicología Laboral" código MSP-LT-R-044 del 02 de octubre del 2019, Muestra 074633 (folio 3), "Informe de Ensayo", código muestra MSP-LT-R-008, del 07 de octubre del 2019, Muestra Código 074633, a nombre de [Nombre 001], [Nombre 005] (folio 4), "Informe de Ensayo", código MSP-LT-R-008 del 22 de octubre del 2019, muestra 074633B, a nombre de [Nombre 001], [Nombre 005] (folio 5) y "Acta de Apertura y Análisis de la Muestra B" del 22 de octubre del 2019, suscrita por el Dr. [Nombre 003], [Nombre 004], el señor [Nombre 001] y el testigo [Nombre 002] [Nombre 001] (folio 6), todo ello, referido también a través del Informe de caso - Muestra código 074633, descrito en el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DSO-SC-LT-262-2019 del 25 de octubre del 2019, suscrito por el Dr. [Nombre 003], Encargado del Laboratorio de Toxicología del Ministerio de Seguridad Pública, visible a folio 2 y sobre el cual pondremos mayor énfasis más adelante (…). Ahora bien, la defensa del encausado ha pretendido soslayar la responsabilidad de su representado, señalando que el resultado de las pruebas de laboratorio que se efectuaron, son falsos positivos por el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) tales como el ibuprofeno. Para respaldar su versión, la parte aportó el comprobante de dictamen médico código 2,947,673, suscrito por la doctora Rebeca Muñoz Paniagua y emitido el 26 de noviembre del 2019 (ver folio 39); es decir, 2 días después de que al encausado [Nombre 001] se le notificó el auto de inicio del presente procedimiento (ver acta de notificación a folio 25), el cual concluye en que se está en presencia de un caso donde las muestras de orina se contaminaron, sin hacer mayor profundización ni mención de los métodos utilizados para arribar a dicho resultado, pese a que el representante legal del encausado hace alusión a un protocolo para la recolección de la muestra que desconocemos cuál fue pero que en caso de efectuarse correctamente, no reviste de ninguna relevancia pues se efectuó un mes y 26 días después de las muestras de orina que fueron recolectadas el 02 de octubre del 2019, con el resultado adverso que ya conocemos. Adicionalmente la parte aportó dos artículos bajados de internet, titulados "Falsos positivos en pruebas de detección de droga de abuso en orina asociados a consumo de medicamentos" (…). Sin embargo, el abogado de la parte pone mayor atención en el primer artículo y durante sus conclusiones, desea que se destaquen algunas de las consideraciones de ese artículo, sin analizarlo de forma objetiva y omite relacionado con la prueba científica aportada en autos al momento de la intimación de cargos hecha al encausado. Queda claro entonces, que la posibilidad de obtener falsos positivos en las pruebas de inmunoensayos para la detección de drogas de abuso en orina, son científicamente posibles siempre y cuando no sean aplicados otras pruebas confirmatorias y de mayor rigurosidad, como el GM-MS, para descartar con ello que el resultado analítico sea otro distinto al detectado. Conforme a la misma prueba, se extrae a folio 45 y 53, que para disminuir la posibilidad de incurrir en conclusiones erróneas, como la que pretende demostrar la parte, los resultados positivos observados en un inmunoensayo deben ser confirmados haciendo uso de una prueba más precisa como la espectrometría de gases acoplada a un detector de masas (GM-MS), método que efectivamente sí fue utilizado por parte del Laboratorio de Toxicología, cuando se analizó en una primera instancia la Muestra A, código 074633, perteneciente al señor [Nombre 001] y conforme a la cual se obtuvo un resultado positivo por canabinoides (sic). Al respecto, véase nuevamente el Informe de caso - Muestra código 074633, del 25 de octubre del 2019, suscrito por el Dr. [Nombre 003], encargado del Laboratorio de Toxicología de este Ministerio, que literalmente señala lo siguiente: "(…) Las pruebas de validez inicial indicaron que la muestra de orina es apta para los análisis toxicológicos. Para corroborar el resultado, se le realizó el análisis toxicológico una segunda vez a la muestra A código 074633 utilizando un cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas (GM/MS) 6890 / 5975C de Agilent Technologies, dicho análisis confirmó la presencia en la muestra de 11-nor-9-COOH-D9-THC, un compuesto producido por el cuerpo humano al metabolizar tetrahidrocanabinol (THC), en una concentración de 78 ng/mL (…)" (folio 2 vuelto, el destacado es nuestro), lo anterior, tomando en cuenta la información que el encausado había suministrado al momento de tomarse las muestras de orina y donde indicó justamente la ingesta de medicamentos (acetaminofén e ibuprofeno) en las últimas 72 horas a la fecha de la toma de esas muestras, descartándose categóricamente cualquier interferencia de estos medicamentos con las pruebas de detección de canabinoides (sic) en orina utilizados en laboratorio, según dicho informe y en apego al Reglamento para las pruebas toxicológicas a los miembros de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, según decreto N° 39893-SP del 13 de junio del 2016, razón suficiente para tener por descartada la versión rendida por el encausado [Nombre 001] y la tesis que la defensa pretende acreditar para lograr la exoneración de responsabilidad de dicho servidor (…). Con base a ello, considera el Órgano Director, que la falta atribuida al encausado [Nombre 001], se encuentra (como ya se expuso), debidamente acreditada y constituye una falta sumamente grave, de entidad notable y suficiente capaz de generar por sí sola, el serio acto potestativo de desvinculación unilateral de la Institución, esto es, el despido por causa justificada del servidor [Nombre 001] (…)”. Ante lo expuesto, en la parte dispositiva recomendó el despido sin responsabilidad patronal del funcionario, dejar sin efecto la medida cautelar de suspensión provisional, advertir al servidor que a partir de la notificación de la resolución debía devolver el uniforme y equipo policial, así como la inhabilitación para reingresar a los cuerpos policiales durante un período de diez años [la letra cursiva, mayúscula y negrita está en la resolución que rola en imágenes 348-366 del expediente judicial].

Que por medio del oficio MSP-DM-CP-0127-2020 datado 20 de febrero del 2020, la Jefe de la Secretaría Técnica del Consejo de Personal del MSP le comunicó al Director de Asesoría Jurídica ministerial, el acuerdo primero, artículo III de la sesión extraordinaria número 1181 celebrada el día 19 de febrero del 2020, donde se conoció la recomendación de despido del señor [Nombre 001] y se dictó la resolución número 056-2020 C.P. de las 11:30 horas de ese mismo día, disponiendo acogerla en todos sus extremos y ordenando, en lo medular, el despido del funcionario por causa justificada y sin responsabilidad patronal, así como la inhabilitación para el reingreso a cualquier cuerpo de policía durante un período de diez años [véanse imágenes 368-392 del expediente judicial].

Que mediante oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-173-2020 del 20 de febrero del 2020, la Dirección de Recursos Humanos del MSP procedió a emitir la carta de despido del otrora servidor, indicándole que el mismo regía a partir del 25 de febrero del 2020 [rola en imágenes 395-397 del expediente judicial].

Que por escrito presentado en fecha 25 de febrero del 2020, el representante legal del señor [Nombre 001] formuló recurso de apelación contra la resolución de las 08:30 horas del 18 de febrero del 2020, alegando la violación al debido proceso y al derecho de defensa por falta de una fundamentación adecuada y legítima. Además, alegó la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del Decreto 39893-SP que regula las pruebas toxicológicas a los miembros de los cuerpos policiales, adscritos al MSP y solicitó la reinstalación en el cargo [ver imágenes 400-413 del expediente judicial].

Que mediante la resolución número 2020-972-DM dictada por el Despacho del Ministro de Seguridad Pública a las 13:00 horas del 12 de marzo del 2020 se declaró sin lugar el recurso de apelación manteniendo en todos sus extremos la decisión tomada, explicándose que con las pruebas aplicadas a la muestra de orina A y B del señor [Nombre 001], se tuvo por demostrado el resultado positivo por consumo de marihuana y no de otra sustancia como lo alegó, lo que hacía imposible mantener el vínculo laboral, y en cuanto a la inconstitucionalidad alegada, se le indicó que no era esa la vía para reclamar tal situación. La citada resolución se le notificó al sancionado el día 25 de marzo del 2020 en el medio señalado [ver imágenes 414-416 y 418 del expediente judicial].

Que la presente demanda fue presentada por el actor ante los Tribunales de San Ramón el día 24 de febrero del 2021 [consta en el sello de recibido de la oficina de recepción de documentos de dicho despacho judicial].

HECHOS NO PROBADOS. De tal naturaleza, por no existir respaldo probatorio en autos, se tienen por indemostrados los siguientes hechos:

Que las autoridades administrativas hicieran una indebida valoración por generar incertidumbre en los hallazgos en las pruebas toxicológicas realizadas al actor [no se extrae así de los autos].

Que existiera desproporcionalidad en la sanción impuesta [no evidenciado].

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. A modo de síntesis y sin perjuicio de la lectura integral que de la demanda ha realizado este Tribunal, narró el accionante que empezó a laborar para el Ministerio de Seguridad Pública -MSP- el 16 de diciembre del 2012, desempeñándose los últimos dos años en la Delegación Policial de Naranjo, hasta el 25 de febrero del 2020, donde desempeñó como patrullero, protección de la ciudadanía, custodia de materiales, devengando un salario bruto mensual de ¢530.000,00. Relató el actor, que en un control antidopaje interno que se realizó en la Delegación de Naranjo, dio positivo con la sustancia CANIVINOIDES (sic), lo cual valió para que en un proceso disciplinario fuera despedido sin responsabilidad patronal, acusando que existieron muchas inconsistencias y que no se tomó en cuenta además que por una lesión muscular estaba tomando ibuprofeno y acetaminofén, que de acuerdo con estudios científicos si se toma en altas cantidades puede producir lo que en la ciencia se denomina como falsos positivos. Señaló además, que antes de que se le realizara la prueba, indicó a las personas que tomaron las muestras que estaba tomando medicamentos, y posteriormente, aportó documentación de una fisioterapeuta que le estaba tratando el problema muscular. Refirió, que durante el proceso disciplinario existieron contradicciones bastante evidentes, la primera de ellas es que había una marcada diferencia entre lo que marcó la primera muestra y la segunda, de alrededor de 40 mm; luego, que en el informe de la segunda muestra no se indica la cantidad que supuestamente había en la orina, dándose cuenta el actor porque estaba en el momento en que se hizo la prueba. Tal situación, indicó, le generó dudas, ante la diferencia tan amplia y además, porque no se consignó en el informe que le entregaron, como lo había solicitado. En la prueba B la cantidad fue de 108 y en la A de

Prosiguió relatando el actor, que lleva una vida sana, es deportista, no se droga, ni usa sustancias prohibidas, por lo que la determinación de despedirlo se tomó sin darle oportunidad alguna de una salida alternativa, aun con las inconsistencias presentadas y con la prueba aportada. Reprochó, que la medida del despido se tomara sin analizar una posibilidad de realizar estudios para determinar si realmente es adicto, si sufre algún problema o si existe alguna posibilidad de rehabilitación a través de terapia. De haberse implementado un proceso de este tipo, tal como señala la legislación, hubiese quedado claro que no es adicto, que no usa drogas y que la situación con las pruebas es producto del consumo de medicamentos que arrojaron el falso positivo. Añadió, que tal situación no solo le afecta en lo económico, sino también en la parte emocional, ya que le generó problemas con su pareja e hijos. En criterio del actor, la medida tomada en su contra es desproporcionada, sobre todo porque existen elementos que hacen dudar si realmente ingirió drogas, además de que existe una fundamentación científica con estudios que indican que hay posibilidades de que se generen falsos positivos si se ingieren algunos remedios, así como constancias médicas de que él estaba en tratamiento. Ante ello, dijo, debió aplicarse el principio laboral in dubio pro operario, pues al generarse una duda certera, evidentemente debía aplicarse la regla o norma más beneficiosa. Aparte de lo expuesto, señaló que existen vicios en cuanto al debido proceso relacionado con los resultados que se arrojan con las muestras, pues hay una amplia diferencia en la A y la B, y no se indica en el informe final de la cantidad de sustancia que apareció en la muestra B. Esta inconsistencia difiere de lo señalado en el reglamento y evidentemente atenta contra el debido proceso y su derecho de defensa. Aunado a ello, dijo que se le aplicó la máxima sanción a pesar de que se encontraba en tratamiento médico, habiendo demostrado que recibió medicamentos contra una lesión muscular y que durante varios días estuvo expuesto a acetaminofén e ibuprofeno, lo que puede generar falsos positivos. Sobre el tema ahondó diciendo, que en la revista del Colegio de Microbiólogos Químicos, volumen 21 del año 2015, se indica claramente que el consumo de ibuprofeno genera la detección de cannabinoides, relacionada también con el consumo de marihuana. En el caso particular, explicó el actor que habría sufrido una lesión producto de participar en juegos de fútbol con sus compañeros, que fueron testigos de la lesión muscular y de cómo tuvo que abandonar un torneo entre delegaciones, razón por la cual estaba en tratamiento para reducir la inflamación y el dolor. Tal información, indicó, unida a otra que no hace más que corroborar esta tesis, fue aportada al expediente con el fin de que se tengan otros elementos para la valoración del presente caso. Además, debe tomarse en consideración que él señaló, de previo a la realización de la prueba, que estaba en tratamiento, y lo hizo de esa forma porque el protocolo de la prueba genera la consulta. Es decir, no se puede alegar que su determinación de decirlo fue intencional, dado que el mismo protocolo de la prueba así lo solicita. De igual forma, expuso otros hechos que en relación al proceso hacen dudar de la credibilidad de los hallazgos, como el hecho de que en la prueba A se indica con claridad que la cantidad de cannabinoides en la orina era de 78 ng/ml. No obstante, al abrirse la segunda prueba, en su presencia y de su hermano, la cantidad es de 108 ng/ml. Y lo interesante, dijo, es que la cantidad señalada no se consigna en la prueba, únicamente fue visible para las personas que estaban presentes en ese momento, surgiendo entonces la duda del por qué la segunda prueba, la B, no establece la cantidad de cannabinoides que supuestamente estaba en la orina en el informe correspondiente. Tal situación, expuso, consta en el expediente, sea la copia de la prueba en donde no se hace indicación exacta de la cantidad. Por ello, consideró que existe una violación al debido proceso, pues no se cumplió con los parámetros que señala el Reglamento en cuanto a que debe informar al afectado de la cantidad de sustancias que tiene, quedando la duda entonces de cuál era la condición con respecto a la prueba B al no consignarse la cantidad exacta y generando la incertidumbre sobre la valoración razonada. Por consiguiente, en criterio del actor, dada la duda existente debió aplicarse el principio laboral en su favor estableciendo la proporcionalidad de la sanción, pues existen elementos atenuantes como el tratamiento médico que estaba llevando y la documentación de respaldo presentada al efecto, la cual no se tomó en cuenta. Ante ello, solicitó el acogimiento de su demanda en todos sus extremos y la condenatoria al pago de ambas costas para el Estado. En las conclusiones rendidas por escrito, la parte actora enfatizó en la duda razonable por la ingesta de acetaminofén e ibuprofeno que generan falsos positivos, en la diferencia de las dos muestras que generó una violación al debido proceso, en la no consideración del principio in dubio pro operario y en la desproporcionalidad de la sanción, requiriendo que se declare con lugar en todos sus extremos la demanda incoada.

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. Luego de estudiados por parte de este Tribunal la totalidad de alegatos esgrimidos, de manera resumida diremos, que la mandataria estatal en primer lugar invocó la caducidad de la acción, aduciendo que la parte actora pretende la nulidad de su despido ordenado mediante la resolución final N° 056-2020-CP de las 11:30 del 19 de febrero de 2020 y que fuera notificada el 20 de febrero de 2020, en tanto la demanda se presentó hasta el día 24 de febrero del 2021, por lo que en su criterio, el plazo de un año que establece el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo para incoar el proceso, venció el día 21 de febrero del 2021. Respecto al cuadro fáctico expuesto en la demanda, aceptó que el actor ingresó a laborar al Ministerio de Seguridad Pública a partir del 16 de diciembre de 2012 hasta el 25 de febrero de 2020, realizando las funciones propias de la clase de Agente de Policía I, así como que estuvo destacado en la Delegación Policial de Alajuelita y posteriormente en la Delegación Policial de Naranjo. Señaló además, que de conformidad con el oficio MSP-DVA-DGAFDRH-DRC-SREM-2253-03-2021, el salario mensual del actor era de ¢534.987,50. Refirió que el 02 de octubre de 2019, se realizó control antidopaje realizado en la Delegación de Naranjo y que la muestra tomada al actor dio positivo, lo que originó que se instaurara procedimiento disciplinario que concluyó con el despido sin responsabilidad patronal a partir del 25 de febrero de 2020. Por su parte, explicó en relación a los falsos positivos, que fue debidamente desacreditado en el procedimiento administrativo, lo que consta en la fundamentación de las resoluciones números 056-2020 C.P. de las 11:30 del 19 de febrero de 2020 y 2020-972-DM de las 13:00 del 12 de marzo de 2020, añadiendo que la prueba de confirmación utilizada por la administración (la espectrometría de gases acoplada a un detector de masas (GM.MS), es la recomendada precisamente para evitar falsos positivos, lo que inclusive es afirmado en el artículo científico aportado por el actor, pues los análisis de confirmación se realizan para reafirmar que el resultado del análisis original sea verdadero y no causado por un medicamento ni otra sustancia que interfieran en el análisis, tal y como consta en el informe de caso de la muestra código 074633, oficio número MSPDM-DVA-DGAF-DSO-SC-LT-262-2019, que detectó en el caso del actor un resultado positivo por cannabinoides. Por otro lado, relató que del acta de apertura y análisis de la muestra B, firmada por el actor, se indica que la concentración es mayor a 50 ng/ml y que conforme al Reglamento para las pruebas toxicológicas a los miembros de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad, lo determinante no es la cantidad de concentración sino el resultado positivo por cannabinoides. En ese sentido citó que en el artículo 21 se establece que: “Cuando el resultado del análisis de la muestra "A" sea positivo, el médico comunicará el resultado al interesado, quien dentro del término de setenta y dos horas deberá comunicar por el medio que fije el Departamento de Salud Ocupacional si acepta el resultado o no. En caso de que el funcionario manifieste su disconformidad, debe solicitar que se realice el análisis de la muestra "B" en su presencia. En cuanto a la sanción de despido, indicó que corresponde al mérito de los autos de conformidad con el debido proceso llevado al efecto, rechazando, por no constar, que el actor solicitara a sus superiores una valoración alternativa para que se analizara su condición y su salud, para determinar si era adicto, aunque calificó de irrelevante el argumento, por cuanto en su declaración de fecha 16 de diciembre de 2019 indicó: “no soy consumidor de marihuana ni he consumido”. Añadió la mandataria estatal, que en el expediente administrativo quedó debidamente acreditado que el actor resultó positivo en la prueba toxicológica tomada en la Delegación Policial de Naranjo, el día 02 de octubre del 2019; que al analizarse la muestra "A" del código 074633, en fecha 03 de octubre del 2019, resultó positiva por cannabinoides; y que el día 22 de octubre del 2019, al analizar la muestra "B" o contramuestra del mismo código 074633, resultó positiva por cannabinoides, conforme se describe en el informe Muestra Código 074633. Esgrimió, que también consta que el argumento del actor del falso positivo fue analizado y debidamente rechazado por el Órgano Decisor, lo que consta en las resoluciones números 056-2020 C.P. de las 11:30 del 19 de febrero de 2020 y 2020-972-DM de las 13:00 del 12 de marzo de 2020. Dentro de su argumentación jurídica, hizo ver que la parte actora no concreta en qué consisten los vicios que podrían acarrear la nulidad absoluta de dicho proceso, por violación al debido proceso y el derecho de defensa, limitándose a indicar: “todos los elementos se unen para generar una duda razonable, en cuanto a los elementos presentes en el proceso y en cuanto a la forma en que se manejó la apertura de la prueba y la información que debieron otorgar al actor, violentando claramente el Debido Proceso y el Derecho de Defensa”. Acto seguido, transcribió lo que jurisprudencialmente se ha indicado en torno al principio del debido proceso, señalando que la Administración desde el auto de apertura intimó correctamente los hechos y confirió el derecho de defensa al investigado, quien lo ejerció. Defendió también que se hizo una debida valoración de la prueba por cuanto el alegato del actor de que no se tomó en cuenta la probabilidad real de que un medicamento como el ibuprofeno cause falsos positivos por cannabinoides quedó descartado, toda vez que la prueba utilizada por la Administración (la espectrometría de gases acoplada a un detector de masas (GM.MS), es la recomendada precisamente para evitar falsos positivos, lo cual se abordó en la resolución final número 056-2020 C.P. de las 11:30 horas del 19 de febrero del 2020 y en la dictada por el Despacho del Ministro 2020-972 DM de las 13:00 horas del 12 de marzo del 2020. Descartó por ende, el alegato de falta de fundamentación adecuada y legítima de la resolución, pues el Órgano Director, así como el Consejo de Personal al emitir el proyecto de resolución el primero y al dictar el acto final el segundo, analizaron y valoraron de forma objetiva las piezas probatorias que conforman el expediente, empleando para eso, el método de la sana crítica racional, consistente en fundar su resolución, aplicando la lógica, la razón, la experiencia, la ciencia, y el correcto entendimiento humano, y se determinó sin controversia alguna, que producto de las pruebas toxicológicas efectuadas por personeros autorizados del Departamento de Salud Ocupacional de este Ministerio, en las muestras de orina A y B tomadas al señor [Nombre 001] el día 02 de octubre del 2019, se obtuvo como resultado la presencia de cannabinoides, un compuesto producido por el cuerpo humano al metabolizar tetrahidrocanabinol (THC), en concentración de 78 ng/ml, prueba suficiente para acreditar y sancionar la falta intimada, en tanto el accionante indicó haber consumido acetaminofén e ibuprofeno, medicamentos que en todo caso, dijo el Estado, el actor no acreditó que se le hubiesen prescrito. Así las cosas, mencionó que la sanción resultó proporcional, al quedar debidamente acreditado que el actor cometió una falta grave sancionable con el despido al usar drogas prohibidas, lo que hacía insostenible la relación, dada la naturaleza de sus labores y el fin público que garantizan, por lo que el despido debe tenerse por debidamente válido y justificado, tema que también, refirió, fue abordado en la resolución 056-2020 C.P., en la que se indicó que el hecho de que el encausado [Nombre 001], haya dado positivo en la prueba toxicológica que se le realizó por parte del Ministerio, constituye una actuación incompatible con la función policial y una falta grave sancionable con el despido, al usar drogas prohibidas, lo que hacía insostenible la relación laboral, por lo que no nos encontramos en presencia de una sanción desproporcionada susceptible de nulidad. Respecto a la solicitud de reinstalación y pago de salarios caídos por parte del actor, en opinión de la personera estatal deviene absolutamente improcedente, toda vez que el despido que nos ocupa se encuentra conforme a derecho y como tal debe mantenerse, tornando ayuno de todo sustento tal requerimiento, sin poder obviar que la falta grave acreditada mediante el debido proceso hace imposible mantener o establecer un vínculo funcionarial entre el actor y el Estado, ante la total ausencia de la imprescindible confianza que lo debe sustentar. En similar sentido, solicitó el rechazo del daño moral y material pretendidos, pues no existe nexo causal entre el accionar de la Administración y los daños que se reclaman, además de que la parte actora se limitó a solicitar el pago de daños y perjuicios sin aportar el más mínimo elemento probatorio ni indicio, ni siquiera un alegato fundamentado que permita acreditar o suponer la existencia de daños por los cuales deba responder el Estado, por lo que solicitó que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, con el pago de ambas costas a cargo del actor. En las conclusiones formuladas en su momento oportuno, el Órgano Procurador reiteró los argumentos de defensa, indicando que la parte actora no concreta en qué consisten los vicios que podrían acarrear la nulidad absoluta del procedimiento por violación al debido proceso y el derecho de defensa, enfatizando en la debida valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica racional y respaldó la sanción impuesta, solicitando el rechazo de la acción incoada en todos sus extremos con la condenatoria en costas e intereses al actor hasta su efectivo pago.

CASO CONCRETO E IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Tal y como lo ha expuesto la parte demandante y conforme a las pretensiones ratificadas y fijadas en la Audiencia Preliminar de rigor, el presente proceso está dirigido a combatir los actos administrativos dictados en su contra que culminaron con el despido con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, por estimar la parte actora que en el procedimiento disciplinario que se le tramitó existió una indebida valoración de la prueba y violaciones al debido proceso; en virtud de ello solicitó, como pretensiones dependientes del acogimiento de la anterior de carácter anulatorio, la reinstalación en el cargo, junto con el pago de los extremos patrimoniales que en su criterio le corresponden. Para ello, luego de estudiar los argumentos expuestos, puede deducir este Tribunal que son dos los ejes principales del actor para alegar la nulidad, que para un mejor abordaje de cada tema, se analizarán en acápites separados tal y como sigue.

(i) Indebida valoración de la prueba y violación al debido proceso: al respecto acusó el actor, que en la investigación administrativa hubo inconsistencias y contradicciones evidentes en su perjuicio, por cuanto no se tomó en cuenta que por una lesión muscular estaba tomando ibuprofeno y acetaminofén, lo que puede generar lo que se conoce como falsos positivos, y porque además, en las dos pruebas de orina que se le hicieron hubo una diferencia que hace dudar de la credibilidad de los hallazgos. Por ende, consideró violentado su derecho de defensa y el debido proceso, acusando que existió una diferencia en las muestras A y la B, en contra a lo señalado en el Reglamento respectivo.

> Criterio del Tribunal: para empezar nuestro análisis valga recordar, que sobre el debido proceso y todos sus componentes, nuestra Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a lo largo del tiempo, haciendo énfasis de que en sede administrativa, tal derecho está constituido por los principios siguientes: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria. Así, no toda infracción de normas procesales se convierte por sí sola en indefensión y por ende en violación al derecho constitucional al debido proceso [véase a modo de ejemplo y entre otros, los votos números 5469-95 de las 18:03 horas del 04 de octubre de 1995 y 000945-2009 de las 14:11 horas del 23 de enero del 2009]. En el caso concreto, y conforme a lo achacado por la parte demandante, este Tribunal no percibe que las autoridades administrativas limitaran o impidieran el ejercicio del derecho de defensa de la parte actora ni que violentaran el debido proceso; contrario a ello, consta que el otrora funcionario empleó los mecanismos legales ofrecidos por el ordenamiento jurídico, aportando las pruebas que estimó necesarias y haciéndose representar en el procedimiento por un profesional en derecho. Ahora bien, una vez analizado el acervo probatorio al que echó mano la Administración para resolver y que esta Cámara ha examinado detenidamente, no se comparte la posición expuesta por el actor ni los vicios de nulidad argüidos. En primer lugar, y aunque respetable la tesis de defensa en cuanto a los falsos positivos, es lo cierto que consta en el legajo de investigación disciplinaria, el informe del caso de la muestra de orina código 074633, efectuada el 02 de octubre del 2019, donde se detectó un resultado positivo por cannabinoides del actor. Posteriormente, bajo el código de muestra 074633B de la misma data, consta también la realización de una segunda toma de orina con el mismo resultado de positivo. A raíz de ello, y luego de analizadas las muestras por los expertos, fue precisamente que el órgano director nombrado al efecto, procedió a intimar el cargo al otrora funcionario, tal y como consta en el hecho probado número 4) de esta sentencia, por haber resultado positivo en la prueba toxicológica tomada en la Delegación Policial de Naranjo en la fecha supra indicada y se hizo así, al amparo de lo que estipula el Reglamento para las Pruebas Toxicológicas a los Miembros de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad, Decreto Ejecutivo N° 39893 del 13 de junio del 2016. En dicha norma reglamentaria, de interés al caso que nos ocupa, se establece lo siguiente:

“Artículo

Todo funcionario policial o persona que desee ingresar a los cuerpos de policía adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, que sea seleccionado para el examen de control de dopaje o convocado para la aplicación de la prueba, deberá someterse al examen y cooperar con los funcionarios encargados de su realización. La toma de orina es obligatoria en todos los casos”. [el subrayado es agregado]

“Artículo

En los casos de los funcionarios policiales activos, si el resultado del análisis de la muestra "A" resultara negativo las muestras "A" y "B" serán eliminadas por el laboratorio. Cuando el resultado del análisis de la muestra "A" sea positivo, el médico comunicará el resultado al interesado, quien dentro del término de setenta y dos horas deberá comunicar por el medio que fije el Departamento de Salud Ocupacional si acepta el resultado o no. En caso de que el funcionario manifieste su disconformidad, debe solicitar que se realice el análisis de la muestra "B" en su presencia. Si al analizar la muestra "B" esta resulta negativa, todo el análisis se considerará como negativo. Las muestras que resulten positivas serán conservadas por el período de un año contado a partir del momento en que quede firme la resolución final del procedimiento disciplinario abierto al funcionario que resultó positivo en la prueba realizada; este período podrá ser extendido por un plazo definido si es solicitado al laboratorio por escrito por el interesado o por la instancia competente. Transcurrido ese plazo las muestras podrán ser eliminadas por el laboratorio”. [los subrayados son suplidos]

“Artículo

Cuando la prueba resulte positiva en el caso de los funcionarios activos, el médico analizará la situación y podrá preparar un informe pormenorizado, el cual será remitido por el Departamento de Salud Ocupacional al Departamento Disciplinario Legal a efecto de que se instaure el procedimiento disciplinario correspondiente, de conformidad con la normativa vigente y bajo los parámetros del debido proceso. Sin embargo, el médico podrá decidir otras alternativas que no sean contrarias a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica en la materia que se reglamenta; dicha decisión tendrá que ser razonada y consignada en el libro de actas respectivo”. [énfasis agregado]

“Artículo

Serán consideradas como sustancias prohibidas para los efectos del presente reglamento la cocaína y sus derivados, cannabinoides, opiáceos, alcohol y anfetaminas metanfetaminas, LSD, PCP y cualquier otra droga de uso prohibido que se requiera controlar”. [se añade el subrayado]

Así las cosas, al amparo de lo que establece la norma reglamentaria y los hallazgos encontrados en la investigación disciplinaria, este Tribunal llega al mismo convencimiento que la Administración, y es que estudiado a fondo el caso del actor, se tuvo por demostrado el consumo de sustancias tóxicas prohibidas en el ordenamiento al que estaba sometido. Y aquí ha de decir esta Integración, que se comparte lo señalado por el Estado en el sentido de que lo determinante no es la cantidad de concentración sino el resultado positivo obtenido en la muestra, tal y como se tuvo por comprobado en el caso del señor [Nombre 001], quien en las pruebas toxicológicas salió con cannabinoides. Tal situación fue debidamente evidenciada en la resolución número 171-IP-2020-DDL de las 08:30 horas del 18 de febrero del 2020, mediante la cual el Departamento Disciplinario Legal, Inspección Policial, realizó la recomendación de despido, al señalar: “(…) Una vez analizadas y valoradas de forma objetiva las piezas probatorias que conforman el presente expediente, no hay controversia alguna en que producto de las pruebas toxicológicas efectuadas por personeros autorizados del Departamento de Salud Ocupacional de este Ministerio, en las muestras de orina (A y B) tomadas del servidor [Nombre 001] el día 02 de octubre del 2019, se obtuvo como resultado la presencia de canabinoides (sic), un compuesto producido por el cuerpo humano al metabolizar tetrahidrocanabinol (THC), en una concentración de 78 ng/mL. Arribamos a esta conclusión, de la simple lectura de la prueba documental que rola de folios 3 al 7 y que consiste en copias certificadas de los siguientes documentos: "Registro de Toma de Muestra para Toxicología Laboral" código MSP-LT-R-044 del 02 de octubre del 2019, Muestra 074633 (folio 3), "Informe de Ensayo", código muestra MSP-LT-R-008, del 07 de octubre del 2019, Muestra Código 074633, a nombre de [Nombre 001], [Nombre 005] (folio 4), "Informe de Ensayo", código MSP-LT-R-008 del 22 de octubre del 2019, muestra 074633B, a nombre de [Nombre 001], [Nombre 005] (folio 5) y "Acta de Apertura y Análisis de la Muestra B" del 22 de octubre del 2019, suscrita por el Dr. [Nombre 003], [Nombre 004], el señor [Nombre 001] y el testigo [Nombre 002] [Nombre 001] (folio 6), todo ello, referido también a través del Informe de caso — Muestra código 074633, descrito en el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DSO-SC-LT-262-2019 del 25 de octubre del 2019, suscrito por el Dr. [Nombre 003], Encargado del Laboratorio de Toxicología del Ministerio de Seguridad Pública, visible a folio 2 y sobre el cual pondremos mayor énfasis más adelante (…). Ahora bien, la defensa del encausado ha pretendido soslayar la responsabilidad de su representado, señalando que el resultado de las pruebas de laboratorio que se efectuaron, son falsos positivos por el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) tales como el ibuprofeno. Para respaldar su versión, la parte aportó el comprobante de dictamen médico código 2,947,673, suscrito por la doctora Rebeca Muñoz Paniagua y emitido el 26 de noviembre del 2019 (ver folio 39); es decir, 2 días después de que al encausado [Nombre 001] se le notificó el auto de inicio del presente procedimiento (ver acta de notificación a folio 25), el cual concluye en que se está en presencia de un caso donde las muestras de orina se contaminaron, sin hacer mayor profundización ni mención de los métodos utilizados para arribar a dicho resultado, pese a que el representante legal del encausado hace alusión a un protocolo para la recolección de la muestra que desconocemos cuál fue pero que en caso de efectuarse correctamente, no reviste de ninguna relevancia pues se efectuó un mes y 26 días después de las muestras de orina que fueron recolectadas el 02 de octubre del 2019, con el resultado adverso que ya conocemos. Adicionalmente la parte aportó dos artículos bajados de internet, titulados "Falsos positivos en pruebas de detección de droga de abuso en orina asociados a consumo de medicamentos" (…). Sin embargo, el abogado de la parte pone mayor atención en el primer artículo y durante sus conclusiones, desea que se destaquen algunas de las consideraciones de ese artículo, sin analizarlo de forma objetiva y omite relacionado con la prueba científica aportada en autos al momento de la intimación de cargos hecha al encausado. Queda claro entonces, que la posibilidad de obtener falsos positivos en las pruebas de inmunoensayos para la detección de drogas de abuso en orina, son científicamente posibles siempre y cuando no sean aplicados otras pruebas confirmatorias y de mayor rigurosidad, como el GM-MS, para descartar con ello que el resultado analítico sea otro distinto al detectado. Conforme a la misma prueba, se extrae a folio 45 y 53, que para disminuir la posibilidad de incurrir en conclusiones erróneas, como la que pretende demostrar la parte, los resultados positivos observados en un inmunoensayo deben ser confirmados haciendo uso de una prueba más precisa como la espectrometría de gases acoplada a un detector de masas (GM-MS), método que efectivamente sí fue utilizado por parte del Laboratorio de Toxicología, cuando se analizó en una primera instancia la Muestra A, código 074633, perteneciente al señor [Nombre 001] y conforme a la cual se obtuvo un resultado positivo por canabinoides (sic). Al respecto, véase nuevamente el Informe de caso - Muestra código 074633, del 25 de octubre del 2019, suscrito por el Dr. [Nombre 003], encargado del Laboratorio de Toxicología de este Ministerio, que literalmente señala lo siguiente: "(…) Las pruebas de validez inicial indicaron que la muestra de orina es apta para los análisis toxicológicos. Para corroborar el resultado, se le realizó el análisis toxicológico una segunda vez a la muestra A código 074633 utilizando un cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas (GM/MS) 6890 / 5975C de Agilent Technologies, dicho análisis confirmó la presencia en la muestra de 11-nor-9-COOH-D9-THC, un compuesto producido por el cuerpo humano al metabolizar tetrahidrocanabinol (THC), en una concentración de 78 ng/mL (…)" (folio 2 vuelto, el destacado es nuestro), lo anterior, tomando en cuenta la información que el encausado había suministrado al momento de tomarse las muestras de orina y donde indicó justamente la ingesta de medicamentos (acetaminofén e ibuprofeno) en las últimas 72 horas a la fecha de la toma de esas muestras, descartándose categóricamente cualquier interferencia de estos medicamentos con las pruebas de detección de canabinoides (sic) en orina utilizados en laboratorio, según dicho informe y en apego al Reglamento para las pruebas toxicológicas a los miembros de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, según decreto N° 39893-SP del 13 de junio del 2016, razón suficiente para tener por descartada la versión rendida por el encausado [Nombre 001] y la tesis que la defensa pretende acreditar para lograr la exoneración de responsabilidad de dicho servidor (…). Con base a ello, considera el Órgano Director, que la falta atribuida al encausado [Nombre 001], se encuentra (como ya se expuso), debidamente acreditada y constituye una falta sumamente grave, de entidad notable y suficiente capaz de generar por sí sola, el serio acto potestativo de desvinculación unilateral de la Institución, esto es, el despido por causa justificada del servidor [Nombre 001] (…)”. [la letra cursiva, mayúscula y en negrita está en la resolución; lo subrayado es suplido]. Así las cosas, y contrario a la tesis que defiende la representación actora, el acto de recomendación emitido por el órgano director, según lo reseñado en el hecho probado número 10) de este fallo judicial, sí analizó el supuesto de los falsos positivos y los medicamentos que dijo el actor estar ingiriendo. En dicho acto administrativo se analizó en forma motivada el tema, tal y como lo ilustramos en las líneas precedentes, sirviendo de sustento y fundamento para el acuerdo que tomó el Consejo de Personal del MSP donde se adoptó la resolución número 056-2020 C.P. de las 11:30 horas del 19 de febrero del 2020, así como del oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-173-2020 del 20 de febrero del 2020, mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos del MSP procedió a emitir la carta de despido del otrora servidor. Asimismo, la circunstancia sobre el consumo de acetaminofén y de ibuprofeno fue debidamente considerada por la Administración, realizando de manera razonada, al amparo de la normativa referenciada supra, el análisis de las dos pruebas de orina que se le hicieron a don [Nombre 005], que aunque ciertamente hubo alguna diferencia entre una y otra, esto no implica contradicciones evidentes en su perjuicio ni conlleva a una falta de credibilidad de las muestras como lo dijo el actor, sino que lo que hacen es más bien reafirmar que en ambas el resultado fue positivo. Recuérdese además que en nuestro medio jurídico, conforme a la máxima francesa “pas de nullité sans grief”, no hay nulidad por la misma, y solo si el resultado de la investigación hubiese podido cambiar ameritaría la nulidad de lo actuado, situación que es conocida también como principio de trascendencia regulado en el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento.

Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”. Por consiguiente, los reproches de nulidad aquí examinados se rechazan por improcedentes.

(ii) Desproporcionalidad de la sanción y arbitrariedad: acerca de la medida disciplinaria impuesta, es criterio del demandante que resulta desproporcionada, pues al generarse una duda certera sobre si realmente ingirió drogas, debía aplicarse en su favor la regla o norma más beneficiosa conforme al principio laboral in dubio pro operario.

> Criterio del Tribunal: en virtud del reproche realizado por el demandante, hay que recordar que la proporcionalidad y la razonabilidad son principios que tienen como fin evitar la arbitrariedad en las decisiones administrativas, para establecer si la medida que se adopta es o no la más adecuada para perseguir un determinado fin. En lo que aquí se debate, interesa señalar que en el juicio de proporcionalidad se mide la intensidad de la actuación estatal para establecer hasta qué punto resulta admisible su intervención, de modo que no transgreda los derechos de los administrados, o investigados, como en este caso. La jurisprudencia constitucional ha señalado que los componentes básicos de la proporcionalidad son la legitimidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Sobre el tema, de manera copiosa se ha pronunciado nuestra Sala Constitucional, explicando por ejemplo en el voto número 3933-98 de las 09:50 horas del 12 de junio de 1998 que “(…) La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado, no debe estar al menos legalmente prohibido. La idoneidad indica que la medida estatal cuestionada debe ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido. La necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona. La proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, es decir, no le sea "inexigible" al individuo. (…)”. En el caso concreto, el actor aduce que la sanción impuesta es desproporcionada y que ante la duda de las muestras no procedía su despido. Ante ello, lo primero que debe resaltarse, es la naturaleza especialísima del servicio policial y la esencia de la relación funcionarial en este ámbito, que exigía del señor [Nombre 001] una conducta intachable, no sujeta siquiera a duda alguna, ni en su labor como servidor público ni en su ámbito privado. Por ello, resulta crucial entender que los miembros de los cuerpos policiales no son funcionarios públicos ordinarios; son depositarios de autoridad pública, encargados de mantener el orden público, prevenir y reprimir el delito, salvaguardar vidas, que en el ejercicio de sus funciones, portan y eventualmente, utilizan armas de fuego, por lo que se requiere de ellos un alto grado de responsabilidad, profesionalismo, compromiso, eficiencia y eficacia, toda vez que la sociedad deposita en ellos la seguridad ciudadana y de los bienes de la nación. Esta delicada y fundamental función pública reposa, de manera ineludible, en la confianza que el Estado -como patrono y garante del interés público- y la ciudadanía deben tener en quienes la desempeñan. La relación funcionarial, especialmente en el ámbito policial, se basa en elementos esenciales como la buena fe, la lealtad, la probidad y la confianza. El ordenamiento jurídico costarricense reconoce esta especialidad y establece regulaciones específicas para los cuerpos policiales, como lo es por excelencia la Ley General de Policía N° 7410 y el propio Reglamento para las Pruebas Toxicológicas a los Miembros de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad -Decreto Ejecutivo N° 39893- aplicado en el caso concreto. Dicha norma reglamentaria, tal y como lo vimos en el apartado que precede, regula la realización de pruebas toxicológicas aleatorias a los funcionarios policiales con el fin de descartar el uso de drogas o alcohol, incluyendo explícitamente al cannabinoides dentro de la lista de sustancias prohibidas para estos miembros, por lo que, un resultado positivo en dicha prueba constituye, per se, una transgresión a una disposición reglamentaria expresa. Abónese que, aunque la posesión de drogas para uso personal inmediato no sea un delito para la ciudadanía en general en Costa Rica, existe una prohibición expresa para los oficiales de policía bajo su normativa específica, toda vez que la Ley General de Policía les impone la obligación de cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Por consiguiente, la prueba científica que diagnostica la presencia de drogas en el organismo de un oficial constituye, por sí misma, una falta grave que amerita el despido sin responsabilidad patronal. Ante este escenario, la consecuente pérdida de confianza en el funcionario no es un mero capricho patronal, sino la constatación de que su conducta ha quebrantado los elementos esenciales que sostienen la relación laboral. Al amparo de lo expuesto, esta Cámara concuerda con la Administración demandada en cuanto que la gravedad de la falta incurrida es concordante con la sanción impuesta; y que el despido se presenta en este caso como una medida adecuada y proporcional ajustada a derecho y al mérito de los autos, precisamente por la naturaleza distinta y en extremo delicada de las funciones policiales en comparación con otros empleados públicos ordinarios. Corolario de lo indicado, teniéndose por acreditado que el señor [Nombre 001] dio positivo en las pruebas toxicológicas por cannabinoides, que se le instauró y tramitó un procedimiento disciplinario que respetó las garantías del funcionario, otorgándole posibilidad de defensa y ofrecimiento de prueba, la sanción impuesta en su contra resulta razonable, sin que sea factible aplicar en su favor el principio in dubio pro operario dada la inidoneidad del actor para ejercer el cargo encomendado y la pérdida de confianza de la Administración. Por ende, el despido con justa causa y sin responsabilidad patronal era el resultado lógico a su accionar, constituyendo una medida legítima, idónea y proporcionada que podía aplicar el ente ministerial, con lo que se descarta el alegato. Consecuentemente con todo lo expuesto, no resulta de recibo ninguno de los reclamos esbozados en esta demanda, pues no percibe este Tribunal los vicios de nulidad alegados por la parte actora en ninguna de las resoluciones impugnadas, las cuales resultan conformes con el ordenamiento jurídico. Siendo así, tampoco las pretensiones de carácter accesorio como lo son la reinstalación en el cargo y los pedimentos de carácter patrimonial resultan procedentes, pues bajo el conocido principio “accessorium sequitur principale”, sea que lo accesorio sigue a lo principal, al no detectarse ninguna nulidad en lo actuado y resuelto, las pretensiones dependientes de esta quedan sin sustento jurídico, lo que conlleva al rechazo de la demanda en todos sus extremos, como en efecto se dispone.

EXCEPCIONES INTERPUESTAS. Dentro de este proceso la representación del Estado ha interpuesto las excepciones de caducidad y falta de derecho, al considerar en primer lugar, que la acción incoada se presentó fuera del plazo establecido en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y en segundo lugar, por cuanto las actuaciones impugnadas encuentran sustento en el ordenamiento jurídico. En relación con la caducidad alegada, basta decir que conforme a lo que dispone el artículo 39 inciso 1) subinciso a) del Código de rito, el plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará a partir del día siguiente al de la notificación del acto impugnado. En este caso, conforme a los hechos tenidos por demostrados, se desprende con total claridad que el señor [Nombre 001] presentó recurso de apelación contra el acto de despido ordenado por el Consejo de Personal del MSP, identificado como resolución número 056-2020 C.P. de las 11:30 horas del 19 de febrero del 2020 y en virtud de ello, fue necesario conocer la impugnación incoada, la cual fue rechazada mediante la resolución número 2020-972-DM dictada por el Despacho del Ministro de Seguridad Pública a las 13:00 horas del 12 de marzo del 2020, donde se declaró sin lugar el recurso de apelación manteniendo en todos sus extremos la decisión tomada en cuanto al despido sin responsabilidad patronal, siéndole notificada al sancionado el día 25 de marzo del 2020 en el medio señalado. Constituyendo este el acto definitivo, a partir del día siguiente empezaría a computarse el plazo de un año establecido en la norma referenciada y teniéndose por acreditado que la demanda se presentó en estados judiciales el día 24 de febrero del 2021, sin mayor análisis se deduce que la acción fue formulada en tiempo, por lo que la caducidad aludida se rechaza por improcedente. Ahora bien, en lo que toca a la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado, según lo explicado en el considerando que antecede, la misma se acoge en este acto, al no resultar de recibo lo peticionado por la parte actora.

COSTAS A CARGO DE LA PARTE VENCIDA. Siendo que el ordinal 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone como regla la condena al vencido y no encontrándose en esta causa motivo alguno para variar la premisa, las costas procesales y personales se imponen a la parte actora perdidosa, junto con los intereses que estas generen hasta su efectiva cancelación, lo que habrá de ser dilucidado en vía de ejecución.