Resolución 00029-2022

En fecha 11 de setiembre de 2019, el actor interpone proceso de conocimiento en contra del Estado y CONAVI, formulando las siguientes pretensiones: "• Solicito que se declare la responsabilidad de la administración por la omisión imprudente que devino en el accidente que sufrí con mi padre. • Que se condene a la administración a indemnizarme con el pago de ¢50,000,000.00 (cincuenta millones de colones) por concepto del daño moral subjetivo ocasionado. • Que se condene a la administración a indemnizarme con el pago de daño material provocado por los daños a mi vehículo por la suma de ¢2,080,000.00 (dos millones ochenta mil colones). • Que se condene a la administración a pagarme el monto de ¢500,000.00 (quinientos mil colones), para rescatar mi vehículo de la zanja en la que cayó. • También al pago de ¢500,000.00 (quinientos mil colones) por gastos de transporte en los he tenido que incurrir al no poder viajar a mi trabajo y de vuelta a mi casa en mi carro, siendo que laboro en San Antonio de Belén. • Que se condene al pago de los intereses legales corrientes hasta el momento del efectivo pago de la obligación dineraria, a la indexación del monto concedido en sentencia, así como al pago de ambas costas de esta acción". (Ver demanda en imágenes 2 a 12 y minuta en imágenes 376 a 381 del expediente digital judicial).-

Otorgado el traslado de ley, el Estado se opone a la acción, solicitando el rechazo de la demanda y la condena en costas e intereses a cargo de la parte accionante. Aunado a lo anterior, interpone la defensa de falta de derecho. (Ver imágenes 164 a 181 del expediente digital judicial).-

Otorgado el traslado de ley, el CONAVI se opone a la acción, solicitando se declare sin lugar el proceso. Asimismo, interpone la excepción de fondo de falta de derecho. (Ver imágenes 78 a 92 del expediente digital judicial).-

La audiencia preliminar fue celebrada el día 25 de noviembre de 2020, con la presencia de los representantes de todas las partes. (Ver audiencia preliminar y minuta en imágenes 376 a 381 del expediente digital judicial).-

El juicio oral y público, fue celebrado el día 03 de marzo de 2022, con la participación de todas las partes. En dicha audiencia se recibe la prueba testimonial admitida en la audiencia preliminar y se rinde un alegato de apertura y conclusiones para disminuir tiempo en sala. (Registro de la audiencia en expediente digital judicial).-

Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.-

Redacta la Juez Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de los juzgadores Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez.-

DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente:

En fecha 10 de febrero de 2017, el señor Alan Rois Mata, adquiere un vehículo marca Hyundai, estilo Accent GL, color gris, año 2014, placas número BFF542. (Ver imágenes 16 y 17 del expediente digital judicial);

El señor Alan Rois Mata contaba con un permiso de conducción con vencimiento al día 04 de julio de 2019. (Ver imagen 42 del expediente digital judicial);

En la ruta nacional número 39, se desarrollaba el día del accidente del actor, el ramal correspondiente a la Rotonda de las Garantías Sociales, de la Contratación Directa No. 215CD-000104-BCIE, "Construcción y Supervisión de tres pasos a desnivel en la Ruta Nacional No.39 Carretera de Circunvalación, en la Rotonda de las Garantías Sociales, Facultad de Derecho UCR-Rotonda de la Bandera e Intersección Guadalupe y fortalecimiento de las Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial". (Hecho no controvertido);

Por oficio DVT-DGIT-ED-2541 del 25 de octubre de 2018, la División de Transportes, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de Departamento de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aprueba el Plan de Manejo de tránsito para el proyecto intercambio a Desnivel Garantías Sociales, Licitación Internacional ITP-CRPC-96800-2016-003, con las siguientes condiciones: "- Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, SIECA (2014), tanto en horarios diurno como nocturno. - Cumplir con el Decreto Ejecutivo 38799-MOPT "Reglamento de dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito para la ejecución de trabajos en las vías. - Una vez finalizada cada etapa de trabajos se debe limpiar y habilitar la zona utilizada. -Los dispositivos deberán mantener las 24 horas durante toda la ejecución de los trabajos. - Solicitar el correspondiente permiso de cierre de vías ante esta Dependencia de acuerdo con el cronograma establecido. Lo anterior según el artículo 131 de la Ley 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial. - Durante todas las etapas de la construcción se debe mantener habilitado el paso a todos los accesos privados afectados por el dispositivo de control de tránsito. - Se debe informar a los usuarios de la vía de forma oportuna y diligente sobre las rutas alternas.". (Ver imágenes 113 a 161 del expediente digital judicial);

Por medio de un Comunicado de Prensa de fecha 29 de marzo de 2019, la Dirección de Relaciones Públicas del MOPT, informa, que se cerraría el acceso a Circunvalación en inmediaciones de Garantías Sociales, para construir un muro de contención, en la calle 47 hacia Casa Presidencial y que la suspensión sería por un mes y medio, desde el 22 de mayo y hasta el 30 de junio ambos de 2019. Dicho anuncio fue repetido por diferentes medios informativos, como Columbia, Repretel, Extra, Crhoy.com y otros en el mes de mayo de 2019. (Ver imágenes 95 a 104 del expediente digital judicial y cd con video de noticia en Repretel);

Mediante oficio DVT-DGIT-ED-2019-1578 de fecha 21 de mayo de 2019, la División de Transportes, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de Departamento de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, autoriza realizar el cierre total de la vía de la ruta 47, para lo cual se cerraría el acceso sobre la Ruta Nacional No. 39 de Almacenes El Rey y desviar a las personas al acceso de Cemaco, esto del 22 de mayo al 30 de junio de 2019. (Ver imagen 111 del expediente digital judicial);

El día 08 de junio de 2019, en horas de la noche, conduciendo el señor Alan Rois Mata y encontrándose acompañado de su padre Iván Rois Murillo, sufren un accidente de tránsito con el vehículo placas BFF542, en la zona del antiguo acceso a Zapote en el sentido Zapote-San Pedro, puesto que el mismo se vuelca al caer en una zanja abierta para la construcción de un muro de contención y tiene múltiples daños. (Ver imágenes 19 a 35 del expediente digital);

En la boleta de citación número 2-2019-317001539 del 08 de junio de 2019, 21 horas (minutos ilegibles), se describe que el lugar de los hechos fue San José - San José - Zapote 50 metros sur de puente Casa Presidencial sobre ruta 39 sentido Zapote San Pedro, vehículo BFF542, la descripción es accidente de tránsito y en observaciones se indica: Vuelco sobre calzada con daños totales, solo daños materiales (conductor con permiso vigente vence 04-07-2019 con acompañante CI103720948 Iván Rois Murillo vencimiento 10-03-2023. (Ver imágenes 48 a 50 del expediente digital judicial);

En el Expediente número 19-006003-0489-TR del Juzgado de Transito el I Circuito Judicial de San José, se consigna en la declaración del señor Alan Rois Mata, lo siguiente: "(...) a eso de las diecinueve horas cincuenta minutos aproximadamente del ocho de junio del año dos mil diecinueve, yo conducía el vehículo placas BFF542, de mi propiedad. Esto ocurrió en el (sic) San José, en Zapote, 50 sur del puente de Casa Presidencial, circulaba en el sentido Zapote hacia San Pedro, sobre el carril derecho el cual no tenía señalización de que estaba haciendo unos trabajos, estaba lloviendo mucho, no tenía visibilidad, había una zanja y se me incrustaron las llantas derechas delantera y luego las trasera (sic) de mi vehículo en dicha zanja y me volqué, quedando el vehículo encima del parabrisas y el capó y quedamos mi acompañante y yo boca a bajo (sic) y salimos por el lado derecho del vehículo, pero no resultamos heridos. En cuanto al croquis confeccionado por el Inspector de Tránsito indico que el mismo no se encuentra en el momento de rendir mi declaración, el vehículo que yo conducía si posee póliza de seguros. Fue únicamente un vehículo involucrado y no hubo heridos". Dicho proceso fue archivado. (Ver imágenes 308 a 311 y 322 a 325 del expediente digital judicial);

En fotografía aportada por la parte actora, se observa el lugar del accidente, delimitado con conos anaranjados y blancos del lado izquierdo, sentido Zapote a San Pedro, y su posición coincide con los diseños del Plan de Manejo de Tránsito para el proyecto intercambio a Desnivel Garantías Sociales. (Ver imágenes 24, 153, 154, 155 y 316 del expediente digital judicial);

En fotografías aportadas por la parte actora, se observa en el lugar del accidente, en el costado derecho, bloques de cemento utilizados para la construcción del muro de retención, el cual está parcialmente construido. (Ver imágenes 25 a 28 del expediente digital judicial);

Los trabajadores de Meco, Ignacio Aguilar Granados y Marco Salamanca Flores, realizan un informe del accidente del 08 de junio de 2019, señalando en lo de interés: "(...) Descripción del accidente (sic) El día 08 de junio de 2019 se presenta accidente de vehículo que se desplazaba en el sentido zapote(sic)-San Pedro, con ruta a ingresar a la antigua rampa de acceso a casa (sic) presidencial (sic), misma que estaba inhabilitada por los trabajos de ejecución del muro de contención en dicho sector. El vehículo de hecho ingresa a una zona posterior donde se ubicaba antiguamente la entrada dicha rampa, y se desplaza a zona de excavación, donde se vuelca sufriendo daños materiales. Cabe aclarar que se contaba con aviso de los trabajos en la zona por parte del MOPT, señalización preventiva indicando RAMPA CERRADA Y CALLE CERRADA ADELANTE misma que se ubica el día siguiente con daños, cabe destacar que al momento del accidente se presenta lluvia en el sector. Según indica la colaboradora Keylin Muñoz Rojas, la cual era la banderillera en sitio, ella se encargó de dejar el cierre con conos y señales en la zona de trabajo, tal cual se le había indicado por parte del supervisor inmediato, y en cumplimiento con el Plan de Manejo de Transito (PMT). Después del evento se mantienen las señales de prevención y dispositivos tal cual se estipulo en el Plan de Manejo de Tránsito, sin que se presentará ningún otro evento.(...)". Aportan fotografías de la zona, daños del vehículo y la señalización como fue encontrada en el sitio. (Negrita y subrayado son nuestros). (Ver imágenes 106 a 109 del expediente digital judicial);

En el juicio oral y público se recibió la declaración del señor Alan Rois Mata, quien indicó: Ante preguntas de su representante: Que el día 08 de junio de 2019, al salir de su trabajo, que estaba ubicado en el Centro Corporativo El Cafetal, sale a las 7 de la noche y su papá lo estaba esperando, él posee permiso para conducir y su papá lo acompañaba al trabajo, manejando él con el permiso, lo dejaba y se llevaba su papá el vehículo y después regresaba a las 7 de la noche que lo recogía y de nuevo, él era el que manejaba de regreso y su papá de acompañante. Indica que ese día estaba lloviendo muy fuerte. Que él salió del carril para subir por la rampa, por la cuesta para subir a Zapote, que él sintió que se le estaba yendo de lado el vehículo del lado derecho y cayeron de ese lado en la zanja, después volcó totalmente. Señala que iban con cinturón y que él le ayudó a su papá a salir y el papá después le ayudó a él. Ambos salieron del vehículo. Indica que, en ese momento, él estaba enojado, triste, llorando y en shock. Agrega que volvió a ver y había unos toldos de plástico. Que él se puso a grabar con su celular y que no había nada alrededor y estaba oscuro. Que llamó al 911 y al seguro, y a la casa para avisar que estaban bien Que hubo vehículos que frenaron cuando los vieron iban por el mismo rumbo y que lamentablemente él fue el

Manifiesta que el seguro no cubrió la grúa porque estaba volcado y en una zanja. Añade que eso fue traumante, su primer y único accidente de tránsito. Que su papá casi pierde la vida. Que a raíz de eso dejó de manejar un tiempo y ya no tiene confianza y se siente deprimido. Que piensa que si a raíz de ese accidente algo le hubiera pasado a su papá. Menciona que ahora cuando se monta en el vehículo piensa que algo va a ocurrir, eso no se le quita de la mente. Que una de las varillas de la zanja penetró el carro, pero por dicha no lesionó a nadie. Agrega que a raíz de eso no ha podido sacar la licencia de conducir. Señala que el seguro arregló el vehículo. Ante preguntas del Estado indicó: ¿Cuánto tiempo antes del accidente tenía el papá de pasar por él? E indica que como un mes y medio antes. ¿Por qué tomaron la circunvalación? Y señala que ese día había menos tránsito. Se le consulta si ha ganado las pruebas teóricas y prácticas y responde que la teórica si, la practica no. Ante preguntas de la representante de CONAVI responde: Que el papá se llevaba el carro en las mañanas. (Que él manejaba la ida y el regreso). Se le consulta cuál era su ruta normal e indica que era la de San José - Zapote por encima del puente se iba rumbo a San José, pasando por la Corte y tomaba ruta a Heredia. Ese día del accidente tomaron la Circunvalación en forma excepcional. (Audio de grabación de juicio en expediente digital judicial).-

SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De interés es mencionar, que no se acreditaron por las partes los siguientes hechos de interés:

Que el CONAVI-MOPT, no fuera diligente anunciando en diferentes medios de comunicación, el cierre del antiguo acceso a Zapote por el carril a un costado de Cemaco y El Rey. (Los autos).

Que la empresa Meco no señalizara adecuadamente la zona de trabajos el día del accidente.

Que CONAVI no supervisara adecuadamente las obras constructivas en la Contratación Directa No. 215CD-000104-BCIE. (Los autos).

Que el actor fuera diligente en su manejo la noche del día 08 de junio de 2019. (Los autos).

La fecha exacta de las fotografías visibles a imágenes 36 a 39 del expediente digital judicial. (Los autos).

Que se observe en videos aportados, a otros vehículos ingresar a la zona del accidente el día del mismo, como narra la persona que lo graba, ni que se demuestre que no existía la debida señalización. (Los autos).-

SOBRE EL ARGUMENTO DEL ACTOR: En su escrito de demanda, el representante del actor, menciona: "(...) Sobre la responsabilidad de la Administración (sic) Me apersono este proceso con el fin de que la Administración responda por los daños que me fueron ocasionados producto de la omisión en la que el Estado incurrió, esto encuentra asidero inicialmente en lo estipulado en nuestro artículo 41 Constitucional que indica que todas las personas deben encontrar un resarcimiento ante una actividad dañosa, como la que nos ocupa: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes." (sic) Por su parte, la Ley de Administración Pública indica de forma explícita y clara que el Estado debe responder ante los daños que cause, así lo reza el artículo 190: "1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legitimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un

Al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a la responsabilidad solidaria entre Estado y del Consejo Nacional de Vialidad mediante Resolución N°001039-F-S1-2013 de las 08:35 horas del 14 de agosto del 2013 en los siguientes términos: "(...) cuando el proceso se instaure contra una conducta de un órgano administrativo al cual le ha sido otorgado personalidad jurídica instrumental, también se debe considerar como parte demandada a este, junto con el Estado o al ente al cual se encuentre adscrito, según corresponda (...) En este asunto, el propio Estado a través de su órgano CONAVI, colocó en una situación de inminente riesgo de muerte a los pasajeros del vehículo accidentado, un riesgo que si bien se vio materializado con la conducta imprudente del conductor (...) también lo fue por la omisión de construir barreras se seguridad a un costado de la vía. (...)". En esta misma resolución, los magistrados de Sala Primera hacen referencia al precepto 24 de la Ley 7798, Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) que indica: "Toda obra pública financiada por el Consejo Nacional de Vialidad se realizará con fundamento en un sistema de administración de construcción y mantenimiento de carreteras y caminos (...) se deberá considerar e incorporar el componente de seguridad vial antes de su ejecución (...) Como parte de la seguridad vial deberán incorporarse prevenciones para el paso seguro de peatones, incluidos aquellos a nivel y desnivel... y la adecuada visibilidad de las vías, incluida la eliminación de obstáculos en ellas y en el derecho de vía de estas (...) Para salvaguardar la seguridad vial deberá tomarse en consideración el entorno urbano que atraviesen las vías (...) así como todos los otros elementos, las especificaciones técnicas, las normas y los procedimientos que garanticen la mejor seguridad vial de los peatones y conductores..." (sic) Esa misma Cámara, mediante Resolución N° 000074-F-2007 de las 10:15 horas del día 02 de febrero del año 2007, se ha pronunciado sobre la responsabilidad de la Administración en actuación omisiva: "(...) no basta la producción de un daño para que surja el deber de indemnizar, se requiere además que ese efecto haya sido generado por una conducta positiva u omisiva del Estado. Mas simple, para imputar a la Administración la responsabilidad se requiere de un daño, una actividad o inactividad administrativa y un nexo causal entre ambos. Demostrado ese ligamen relacional, surge de inmediato el deber de reparación integral que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política (...) Es imperioso establecer cuáles de manera directa o indirecta han sido causa adecuada y eficiente del mal originado (...) el hecho determinante no es otro que la falta grave de la Administración por el descuido en la atención y mantenimiento de la estructura y por ello, el demandado debe responder de manera plena y total por las consecuencias de sus omisiones. D. Materialización del daño (sic) En cuanto al daño material este consiste en la pérdida patrimonial que se deriva del actuar omiso de los demandados, consiente en la falta de implementación de mecanismos de seguridad y aviso del peligro que existía al subir la rampa de salida rumbo a Zapote y que provocaron el grave accidente que sufrí, los estimo en la suma de: ? Daños a mi vehículo por la suma de ¢2,080,000.00 (dos millones ochenta mil colones). ? ¢500,000.00 (quinientos mil colones), para rescatar mi vehículo de la zanja en la que cayó. ? También al pago de $500,000.00 (quinientos mil colones) por gastos de transporte en los he tenido que incurrir al no poder viajar a mi trabajo y de vuelta a mi casa en mi carro, siendo que laboro en San Antonio de Belén. También solicito que se condene al pago del daño moral ocasionado por la suma de ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones) ya que llevó dos meses tratando de reparar mi vehículo lo que me ha provocado tortuosos procesos judiciales en tránsito y ahora ante este tribunal lo que me ha ocasionado consecuencias en mi vida social, familiar, profesional y emocional, ya que producto de la angustia que he tenido que pasar durante los últimos dos años y tres meses me ha producido problemas como antipatía, desanimo, cansancio excesivo, olvido de situaciones cotidianas, trastornos en la concentración y en el sueño, como insomnio, baja tolerancia y un gran sufrimiento, por lo que tengo derecho a reclamar en esta sede dicha indemnización conforme a la doctrina establecida por la Sala Primera entre otras en la sentencia numero 00009-F-98 de las quince horas diez minutos del veintinueve de julio de mil novecientos noventa y ocho. Así mismo solicito la indexación de los montos solicitados y el pago de intereses sobre las partidas pretendidas.".-

SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LOS DEMANDADOS: La representación del CONAVI indica en su contestación de la acción, en lo de interés: "(...)

CONSIDERACIONES DE DERECHO (sic) (...) Del propio alegato del actor, se Indica que el día del accidente, cuando el actor transitaba por el lugar, al tratar de ingresar a la rampa que anteriormente daba acceso al sector de Casa Presidencial, sin causa aparente "...sentí como el carro se fue de medio lado hacia el lado derecho y se comenzó a volcar, quedando mi vehículo de cabeza, hundido en una zanja de tres metros de profundidad por cinco metros de ancho y con mi padre y conmigo dentro del vehículo accidentado". Dentro de sus argumentaciones el actor reclama por parte del Estado y del CONAVI, la responsabilidad por el accidente de tránsito sufrido en fecha 08 de junio del 2019, argumentando que hubo "... omisión en colocar señales de prevención, que advirtieran sobre el peligro de circular sobre la rampa de salida de carretera de circunvalación con dirección a Zapote". Del informe requerido por esta Administración a la empresa contratista - que se adjunta a la presente contestación (Anexo No. 3), se tiene lo siguiente: "El día 08 de junio de 2019 se presenta accidente de vehículo que se desplazaba en el sentido zapote-San Pedro,(sic) con ruta a ingresar a la antigua rampa de acceso a casa presidencial, (sic) misma que estaba inhabilitada por los trabajos de la ejecución del muro de contención en dicho sector. El vehículo de hecho ingresa a una zona posterior a donde se ubicaba antiguamente la entrada de la rampa, y se desplaza a zona de excavación, donde se vuelca sufriendo daños materiales Cabe aclarar que se contaba con avisos de los trabajos en la zona por parte del MOPT; señalización preventiva indicando RAMPA CERRADA, y CALLE CERRADA ADELANTE misma que se ubica al día siguiente con daños, cabe destacar que al momento del accidente se presenta lluvia en el sector. Según indica la colaboradora Keylin Muñoz Rojas, la cual era la banderillera en sitio, ella se encargó de dejar el cierre con conos y señales en la zona de trabajo, tal cual se le había indicado por parte del supervisor inmediato, y en cumplimiento con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Después del evento se mantienen las señales de prevención y dispositivos tal cual se estipulo en el Plan de Manejo de Tránsito, sin que se presentará ningún otro evento.". De acuerdo con la doctrina, para la configuración del daño generador de responsabilidad por parte del Estado, y en este caso del CONAVI, debe existir un nexo de causalidad entre la manifestación especifica de la función administrativa -ya sea por acción o por omisión - y la lesión antijurídica provocada al administrado que solicita la reclamación: "Debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a efecto entre la manifestación especifica o respectiva de la función administrativa y la lesión antijurídica causada al administrado damnificado que no tiene el deber de soportarla, la que no debe ser rota por alguna causa de exclusión de responsabilidad (fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero). De modo que el hecho debe ser adecuado y eficiente siendo decisivo para producir la lesión antijurídica". En este caso, como bien ha sido señalado por esta representación, el actor alega la falta de existencia de señalización en el sitio como una consecuencia del accidente sufrido, sin embargo, queda demostrado para esta Administración la existencia de las mismas, así como las comunicaciones realizadas tanto por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como distintos medios de comunicación, sobre las actividades constructivas que se estarían llevando a cabo en la zona, así como el período en el cual se estaría interviniendo el lugar, por lo tanto, el necesario nexo de causalidad no se cumple en el presente caso. La responsabilidad de la Administración Pública se encuentra regulada en el numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en donde se establece que para que surja dicha responsabilidad, es necesario la concurrencia de tres presupuestos:

Una actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública.

Una lesión o daño antijurídico, al infringir el ordenamiento jurídico; daño que debe a su vez ser cierto, efectivo, real, evaluable e indemnizable, y no una mera argumentación hipotética.

Nexo causal o relación directa entre la causa y el efecto, sea, entre el actuar de la Administración y el daño cuya indemnización se reclama. Consecuentemente para este caso concreto, no existe la concurrencia de los presupuestos propios para establecer la responsabilidad de la Administración Pública; siendo que por el contrario converge una de las causales eximentes de la responsabilidad, como sería en el presente caso, la culpa de la víctima. Como anteriormente se refirió, existen causas de exclusión del nexo causal, que se encuentran expresamente indicadas en la Ley General de la Administración Pública, en su numeral 190 párrafo 1°, el cual señala: "La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento ilegitimo o ilegitimo, normal o anormal salvo fuerza mayor; culpa de la víctima o hecho de un tercero". (El resaltado no forma parte del original). El jurista Ernesto Jinesta Lobo, al respecto ha señalado: "La culpa de la víctima es una forma de auto-responsabilidad, razón por la cual la Administración respectiva queda exenta de responsabilidad puesto que el administrado determinó, exclusivamente, la lesión antijurídica en su esfera patrimonial o extrapatrimonial al haber incurrido en una falta subjetiva que puede ser el dolo o la culpa, en sus manifestaciones de negligencia, imprudencia o impericia". (JINESTA LOBO (Ernesto). Tratado de Derecho Administrativo-II. La Responsabilidad Administrativa. 2005 p. 107). Es así como la culpa de la víctima se presenta cuanto por su propio accionar o por descuido, negligencia e imprudencia inexcusable, se genera el daño, en donde la propia víctima se coloca en una posición propicia para ello, y por ende asume el riesgo. Aún y cuando, como se ha mencionado anteriormente, el nexo de causalidad entre el hecho generador de responsabilidad administrativa y la lesión sufrida por el actor de la presente, no se configura en el presente caso, y por lo cual, no se podría considerar jurídicamente una responsabilidad por parte de esta Administración. Lo anterior, toda vez que no es cierto de manera alguna que no se hubieran colocado "señales de prevención, que advirtieran sobre el peligro de circular sobre la rampa de salida de la carretera de circunvalación con dirección a Zapote", ya que por el contrario, se contaba con los avisos autorizados por las autoridades competentes de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, para el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente. Por lo tanto, lejos de una actuación irregular por parte de la Administración Pública, que pudiera ser generadora de responsabilidad, se observa un actuar Imprudente por parte del actor, que deriva probablemente de su impericia, ya que tal y como lo señaló el propio actor, no contaba con licencia de conducir, sino solamente con un permiso de conducir por período de aprendizaje; lo anterior dado que por criterios de razonabilidad, lógica y prudencia, existen factores que podrían ser imputables al conductor tales como la falta de prudencia, el hecho que es un aprendiz y como tal, es acreedor de negligencia e imprudencia al conducir un vehículo en horas de la noche, bajo la lluvia, en una vía con una alta afluencia vehicular, y con la particularidad de estar en proceso de construcción. B.- SOBRE LOS DAÑOS ALEGADOS: En el presente caso, el actor desglosa una serie de extremos en su pretensión basados en la existencia de daños, los cuales ya de por sí deben ser rechazados dada la inexistencia del nexo causal entre una actuación de la administración - CONAVI o el Estado - careciendo estas pretensiones, por lo tanto de fundamento fáctico y jurídico al encontrarnos en un eximente de responsabilidad de la Administración Pública, pues se observa una culpa de la víctima en cuanto a la imprudencia e impericia del actor al transitar por una vía pública en proceso de construcción y bajo una intensa lluvia. Por su parte, en cuanto al daño material, debe ser rechazado al haber sido indemnizado el actor por una empresa aseguradora, según la propia prueba aportada por el actor. Al respecto, se solicita a este Tribunal solicitar (sic) a la entidad aseguradora la aplicación de los seguros del automotor BFF542, así como los montos cancelados. En cuanto al daño moral, el mismo sufre la misma suerte que el anterior, al carecer de fundamento fáctico y jurídico su reconocimiento, siendo por lo demás un cuantum (sic) desproporcional. En virtud de lo anteriormente señalado, las pretensiones de la parte actora, carecen de fundamento fáctico y jurídico, por lo cual, la presente demanda deberá ser declarada sin lugar en todos sus extremos, con la correspondiente condenatoria en costas a cargo del actor.".-

La representación del Estado señala en su contestación de la demanda, en lo de interés: "(...) FUNDAMENTACION (sic) JURIDICA (sic) Se discute en este proceso la responsabilidad del CONAVI y del Estado, por una supuesta omisión en la señalización vial respecto de las obras que se ejecutan en la zona de la rotonda de las Garantías Sociales, en dirección a Zapote, y que a la postre en tesis de la accionante originó un accidente de tránsito. Ante esta situación, el señor Rois Mata pretende que se le indemnice producto de un daño moral sufrido, así como de una serie de daños materiales y gastos en los que incurrió a raíz del suceso sufrido. Es nuestro criterio que el Estado y el Consejo de Seguridad Vial han actuado conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, al evidenciar que las obras contaban con la respectiva señalización y que además eran obras que fueron puestas en conocimiento de la ciudadanía meses antes de que sucediera el incidente, ya que fue muy difundida la noticia en diferentes medios de comunicación. En razón de lo anterior, se demostrará que en el caso concreto no se cumplen los presupuestos establecidos por ley para que concurra la responsabilidad administrativa, sino que, además se evidenciará que el siniestro se origina como producto de una culpa de la víctima, siendo que no contaba con las capacidades necesarias para conducir un automóvil, en primer lugar porque carece de la licencia de conducir que lo faculte, y en segundo lugar, porque su falta de experticia aunado a las condiciones climáticas imperantes en ese momento, así como la hora en que ocurrió el accidente, y el estado de la carretera que se encuentra en obras de construcción, fueron todos ellos factores que incidieron en el suceso.

Sobre el Régimen de Responsabilidad Administrativa y sus respectivas causales de exclusión de responsabilidad. La normativa patria no es omisa en cuanto a la regulación pertinente al tema de Responsabilidad Administrativa. De hecho, la Ley No. 6227 “Ley General de la Administración Pública” (LGAP), le dedica todo el Título Sétimo, en cuanto su tratamiento y diversas aristas en las cuales la Administración incurriría en responsabilidad por su actuar. Es a partir del artículo 190 de la citada ley que se dispone que cualquier forma de manifestación de conducta administrativa, ya sea activa u omisiva, dentro de un funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal, que hubiere generado un daño antijurídico en su base al administrado, es susceptible de originar el deber de reparación integral patrimonial. Ahora bien, no todo daño es susceptible de indemnización, ya que es necesario que converjan una serie de presupuestos sine qua non para su reconocimiento. En primer lugar, debe demostrarse que el administrado no tenía el deber de soportar el daño sufrido, y por consiguiente, debe demostrarse que el daño es efectivo, real, individualizable y evaluable desde una perspectiva económica (artículo 196 LGAP). Una vez teniendo claro, que la actividad (acción u omisión) de la administración, ha producido un daño que el administrado no tenía el deber de soportar, y que a su vez es efectivo, real, individualizable y evaluable, se requiere de la existencia de un nexo causal, entendido este como la relación directa de causa – efecto, entre la acción de la administración y el daño sufrido. En otras palabras, el jurista Jinesta Lobo, lo define como “el nexo objetivo o externo entre la manifestación específica de la función administrativa, por acción u omisión, y la lesión antijurídica provocada al administrado damnificado”. (1 Jinesta Lobo, Ernesto. Responsabilidad Administrativa: tratado de derecho administrativo). Este nexo causal podría verse quebrantado a raíz de tres causales eximentes de responsabilidad, las cuales se indican en el numeral 190 previamente citado, que serían la culpa de la víctima, el hecho de tercero y la fuerza mayor, lo cual haría materialmente imposible responsabilizar a la administración. La culpa de la víctima debe entenderse como la acción en la cual el administrado, actuando de una manera dolosa o culposa, producto de una negligencia, imprudencia o impericia, se expuso al hecho que le ocasionó una lesión antijurídica, en su esfera patrimonial o extrapatrimonial. Sobre el Hecho de un Tercero, debemos señalar, que su conceptualización se extrae de su propio nombre, aplica cuando la lesión (daño) que soporta el administrado, es ocasionado e imputable a un sujeto distinto de la administración, el cual podría ser una persona física, o bien, una persona jurídica. Respecto a la fuerza mayor, esta se ha conceptualizado como un hecho de la naturaleza, el cual es imprevisible, o bien, siendo previsible por el hombre es inevitable. En esta ocasión, el jurista Jinesta Lobo, en el libro Tratado de Derecho Administrativo “Responsabilidad Administrativa”, lo define como un suceso que está fuera del círculo de actuación del ente público obligado, que no es previsible o siéndolo es inevitable. Todo esto implica, que en procesos como el que nos ocupa, el actor debe señalar la conducta que en su tesis produjo el daño, demostrar la ocurrencia de esta lesión y vincular aquella con esta última mediante el correspondiente nexo causal, sin que medie la presencia de una causal eximente de responsabilidad que rompa dicho nexo causal.

No existe responsabilidad del Estado por el hecho acaecido: Culpa de la Víctima. Es necesario hacer énfasis en dos circunstancias que tuvieron una incidencia directa en la producción del accidente acaecido al accionante. La primera de ellas consiste en el hecho de que el actor del presente proceso, el señor Alan Rois Mata, cédula de identidad 1-1346-0689, no cuenta con licencia de conducir, sino que en el momento del siniestro, portaba un permiso temporal de aprendizaje (cuyo vencimiento fue en fecha 16 de noviembre 2019), el cual como su nombre lo indica es solamente un permiso para aprender a manejar, mismo que tiene una serie de requisitos para su efectiva utilización, según oficio No. DVT-DGEV-2019-1260 de fecha 15 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el oficio en mención se indica que el actor ha matriculado en 2 ocasiones el curso para la prueba práctica de manejo para optar por la licencia de conducir, sin embargo, no ha podido obtener la licencia. La primera de ellas en fecha 02 de mayo de 2019, que no se presentó a la prueba; y la segunda, fue en fecha 26 de setiembre de 2019, cuyo resultado concluyó fue que el señor Rois Mata no era apto para obtener la licencia de conducir, ya que incurrió en faltas de irrespeto al señalamiento vial, vertical y horizontal, y además el vehículo se le apagaba al salir con marcha. En síntesis, demostró que no contaba con el control necesario suficiente para dominar el vehículo ni comprender las señalizaciones viales. Es menester señalar que, al día de hoy, el actor NO CUENTA con licencia de conducir, y es hasta el 16 de abril del año 2020, que volvió a matricular la prueba práctica para poder optar nuevamente (por tercera ocasión), por la licencia de conducir, la cual le permitiría circular libremente por las calles de nuestro país, en contrasentido, si al día de hoy circula en su vehículo, lo haría al margen de la ley. El segundo factor de especial interés, consiste en las condiciones climatológicas y el estado de la carretera al momento que sucedió el accidente. En primer lugar, tal y como lo indicó la parte actora, así como se referenció en la contestación de los hechos de esta demanda, la carretera donde sucede el accidente desde el año anterior, se ve afectada por labores para la construcción de un paso subterráneo, el cual ha modificado a la fecha las vías de circulación, para dar con la consecución final de la construcción de la obra. Respecto de las condiciones climatológicas en la zona, señala el mismo actor en su hecho quinto, que al circular por la zona alrededor de las 07:30 de la noche, el lugar estaba oscuro, y además llovía, aunado a que es una vía con alta afluencia vehicular, siendo estos factores que inciden directamente en el conductor a la hora de manejar un vehículo, circunstancias que deben valorarse en conjunto, sumado a la falta de pericia y diligencia del actor como conductor. Como parte de su argumentación, indica el actor: “… se deriva del actuar omiso de los demandados, consistente en la falta de implementación de mecanismos de seguridad y aviso del peligro que existía al subir la rampa de salida rumbo a Zapote y que provocaron el grave accidente que sufrí”. En esa línea, el señor Rois Mata en su hecho noveno manifestó que el día del accidente “No existía señalización de prevención, no había ningún aviso que indicara que no se podría tomar por el carril que yo iba (carril derecho), ni tampoco había señales de seguridad luminosas como conos u otras advertencias que indicara que donde se encuentra el puente de Zapote había una zanja…”. Para desvirtuar esa tesis se adjunta el oficio numerado POE-03-2019-0878 emitido por el señor Carlos Jiménez González, Gerente de la Unidad Ejecutora, del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial, quien remitió un informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) quienes son los encargados del gerenciamiento del proyecto de construcción del paso a desnivel en la Rotonda de Las Garantías Sociales, el cual contraviene las manifestaciones del actor, ya que de acuerdo con un informe rendido por el contratista se informa que “De acuerdo con la colaboradora de la empresa contratista MECO S.A., Keylin Muñoz Rojas, la cual funge como banderilla en el sitio, ella se encargó de dejar el cierre con conos y señales en la zona de trabajo, tal cual se había indicado por el supervisor inmediato, y en cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT.”. Esto demuestra que, si se contaba con señalización preventiva indicando “Rampa Cerrada” y “Calle Cerrada Adelante”, señalización que, de acuerdo con el informe rendido por el contratista de la Administración, a la mañana siguiente del accidente, los rótulos fueron encontrados con daños, lo que implica que fueron abatidos a raíz del mismo accidente. Es menester señalar que, posterior a dicho suceso se ha mantenido la misma señalización de acuerdo al Plan de Manejo de Tránsito (el cual se aporta como prueba), sin que existan otros siniestros como el que nos ocupa. Por otra parte, es necesario hacer hincapié de manera reiterada, que el cierre de la calle en la cual sucedió el siniestro, fue debidamente informado a la población por medio de un Comunicado de Prensa de la Dirección de Relaciones Públicas del MOPT, de fecha 21 de mayo de 2019, así como por otros medios informativos de circulación nacional. Esta situación, aunado a que el actor del proceso es vecino de la zona (ciudad de Zapote, 25 metros sur y 25 oeste del Salesiano Don Bosco), permite deducir que el cierre de la ruta era un hecho que debía ser harto conocido por el señor Alan Rois Mata y por parte de su padre, quien lo acompañaba el día del siniestro. En tal virtud, no existe concurrencia de los presupuestos para declarar la responsabilidad de la administración pública, en primer lugar, ya que no existe la presencia del nexo causal ente la acción y/o omisión de la Administración con el daño ocasionado, ya que quedó comprobado la presencia de señalización de tránsito, así como, de la comunicación a la población que era pública, notoria y evidente del cierre de la vía producto de los trabajos del paso a desnivel que se están construyendo. Ante esta situación fáctica, aunado que el actor es vecino de la zona, permite inferir que el señor Rois Mata, no puede alegar desconocimiento de las obras que se que se estaban realizando, lo cual demandaba un extremo cuidado y diligencia a la hora de conducir por ese tramo, máxime en circunstancias adversas como lo son la lluvia en horas de la noche y la falta de pericia como conductor. De conformidad con lo expuesto es evidente que nos encontramos en presencia de la causal eximente de responsabilidad, conocida como “Culpa de la Víctima”, por las razones que se proceden a exponer. Cierto es que el señor Alan Rois Mata, se encontraba legitimado para manejar un vehículo en compañía de una persona con licencia; sin embargo, dicha posibilidad se otorga para que el señor Rois Mata, perfeccione sus habilidades de manejo, como aprendiz que es. Por criterios de razonabilidad, lógica y prudencia, existen factores que podrían ser imputables al conductor tales como la falta de experiencia, siendo que, al ser un aprendiz, es acreedor de negligencia e imprudencia, faltando a su deber de cuidado al conducir su vehículo en la noche, bajo la lluvia, en una vía con alta afluencia vehicular y que está en proceso de construcción, ya que es usual que en este tipo de construcciones haya obstáculos, material, maquinaria y demás objetos en la vía. Por razones de mero sentido común es lógico inferir que tanto el señor Rois Mata, así como la persona que lo acompañaba debieron ser conscientes de que las condiciones que se presentaron ese día no eran las más idóneas para una persona que carece de la pericia necesaria manejara un vehículo, y además que lo hiciera en una carretera que está en proceso de construcción y mejoras. La falta de experticia quedó acreditada. Inclusive debe tomarse en consideración que, solo 3 meses después de acaecido el accidente, el actor realiza la prueba práctica de manejo para optar por la licencia de conducir, y falla nuevamente el examen, por incurrir en irrespeto al señalamiento vertical y horizontal de las señales de tránsito, así como que el vehículo se le apagaba al salir con marcha. Esta situación, permite cuestionarse realmente si el día del accidente el actor más bien, no vio la señalización en la zona, o bien la irrespetó, ya que como se demostró, la señalización si era visible, y al día siguiente si estaban las señales y conos seriamente dañados, producto del accidente ocasionado por el señor Rois Mata. De conformidad con esos hechos, fue más bien la parte actora quien se expuso culposamente a sufrir el siniestro, todo producto de su propio accionar y falta de cuidado, ya que siendo solamente un aprendiz se enfrentó a condiciones adversas y complejas transitando por una carretera en las condiciones en que se encuentra la rotonda de Las Garantías Sociales, aunado a un clima difícil y en horas de la noche, lo que requería de una experticia que a la postre no poseía. En síntesis, operó la causal eximente de responsabilidad de culpa de la víctima, lo que desplaza la responsabilidad del Estado por los hechos acaecidos.

Sobre los daños. Sin perjuicio de que ha quedado claramente establecida la imposibilidad de atribuir algún tipo de responsabilidad al Estado, y por consiguiente reconocer algún tipo de pago por los daños que reclama el actor, ya que opera una causal de eximente de responsabilidad, esta representación considera igualmente que los daños reclamados son totalmente improcedentes por los motivos que de seguido serán expuestos. Como es sabido el daño reclamado debe ser efectivo, evaluable e individualizable, tal y como lo prevé el artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública, que al efecto estipula: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.". Sobre el tema de los daños, la jurisprudencia patria ha desarrollado el mismo ampliamente en diversas oportunidades, tal es el caso de la Sentencia No. 43-2015-IV de las 08 horas del 11 de mayo de 2015, de la Sección Cuarta del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el cual dispuso: “(…) Es claro para este Tribunal que conforme a lo que se indica en el considerando V, en los juicios por daño en los que se persiga responsabilidad del Estado, el artículo 196) de la Ley General de la Administración Pública exige que el daño o menoscabo generado debe ser efectivo (cierto) evaluable (valorable económicamente) e individualizable (reclamado por el sujeto legalmente legitimado), de manera que no es suficiente invocarlo, sino que se debe demostrar fehacientemente su existencia y el nexo de causalidad que le une con la conducta del ente u órgano responsable, pero además para declarar con lugar una demanda de esta naturaleza no basta que exista un derecho a la reparación del daño, sino que es necesario que, existiendo, le corresponda o se le pueda atribuir justamente a la persona que lo esgrime, o lo hace valer en el proceso (…). "De este desarrollo jurisprudencial, note el tribunal, que el daño además de poseer las características de evaluable, efectivo e individualizable, debe ser demostrada su existencia de una manera incuestionable. Respecto del daño moral que alega la parte en la suma de Cincuenta Millones de colones, adviértase que este se limita únicamente a enunciarlo y a estimarlo de manera antojadiza, ya que no presenta elementos probatorios fehacientes, que permitan demostrar el efectivo daño moral e incluso el daño material, hecho que como se indicó supra, es única y exclusivamente responsabilidad del Sr. Roiz (sic) Mata. Tiene claro esta representación que el daño moral posee la característica de ser in re ipsa, y por consiguiente queda a la valoración del juez su reconocimiento; sin embargo, tal y como se expuso, este debe ser probado por la parte reclamante, situación que no se cumple en este caso. Lo indicado por el actor son meras valoraciones subjetivas sin sustento probatorio alguno, valiéndose de argumentaciones que apelan a la lástima del juzgador. Llama poderosamente la atención a esta representación dos manifestaciones concretas sobre el daño moral alegado. La primera de ellas consiste en que la reparación de su vehículo lo ha llevado a tortuosos procesos judiciales de tránsito, lo cual no es cierto, ya que según se evidencia mediante la copia certificada del expediente No. 19-6003-8049-TR, el caso del señor Rois Mata requirió solo dos gestiones de su parte (la declaración y un aporte de prueba), para luego ser archivado el asunto según resolución de las 13:00 horas del día 09 de septiembre del año 2019, levantándose los gravámenes. No entendemos en qué radica lo tortuoso del proceso, cuando es lo normal una vez que se sufre un accidente de tránsito, tener que ser parte de este tipo de procesos judiciales. La segunda de ellas, relacionado con los sentimientos de antipatía, desanimo, cansancio excesivo, olvido de situaciones cotidianas, trastornos en la concentración y en el sueño, como insomnio, baja tolerancia y un gran sufrimiento; los cuales señala la parte que los ha sufrido durante los últimos 2 años y 3 meses; situación por la cual, no podría achacárselas como consecuencia del siniestro, siendo que el mismo, no ocurrió hace más de 6 meses. Ante esta situación, además de considerar que es improcedente el reconocimiento de daño moral en los términos indicados, de igual manera inferimos que el monto pedido por la parte es desproporcionado y fuera de toda lógica al respecto, siendo incluso posible considerar, que se pretende un enriquecimiento desorbitante a costas del Estado. Por otra parte, en atención al daño material alegado por la parte actora, específicamente sobre su vehículo, considera esta representación que es un reflejo de mala fe, e incluso de un posible enriquecimiento ilícito. En primer lugar, es el mismo actor quién acepta que hizo uso de la póliza de cobertura de un seguro con que contaba el vehículo, situación por la cual es inaceptable que pretenda un resarcimiento por el costo de un arreglo que fue cubierto por su seguro vehicular. Ante esta situación, y en razón de la aplicación del seguro del vehículo, en su defecto se debería reconocer lo cancelado por concepto de deducible- si fuera procedente que no lo es- sin embargo, nuevamente dicha prueba es ayuna en los documentos presentados por la parte actora, siendo imposible su reconocimiento. Respecto al monto solicitado por los gastos de transporte incurridos, ya que según el actor no ha podido viajar a su trabajo desde su casa en su vehículo, el mismo debe rechazarse. Nuevamente la prueba de dichos gastos no es aportada en el presente proceso, situación por la cual no se tiene indicios y menos aún certeza de los gastos en que supuestamente se incurrió. De igual forma, en relación con esta indemnización solicitada, debe valorarse el hecho que el señor Alan Rois Mata, a la fecha de hoy no cuenta con la Licencia de Conducir Tipo B1, por lo que no podría hacer uso de su vehículo como conductor del mismo. Ante esta situación, esta representación se cuestiona la forma en que haría uso de su vehículo para trasladarse de su casa a su lugar de trabajo, ya que de hacerlo sin la licencia y sin los requisitos que dispone la ley respecto del permiso temporal de manejo (suponiendo que lo tenga), el actor del presente proceso estaría violentando la Ley de Tránsito, siendo sujeto susceptible de una sanción. Por último, en relación al gasto incurrido por concepto de contratación de servicio de grúas, esta representación se opone a su reconocimiento, toda vez que este tipo de servicio suele estar cubierto por las pólizas aseguradoras. No obstante, lo anterior, de no considerarlo así el Tribunal, esta representación solicita se otorgue el monto dispuesto en la factura No. 0107 de Servicio de Grúas Solano Morales.”.-

SOBRE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA: La responsabilidad civil extracontractual de la Administración Pública, se enmarca, dentro de un régimen objetivo, que engloba en su fundamento tanto la teoría del riesgo, como la teoría del equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura esencialmente, la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad. Este criterio finalista produce a su vez, una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima que, menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). De conformidad con el régimen objetivo de responsabilidad administrativa establecido en la Constitución Política de la República (artículos 9, párrafo primero, 11, 18, 33, 34, 41, 45, 49 párrafo primero, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 148, 188 y 191) y las disposiciones contenidas en los artículos 190 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un

La legitimidad o ilegitimidad se refiere básicamente a la adecuación de la conducta formal de la Administración al ordenamiento jurídico, mientras que la normalidad o anormalidad se refiere ante todo (pero no en forma exclusiva) a la conducta material o técnica, representada entre otras por la actividad prestacional que se atribuye al Estado. Conforme lo ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia No. 000584-F-2005 de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto del 2005), la anormalidad atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la Ley General de la Administración Pública en el artículo 102, inciso d) que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas y científicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones. La anormalidad se puede manifestar a través de un mal funcionamiento, un funcionamiento tardío o una ausencia total de funcionamiento. En todo caso, debe considerarse que, conforme al régimen de responsabilidad contenido en nuestra legislación, la determinación de responsabilidad queda sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, el que deberá ser cierto, efectivo, evaluable, indemnizable y no conjeturable. En consecuencia para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales:

Actuación u omisión derivada de la función o Conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita, de modo que "debe mediar en los términos de la LGAP, un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que es un concepto amplio que se refiere a las actuaciones lícitas e ilícitas de las administraciones públicas, o bien una conducta lícita o ilícita de la Administración Pública, con lo cual se incluye la actividad formal de los entes públicos, sea a través de actos administrativos-resoluciones, acuerdos o reglamentos-. A lo anterior debe agregarse la disfunción administrativa derivada de las omisiones materiales o formales.". (Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 98).

Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico, de modo que "cuando un ente público le causa a un administrado una lesión antijurídica que no tiene la obligación de soportar, surge a su cargo una obligación de repararle los daños y perjuicios (...)". (Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página

Tal daño, siguiendo a dicho autor, afecta al damnificado en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar (antijuridicidad objetiva), siendo tal toda conducta que por acción u omisión infringe el derecho objetivo. De modo que, tal daño debe ser cierto, efectivo, real, evaluable, individualizable, no hipotético, al tenor del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. y

El Nexo causal, es decir que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un

Como establece el autor Jinesta Lobo, "La relación de causalidad es el nexo objetivo o externo entre la manifestación específica de la función administrativa, por acción u omisión, y la lesión antijurídica provocada al administrado damnificado. Debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a efecto entre la manifestación específica o respectiva de la función administrativa y la lesión antijurídica causada al administrado damnificado que no tiene el deber de soportarla (...).". (Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 106). En este sentido debe considerarse que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 190, establece tres eximentes de responsabilidad que generan un rompimiento del nexo causal, a saber: a)- Fuerza mayor (hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior); b)- Hecho de un tercero (el daño es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre administración-funcionario-afectado) y c)- Culpa de la víctima (es el propio sujeto pasivo del daño, quién se auto produce por negligencia o imprudencia inexcusable, la lesión o se coloca en posición para ello). Conforme al régimen de responsabilidad objetiva de la Administración, no hay que acreditar ni dolo, ni culpa, ni responsabilidad de ningún funcionario, sino que lo único que debe acreditarse para que surja el hecho generador de la responsabilidad, es que hubo un daño y que el administrado no está en la obligación de soportar. Además, debe considerarse que al momento de realizar el análisis de la responsabilidad de la Administración, debe considerarse que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuáles es preciso determinar la acción u omisión que provocó la consecuencia, y que directa o indirectamente son causa próxima, adecuada y eficiente del mal causado, desplazando aquellas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Para inferir la eficiencia de la causa que se tiene por adecuada, es indispensable deducir si es la productora de la lesión, de manera que, de eliminarse, es racional deducir que el daño no se hubiera producido. La determinación de ese factor depende del examen de las pruebas traídas al proceso por las partes y a partir de ellas el Juzgador puede deducir si dentro del cuadro fáctico del caso, las acciones del demandado conllevan su responsabilidad (ver en este sentido las Sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 252-F-01 de las 16: 15 horas del 28 de marzo del 2001, No. 584-2005 de las 10:40 horas del 11 de agosto del 2005 y No. 00308 de las 10:30 horas del 25 de mayo del 2006). En lo atinente al cúmulo de responsabilidades, es relevante indicar, que existen situaciones especiales generadoras de responsabilidad por parte de la Administración Pública, en las cuales no acontece una causal exonerativa, sino que se atenúa la misma, tomando en consideración la culpa concurrente o participación del administrado en su generación. En estos casos, se acumulan las responsabilidades del Estado y del administrado en el cuadro fáctico, por cuanto la conducta del particular incidió en los hechos gravosos acontecidos. Ante tales casos, con base en los principios de razonabilidad, proporcionalidad, hermenéutica, lógica y sana crítica, el juzgador ha de reducir la indemnización de los daños infligidos, en atención a la culpa del administrado en su producción. Bien se ha dicho en ese sentido, por principio general, que la culpa de la víctima no exonera la culpa del autor de la lesión, sin embargo, éste debe responder únicamente en atención al grado de participación que haya tenido el administrado en ellos. Por lo tanto, es violatorio de principios elementales del derecho que, en tales situaciones, deba el Estado responder con toda la magnitud o grado que implica la responsabilidad objetiva. En atención a lo expuesto, es posible encontrar tres hipótesis en materia de responsabilidad civil extracontractual objetiva de la Administración Pública, cuales son: que se haya generado el hecho dañoso pero que acontezca alguna causa exonerativa de responsabilidad; que igual se haya producido la acción lesiva, pero sin que se genere alguna de las causales de justificación o de exoneración de responsabilidad (culpa de la víctima, el hecho de un tercero, y la fuerza mayor) y finalmente, que haya cúmulo o concurrencia de responsabilidades, en virtud de lo cual debe graduarse y atenuarse, la estimación de los daños causados, al existir culpa parcial de la víctima. En ese sentido, ha precisado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su voto número 584-2005, de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto del dos mil cinco: "Eximentes. Exención plena y parcial. Establecida, como quedó anteriormente, la relación causal entre la omisión anormal e ilícita de la Administración y el daño producido, es menester analizar si existe culpa de la propia víctima, don ..., en el desenlace del trágico evento. Para ello es pertinente advertir que la normativa vigente artículo 190 de la mencionada Ley General contempla tres supuestos de exención total o parcial de responsabilidad, a saber: fuerza mayor como hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior; hecho de un tercero, en tanto es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre Administración-funcionario-afectado y culpa de la víctima, en la medida en que es el propio sujeto pasivo del daño, quien produce –por negligencia o imprudencia inexcusable- la lesión, o se coloca en posición propicia para ello, para el concepto jurisprudencial de culpa de la víctima, puede verse la sentencia de esta Sala. N° 33 de las 9 horas 30 minutos del 9 de abril de 1953. Todos ellas originan la ruptura del nexo causal.".-

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Revisados los argumentos de las partes y la prueba que consta en autos, esta Cámara de Juzgadores concluye que la demanda planteada por el actor debe ser rechazada en los términos que a continuación se dirán:

No se demostró por parte del actor la actuación omisiva que se le achacaba al CONAVI y solidariamente al Estado. El sitio del accidente sí contaba con señales de tránsito de advertencia. La parte actora indica en el inicio de la demanda que la plantea con el fin de que, se condene a los demandados, como responsables civiles por los daños y perjuicios que se le ocasionaron, en virtud de la omisión en colocar señales de prevención, que advirtieran sobre el peligro de circular sobre la rampa de salida de carretera de circunvalación en dirección a Zapote. En ese mismo orden de ideas, en cuanto a la responsabilidad de la Administración que reclama, la parte accionante menciona que que su asidero es el artículo 41 Constitucional el cual cita textualmente y el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública que también transcribe, a partir de ello cita asimismo varias sentencias de la Sala Primera sobre la solidaridad del Estado respecto del CONAVI y la responsabilidad de este último en el desarrollo de obras constructivas en la materia encomendada por ley. Una vez realizado esto, señala entonces que existe un daño material, consiste en la pérdida patrimonial que se deriva del actuar omiso de los demandados, consistente en la falta de implementación de mecanismos de seguridad y aviso del peligro que existía al subir la rampa de salida rumbo a Zapote y que provocaron el grave accidente que sufrió. Criterio del Tribunal: No concuerda esta Cámara de Juzgadores en que el CONAVI o el Estado fueron omisos en colocar señales de prevención que advirtieran sobre el peligro de circular sobre la rampa de salida de carretera de circunvalación en dirección a Zapote. De la prueba aportada por los demandados, se demuestra que ese cierre había sido anunciado en diferentes medios de comunicación masiva desde mucho antes de que se concretara el mismo, por cuanto era una parte vital de las obras a realizar y cuando se produjo el cierre, este fue anunciado nuevamente en diferentes medios de prensa. Aunado a lo anterior, tenemos también que en su momento en octubre del año 2018, por oficio DVT-DGIT-ED-2541, la División de Transportes, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de Departamento de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aprobó el Plan de Manejo de Tránsito para el proyecto intercambio a Desnivel Garantías Sociales, Licitación Internacional ITP-CRPC-96800-2016-003, con las siguientes condiciones: "- Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, SIECA (2014), tanto en horarios diurno como nocturno. - Cumplir con el Decreto Ejecutivo 38799-MOPT "Reglamento de dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito para la ejecución de trabajos en las vías. - Una vez finalizada cada etapa de trabajos se debe limpiar y habilitar la zona utilizada. - Los dispositivos deberán mantener las 24 horas durante toda la ejecución de los trabajos. - Solicitar el correspondiente permiso de cierre de vías ante esta Dependencia de acuerdo con el cronograma establecido. Lo anterior según el artículo 131 de la Ley 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial. - Durante todas las etapas de la construcción se debe mantener habilitado el paso a todos los accesos privados afectados por el dispositivo de control de tránsito. - Se debe informar a los usuarios de la vía de forma oportuna y diligente sobre las rutas alternas". En dicho plan es posible determinar la existencia de diseños sobre la forma en que se realizarían los trabajos en la antigua rampa de acceso a Zapote por el puente por Casa Presidencial y como se colocarían las señales de seguridad para advertir la presencia de trabajadores y trabajos en esa zona, siendo que incluso existía una persona encargada de colocar dichas señales cada día al finalizar la jornada laboral. Al revisar la imagen 155, es posible observar que dentro de dicho plan estaba claramente delimitada la posición de las señales que debían ponerse en el sitio del accidente, lo cual coincide con las fotografías que la misma parte actora aportó al expediente. Por otro lado, para este Tribunal merece credibilidad el informe realizado por la empresa MECO, empresa encargada de la Contratación Directa No. 215CD-000104-BCIE, "Construcción y Supervisión de tres pasos a desnivel en la Ruta Nacional No. 39 Carretera de Circunvalación, en la Rotonda de las Garantías Sociales, Facultad de Derecho UCR-Rotonda de la Bandera e Intersección Guadalupe y fortalecimiento de las Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial", a solicitud de la Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en el cual los trabajadores encargados del sitio señalan respecto del accidente del 08 de junio de 2019, lo siguiente: "(...) Descripción del accidente (sic) El día 08 de junio de 2019 se presenta accidente de vehículo que se desplazaba en el sentido zapote(sic)-San Pedro, con ruta a ingresar a la antigua rampa de acceso a casa (sic) presidencial (sic), misma que estaba inhabilitada por los trabajos de ejecución del muro de contención en dicho sector. El vehículo de hecho ingresa a una zona posterior donde se ubicaba antiguamente la entrada dicha rampa, y se desplaza a zona de excavación, donde se vuelca sufriendo daños materiales. Cabe aclarar que se contaba con aviso de los trabajos en la zona por parte del MOPT, señalización preventiva indicando RAMPA CERRADA Y CALLE CERRADA ADELANTE misma que se ubica el día siguiente con daños, cabe destacar que al momento del accidente se presenta lluvia en el sector. Según indica la colaboradora Keylin Muñoz Rojas, la cual era la banderillera en sitio, ella se encargó de dejar el cierre con conos y señales en la zona de trabajo, tal cual se le había indicado por parte del supervisor inmediato, y e cumplimiento con el Plan de Manejo de Transito (PMT). Después del evento se mantienen las señales de prevención y dispositivos tal cual se estipuló en el Plan de Manejo de Tránsito, sin que se presentará ningún otro evento. (...)". Dentro del informe adjuntan fotografías de la zona, daños del vehículo y la señalización como fue encontrada en el sitio. Este informe al compararse con el Plan de Manejo de Tránsito, arroja elementos de credibilidad en cuanto al uso de conos y la señal que fue encontrada dañada en el sitio mismo del accidente a la luz de la mañana del día siguiente, por lo cual se concluye que sí existía señalización en el sitio y que fueron una serie de circunstancias que se analizarán en el siguiente apartado, las que contribuyeron a la realización del lamentable accidente. Ahora, si desea esta Cámara añadir, aunque la parte accionante no lo alega como parte de su planteamiento de atribución de responsabilidad, que tampoco ha encontrado esta Cámara elementos probatorios de una posible responsabilidad del Estado por no supervisar CONAVI adecuadamente las obras constructivas en la Contratación Directa No. 215CD-000104-BCIE, por cuanto la prueba en autos señala que, a lo largo de la contratación, es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la encargada del gerenciamiento del proyecto de construcción contenido en la Contratación ya indicada, sin que exista prueba de que no se haya realizado la misma o fuera deficiente y que por eso se produjo el accidente. Esta Cámara procedió a revisar la prueba aportada en autos por el actor con detenimiento, y no concluye lo mismo que señaló éste en su demanda y en juicio. Estima relevante el actor como elenco probatorio, los videos que tomó la noche del accidente, no obstante, no es posible vislumbrar que otros vehículos tomaran la misma ruta que él tomó esa noche, ni que como él afirma que, no existían en el sitio las señales de advertencia, en tanto como ya se indicó, éstas se observan tanto en el video como en la foto mencionada en los hechos tenidos por probados. De la prueba aportada, se desprende que los conos fueron ubicados tal y como se dispuso en el Plan de Manejo de Tránsito, aprobado un año antes por el MOPT. Asimismo, aporta también el actor unas fotografías indicando que las mismas corresponden al día siguiente del accidente, sin embargo, no es posible corroborar dicha afirmación, en tanto no constan en las mismas una fecha que así lo acredite, pero además no se considera abonan nada al proceso en tanto lo que se observa es una situación diferente a la que se encontró el día del accidente. En esas condiciones, el planteamiento base de la responsabilidad administrativa que se pide, no puede ser de recibo y se rechaza.-

No existe nexo causal entre la actuación omisiva señalada y el daño ocasionado y peticionado. Existencia de una eximente de responsabilidad. La parte actora señala que el daño material esta referido a la pérdida patrimonial que se deriva del actuar omiso de los demandados, consistente en la falta de implementación de mecanismos de seguridad y aviso del peligro que existía al subir la rampa de salida rumbo a Zapote y que provocaron el grave accidente que sufrió. Y reclama asimismo, un daño moral por la espera en la reparación de su vehículo, el tener que pasar por procesos judiciales, consecuencias en su vida social, familiar, profesional y emocional. Que, producto de la angustia que ha pasado, le han producido problemas como antipatía, desanimo, cansancio excesivo, olvido de situaciones cotidianas, trastornos en la concentración y en el sueño, como insomnio, baja tolerancia y un gran sufrimiento. Criterio del Tribunal: Retomando lo ya señalado en el considerando anterior respecto de la responsabilidad objetiva de la Administración, tenemos que, el derecho de la Constitución y la Ley General de la Administración Pública, a partir del artículo 190 siguientes, señala que la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, y su determinación de responsabilidad queda sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, el que deberá ser cierto, efectivo, evaluable, indemnizable y no conjeturable. Tenemos entonces, que para que se produzca la responsabilidad, se requiere de tres requisitos esenciales:

Una actuación u omisión derivada de la función o Conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita.

Una lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico y que el administrado no tiene la obligación de soportar.

Un nexo causal, es decir que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un

Con esto claro, procedamos a realizar el ejercicio de determinación de esos tres elementos en el presente asunto, para que no quede duda de la improcedencia de algún reconocimiento al acá actor. Tenemos en primer lugar, que debe existir una actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública, sea omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita. Como ya se indicó en el apartado anterior, no consideró esta Cámara de Juzgadores que se haya producido la omisión que se acusaba a la Administración en cuanto a la falta de señalización en el sitio el día del accidente, por lo que no se configura el primer elemento. En cuanto a la existencia de una lesión o daño antijurídico, tenemos que, si bien al actor efectivamente sufrió un daño material, el cual no podría alcanzar el reconocimiento del monto que utilizó la aseguradora para la reparación del vehículo, sino que debía limitarse al pago de alguna suma por concepto de deducible. Pero en todo caso, hemos de advertir que el daño material sufrido, no es producto de una conducta antijurídica de la Administración por la omisión acusada, con ello tampoco se configura el segundo elemento. Y respecto al tercero, por lo ya apuntado, tampoco se presenta, esto es, no existe un nexo causal entre alguna conducta u omisión de la Administración y el daño producido que legitime el reconocimiento de suma alguna, y si ello no fuera suficiente, en el presente asunto se considera que se produce una causal de exclusión del nexo causal, en este caso, la culpa de la víctima. Esta Cámara de Juzgadores considera que en este asunto que se revisa, fue el propio actor que se auto produjo el daño por su imprudencia y que con ello el mismo se colocó en esa posición para sufrir el daño. Esta Cámara de Juzgadores a partir de la prueba en autos determina que, una serie de circunstancias se sumaron el día del lamentable accidente de tránsito sufrido por el accionante, que considera es necesario señalar. En un primer término, y sin que se estime discriminatorio como lo alega la representación del actor, no demostró el accionante que su actuar fuera diligente esa noche. Si se une el relato que, en los juicios tanto de tránsito como el presente, ha declarado el actor, junto con la boleta del inspector de tránsito, más las fotografías en autos, esta Cámara deduce que los factores como la noche, la lluvia y la falta de conocimiento de los trabajos ejecutados de la vía, junto con la falta de experiencia del actor como conductor y el cambio de ruta habitual que él mismo explicó en juicio, fueron los elementos provocadores del accidente. La experiencia, la lógica y la técnica recomiendan que si se presentan condiciones climáticas extremas a la hora de conducir, es recomendable buscar un lugar seguro para esperar que las mismas disminuyan, en este caso las fuertes lluvias que señala se presentaban en el momento del accidente e impedían su visión, constituyen factores de riesgo previsibles que todo conductor debe tomar en cuenta en el uso de un vehículo bajo la premisa de un manejo defensivo y precavido, que es la conducta exigible ante las condiciones descritas. Como ha quedado demostrado en autos, el actor tenía poco tiempo de manejar, para lo cual usaba un permiso de conducción y su señor padre lo acompañaba como prevé la ley, y no usaba la ruta que decidió tomar ese día, si a ello se le une los factores climáticos que en ese momento se le presentaron, lo prudente habría sido que su padre tomara el control del vehículo si como el actor señaló había poca visibilidad. A ello hay que señalar que, cuando se observan las fotografías, se desprende que hubo elementos que debieron llamar la atención del conductor, fuera de la señalización ya citada que existía en el sitio, si el mismo hubiera sido prudente y diligente en su manejo, tales como eran un muro de retención parcialmente construido, ladrillos de cemento a lo largo de la orilla derecha del sitio del accidente, todos elementos objetivos que indicaban o al menos hacían señalar que la ruta estaba siendo intervenida de manera constructiva de alguna forma, correspondiendo así un llamado a su atención si como el mismo afirmó, manejaba despacio, ante ese panorama por prudencia debió parar en el sitio, máxime que era evidente y público que eran sitios de obras en construcción, no obstante, el actor señaló en su declaración que su intención era subir por la rampa que para ese momento ya no existía, lo cual había sido informado en diferentes medios de comunicación, y realizó maniobras para ello, acercándose a la orilla y fue en ese momento en que se produjo el accidente. A partir de lo expuesto, es que se considera que sí se configura la eximente de responsabilidad de culpa de la víctima, al no considerar que existe la actuación omisiva acusada, y que hay una causa eximente de responsabilidad, de toda suerte que, aunque se haya producido un daño, éste no corresponde ser indemnizado a cargo del Estado o del CONAVI y por ende, se rechaza esta demanda.-

SOBRE LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA: Los demandados interponen la excepción de falta de derecho. A la luz de los autos la defensa de falta de derecho, debe acogerse, toda vez que tal y como se indicó en el considerando anterior, al actor no le asiste la razón en torno al reclamo indemnizatorio planteado al considerarse que no cuenta con el derecho necesario.-

DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se indicó supra, la parte actora ha perdido esta demanda al no asistirle el derecho; por ende, se condena a la misma al pago de ambas costas del proceso. Asimismo, por haberlo pedido el Estado, se condena al pago de intereses sobre las costas otorgadas a su favor, desde la firmeza de la sentencia que determine su fijación y hasta su efectivo pago.-