Resolución 00029-2026

Síntesis de la gestión fiscal: Mediante memorial remitido a través del correo electrónico enviado a las 16:07 del día 9 de junio de 2026 a la cuenta oficial de este Tribunal, el licenciado Carlos Eduardo Quirós Mairena, de la Fiscalía de Limón, solicita la extensión de la prisión preventiva de los acusados [Nombre 013], [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 012] por el plazo de 6 meses, hasta el 19 de diciembre de 2026. En el documento presentado, el representante fiscal identifica a los justiciables y expone los hechos investigados, así como la calificación jurídica preliminar de ellos (páginas 1 a 32). A partir del folio 34 y hasta el 39, se describe el recuento procesal, tanto global como individual, de las medidas cautelares a las que han estado sometidos los endilgados. En un apartado titulado “fundamentación”, el visor fiscal señala los distintos elementos de convicción que sustentan la acusación (páginas 39 a 66). En lo relativo a la justificación de la prisión preventiva que pretende sea prorrogada, se indicó lo siguiente: “Con relación al razonamiento para la imposición de la prisión preventiva, respecto a los acusados [Nombre 002], [Nombre 012] y [Nombre 003] se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, la cual se fundamentó en elpeligro de fuga y la continuidad delictiva, para asegurarse las fases de juicio y de ejecución de sentencia, al considerarse que: el imputado [Nombre 002] tiene un arraigo domiciliar Nulo puesto que este de sus datos de identificación se logró obtener como este era taxista   informal, lo que evidencia que este utilizaba su labor para la comisión de hechos criminales, puesto que tenemos en dos de las causas como con el vehículo utilizado participó de los hechos criminales, aunado a que es una labor donde no cotiza para la Caja Costarricense del Seguro Social, no tiene un horario fijo, un salario fijo, un lugar donde sea ubicable, y este es su mismo patrono lo que no permitía establecerse como un medio de contención alguna para el proceso penal, en el caso del imputado. Con relación a [Nombre 003], se le dictó la prisión preventiva puesto que se le identificó un arraigo labora nulo de sus datos de identificación indico que era peón de construcción, a pesar de ser una labor sumamente respetable, lo cierto del caso es que esta no le permitía mantener un lugar fijo, con un trabajo estable y consistente en el tiempo, con un horario establecido, no cotizando para la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que dejaba ver una labor en la informalidad, que venía a generar contención alguna para el investigado y un arraigo familiar endeble, pues este indicó tener una novia, sin embargo esta no proporcionaba un núcleo familiar estable, que mitigara el peligro de fuga a partir de este presupuesto, como tampoco su hijo el cual no se mantenía conviviendo con la persona investigado, evidenciando un círculo familiar inestable, y que no permitiera sostener un arraigo como tal. Por otro lado para [Nombre 012], se le fundamentó la prisión preventiva en razón del peligro de fuga por los siguientes aspectos, un arraigo laboral nulo de sus datos de identificación al igual que [Nombre 003] indicó que era peón de construcción, a pesar de ser una labor sumamente respetable, lo cierto del caso es que esta no le permitía mantener un lugar fijo, con un trabajo estable y consistente en el tiempo, con un horario establecido, no cotizando para la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que dejaba ver una labor en la informalidad, que no venía a generar contención alguna para el investigado y un arraigo familiar endeble, pues este indicó tener una pareja sentimental, sin embargo no convive con ella, lo que evidenciando que esta no proporcionaba un núcleo familiar estable, que mitigara el peligro de fuga a partir de este presupuesto, como tampoco su hija a la cual no le ha puesto sus apellidos determinando con ello la poca relación, inclinándose el juzgador al considerar un círculo familiar inestable, y que no permitiera sostener un arraigo como tal. Entre otros de los aspectos que comparten los tres imputados sean [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 012], para el peligro de fuga se identificó los cuales deben de ser analizados de forma conjunta con las altas penas que podrían llegarse a imponer, los imputados sin ninguna restricción podría evadir la acción de la administración de justicia, ante las penas tan altas que podrían enfrentar en un eventual contradictorio, puesto que de los delitos se les investiga en el caso de [Nombre 002], por Tres delitos de Homicidio Calificado (en perjuicio de [Nombre 007], [Nombre 024] y [Nombre 025]) y ocho delitos de Tentativa de Homicidio Calificado y Asociación Ilícita, por otro lado a [Nombre 003] y [Nombre 012], se les investiga por un delito Homicidio Calificado (en perjuicio de [Nombre 007]) y cinco de Tentativa de Homicidio Calificado, así como Asociación Ilícita, penas que son sumamente altas antes los hechos tan graves que se les viene atribuyendo; así mismo, es importante establecer que la magnitud del daño causado es un presupuesto importante, en vista que hay afectaciones al bien jurídico de la vida, el cual es el más protegido por el ordenamiento jurídico, el cual el legislador ha protegido con las penas más altas, en donde los imputados con su desplegar delictivo acabaron con la vida de personas, jóvenes que en el caso de [Nombre 024] viajaba con sus dos hijos menores de edad los cuales los imputados no les preocupó en lo más mínimo las víctimas colaterales de estos hechos, y por otro lado atacando a personas convalecientes en el Hospital Tony Facio Castro de Limón. Para la imposición de dicha medida además de lo anterior se analizó el Peligro de Obstaculización y el Peligro para la víctima, pues se pudo obtener de la investigación que los imputados actuaron de forma violenta con un fácil acceso a armas de fuego de grueso calibre, con un plan previamente establecido lo cual es más que evidente ante los hechos tal y como sucedieron respaldado por los indicios ubicados, lo que evidentemente puede ser aprovechado por los imputados, para buscar a las víctimas o testigos, para querer amedrentarlos o coaccionarlos para que estos no formen parte activa del proceso penal, dejan sin elementos de prueba para el Ministerio Publico, sumándole inclusive que se trata de grupo criminal que mantiene imputados en libertad, y que los hechos son sumamente reprochables. Presupuestos que fueron valorados por un Juez de la República de manera integral, el cual determinó como suficientes analizando la de Flagrancia como otro de los presupuestos para la imposición de la prisión preventiva, puesto que los imputados son detenidos momentos después de la comisión de los hechos delictivos con elementos de prueba que hace sostener su participación con los hechos acusados, indicio importante para la imposición de la prisión preventiva, lo que determinó el juzgador que sea procedente las medida cautelares de Prisión Preventivas, siendo la misma idónea y proporcional para que el encartado no evada la fase intermedia, la etapa del juicio y de ejecución de la sentencia; además a lo largo del todo el proceso la defensa técnica y material, no han planteado elementos probatorios que vengan a variar las circunstancias que mediaron para su imposición, tornándose la prórroga de las medidas cautelares como necesarias, para garantizar las resultas del proceso, siendo lo pertinente ordenar la prórroga de la prisión preventiva, ya que los arraigos de los imputados son sumamente endebles y nulos, lo  que podría animar a los imputados para evadir la acción de la justicia. Ahora bien, respecto al encartado [Nombre 013] se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, la  cual se fundamentó en el peligro de fuga, peligro de obstaculización y para la víctima, continuidad delictiva y crimen organizado, para asegurarse las fases del proceso penal y de ejecución de sentencia, al considerarse que el Imputado [Nombre 013] tiene un arraigo domiciliar nulo puesto que este indicó en sus datos de identificación indicó ser un operario en construcción, sin embargo se logró determinar que la información que este proporcionó no corresponde con la labor que este realizaba, es decir, que el imputado no contaba con una permanencia en un lugar determinado de trabajo, que lo pudiese de alguna manera sujetar al proceso penal; el arraigo familiar débil, esto a partir de que tenía poco tiempo de mantener una relación sentimental de 4 meses, lo que no le permitía generar la contención suficiente, arraigo domiciliar nulo, al momento del allanamiento no se logró ubicar en su domicilio, puesto que este fue detenido en otro domicilio, es decir, que no contaba con un domicilio estable que de manera positiva el imputado se iba a sujetar al proceso penal por el hogar que conformaba. Lo anterior fue analizado de forma conjunta con las altas penas que podrían llegarse a imponer, el imputado sin ninguna restricción podría evadir la acción de la administración de justicia, ante las penas tan altas que podrían enfrentar en un eventual contradictorio, puesto que de los delitos se les investiga así como Asociación Ilícita y el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio, penas que son sumamente altas antes los hechos tan graves que se les viene atribuyendo; así mismo, es importante establecer que la magnitud del daño causado es un presupuesto importante, en vista que hay afectaciones al bien jurídico de la vida, el cual es el más protegido por el ordenamiento jurídico, el cual el legislador ha protegido con las penas más altas, en donde los imputados con su desplegar delictivo acabaron con la vida de personas que fue necesaria la participación del imputado en cuanto a vigilancias, préstamo de bienes e incluso manejo de dinero para el caso del homicidio de [Nombre 007]. Para la imposición de dicha medida además de lo anterior se analizó el Peligro de Obstaculización y el Peligro para la víctima, pues se pudo obtener de la investigación que los imputados actuaron de forma violenta con un fácil acceso a armas de fuego de grueso calibre, con un plan previamente establecido lo cual es más que evidente ante los hechos tal y como sucedieron respaldado por los indicios ubicados, lo que evidentemente puede ser aprovechado por el imputado [Nombre 013], para buscar a las víctimas o testigos, para querer amedrentarlos o coaccionarlos para que estos no formen parte activa del proceso penal, dejan sin elementos de prueba para el Ministerio Publico, sumándole inclusive que se trata de grupo criminal que mantiene imputados en libertad, y que los hechos son sumamente reprochables. Se analizó la continuidad delictiva, como otro de los supuestos para la imposición de la medida cautelar, esto analizado a partir de un grupo criminal, sumamente violento que se encuentra disputando territorio para la  actividad criminal, que estos actúan de manera violenta y premeditada, al ejecutar actividades criminales mediante un plan previamente establecido, y que se denota de la investigación la comisión de varios hechos de la misma naturaleza, aunado a lo anterior la declaratoria de crimen organizado, tal y como lo establece el artículo 239 bis en su inciso d), fue otros de los elementos que se valoraron para la imposición de la medida cautelar, esto en razón de la resolución de las trece horas del ocho de agosto del dos mil veintitrés dictada por el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, que analizó cada uno de los elementos, para determinar la existencia de un grupo criminal que se encontraba consolidado en la comisión de hechos criminales. Presupuestos que fueron valorados por un Juez de la República de manera integral, el cual determinó como suficientes, e indicios importantes para la imposición de la prisión preventiva, lo que determinó el juzgador que sea procedente las medida cautelar de Prisión Preventivas, siendo la misma idónea y proporcional para que el encartado no evada la fase intermedia, la etapa del juicio y de ejecución de la sentencia; además a lo largo del todo el proceso la defensa técnica y material, no han planteado elementos probatorios que vengan a variar las circunstancias que mediaron para su imposición, tornándose la prórroga de las medidas cautelares como necesarias, para garantizar las resultas del proceso, siendo lo pertinente ordenar la prórroga de la prisión preventiva, ya que los arraigos de los imputados son sumamente endebles y nulos, lo que podría animar a los imputados para evadir la acción de la justicia. Considerando necesario que su autoridad prorrogue la prisión preventiva, ya que conforme al artículo 258 del Código Procesal Penal, así como artículo 10 de la Ley 9481, el plazo máximo que el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada puede prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva ya se venció. Ahora bien, la presente causa ya se encuentra acusada, sin embargo, es importante hacerle ver a su autoridad que se crearon dos testimonios de piezas, entre ellos el 26-000002-1964-PE en la que el encartado [Nombre 013] figura como imputado y se celebrada la audiencia preliminar a partir del día 09 de junio al 12 de junio del 2026 para que una vez conocida la solicitud del Ministerio Público sea elevada a juicio y se acumule a la presenta causa que es la principal, de manera tal que quedaría pendiente de realización de debate oral y público, lo que hace necesario solicitar al tribunal la Prórroga de la Prisión Preventiva tornándose necesario prorrogar la prisión preventiva. Al día de hoy no han variado los motivos que sirvieron de base para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y se han mantenido a través de las diferentes audiencias y resoluciones dictadas tanto por el Juzgado Penal como por el Tribunal de Juicio ambos Especializado en Delincuencia Organizada. Es por lo que ante la invariabilidad de las circunstancias y no existiendo nuevos elementos que permitan sustentar o fundamentar un cambio  de medida, se solicita sea ordenada la prórroga de la prisión preventiva del imputado [Nombre 013], [Nombre 002], [Nombre 012] y [Nombre 003] por un plazo de SEIS MESES MÁS, que vencerían el día DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS, tiempo que deberá ser suficiente para el contradictorio ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada” (copia literal tomada de las páginas 67 a 72). Concluye reiterando su pretensión y especificando que el expediente se adjuntó digitalizado a la solicitud.

Posición de la defensa: Mediante resoluciones de las 10:00 horas y de las 15:00 horas, ambas de la misma fecha 10 de junio de 2026, esta autoridad jurisdiccional dio audiencia a la licenciada Cindy Morales Romero, defensora pública de los tres justiciables [Nombre 012], [Nombre 003] y [Nombre 002], así como a la abogada Melany Araya Fernández, defensora pública del acusado [Nombre 013]. Únicamente contestó la primera de las letradas y respondió lo siguiente: “Todos mis representados, sea [Nombre 012], [Nombre 003] y [Nombre 002]; desean se realice una audiencia oral en la que puedan participar, por lo cual solicito el traslado de los mismos. Desde ya se ofrece el testimonio del señor [Nombre 010] […] Este testigo declarará sobre circunstancias del imputado [Nombre 002] que podrían implicar un cambio en la Medida Cautelar. También se ofrece el testimonio de la señora [Nombre 011] […], quién se referirá a circunstancias nuevas para el imputado [Nombre 003], que podrían implicar un cambio en la Medida Cautelar que viene cumpliendo hasta el día de hoy…”.

Sobre la competencia de esta autoridad jurisdiccional para conocer la solicitud fiscal. De la revisión del legajo de medida cautelar, así como de la información contenida en la gestión presentada por la representación fiscal, la cual no ha sido objetada por la defensa técnica de los justiciables, se deriva la siguiente secuencia temporal de la prisión preventiva que el actor penal pretende que sea extendida mediante esta resolución: (i) Mediante los formularios N° 0965103, N° 0965104 y N° 0965105 se verifica que los justiciables [Nombre 002], [Nombre 012] y [Nombre 003] fueron puesto a la orden del Juzgado Penal de Limón en fecha 19 de diciembre de 2023.  (ii) Ante la solicitud del Ministerio Público, mediante resolución de las 12:45 horas del 21 de diciembre de 2023, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica impuso seis meses de prisión preventiva en contra de los justiciables [Nombre 012], [Nombre 002] y [Nombre 003], hasta el 19 de junio de 2024. Dicha decisión se fundamentó por la presencia de las causales de peligro de fuga (los tres justiciables por nulo arraigo laboral y los endilgados [Nombre 012] y [Nombre 003] por endeble arraigo familiar); alta penalidad; la magnitud de daño causado; peligros de obstaculización y para la víctima; y de flagrancia. (iii) Mediante el formulario N° 0965302, titulado “tener a la orden”, se verifica que el acusado [Nombre 013] fue puesto a la orden del Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada en fecha 6 de febrero de 2024. (iv) Ante la petición fiscal, a través de la resolución de las 09:08 horas del 08 de febrero de 2024, el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada impuso seis meses de prisión preventiva en contra del endilgado [Nombre 013], hasta el 06 de agosto de 2024. (v) Por medio de la resolución de las 15:40 horas del 18 de junio de 2023, esa misma autoridad jurisdiccional prolongó la medida cautelar de [Nombre 012], [Nombre 002] y [Nombre 003] por 3 meses más, hasta el 19 de setiembre de 2024. (vi) Por medio de la resolución de las 14:03 horas del 6 de agosto de 2024, esa misma autoridad jurisdiccional prolongó la medida cautelar imputada a [Nombre 013] por 4 meses y 20 días más, hasta el 21 de diciembre de 2024. (vii) Ese mismo despacho, a través de la resolución de las 19:00 horas del 18 de setiembre de 2024, extendió la detención provisional de los acusados [Nombre 012], [Nombre 002] y [Nombre 003] por tres meses, hasta el 19 de diciembre del año 2024. (viii) Mediante resolución de las 15:55 horas del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada prorrogó la prisión preventiva de los cuatro procesados [Nombre 013], [Nombre 012], [Nombre 002] y [Nombre 003], hasta el 10 de abril de 2025.  (ix) Esa misma autoridad jurisdiccional, por medio de la resolución de las 14:51 horas del 8 de abril de 2025, extendió la medida cautelar de los cuatro imputados por 134 días, hasta el 8 de agosto de 2025. (x) A través de la resolución de las 14:00 horas del 7 de agosto de 2024, ese mismo despacho prolongó la detención precautoria de los cuatro sindicados por 134 días, hasta el 19 de diciembre de 2025. (xi) Mediante la resolución de las 11:11 horas del 17 de diciembre de 2025, ese mismo despacho amplió la detención precautoria del sindicado [Nombre 013] por 1 mes y 18 días, hasta el 6 de febrero de 2026. (xii) Este Tribunal, con la misma integración, a través de la resolución N° 2025-0048, de las 16:00 horas del 4 de diciembre de 2025, dispuso la extensión de la prisión preventiva de [Nombre 002], [Nombre 012] y [Nombre 003] por 6 meses, hasta el próximo 19 de junio de 2026. (xiii) Esta misma Cámara, conformada por las mismas juezas y juez, mediante la resolución N° 2026-0004, de las 10:00 horas del 16 de enero de 2026, autorizó la prórroga de la prisión preventiva de [Nombre 013] hasta el próximo 19 de junio de 2026. Conforme la anterior línea del tiempo se aprecia que el próximo 19 de junio de los corrientes, los justiciables [Nombre 002], [Nombre 012] y [Nombre 003] cumplirán 2 años y 6 meses calendario de estar privados de su libertad, mientras que el acusado [Nombre 013] tendrá 2 años, 4 meses y 10 días de mantenerse bajo la figura de la prisión preventiva, ello mediante distintas y consecutivas resoluciones jurisdiccionales que alcanzaron su firmeza y que contenían la debida justificación para la imposición de la medida más invasiva del régimen cautelar previsto en la normativa procesal. El anterior recuento significa que los cuatro justiciables ya cumplieron el plazo ordinario de la detención provisional, pero aún no han agotado el extraordinario, al cual le resta 1 año con 6 meses para los tres sindicados [Nombre 002], [Nombre 012] y [Nombre 003] y 1 año, 7 meses y 20 días para el endilgado [Nombre 013] para consumarse. En forma paralela, se ha verificado que el Juzgado Penal  Especializado en Delincuencia Organizada, mediante resolución firme de las 11:00 horas del 7 de octubre de 2024, aceptó la competencia de esta causa y, por tanto, en lo que interesa, la readecuación de los plazos procesales, entre ellos, los destinados al cumplimiento de la medida cautelar. Al haberse cumplido el plazo ordinario de la detención provisional, no así el extraordinario, en consecuencia, le corresponde a esta autoridad jurisdiccional conocer de la gestión fiscal, según la correlación de los artículos 10 de la Ley N° 9481, de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, y 258 del Código Procesal Penal.

Sinopsis de la audiencia oral y pública celebrada el día 16 de junio de 2026: A petición de la licenciada Cindy Morales Romero, se celebró una “vista,” ante esta cámara, ello en la fecha consignada en el título del acápite, a donde se presentaron las personas abogadas Karla Johanna Valverde Bonilla y Cindy Morales Romero, así como los justiciables [Nombre 012], [Nombre 002] y [Nombre 003]. La primera de las personas abogadas es la representante de la Fiscalía de Limón y la segunda es la defensora pública de los endilgados [Nombre 012], [Nombre 002] y [Nombre 003]. La representante fiscal reiteró su gestión, la cual fue sintetizada anteriormente y, al tratarse del fiel reflejo del documento escrito, se omitirá consignar nuevamente su contenido. Por su parte, la abogada Morales Romero solicitó el cambio de medida de cautelar. Indicó que, aunque ya otro juzgador haya dicho que existe una probabilidad de comisión de los hechos, estima que esta cámara no puede inhibirse para considerar si los indicios propuestos por el Ministerio Público son o no atendibles para la continuidad de una medida tan gravosa como es la prisión preventiva. Informó que el actor penal describió que su patrocinado [Nombre 002] realizaba seguimientos, pero no aportó elementos objetivos de prueba que den cuenta de tal actividad. Estima que la acusación se formuló a partir de posturas subjetivas del O.I.J. Comentó que los sindicados [Nombre 003] y [Nombre 012] fueron detenidos como ejecutores de un homicidio ocurrido en el hospital de Limón, pero opina que no hay elementos de convicción que lo acrediten. Explica que, por ese mismo caso, el endilgado [Nombre 002] fue aprehendido en las cercanías del nosocomio caribeño, sin que se hubiera comunicado con los imputados [Nombre 003] y [Nombre 012]. Indica que don [Nombre 002] se dedica al transporte privado, que es lo  llamado popularmente como “taxista pirata”, sin que hubiera prueba que descarte que estuviera en el sitio por su oficio. Insiste en que [Nombre 002] no tiene relación alguna con [Nombre 003] y [Nombre 012]. Estima que esta cámara sí tiene la facultad para modificar la medida cautelar, que es su petición principal. Señala que sus representados están interesados en demostrar la inocencia. Opina que la proporcionalidad de la aprehensión provisional no puede fundamentarse únicamente en la posible pena a imponer del delito que se persigue, sino que también debe valorarse cómo ha llevado el Ministerio Público su investigación. Al respecto, menciona que la indagación criminal estaba finalizada desde diciembre del año 2024 y, a partir de ese momento, no se efectuó ningún acto investigativo adicional que justifique que el procedimiento estuviera detenido durante un año y medio y, por tanto, la medida cautelar se torna en desproporcionada. Menciona que se justificó la tardanza en la urgencia de un anticipo jurisdiccional de prueba y, a pesar de que la testigo se comportó totalmente reticente a participar en la diligencia, el actor penal insistió en efectuar tal acto y ello provocó un atraso innecesario en la tramitación del proceso penal. Destaca que su petición es que se modifique la prisión preventiva al arresto domiciliario, porque existe una investigación y un auto de apertura a juicio, por lo cual sus representados van a tener que estar sometidos a un contradictorio. Comenta que dicha medida cautelar no está vedada para los casos de delincuencia organizada, sino únicamente aquellos que también incorporan el monitoreo electrónico. Considera que su propuesta es real y válida. Subraya que el imputado [Nombre 003] tiene una tía que vive en Cartago y quien está anuente a ofrecerle el domicilio, así como asumir su manutención. Ofreció los testimonios de [Nombre 011] y [Nombre 010]. Comenta que, con respecto al sindicado [Nombre 012], si bien no hay ofrecimiento como tal, tiene domicilio y familia. Explica que platicó con la madre de don [Nombre 012] y ella le indicó que está atenta al proceso; que conoce los hechos de que acusan a su hijo; y que le brinda apoyo, por lo cual ofrece su residencia para que se mantenga en arresto domiciliario. Fundamenta su petición en el tiempo que duró el Ministerio Público para acusar a los sindicados. Se escuchó el testimonio de [Nombre 011], quien es vecina del [...], y dijo lo siguiente: “Me dijeron que era para darle el domicilio a mi sobrino porque lo están acusando de homicidio. Sí estoy dispuesta a darle el  domicilio. Es en el domicilio que ya di. Ahí viven mis tres hijos y mi esposo. Ellos están de acuerdo en darle el domicilio. Sí acepto que se quede en mi casa y sí estoy dispuesta a avisar si él se ausenta de mi casa. Sí asumiría su manutención. Sí tengo las posibilidades económicas de asumir su manutención. Yo ahorita llevo año y medio de trabajar en la panadería y no sé en el futuro, pero sí estaría dispuesta. Mi esposo trabaja en la [...] como bodeguero. Mis hijos son menores de edad, de 10, 14 y 16 años y ya les dije de la posibilidad que mi sobrino se quede en la casa. Sí estaría dispuesta a mantenerlo durante los seis meses. La casa es mía. Como 5 años ya que yo la compré. Tiene un baño, tiene seis cuartos, sala, comedor, cuarto de pila. En uno de los seis cuartos dormiría [Nombre 003]. Los cuartos están equipados con cama e implementos. Mis hijos duermen en diferentes cuartos, ahorita tengo un hijo que está con el papá por este año, entonces, todos los cuartos están equipados. Gano 75 mil por semana. Mi horario es rotativo. Mi esposo está ganando como 350 mil por mes. De la plata de él, él paga la pensión por el hijo de él y nos dividimos lo que es la luz, el agua y el cable y las carnes y la comida, y mi salario sí queda libre. Nosotros gastamos como 100 a 120 mil por quincena de comida, pero solo comida.Gastamos un aproximado de 150 mil por mes, por semana, gastamos casi 100 mil, pero él con el pago, como a él le pagan por quincena y a mí por semana. Siento que en lo mismo que nosotros tenemos, [Nombre 003] podría vivir, ya sería comprarle las cosas de él y lo de la comida, porque él no va a poder salir. Tenía buena relación con [Nombre 003], yo me llevaba bien con mi sobrino. Él vivía en Limoncito. Como yo vivo en Cartago, lo veía cuando bajamos y por teléfonos nos hablamos, yo he ido a la cárcel a verlo y a dejarle comida. Tengo entendido que [Nombre 003] va para dos años de estar detenido. Yo lo vi donde mi papá en diciembre, antes de que pasara todo, él llegó en diciembre, lo vi en abril cuando mi mamá cumplía en años, eso fue donde mi mamá, que vive como a 500 metros de donde él vivía. Toda mi familia vive en Limón”. También se escuchó la declaración de [Nombre 010], quien es vecino de Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, y dijo lo siguiente: “Mi padre falleció hace 4 años y él se dedicó a la vivienda social en Pocora y tuvo relación con la familia de él y con doña [Nombre 019] y, en razón de eso, lo conocemos, porque viven cerca de los proyectos que tenemos en Pocora. Por un lado, qué bueno  que se le dé la oportunidad y si se logra para nosotros es importante porque nosotros ocupamos una serie de procedimientos ante las Municipalidades y Asadas y, por vivir en Guanacaste, se me complica, pero ya teniendo una persona de confianza a quien le puedo dar poderes, para mí se me facilita mucho. Al fallecer mi papá, yo heredé dos empresas constructoras: en una están los terrenos y la otra, cuando ya los terrenos tienen los permisos listos, se traspasa a la empresa constructora para hacer casas de bien social y para pagar un solo cheque y no en dos. En  principio, se tramitan los permisos y segregaciones a nombre de una sociedad, ya después se traspasan a la otra sociedad, para ya terminar los proyectos, ante el BANVHI. Lo importante es la confianza porque aparte de que hay que darle poderes, maneja dinero para meter backhoe, la cantidad de vagonetas que se reciben. Ya uno sabe, que si no es una persona que está de lado de uno, se deja corromper para poder pasar más horas, en ese aspecto, es un muchacho maduro, no tiene vicios y por el respeto de conocer a los hermanos y a la mamá, para que él me ayude en una serie de trámites en ese negocio. Normalmente el horario sería el mismo de las instituciones públicas donde se dan los trámites y excepcionalmente tendría que darle horas extras por el relleno y la maquinaria, que es lo que tengo que darle las horas extras, que es de 7 a 5, pero allá las instituciones cierran más temprano y sería de 7 a

Yo estimo que el salario sería de alrededor de 320 mil colones y aparte de los gastos que él incurra para transporte y las comidas de él, porque muchos trabajos son lejos de una casa o un lugar donde pueda comer o tomar café, entonces, yo vería por esos gastos. El pago de las horas extras es adicional. Como me referí antes, en algunos momentos son documentos a la Asada, a las Municipalidades de Guácimo, Pocora, para ir a ver los terrenos, porque hay que pegar el cartoncito, no es un solo lugar, es ir a las instituciones, a la municipalidad, ir al Registro Civil, porque a los beneficiarios se les vence la certificación, es variable. Sería en toda la provincia de Limón. Las propiedades son en Guácimo, Pocora, y el ICE es en Siquirres. A él le queda más cerca Siquirres y después Pocora, son como 45 minutos en transporte público. Realmente ignoro si él tiene licencia de moto o carro, oportunamente habría que verlo, porque para él sería más cómodo si tiene vehículo, pero no sé si en este tipo de permisos, hay alguna limitación. En principio, sería en transporte público, pero si tiene licencia de moto, le financio la moto, por el factor tiempo. En principio, le pagaría, lo considero muy maduro y serio, me gustaría darle un tiempo de tres meses para que se acomode antes de pagar el Seguro Social. Sí estaría anuente a la póliza del INS, pero primero sí me gustaría verlo cómo se desempeña antes de pagar la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí estaría anuente a informar a las autoridades si falta, porque me desfavorecía en la empresa y yo  no alcahueteo esas cosas, tiene una niña pequeñita, no toma ni fuma, entonces, sí estaría anuente. Cuando ustedes lo consideren oportuno yo iría, yo fijé 3 meses, pero es conservador, porque el gobierno dio dinero para los bonos y hay mucho movimiento. Tengo alrededor de 11 años de vivir en Guanacaste. Las sociedades se llaman [...] S.A., que es donde están las propiedades y la otra se llama [...], que es la que se encarga de terminar los proyectos. Las dos están inscritas ante el BANVHI, pero la que está operando como constructora es [...]. [Nombre 002] sería con [...], porque los permisos se traspasan cuando ya  está todo preparado para construir, pero tendría un poder de [...] S.A. y le daría el dinero para contratar la maquinaria y el dinero de la obra terminada. Hay trámites en las dos y hay casas listas para construir. Como yo vivo en Guanacaste, con alguna frecuencia iba a visitar a mi padre, creo que alrededor de 3 o 4 años tengo de conocerlo, pero con mi padre sí tiene una relación más cercana. Las cédulas jurídicas son de [...] [Valor 001] y de [...] [Valor 002]. En ambas yo soy presidente con calidad de apoderado general. No he trabajado directamente con [Nombre 002], con el hermano mayor de él, sí. Mi papá no trabajó con [Nombre 002], sólo con el hermano mayor de él. En este momento, tengo que mandar un amigo hasta San José, hay una muchacha que se le dio un bono y que me ayuda, pero no tiene disponibilidad siempre, dependiendo del trámite, el abogado tiene un poder, para que ellos puedan hacer trámites. A mí me habló doña [Nombre 019] y después con la licenciada Cindy, hace unos 15 días, tal vez un poco menos. Hace mucho estoy ocupando a alguien, pero como yo soy de otra zona, él que era conocido de mi padre, pero eran amigos de él, son de confianza míos, yo solo tengo confianza con la familia [...], se puede trabajar con plena transparencia con ellos. Tal vez desde hace 4 años ocupo alguien. En específico no he buscado a alguien, cuando hay que hacerlo, molesto a diferentes personas, porque no tengo a nadie en específico. Si a él le toca sacar permisos, en el momento que él me manda la foto, son tareas específicas o cuando se contrata maquinaria, tiene que estar ahí, no son tareas de largo plazo, entregar solicitudes, tener el recibo y esperar el tiempo de espera y él tiene que enviarme el documento. Tiene que darle el control, las fotos de vagonetas, el trabajo de él, no tiene cómo para un abuso de confianza, sí hay una forma de ver que sí los hizo. Yo velaría por sus trabajos. No sé si él ha contratado a backhoe, pero no tengo cómo ver si trabaja, tengo que apegarme a la confianza. Por ejemplo, si hay que nivelar el terreno, los backhoe cobran por hora y las vagonetas por la cantidad, si él está ahí, lleva el control de las horas y de la cantidad y yo pagar y no por la confianza de los conductores. Las horas extras no incluyen horas de la noche, sería hasta las 6, como máximo. A veces el señor del backhoe tiene trabajos al día siguiente y se queda 2 horas para terminar. Sí hay buses después de las 6, pero es esporádico. Necesito ver la eficacia, porque de alguna forma, hay que tener una malicia, en principio, él no tiene experiencia, pero puedo ir anticipando cosas y ver su capacidad de hacer trámites. Yo con él sí he conversado, no puedo extenderme mucho, como información personal, pero sí he hablado con él, es una persona seria, madura, no tiene vicios, los trámites que hay que hacer, hay que tener una malicia, pero la mamá de él es muy estricta, la relación de él con el hermano y para mí sería una persona de gran ayuda y, por los antecedentes familiares, le puedo dar confianza. Los trabajos tienen relación con el BANVHI, que son los que dan los trámites para bono, a veces, se  soca, otras veces, se afloja, si no hay bonos aprobados, se da mantenimiento a las propiedades, hay que dar mucha chapia por el clima, pero siempre hay que hacer algo, y en este momento, sí está socado. Ahora el proyecto, hay 7 casos que están en trámite, esperamos que estén resueltos en 3 meses, hay 8 casos en análisis y hay 24 lotes listos para desarrollar, cerca de la Clínica de Pocora, hay otra urbanización, para abrir una calle, para solicitar agua potable, hay 32 lotes y hay que segregar la acera del frente, sí hay suficiente, y tenerlo entretenido. Me parece, en teoría, durante estos 4 años porque el gobierno abrió un amplio presupuesto para bonos y esperamos que se mantenga una alta demanda”. La licenciada Morales Romero concluyó su alegato informando que la testigo [Nombre 011] contestó en forma clara y concisa, así como tiene una amplia casa donde el endilgado [Nombre 003] pueda tener su propio espacio y cumplir con los parámetros para el arresto domiciliario. Con respecto al acusado [Nombre 002], comenta que el señor [Nombre 010] fue enfático respecto a la labor que aquel realizaría y reafirma que el justiciable podría cumplir una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, pues su domicilio ya fue comprobado y cuenta con arraigo familiar. Reitera su petición y comenta que, en su opinión, el plazo no está justificado. Insta a esta cámara a poner coto al Ministerio Público con respecto al plazo de presentación de la acusación y de esta solicitud de medidas de prórroga de la medida cautelar. Los imputados [Nombre 012], [Nombre 002] y [Nombre 003] no rindieron declaración.

Se admite la gestión fiscal y se prorroga la prisión preventiva de los encausados [Nombre 002], [Nombre 013], [Nombre 012] y [Nombre 003]: (A) Respecto a la existencia de los indicios comprobados acerca de la aparente vinculación de los acusados con los hechos investigados por el Ministerio Público, es suficiente mencionar que el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, mediante resolución de las 08:30 horas del 27 de marzo de 2026, dispuso el auto de apertura a juicio para los justiciables [Nombre 002], [Nombre 012] y [Nombre 003]. En ella se estimó lo siguiente: “El cuadro fáctico no fue modificado por el Ministerio Público por lo que se mantiene incólume tal y como se describe en el párrafo anterior. Los hechos leídos se subsumen, de manera provisional, individualmente, de la siguiente forma: Un delito de asociación ilícita , descrito en el artículo 281 del Código Penal, contra los acusados: […] [Nombre 002] […] [Nombre 003]  y [Nombre 012] […] Tres delitos de homicidio calificado y siete delitos de homicidio calificado en grado de tentativa conducta prevista y sancionada en el artículo 112, incisos 5 y 7 del Código Penal, en contra del imputado [Nombre 002], homicidios calificados en perjuicio de: [Nombre 024], [Nombre 025] y [Nombre 007], tentativas de homicidios en perjuicio de menores de edad [Nombre 027] y [Nombre 028], [Nombre 029], [Nombre 030], [Nombre 031], [Nombre 032] y [Nombre 033] […] Un delito de homicidio calificado y cinco delitos de homicidio calificado en grado de tentativa conducta prevista y sancionada en el artículo 112, incisos 5 y 7 del Código Penal, en contra de los imputados [Nombre 003] y [Nombre 012], homicidio calificado en perjuicio de [Nombre 007], tentativas de homicidios en perjuicio de [Nombre 029], [Nombre 030], [Nombre 031], [Nombre 032] y [Nombre 033]”. En este punto, esta autoridad jurisdiccional no comparte la visión de la defensora técnica de los sindicados, en el sentido de que esta autoridad jurisdiccional debe volver a revisar el grado de probabilidad de que los acusados pueden ser probablemente los responsables de los hechos imputados, pues uno de los momentos procesales oportunos para realizar tal valoración es, cabalmente, la audiencia preliminar y, al haberse ya realizado tal acto, del que dio como resultado el auto de apertura a juicio, es ocioso reiterar sobre temas ya discutidos, máxime que esta no es una vía para reinterpretar o revisar el pronunciamiento del Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada. De ahí que esta cámara no se pronunciará sobre los argumentos de la licenciada Morales Romero vinculados a la inexistencia de indicios, de que los justiciables son inocentes o que no existe vinculación entre [Nombre 002] con [Nombre 003] y [Nombre 012]. Por otra parte, esta última autoridad jurisdiccional tuvo que expedir el testimonio de piezas 26-000002-1964-PE porque el defensor técnico del acusado [Nombre 013], el licenciado Daniel Chang Villalobos, se incapacitó para el momento de la audiencia preliminar del asunto principal. Esta cámara ha verificado que tal acto procesal está en curso y que está siendo llevado por la jueza Diana Karina Vega Castro y, a la fecha de la emisión de esta resolución, aún no ha concluido. Pese a la anterior circunstancia, el estado procesal de la causa 26-000002-1964-PE es suficiente para sustentar el indicio de probabilidad de [Nombre 013], en virtud de que los distintos juzgados penales que se han pronunciado sobre la imposición o no de la medida cautelar  en cuestión, han estimado que es suficiente el material recabado por el actor penal para cumplimentar con este presupuesto procesal. Por tales motivos, a criterio de esta autoridad, es innecesario ahondar sobre el tópico en particular, pues la defensa técnica no informó de circunstancias novedosas que variarán lo que ya ha sido contemplado por los juzgadores indicados. (B) Una vez superado el tema de la existencia de indicios suficientes para considerar que los investigados podrían tener responsabilidad en los eventos investigados por el Ministerio Público, esta cámara aprecia que la calificación jurídica indicada en la solicitud en cuestión se ajusta a delitos cuyas penas mínimas son de 20 años de prisión. Es este último dato el que debe tomarse como rasero para verificar la proporcionalidad de la medida cautelar respecto a la posible sanción final que hipotéticamente podría fijarse en contra de los justiciables y, en consecuencia, no se aprecia formalmente que el tiempo en que ellos han pasado en prisión preventiva se equipare a la posible pena a imponer o la mitad de esta. En este tópico, aunque se admita hipotéticamente que el asunto estaba listo para acusarse desde diciembre de 2024, como lo revela la circunstancia de que una de las causales utilizadas para sustentar la prisión preventiva fue la flagrancia, lo cierto es que la acusación se retrasó porque se acumularon distintos expedientes materiales a efecto de juzgar a un supuesto nodo criminal dedicado al sicariato, lo que implicó efectuar una serie de actos de investigación para pretender acreditar la configuración del grupo delictivo, al punto que se imputó a los endilgados del delito de asociación ilícita. De ahí que no puede aceptarse el argumento de que el expediente estuvo detenido durante un año y medio. (C) Tanto en la resolución N° 2025-0048, de las 16:00 horas del 4 de diciembre de 2025, como en la N° 2026-0004, de las 10:00 horas del 16 de enero de 2026, esta autoridad jurisdiccional estimó que los motivos por los cuales se impuso la detención provisional de los cuatro acusados no han variado ni han perdido actualidad o vigencia. Se consideró que la prisión preventiva debía continuar porque todavía permanecían los efectos del peligro de fuga ante la posible alta pena imponer y la magnitud del daño causado. Al respecto, se valoró que los investigados carecen de una fuente formal de trabajo y, las que dijeron tener, no fueron debidamente acreditadas por la defensa, pues estas se valoraron como efímeras. Se ponderó que los endilgado [Nombre 012] y [Nombre 003] mostraron débiles arraigos familiares,  porque eran padres de familia y convivían con mujeres distintas a las madres de sus hijos, pese a que son hombres jóvenes, lo que muestra inestabilidad en sus relaciones de pareja. En el caso de [Nombre 013] se valoró que su relación de pareja era incipiente, así como su arraigo domiciliar era endeble, pues no fue localizado en su residencia al momento en que se ejecutaron los allanamientos por la causa. Por tales motivos, aún persiste el análisis que determinar que la medida cautelar de prisión preventiva es la idónea, razonable y proporcional para mantener a los justiciables vinculados al proceso, ante la debilidad de sus arraigos en asociación con la alta pena a la que están expuestos. Por tanto, se acoge la petición fiscal y se prorroga la detención provisional de [Nombre 002], [Nombre 012], [Nombre 013] y José [Nombre 003] por el plazo de 6 meses: del 20 de junio de 2026 al 19 de diciembre de 2026 inclusive, en cuyo término deberá el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada planificar, calendarizar y al menos iniciar el juicio en contra de los encausados, salvo circunstancias objetivas y constatables que lo impidan. El lapso es proporcional a la complejidad de la causa, que no solamente se limita a los cuatro imputados, sino también a 7 personas más y cuyo objeto de la investigación son 12 homicidios calificados y 16 tentativas de homicidios calificados, además de otras delincuencias, lo que justifica el plazo antes citado.

Sobre el cambio de modalidad de ejecución de la medida cautelar peticionado por la abogada Cindy Morales Romero: Ha sido el criterio de esta autoridad jurisdiccional que su competencia está restringida a aprobar o improbar la extensión de la medida cautelar, lo que significa que la modificación o el cambio de su ejecución no está dentro de su poder de decisión, sino de la autoridad jurisdiccional que tiene “a su orden” la persona sometida a ella. En ese sentido, es claro que el artículo 258 del Código Procesal Penal dispone que la competencia del Tribunal de Apelación de Sentencia es prorrogar la prisión preventiva a petición del Ministerio Público y, en cuyo caso, deberá indicar “las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento”, o bien denegar la solicitud fiscal, lo que excluye la posibilidad de transmutarlas o reconvertirlas en otra forma de ejecución. Conviene recordar que la competencia se rige por el principio de legalidad y, en consecuencia, una autoridad jurisdiccional no puede arrogarse poderes que el dispositivo normativo no le otorga. Así mismo, de la correlación de los numerales 253 y 254 del mismo cuerpo  procesal, se infiere que la potestad de revisar, sustituir o modificar una medida cautelar la ostenta el Juzgado o el Tribunal donde radica la causa. En este mismo sentido, la Sala Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera: “(…) tal como lo indicaron las autoridades recurridas, el artículo 258 del Código Procesal Penal que (sic) la competencia del Tribunal de Apelación de Sentencia, en un proceso en que no se ha realizado el juicio penal, es la de conocer y resolver las solicitudes de prórroga extraordinaria de la medida cautelar, siendo que dilucidar sobre el posible cambio de medida resulta competencia del Tribunal Penal…” (resolución número 17333-2020 de las nueve horas con veinte minutos del once de septiembre de dos mil veinte). En virtud de que la causa en contra de los defendidos por la letrada Morales Romero radica en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, es esta última autoridad jurisdiccional a donde debe dirigirse la gestión por ella formulada. Por tanto, se declara la incompetencia para conocer la gestión de la licenciada Morales Romero.

Tome nota el Ministerio Público respecto a que la solicitud de prórroga de prisión preventiva fue presentada 10 días naturales antes del vencimiento de la medida cautelar. Este plazo no es adecuado ante la complejidad de los asuntos tramitados en la jurisdicción especializada de delincuencia organizada, en donde deben coordinarse audiencias ante una multiplicidad de partes. La logística operativa es compleja e impone que las solicitudes sean planteadas con la debida anticipación, a efecto de que no ocurra lo que sucedió en la audiencia oral, donde hubo retrasos innecesarios ante el poco tiempo que tuvo la defensa pública para gestionar el traslado de los testigos que ofreció en esta. Se insta al Ministerio Público a que presente las gestiones relativas a las medidas cautelares con una antelación razonable, tomando en consideración que, en caso de una eventual audiencia oral, se requiere coordinar con múltiples partes procesales, así como instancias dentro del Poder Judicial (Sección de Cárceles, administración del circuito, otros tribunales, etcétera), siendo que la praxis ha demostrado que ocho días naturales, en la mayoría de los casos, resulta insuficiente a esos efectos.