Resolución 00171-2026

Circunstancias de hecho:    Por ser el resultado anulatorio del fallo no se hace referencia de los mismos.

Recurso de apelación de la parte actora. La parte actora, [Nombre 001], interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando su revocatoria integral o, subsidiariamente, su nulidad por indefensión, alegando diversos agravios de fondo y forma. Como primer agravio, denuncia indefensión y ocultamiento de prueba audiovisual, señalando que la sentencia ignora la existencia de videos y fotografías del accidente tomados por el Comité Laboral, los cuales se encuentran bajo control de la empresa y no fueron aportados al proceso. Asimismo, cuestiona la credibilidad del testigo Valencia, indicando contradicción en su declaración, pues afirma desconocer el accidente pese a haber recibido el reporte del actor el mismo día de los hechos. En segundo término, alega responsabilidad objetiva del patrono y falta de auxilio, indicando que la empresa omitió activar protocolos de emergencia tras el accidente, no brindó asistencia ni transporte, obligándolo a retirarse por sus propios medios en estado de vulnerabilidad. Sostiene que la falta de reporte ante el INS es atribuible exclusivamente al patrono, lo que genera su responsabilidad por las consecuencias derivadas. Como tercer agravio, invoca el ocultamiento de prueba y la aplicación de la carga dinámica, indicando que el juez erró al exigirle prueba que se encuentra bajo control de la demandada, como las bitácoras de saneo y registros laborales del día del accidente, por lo que debió presumirse cierto el hecho ante la no aportación de dichos documentos. Asimismo, afirma que se invirtió indebidamente la carga de la prueba en su perjuicio. En cuarto lugar, alega prórroga tácita del contrato de trabajo, señalando que laboró hasta el 24 de junio de 2024, superando la fecha de vencimiento del contrato a plazo fijo (22 de junio), lo que, conforme a la normativa laboral, transforma la relación en una de plazo indefinido, por lo que el cese debe calificarse como despido con responsabilidad patronal. Como quinto agravio, sostiene la existencia de despido discriminatorio, alegando que el cese constituyó una represalia por su condición de salud tras el accidente, lo cual infringe la prohibición de discriminación y genera la nulidad del despido. En sexto lugar, reclama omisión de prueba testimonial esencial, indicando que su capataz, testigo directo, no pudo comparecer por impedimento judicial, y que el juzgado no facilitó mecanismos alternativos como audiencia virtual, lo que le generó indefensión al impedirle acreditar los hechos. Finalmente, solicita como medida cautelar el embargo preventivo sobre bienes de la demandada, ante el monto reclamado y el riesgo de insolvencia. En su petitoria, requiere la nulidad de la sentencia por indefensión o, en su defecto, su revocatoria con condena al pago de extremos laborales, daños, perjuicios, intereses y multas.

Criterio del Tribunal. Nulidad de la sentencia. Del examen integral de las piezas que conforman el expediente, este Tribunal advierte que la tramitación del proceso presenta vicios sustanciales que inciden directamente en el debido proceso, los cuales conducen a la nulidad de lo actuado de conformidad con el artículo 471 inciso 9) del Código de Trabajo, el cual señala que procede la nulidad cuando de alguna manera se ha impedido al acceso a la justicia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violación del debido proceso. En efecto, desde la formulación de la demanda se evidencia una confusión estructural en las pretensiones de la parte actora, pues estas mezclan elementos propios de un proceso de riesgos del trabajo con reclamaciones típicas de un proceso ordinario laboral, tales como el reconocimiento de salarios caídos y otros extremos ajenos a la naturaleza indemnizatoria propia de los riesgos laborales. Esta falta de claridad impide delimitar correctamente el objeto del proceso y la vía procedimental idónea. En esa misma línea, se observa que la parte demandada, al contestar la demanda, opuso la excepción de improcedencia del proceso elegido (proceso indebido), señalando que la estructura de la pretensión no permitía determinar con claridad la vía procesal correspondiente, alegato que, a criterio de este Tribunal, resulta acertado. En efecto, de la simple lectura de la demanda no es posible establecer con precisión si la parte actora pretendía accionar en la vía de riesgos del trabajo o en la vía ordinaria laboral, lo cual evidenciaba la necesidad de una depuración procesal previa. No obstante lo anterior, dicha situación no fue debidamente atendida por el juzgado de primera instancia, el cual se limitó a indicar que el proceso era de naturaleza ordinaria, sin realizar un análisis sustancial sobre la verdadera naturaleza de las pretensiones. Es decir, no se trataba de definir si la tramitación debía continuar como proceso ordinario por simple calificación formal, sino de determinar correctamente si el asunto correspondía a un proceso de riesgos del trabajo o a un proceso ordinario laboral, lo cual no fue comprendido ni resuelto adecuadamente por la persona juzgadora. Asimismo, consta en autos que el despacho previno a la parte actora en relación con la naturaleza del asunto; sin embargo, dicha prevención resultó insuficiente e incompleta, por cuanto no exigió una adecuada depuración de las pretensiones ni una correcta delimitación de los hechos conforme a la vía procesal correspondiente, permitiendo que la demanda continuara con esa ambigüedad sustancial. Aunado a lo anterior, la tramitación posterior confirma dicha inconsistencia, pues, pese a que el asunto fue encauzado de forma imprecisa, no se siguió el procedimiento especial previsto para los riesgos del trabajo, ni tampoco se tramitó como un verdadero proceso ordinario en cuanto a la coherencia de sus pretensiones. En particular, se observa que no se dispuso la remisión del trabajador a Medicatura Forense, a efectos de determinar técnicamente las lesiones, incapacidades y eventuales secuelas. Tampoco  se tuvo como parte al Instituto Nacional de Seguros, sujeto indispensable en este tipo de procesos. Tampoco se  ajustó la actividad probatoria ni el debate a las reglas propias de los riesgos laborales. Esta situación revela que el proceso ha sido tramitado bajo un esquema híbrido, confuso e incompatible, que no responde ni a las exigencias del proceso ordinario ni a las del proceso especial de riesgos del trabajo, generando una afectación al derecho de defensa y al debido proceso de ambas partes. En consecuencia, este Tribunal estima que la demanda no debió ser admitida sin una prevención clara, completa y eficaz, orientada a que la parte actora definiera con precisión la vía procesal correspondiente, adecuando tanto los hechos como las pretensiones al tipo de proceso elegido. Por lo anterior, se concluye que la tramitación del presente asunto ha sido incorrecta desde su origen, lo que acarrea un vicio insubsanable que afecta la validez de todo lo actuado, razón por la cual procede declarar la nulidad de lo actuado desde la interposición de la demanda, a fin de que la parte actora readecúe su pretensión a la vía procesal correspondiente y el juzgado tramite el proceso conforme a las reglas propias de la materia que resulte aplicable. Por innecesario se omite pronunciamiento del recurso de apelación interpuesto por el actor. PARTE DISPOSITIVA        En consecuencia, se ANULA la sentencia recurrida y todo lo actuado a partir de la interposición de la demanda inclusive, por haberse tramitado el proceso bajo una vía incorrecta y sin la debida delimitación de su naturaleza jurídica. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen, a efecto de que previo a dar curso al proceso, prevenga a la parte actora para que adecúe su demanda, definiendo de manera clara la vía procesal correspondiente, ya sea como proceso de riesgos del trabajo o como proceso ordinario laboral, ajustando los hechos y pretensiones conforme a dicha naturaleza, y proceda a tramitar el asunto con estricto apego al procedimiento legal aplicable. Se dejan sin efecto las actuaciones posteriores a la demanda, por resultar afectadas por el vicio señalado. Por innecesario, se omite pronunciamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Juezas y Juez  del Tribunal.   Maricruz Barrantes Córdoba   Brenda Celina Calvo de la O         Luis Esteban Araya Ugalde   GCGTWJ6AJUG61MARICRUZ BARRANTES CORDOBA - JUEZ/A DECISOR/A TH6431WXH5XY61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A LD2OOGC7QDM61LUIS ESTEBAN ARAYA UGALDE - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 25-000060-1542-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr