Resolución 00020-2026

Síntesis de la petición: El licenciado Rogelio Vargas Baldares, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada, mediante escrito presentado el día 21 de abril de 2026, solicita la prolongación de la prisión preventiva de los justiciables [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003], por el plazo de tres meses: del 29 de abril al 29 de julio del año 2026. En su escrito, el representante fiscal describe los datos de identificación de los imputados (fls. 1 y 2) y transcribe los eventos acusados (fls. 2 a 9), así como su calificación jurídica (fl. 9). Así mismo, inserta un cuadro titulado "desarrollo procesal de la causa", el que contiene una línea del tiempo acerca de las resoluciones relacionadas con la medida cautelar que pretende sea extendida (fls. 9 a 14). Estima que esta autoridad es competente para conocer de su gestión, porque los acusados agotaron el plazo ordinario de la prisión preventiva, en virtud de que fueron detenidos el día 19 de octubre de 2021 y, desde tal ocasión, vienen siendo sometidos al arresto provisional o, bien, a la prisión domiciliar con monitoreo electrónico. Reitera la cronología de la medida cautelar. Menciona que los justiciables han estado bajo una medida cautelar privativa de libertad desde el 19 de octubre de 2021 al 19 de octubre de 2023, como plazo ordinario; del 19 de octubre de 2023 al 19 de abril de 2024, como extraordinario; el Tribunal Penal - JEDO oficiosamente extendió la medida cautelar por espacio de 10 días, hasta el 29 de abril de 2024; del 29 de abril de 2024 al 29 de abril de 2025, como lapso de sentencia condenatoria; y, a partir de esta última data, nuevamente como extraordinario, del que ha agotado un total de 18 meses. Destaca que el lapso que estuvo el acusado [Nombre 002] en arresto domiciliario con monitoreo electrónico debe computarse como equivalente a la prisión preventiva. Resalta que el plazo de la medida cautelar que se prorrogó mediante sentencia condenatoria no forma parte del periodo ordinario ni del extraordinario, lo que apoya con citas de las resoluciones 192-R-2025 de las 07:30 horas del 7 de noviembre de 2025 del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada y 2025-0040 de las 09:40 horas del 5 de noviembre de 2025 de esta misma autoridad jurisdiccional. En el estadio procesal del expediente, menciona que la Sala de Casación Penal, a través de la resolución 2026-0158 de las 14:25 horas del 29 de enero de 2026 resolvió que los recursos de apelación contra la sentencia condenatoria debían conocerse nuevamente por parte de esta misma autoridad jurisdiccional, aunque con distinta integración, por lo que la causa se trasladó a esta oficina el 2 de marzo de 2026, ello mediante el oficio N° 507-2026 del 2 de marzo de 2026 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (fls.14 a 19). El petente motiva su gestión en que las medidas cautelares ordenadas han resultado necesarias e idóneas para contener los peligros procesales que muestran los sindicados. Estima que, a esta altura procesal, existe la necesidad instrumental de extender la prisión preventiva, porque los presupuestos que le dieron origen no han disminuido y, al contrario, el peligro de fuga se mantiene incólume por la alta pena impuesta, la magnitud del daño causado y la criminalidad organizada como causal independiente, así como la existencia de una sentencia condenatoria N° 04-2024 del Tribunal Penal - JEDO, en donde se esbozaron los elementos de convicción que consideró dicha autoridad jurisdiccional para arribar al grado de certeza suficiente para acreditar los hechos. Explica que, en la actualidad, el proceso aún está en la fase recursiva, por haberlo devuelto la Sala de Casación Penal al Tribunal Penal de Apelaciones Especializado en Delincuencia Organizada para que vuelva a conocer de los recursos de impugnación formulados contra la sentencia condenatoria dispuesta por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada. Por tal motivo, estima que es necesario extender la aprehensión perentoria de los imputados, porque ellos fueron condenados a una pena privativa de libertad, la que forzosamente debe ser cumplida en un centro penitenciario. Opina que la condición de los endilgados es suficiente motivo para que ellos intenten evadir la ejecución de la sentencia, por lo que la única medida cautelar para contenerlos es la prisión preventiva, la cual es proporcional a la pena impuesta. Indica lo siguiente: “En este mismo orden de ideas, al día de hoy los motivos por los cuales se impusieron dichas medidas cautelares a los sentenciados [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] no han variado, el peligro de fuga se mantiene latente. Resulta de relevancia indicar que a este momento procesal los sentenciados ya conocen sobre su culpabilidad, la alta pena impuesta, por lo que esto aumenta a la posibilidad de que los sentenciados no se sometan al proceso en caso de encontrarse en libertad, sumado al hecho de que ya existió una sentencia condenatoria con penas altas para sus casos particulares, y como se indicó anteriormente, ante la existencia de peligros procesales es necesario para lo que falta del proceso mantenerlos sujetos al mismo con la medida que ha sido idónea, necesaria y proporcional hasta este momento, como lo es la prisión preventiva que pesa sobre los mismos. Es importante indicar que el plazo de prórroga de prisión preventiva y arresto domiciliario otorgado durante las distintas prórrogas solicitadas, se han utilizado de forma correcta y oportuna. Sin embargo, como nos encontramos ante una investigación compleja, con numerosidad de partes y diversidad de delitos, actualmente nos encontramos en una etapa recursiva, a través de la cual se ha ordenado un juicio de reenvío inclusive. De ahí la importancia que, ante la existencia de peligros procesales de los sentenciados, los mismos sea contenidos con la medida idónea, como lo es, en este caso, la prisión preventiva. Por ello se solicitan tres meses de prórroga, a fin que el Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada resuelva el nuevo estudio de los recursos que impugnaron la sentencia de la etapa plenaria. Así, el plazo solicitado es suficiente y razonable para que se finalice con la fase recursiva en la que estamos. La existencia de peligros procesales, la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, sumado sumado al hecho de que los acusados aún están expuestos a sanciones privativas de libertad sumamente altas debido a la concurrencia de varios delitos y la magnitud del daño causado. Es por ello que no se puede dejar de lado que esta agrupación criminal se destacó en la comisión de hechos violentos como lo fue un Homicidio calificado, el Tráfico y distribución de drogas en varios sectores de la capital bajo la modalidad agravada, y el Transporte de armas de fuego prohibidas, realizando incluso cambios de domicilio a fin de contar con mayor facilidad para la actividad criminal. El éxito de la agrupación delictiva justamente derivó de la convergencia conjunta de las voluntades de cada una de las personas acusadas ya que, con sus diversos aportes, aseguraron el éxito de la empresa criminal. Así, es importante recordar la participación de los sentenciados, pues su aporte fue esencial para el éxito de cada una de las acciones acusadas y demostradas, desarrolladas por el grupo organizado. La medida cautelar excepcional de prisión preventiva, exige que exista una sospecha suficiente en cuanto a que los imputados han cometido una serie de hechos típicos, antijurídicos y culpables, y además, la presencia de peligros procesales como el peligro de fuga que viene a permitir la imposición de esta medida cautelar. Ya nuestra jurisprudencia ha indicado que no es necesaria la presencia de varios peligros procesales para la imposición de una medida cautelar si no que, con solo la existencia de un peligro procesal, como lo es en este caso el peligro de fuga, puede ordenarse una medida cautelar. En el caso que nos ocupa, existe suficiente fundamento que justifica le necesidad para aplicar medidas cautelares en contra de los encartados [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003], todo lo anterior respaldado en las diligencias de investigación realizadas por los oficiales del Organismo de Investigación Judicial y en la sentencia condenatoria que pesa en contra de los mismos, al menos hasta que el Tribunal de alzada dictamine lo contrario” (texto recuperado de las páginas 20 a 22 de la gestión). En su escrito, el fiscal enlista los elementos de convicción que, en su opinión, sustenta el grado de culpabilidad de los encartados y menciona los peligros procesales que pesan en contra de [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003][Nombre 003], en concreto, los indicios de probabilidad; los arraigos en el país; las debilidades de los arraigos domiciliares, labores y familiares y el monto de años de prisión a los que fueron condenados, los que reitera permanecen incólumes (fls. 22 a 26). Reitera su gestión de que se prolongue la medida cautelar en contra de los justiciables por tres meses y repite sus anteriores argumentos. Estima que la extensión de la medida cautelar es necesaria, adecuada y proporcional. Considera que el plazo peticionado es suficiente para que se conozca el fondo del nuevo estudio ordenado por la Sala de Casación Penal mediante el voto N° 2026-0158, ya citado, respecto a los recursos planteados en contra de la sentencia de juicio N° 004-2024.  Refiere que el lapso solicitado es proporcional, idóneo y necesario para cumplir con los fines del proceso y finalizar con la fase recursiva y, de esta manera, garantizar la presencia de los sentenciados en lo que resta del procedimiento penal. Repite su petición. Indica que su gestión está fundamentada en el escrito presentado, por lo cual no requiere de una audiencia oral, la cual, en su criterio, deberá celebrarse “solo en caso de que Su Autoridad así lo considere, o bien a gestión de la defensa técnica y/o material” (cfr. folio 29).

Posición de la defensa: Mediante resolución de las 15:40 horas del 21 de abril de 2026, esta autoridad jurisdiccional dio audiencia a las personas abogadas defensoras de los acusados para que se pronunciarán acerca de la solicitud fiscal. Únicamente se pronunció el licenciado Erick Núñez Rodríguez, defensor público de los imputados [Nombre 001] y [Nombre 002], quien expuso lo siguiente: “PRIMERO: Solicito que conforme los principios de razonabilidad y proporcionalidad que debe regir la materia de medidas cautelares en el proceso penal y sobre todo, en el campo de aplicación de la prisión preventiva, se valore si en el caso concreto la solicitud realizada por el órgano acusador se apega y es acorde a la aplicación de dichos principios. En esta línea, al momento de resolver, pido que se cuestione si la prórroga del internamiento penitenciario procesalmente resulta idónea y pertinente a los fines procesales indicados por la representación fiscal, o bien, si con medidas alternas de aquellas previstas en el artículo 244 del Código Procesal Penal, se pueden lograr los mismos resultados pretendidos en la solicitud de internamiento.

Al resolver, debe valorarse, que a la fecha, mis defendidos cuentan con poco menos de 5 años de guardar la más gravosa de las medidas precautorias. Casi 5 años en que el aparato judicial no ha podido finiquitar su situación jurídica y dicho atraso, no solo violenta a su derecho a una justicia pronta y cumplida, sino que violenta su derecho a una tutela judicial efectiva y a su debido proceso. Estamos cercanos al tope del plazo máximo previsto en la ley para este tipo de medidas y aún no hay visos de finalización procesal. Por lo que, dentro de la razonabilidad y proporcionalidad que menciono, este es un argumento a tener en cuenta. Así, conforme lo expuesto, en el marco de los Derechos fundamentales de mis defendidos, solicito que se desestime la solicitud fiscal y se ordene su inmediata libertad. Aceptando, incluso, la imposición de alguna medida sustitutiva menos gravosa de aquellas previstas en el artículo 244 del Código Procesal Penal”.

Sobre la competencia de esta autoridad jurisdiccional para conocer la solicitud fiscal. Conforme se extrae de la solicitud formulada por el licenciado Vargas Baldares, la que contiene una cronología de las medidas cautelares y que no ha sido objetada por las personas defensoras técnicas de los justiciables, así como de los antecedentes jurisprudenciales, entre ellos la resolución N° 2023-0011, de las 10:15 horas del 11 de diciembre de 2023, emitida por esta cámara, se concluye que las personas acusadas fueron aprehendidas el 19 de octubre de 2021. Ante dicho evento, el Juzgado Penal de Desamparados, mediante resolución R-355-03-2021 de las 08:15 horas del 22 de octubre de 2021, dispuso la prisión preventiva de [Nombre 001], [Nombre 003] y [Nombre 002] por el plazo de seis meses, que venció el día 19 de abril de 2022. Esa misma autoridad jurisdiccional, por medio de la resolución R-02-130-2022 de las 19:04 horas del 6 de abril de 2022, extendió la medida cautelar hasta el 19 de octubre de 2022. Después, a través del voto R1-151-2022 de las 09:56 horas del 13 de mayo de 2022, el Juzgado Penal de Desamparados sustituyó la prisión preventiva del endilgado [Nombre 002] por la medida cautelar del arresto domiciliario con monitoreo electrónico, esto por el plazo de seis meses, el que venció el 13 de noviembre de 2022. Por el conocimiento de un recurso de apelación, el Tribunal Penal de Desamparados, mediante resolución de las 15:15 horas del 27 de junio de 2022, anuló la resolución R1-151-2022 de las 09:56 horas del 13 de mayo de 2022 y ordenó la audiencia de reenvío. Sin embargo, a través de esta misma resolución, el Tribunal Penal de Desamparados declaró desistido el recurso de apelación del Ministerio Público en contra de lo resuelto en contra de [Nombre 002], por lo cual se mantuvo su arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta el 13 de noviembre de 2022. No obstante, mediante resolución R-02-000301-2022 de las 15:55 horas del 17 de junio del año 2022, el Juzgado Penal de Desamparados revocó la medida cautelar de arresto domiciliario con monitoreo electrónico de [Nombre 002] y ordenó su detención provisional, la que venció el 13 de noviembre de 2022, ante el incumplimiento de la medida cautelar que, a su favor, se había dispuesto. La prisión preventiva dispuesta para [Nombre 003] se prolongó por seis meses más, esto mediante resoluciones R-02-127-2022 de las 10:19 horas del 6 de abril del 2022 y R-02-130-2022 de las 19:04 horas del 6 abril de 2022, ambas emitidas por el Juzgado Penal de Desamparados, la que venció el 19 de octubre de 2022. Mediante resolución N° 2022-1509, de las 13:00 horas del 19 de octubre de 2022, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, extendió las medidas cautelares sufridas por [Nombre 003], [Nombre 001] y [Nombre 002] por siete días, los que terminó el día 26 de octubre de 2022. Posteriormente, esa misma autoridad jurisdiccional, a través de la resolución N° 2022-1537, de las 07:45 horas del 25 de octubre de 2022, dispuso la prolongación de la detención provisional de [Nombre 001] y [Nombre 002] por el plazo de 2 meses con 24 días, lo que finalizó el 19 de enero de 2023. Después, esa misma autoridad jurisdiccional, mediante la resolución N° 2023-60, de las 11:35 horas del 19 de enero de 2023, prorrogó la prisión preventiva sufrida por [Nombre 002] y [Nombre 003] por 2 meses adicionales, los que vencieron el día 19 de marzo de 2023. Dicho órgano jurisdiccional, a través de la resolución N° 2023-371, de las 15:25 horas del 15 de marzo de 2023, extendió el plazo de las medidas cautelares por un mes, el que concluyó el 19 de abril de 2023. Luego, esa misma autoridad, mediante resolución N° 2023-580, de las 16:00 horas del 3 de mayo de 2023, prolongó la prisión preventiva de los encartados [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] por 15 días, que terminó el día 19 de mayo de 2023. Después, esa misma oficina, a través de la resolución N° 2023-631, de las 10:45 horas del 18 de mayo de 2023, prolongó la medida cautelar en cuestión por un mes, el que venció hasta el 19 de junio de 2023. Esa misma autoridad jurisdiccional, mediante la resolución N° 2023-767, de las 8:05 horas del 16 de junio de 2023, dispuso lo siguiente: "Conforme lo estipula la ley No. 10369 del 30 de mayo de 2023 se readecuan los plazos de detención provisional de los encartados en esta causa declarando que, de los 20 meses de privación de libertad cautelar que poseen, 18 de ellos han de entenderse propios del plazo ordinario para asuntos de delincuencia organizada que se tramiten por la vía común (a los que se les aplica el plazo de tramitación compleja) y dos meses corresponden al plazo extraordinario, por lo que esta cámara será competente para emitir pronunciamiento por un máximo de 16 meses más, siempre que se den los presupuestos para ello que deberán examinarse en cada oportunidad. Se acoge la solicitud planteada por la licenciada María Fernanda Solano Castillo, representante del Ministerio Público. Se prorroga la prisión preventiva de [Nombre 001], [Nombre 002] […] y [Nombre 003] por dos meses más […] Ambas medidas cautelares deben ser contabilizadas desde el 20 de junio hasta el 19 de agosto de 2023, plazo que resulta suficiente para que, salvo circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, se realice el juicio oral y público o se resuelva sobre el procedimiento especial abreviado, según corresponda y se defina así la situación jurídica de los imputados". Posteriormente, mediante resolución oral N° 08-R-2023, de las 14:30 horas del 8 de agosto de 2023, incorporada al expediente digital a las 14:51:40 del 8 de agosto de 2023, bajo el título "Audiencia Medidas Cautelares", esto en la carpeta de "documentos asociados", el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, prolongó la medida cautelar de detención provisional por 2 meses, plazo que venció el 19 de octubre de 2023. Esta cámara, con la integración de los jueces Madrigal Lizano R. y Salinas Durán E. y la jueza SotoArroyo, H., mediante resolución N° 2023-0008, de las 10:30 horas del 2 de octubre de 2023, extendió la prisión preventiva en cuestión por dos meses, computados desde el 20 de octubre al 19 de diciembre de 2023. Esta misma cámara, con la misma integración antes referida, a través de la resolución N° 2023-0011, de las 10:15 horas del 11 de diciembre de 2023, extendió la detención provisional de los endilgados por tres meses, que finalizó el próximo 19 de marzo de 2024. Posteriormente, esta autoridad, también conformada por la misma integración precitada, mediante la resolución N° 2024-0005, de las 10:00 horas del 12 de marzo de 2024, prolongó la medida cautelar de los acusados por un mes: del 19 de marzo al 19 de abril, ambas del año 2024. En el acta de las 09:52 horas del 12 de abril de 2024, consta que el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, prorrogó la detención provisional de los justiciables hasta el 29 de abril de 2024. Aquí se suspende el plazo extraordinario porque mediante sentencia condenatoria N° 004-2024, de las 10:00 horas del 29 de abril de 2024, el Tribunal Penal - JEDO extendió la prisión preventiva de los encartados [Nombre 003], [Nombre 001] y [Nombre 002] por un año, hasta el 29 de abril de 2025.  Una vez vencido el anterior lapso, nuevamente se retoma el periodo extraordinario de la detención provisional y, esta autoridad jurisdiccional, integrado por las juezas Soto Arroyo, H. y Granados García, M.M. y el juez Madrigal Lizano, R., mediante la resolución N° 2025-0017, de las 15:00 horas del 25 de abril de 2025, extendió la detención provisional de los endilgados por el plazo de tres meses, hasta el 29 de julio de 2025.  Después, esta misma autoridad jurisdiccional, conformada por la misma integración antes dicha, a través de la resolución N° 2025-0031, de las 08:00 horas del 22 de julio de 2025, prolongó la medida cautelar por seis meses adicionales, hasta el 29 de enero de 2026. Por último, mediante resolución N° 2026-0006, de las 14:00 horas del 21 de enero de los corrientes, este Tribunal Penal de Apelaciones Especializado en Delincuencia Organizada, con la misma integración ya indicada previamente, dispuso la prórroga de la prisión preventiva de los encartados por tres meses adicionales, hasta el próximo 29 de abril de 2026. En conclusión, conforme el anterior recuento, los justiciables [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] cumplirán, al vencimiento de la actual prisión preventiva -del 19 de octubre de 2021 al 29 de abril de 2026-, 4 años, 6 meses y 10 días de estar sometidos a una medida cautelar privativa de libertad, desglosados de la siguiente manera: 2 años (24 meses) de plazo ordinario (por una ficción jurídica debe incluirse las extensiones del plazo que dictó el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José); 1 año (12 meses) del plazo de sentencia y 1 año, 6 meses y 10 días de lapso extraordinario (en donde se incluyen los 10 días naturales que el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada prolongó la medida cautelar del 19 de abril al 29 de abril, ambos del año 2024, para deliberar de previo a la sentencia condenatoria, decisión adoptada mediante resolución de las 09:52 horas del 12 de abril de 2024). En este punto, conviene recordar que, para el debido cómputo de la medida cautelar, el lapso en que el acusado [Nombre 002] estuvo en arresto domiciliar con monitoreo electrónico es equivalente a la prisión preventiva, es decir, ambas modalidades de la medida cautelar deben sumarse de la misma forma, ello por tratarse de una pena privativa de libertad, aunque ejecutada en otro tipo de recinto. El inciso c) del artículo 10 de la Ley N° 9481, prevé que, en los procedimientos de delincuencia organizada en la jurisdicción especializada, se duplican los plazos ordinario y extraordinario de la prisión preventiva, lo cual implica que tales lapsos se extienden a dos años cada uno. Por tanto, esta cámara es competente para pronunciarse sobre la gestión fiscal de extender las medidas cautelares por tres meses, pues aún restan 5 meses y 20 días para agotar el lapso extraordinario. Conviene destacar que, el próximo 19 de octubre de los corrientes, los sindicados tendrán 5 años de estar privados de libertad y, en consecuencia, esa es la fecha límite en que debería estar resuelta la situación jurídica de estos.

Se admite la petición fiscal: Como ya se ha expuesto con anterioridad, sin necesidad de valorar los elementos de convicción referidos por el Ministerio Público para sustentar su solicitud, es suficiente indicar que ya existe una sentencia condenatoria en contra de los acusados [Nombre 003], [Nombre 002] y [Nombre 001]. Esto es así, por cuanto el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, mediante resolución N° 004-2024, de las 10:00 horas del 29 de abril de 2024, declaró a tales justiciables como responsables del ilícito de homicidio calificado en perjuicio de [Nombre 004] y, bajo tal condición, les impuso una sanción punitiva de 30 años de prisión. Así mismo, esa misma autoridad jurisdiccional encontró al acusado [Nombre 003] responsable de los delitos de tráfico de drogas en su modalidad agravada y de actividades con armas prohibidas y, por ello, dispuso que deberá purgar una pena de 15 y 6 años de cárcel, respectivamente. En el caso concreto de [Nombre 003], la sumatoria de la sanción es de 51 años de privación de libertad, aunque readecuado a 50 años. La sentencia condenatoria es un dato objetivo que justifica la extensión de la prisión preventiva, con independencia de que aún no ha encontrado su firmeza, lo que no corresponde ser valorado a efectos de resolver la gestión fiscal -ni ha sido así siquiera sugerido por las partes- pues es el avance del proceso y su estado actual el que permite sustentar el primer presupuesto normativo para la imposición de la medida cautelar. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala de Casación Penal en las resoluciones N° 2025-61, de las 11:15 horas del 16 de enero de 2025 y n°2025-173, de las 11:05 horas del 20 de febrero de 2025, entre otras. Una vez superada la anterior cuestión, se aprecia que no se han modificado los peligros procesales por los cuales se emitieron originalmente las medidas cautelares, especialmente el de fuga, como se ha analizado en anteriores resoluciones. En este punto, conviene reiterar el criterio de esta cámara que la proporcionalidad estricta de la medida cautelar debe evaluarse a partir de la sanción mínima que en abstracto tiene el tipo penal por el cual fueron condenados los justiciables. En este asunto, los acusados fueron sancionados por el ilícito de homicidio calificado, cuya sanción mínima es de 20 años de prisión. De ahí que el plazo que han estado los endilgados bajo la modalidad de una medida cautelar privativa de libertad no supera la mitad de la pena y, en realidad, está próxima a cumplir un cuarto de ella. Precisamente, en atención a la ponderación del peligro de fuga en relación con la posible pena a imponer, así como la causal de delincuencia organizada, es que la prisión preventiva es la medida idónea y racional para mantener sujetos a los endilgados al proceso. Nótese que uno de ellos, en concreto el justiciable [Nombre 002], incumplió, en una ocasión, la detención domiciliar con monitoreo electrónico con que se había sustituido su detención provisional, lo que constituye un fuerte indicio de que no está dispuesto a mantenerse sujeto al proceso si se le fijara una medida cautelar alterna a la privación de libertad. Por otro lado, cuando se prorrogó la prisión preventiva de los justiciables en las anteriores ocasiones, esta cámara dispuso las medidas pertinentes y razonables para acelerar el proceso y, de esta manera, cumplir con la exigencia constitucional de una justicia pronta y cumplida. Si tales disposiciones fueron insuficientes o desatendidas, ello se debió a que la causa radicaba en otros despachos judiciales, entre ellos, la Sala de Casación Penal, donde es la parte interesada quien debía reclamar al respecto, ello mediante los llamados “pronto despacho” y la queja por retardo de justicia, conforme lo dispone el numeral 174 del código de rito. No es posible atribuirle a esta autoridad jurisdiccional los retrasos del expediente, como tampoco pretender el cese de una medida cautelar que resulta proporcional a la posible pena a imponer, tal y como lo establece el numeral 10 del mismo cuerpo normativo. Así las cosas, ponderando la ausencia de arraigos con la posible alta pena a imponer, se llega a la conclusión que las medidas cautelares son idóneas y razonables para mantener vinculados a los justiciables al proceso. El plazo de tres meses es suficiente para que esta autoridad jurisdiccional, con la integración de las juezas Granados García, M.M. y Hernández Leiva, M. y el juez Porter Aguilar, R.P., o quienes los sustituyan, pueda resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia condenatoria N° 004-2024. Por tales razones, se extiende la medida de cautelar de prisión preventiva en contra de [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] por el plazo de 3 meses, hasta el 29 de julio de 2026.