Resolución 00036-2025

Competencia. Los asuntos de delincuencia organizada o criminalidad organizada podrán ser tramitados en la jurisdicción penal ordinaria, o bien, en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Los actos procesales dictados en los casos de crimen organizado en la jurisdicción ordinaria, antes de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, mantendrán su eficacia y validez. Para ambas jurisdicciones es de aplicación la normativa vigente en la materia, incluyendo la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009, salvo disposición expresa en contrario. Serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria los asuntos que cumplan con los parámetros establecidos en el artículo 1 de la Ley 8754, de 22 de julio de 2009. Estos asuntos serán de conocimiento de los juzgados penales, tribunales penales y tribunales de apelación de sentencia penal ordinarios de todo el país. Podrán ser sometidos a conocimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada los asuntos que, además de cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 8754, de 22 de julio de 2009, se ajusten a las previsiones de los artículos 8 y 9 de la Ley 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017. Estos asuntos podrán ser sometidos a conocimiento del Juzgado Penal, Tribunal Penal y Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, todos de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Conocerán los hechos delictivos que cumplan con los parámetros indicados, así como los delitos conexos. Su asiento será en San José, así como en los lugares y en la forma que determine la Corte Suprema de Justicia y tendrán competencia en todo el territorio nacional. Además, estos despachos también tendrán competencia a nivel nacional para realizar labores dentro de la jurisdicción penal ordinaria, cuando los requerimientos institucionales así lo determinen. Cuando el Ministerio Público constate que, de acuerdo con la normativa vigente, los hechos investigados califican como delincuencia organizada o criminalidad organizada podrá solicitar que se autorice la aplicación de las normas previstas para este tipo de asuntos: a) Para los casos que correspondan a la jurisdicción ordinaria, la autoridad jurisdiccional que tenga a su cargo el asunto verificará el cumplimiento de los requisitos, mediante resolución fundada, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la solicitud. b) Para los casos que correspondan a la jurisdicción especializada, la solicitud será formulada de forma escrita por la persona que ocupe el cargo de fiscal general de la República. La autoridad jurisdiccional especializada podrá arrogarse la competencia en resolución fundada, previa verificación de los requisitos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 de esta ley. De modo excepcional, la solicitud la podrá gestionar la persona fiscal subrogante, cuando esté impedida, por algún motivo debidamente justificado, la persona que ostente el cargo de fiscal general de la República. Salvo la solicitud inicial escrita del fiscal general o del fiscal subrogante para que la jurisdicción especializada se arrogue el conocimiento de un asunto, las demás diligencias podrán ser delegadas en los fiscales especializados de dicha jurisdicción, a excepción de aquellas que por imperativo legal únicamente puedan ser gestionadas por la persona que ocupe el puesto del fiscal general. El recurso de casación y el procedimiento especial de revisión serán de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.”. (El resaltado no pertenece al original). Al respecto no nos encontramos ante un punto controvertido, sino que ya ha sido constatado previamente por esta Cámara, aunque parcialmente con distinta integración (E. Salinas, R. Madrigal y H. Soto) y así consta en autos que, la presente causa, se tramita en la jurisdicción especializada de delincuencia organizada, desde que mediante resolución de las quince horas cuarenta y ocho minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés- el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada se arrogó la competencia. Incluso, actualmente, el debate oral y público se encuentra en desarrollo ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada. Establecido lo anterior, corresponde constatar el segundo aspecto que permite establecer la competencia de esta Cámara, el cual consiste en que el plazo ordinario de la prisión preventiva que han venido soportando los endilgados haya vencido, pero todavía se encuentre vigente el plazo extraordinario que se deriva de la conjunción de los artículos 10 de la Ley 9481 y 258 del Código Procesal Penal. En este orden de ideas, conviene recordar lo establecido en dichas normas, en lo que interesa a efectos de la presente resolución: “Artículo

Plazos. (…)

En los procesos de delincuencia organizada en la jurisdicción especializada se aplicarán las siguientes reglas: (…) c) Se duplicará el plazo ordinario de prisión preventiva, así como los previstos en el artículo 258 del Código Procesal Penal…”. “Artículo 258.- Prórroga del plazo de prisión preventiva. A pedido del Ministerio Público, el plazo previsto en el artículo anterior podrá ser prorrogado por el Tribunal de Apelación de Sentencia, hasta por un año más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga.  En este caso, el tribunal deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento. (…)” Examinados los autos, a la luz de dichas disposiciones normativas, se ha podido verificar la cronología de la medida cautelar expuesta por la representación fiscal, la cual incluso ya ha sido valorada en resoluciones anteriores emitidas por este tribunal (E. Salinas, R. Madrigal y H. Soto). Así, mediante resolución 2024-008 de las nueve horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil veinticuatro, se realizó el recuento de la medida cautelar y se comprobó el vencimiento del plazo ordinario de la prisión preventiva, como se cita a continuación: “1. Mediante resolución de las quince horas doce minutos del seis de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur ordenó la prisión preventiva contra los aquí encartados por el plazo de SEIS MESES, los cuales se contabilizaron a partir de su captura internacional en el vecino país de Panamá, 12 de abril de 2022 y hasta el 12 de octubre de 2022, resolución que fue confirmada y adicionada en cuanto a su escasa fundamentación, por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón mediante voto número 3202022 de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Mediante resolución de las ocho horas cinco minutos del doce de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur ordenó la prórroga de la prisión preventiva por SEIS MESES más, a partir del día 12 de octubre de 2022 hasta el 12 de abril de 2023, resolución que fue confirmada por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón mediante voto número 695-2022 de las catorce horas cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós.

Mediante resolución de las doce horas treinta y nueve minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur, se declaró incompetente para conocer la prórroga de la prisión preventiva gestionada por el Ministerio Público – al considerar parcialmente derogada la Ley No. 8754- remitiendo el asunto por incompetencia al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago y ordenó la prisión preventiva instrumental por el plazo de quince días a vencer el próximo 27 de abril de 2023. (Fls. 698 vuelto al 713 del Tomo II L.M.C.).

Posteriormente y pese a las protestas del Ministerio Público (ver folios 713 en adelante), el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago al considerar de igual forma parcialmente derogada la Ley 8754 (Ley contra la Delincuencia Organizada), mediante voto 2023-165 de las trece horas un minuto del veintisiete de abril de dos mil veintitrés asumió la competencia del asunto y prorrogó instrumentalmente la prisión preventiva de los encartados hasta el 05 de mayo de 2023 con la finalidad de resolver la prórroga presentada por el Ministerio Público dentro de dicho plazo. (Fls. 842 al. 845 del Tomo II LM.C.).

Luego de ello, y realizada la respectiva vista, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago emitió el voto 2023-180, de las diecisiete horas cinco minutos del cinco de mayo de dos mil veintitrés, mismo mediante el cual acogió la solicitud de prórroga de prisión preventiva del Ministerio Público por el plazo de SEIS MESES venciendo el 12 de octubre de 2023 (incluyendo en forma retrospectiva los plazos de prisión preventiva instrumentales ordenados desde el 12 de abril del mismo año). Fls. 846 al 851 del Tomo II L.M.C.

Más adelante y en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 9481 y sus reformas, el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, mediante resolución de las quince horas cuarenta y ocho minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, a petición del Fiscal General de la República, admitió la presente causa para su tramitación en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Resolución dictada de forma oral, ver minuta en folios 3178 a 3179 del Tomo VIII del Legajo de Investigación. Misma que fue confirmada en alzada por el Tribunal Especializado en funciones de apelación.

Posteriormente, el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada dictó la resolución de las dieciocho horas cuarenta y dos minutos del doce de octubre de dos mil veintitrés, misma mediante la cual se amplió la prisión preventiva de los encartados por el plazo de TRES MESES, hasta el 12 de enero de 2024. (Fl. 911 Tomo III L.M.C.).

Finalmente, el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada dictó la resolución de las diez horas y veintidós minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro, misma mediante la cual se amplió la prisión preventiva de los encartados por el plazo de TRES MESES, hasta el 12 de abril de 2024. (Fl. 959 Tomo III L.M.C.)” En virtud de lo anterior, este tribunal (integrado por E.Salinas, R. Madrigal y H. Soto) continuó conociendo de las siguientes solicitudes de extensión de la prisión preventiva, emitiendo las sucesivas resoluciones y ampliando la medida por los períodos que se indican: (i) Resolución 2024-0008 de las nueve horas treinta minutos, del cinco de abril de dos mil veinticuatro en la que se ordenó la prórroga de la prisión preventiva de los encartados por el plazo extraordinario de tres meses a vencer el doce de julio de dos mil veinticuatro. (ii) Resolución 20240017 de las nueve horas veinte minutos del día once de julio del año dos mil veinticuatro, la cual ordenó la prórroga de la prisión preventiva de los endilgados, por el período extraordinario de tres meses, con fecha de vencimiento el doce de octubre de dos mil veinticuatro. (iii) Resolución 2024-0027 de las quince horas quince minutos del once de octubre de dos mil veinticuatro, en la que se ordenó la prórroga de la prisión preventiva de los justiciables, por el plazo extraordinario de tres meses a vencer el doce de enero de dos mil veinticinco. (iv) Resolución 2024-0036 de las nueve horas del veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en la que se extendió el plazo extraordinario de prisión preventiva, por tres meses, los cuales están por vencer este doce de abril de dos mil veinticinco. De la cronología expuesta se desprende que, para la fecha de vencimiento apuntada, los encartados habrán cumplido los veinticuatro meses de período ordinario, así como doce meses del plazo extraordinario de la medida cautelar, para un total de treinta y seis meses de prisión preventiva, sin que se haya agotado el plazo extraordinario dispuesto en la normativa citada líneas arriba. De esta manera, se ha constatado que esta cámara mantiene la competencia para pronunciarse sobre la solicitud fiscal.” Las anteriores consideraciones -que no han sido refutadas por las partes y son congruentes con las expuestas en la solicitud fiscal- mantienen su vigencia, con la diferencia que para el treinta de setiembre del año en curso, se habría cumplido con diecisiete meses y dieciocho días del plazo extraordinario de prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, se constata que la competencia de este tribunal de alzada persiste, pues no ha finiquitado el plazo extraordinario de la medida cautelar en cuestión, conforme a las reglas previstas en la Ley 9481.IV.- Procedencia de la prórroga prisión preventiva decretada contra los imputados. En atención a la gestión fiscal resumida líneas arriba, esta Cámara se ha abocado al análisis de los antecedentes procesales de la causa penal que nos ocupa, con especial énfasis en las circunstancias por las cuales se dictó la medida cautelar en cuestión -prisión preventiva- a los sindicados José [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] y sus sucesivas prórrogas. Efectuado el examen en cuestión, se concluye que las condiciones que condujeron a la prisionalización preventiva de los endilgados José [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] no han variado y se mantiene la necesidad de la medida cautelar más gravosa para asegurar los fines del proceso que se sigue en su contra, cuyo debate permanece en desarrollo. Al respecto, este tribunal, mediante la resolución número 2025-0015, mencionada supra, argumentó: “Conforme a lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal, para la imposición de cualquier medida cautelar, así como para que la misma se mantenga, es necesario que existan elementos de convicción que permitan sostener de manera razonable la probable participación en un delito, que éste sea sancionado con pena privativa de libertad y que exista alguno de los peligros procesales, sea fuga, obstaculización, continuidad delictiva o peligro para la víctima y/o testigo. En el caso que nos ocupa, el primer presupuesto legal, es decir el grado de probabilidad respecto a la participación en un hecho punible, se desprende de la existencia del auto de apertura a juicio emitido por el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, sin que sea necesario que esta Cámara profundice en el tema ni se aboque al análisis de los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, dado que el juez competente a esos efectos, ya realizó dicho ejercicio, sin que se haya presentado oposición alguna a efectos de resolver la presente solicitud. Por otro lado, a lo largo del proceso que nos ocupa, no ha sido un punto controvertido que el delito que se le atribuye a los endilgados, de manera abstracta, es sancionado con una pena privativa de libertad. La calificación legal otorgada preliminarmente a los hechos que se le atribuyen a los endilgados, corresponde al delito de legitimación de capitales, el cual contempla una pena de ocho a veinte años de prisión, lo que permite deducir el cumplimiento del segundo presupuesto legal referido. Finalmente, respecto a los peligros procesales, cabe precisar que -a través de las resoluciones previamente reseñadas-  se ha considerado la concurrencia de los peligros de fuga, obstaculización e, incluso, continuidad delictiva. A la fecha, las valoraciones efectuadas respecto a esos peligros procesales, se mantienen incólumes. En este sentido, no se ha informado a este Tribunal de alguna circunstancia novedosa que varíe lo que originalmente fue considerado al respecto. Así, conviene citar lo expuesto por este tribunal (E. Salinas, R. Madrigal, H. Soto), a través de la resolución número 2024-0036 del veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, cuyos razonamientos se mantienen vigentes a la fecha: “En esta causa, según lo que informa la representación del Ministerio Público en su solicitud y conforme fue resuelto en el voto anterior de este Tribunal, número 2024-0027, de las quince horas quince minutos, del once de octubre de dos mil veinticuatro: “(…) se cuenta con suficientes elementos de convicción para estimar como posible que los imputados [Nombre 004], [Nombre 002] y [Nombre 003], resulten autores de los delitos que se les atribuyen. Esta circunstancia es importante de tomar en cuenta, ya que con lo que hasta ahora se tiene, es razonable y válido suponer que, de quedar en libertad, no solo, con probabilidad, procurarían evadir la acción de la justicia, a fin de no seguir sometidos a los actos del proceso, por cuanto, en el eventual caso de que prospere la acción punitiva estatal, la pena de prisión que se les puede imponer es considerable por el tipo de delitos de que se trata y, entonces, en caso de condena, necesariamente, deberán descontar la sanción en forma institucionalizada, sin que tampoco, como alega la defensa del imputado [Nombre 002], al momento, la prisión preventiva se constituya en una pena anticipada. Esa condición, se puede estimar, representa un aliciente para que dichos imputados se sustraigan del proceso penal que se les sigue, y potencia el peligro de fuga, máxime si se considera que, según reitera el ente fiscal: “estamos frente a un grupo de Delincuencia Organizada que ha manifestado tener lazos de apoyo en la región, pesó de forma absoluta para definir la prisión preventiva como única medida proporcional para los encartados José [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003]. Pues fueron precisamente estos, como se analizó, quienes se fugaron del país y permanecieron ocultos por poco más de un mes y no de forma casual, pero sí de mucha suerte para las autoridades costarricenses, fueron detenidos en una operación contra el Lavado de dinero en Panamá. Aunado al hecho de que, en cuanto a [Nombre 001] no es la primera vez que se fugaba del país evadiendo un proceso penal en su contra por un delito relacionado con la Ley 7786, se drogas, pues así lo hizo en el año 2012 cuando se realizaron los allanamientos de la causa 11-000298-0622-PE y fue capturado hasta el año 2013 por lo cual se le abrió el testimonio de piezas 13-000254-1219-PE; evidenciándose la proclividad evasiva del mismo, y a la que sometió a sus principales colaboradores, puesto que evidentemente son personas que saben mucho de los hechos investigados y su grupo criminal” (sic, solicitud de prórroga). Afirmación que incide para que la posibilidad de desarraigo de nuestro país se potencialice en ellos tres, desde que todos coinciden en ese alejamiento del país. Cabe señalar que a efecto de la prisión preventiva, basta que se cumplan los presupuestos regulados en numeral 239 del Código Procesal Penal, los que conforme lo gestiona la Fiscalía, en este caso se cumplen y establecen la probabilidad, que en modo alguno es certeza, de la eventual participación de los sindicados en los hechos que les imputa el Ministerio Público y, entonces, da vigencia a la existencia de peligros procesales que no se pueden paliar, en el estado actual de las cosas, con otras medidas cautelares distintas a la prisión. Es decir, primeramente, se cumple el presupuesto de probabilidad que, a la luz de los eventos en que se finca la acusación y la expectativa de pena que persigue el ente fiscal, fortalece el peligro de fuga, que faculta, entonces, la detención provisional; sin dejar de lado, el peligro de obstaculización y reiteración delictiva, pues se valora que, en libertad, bien podrían interferir con el desarrollo normal del proceso o continuar con la actividad delictiva, en razón del tipo de delincuencias que se les imputan, como de los medios económicos con que cuentan. Aseveración que no viene a representar cosa juzgada, pues aun cuando, como lo alega el licenciado Sánchez Porras, otro tribunal de apelación, sostuvo un criterio distinto, tal decisión no deviene vinculante para esta Cámara, ni menos aún, marca la ruta que ha de seguirse al atender las gestiones de prórroga que se realicen por parte del ente ministerial. Corolario de lo anterior, se observa que, a criterio de este tribunal, no han variado los motivos por los cuales se decretó inicialmente la medida cautelar en contra de los encartados [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003], siendo justificado mantener la detención provisional en esta etapa del proceso, sobre todo para evitar el peligro de fuga, al cual se ha hecho referencia en todas las diversas resoluciones que las han prorrogado.” (sic). Lo citado con anterioridad se mantiene vigente, pues no hay cambios sustanciales, a no ser el avance de los procedimientos, pues ya el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, del Primer Circuito Judicial de San José, según refiere el gestionante fiscal, señaló la fecha para iniciar el debate, el próximo 6 de enero de 2025, de no surgir algún contratiempo que impida comenzar en esa data. Es decir, aunque la medida cautelar ha permanecido vigente por treinta y tres meses a la fecha de finalización de la prórroga vigente, se aprecia que esto ha ocurrido en razón de circunstancias procesales previstas por la ley (artículo 258 del Código Procesal Penal), aunado a que debe valorarse, que se cumplió con lo dispuesto en la prórroga actual que llevaba como finalidad, al menos, señalar fecha para el debate, con la recomendación de que, de ser posible, se iniciara el juicio durante el plazo gestionado, por lo que ahora, cumpliéndose ese mandato, la prórroga deviene necesaria.” De esta manera, las circunstancias apuntadas, por las cuales se estimó procedente mantener la vigencia de la prisión preventiva, principalmente en virtud del riesgo de fuga, incluso ya materializado en la presente causa por parte de los encartados; no han variado. De allí que se la necesidad e idoneidad de la medida cautelar en cuestión, si bien la más gravosa, resulta incontrovertida.”. Los anteriores razonamientos mantienen su vigencia a la fecha, sin que se haya informado de alguna circunstancia que varíe las condiciones por las cuales se impuso la prisión preventiva, verificándose entonces el cumplimiento de los presupuestos contenidos en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Nótese que -tal y como sucedió en la ocasión anterior en la que esta Cámara conoció de la solicitud de prórroga de la prisión preventiva- los defensores de los acusados [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003], al concederles audiencia de la gestión fiscal, no emitieron pronunciamiento alguno. Es decir, no consta oposición o refutación concreta de los argumentos esgrimidos por la representación fiscal, como tampoco se aportó información novedosa que contrarreste la que fue expuesta por el representante fiscal y que deba ser valorada por este tribunal. Como se desprende de los autos y fue alegado expresamente por el señor Fiscal, a la fecha, la única variación consiste en la extensión del señalamiento del debate oral y público, mediante resolución interlocutoria 125-R-2025 del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, hasta el treinta y uno de octubre del año en curso. Es menester recordar que el juicio inició el veintiocho de febrero del año en curso y estaba prevista su finalización para el treinta de setiembre del año en curso, siendo esa la razón -precisamente- por la cual se prorrogó la prisión preventiva de los endilgados hasta esa fecha. Lo anterior es de especial interés, en virtud de que en la resolución número 2025-0015 de las ocho horas del siete de abril de dos mil veinticinco, correspondiente a la última extensión de la prisión preventiva que vienen enfrentando los imputados [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003], este Tribunal dispuso que el juicio oral y público debía concluirse dentro del plazo que se concedía, sea al treinta de setiembre del año en curso, salvo circunstancias objetivas que lo impidieran, las cuales debían acreditarse. Así, aunque no se culminó el debate, el tribunal de juicio oportunamente ordenó la extensión del señalamiento, por circunstancias que resultan razonables y que son acordes a la complejidad del caso y la cantidad de intervinientes. Según se informó, existió un total de 87 audiencias en las que no fue posible sesionar, por razones de salud, procesales o la intervención de los abogados defensores en otros asuntos de igual o mayor prioridad. Lo anterior no fue refutado por los abogados defensores y, lógicamente, implicó que el debate no pudiera finalizar en la fecha que se tenía previsto. Además, se hizo constar que más de la mitad de esas ocasiones en las que no fue posible continuar con el debate (49 audiencias), se debió a situaciones de salud de las partes (imputados y defensores) o bien del mismo tribunal, lo cual se constituye en razones objetivas, ajenas al control de los juzgadores, que justifican el tiempo requerido para la finalización del debate. Nótese que se dispuso la extensión del señalamiento por un mes calendario, lo que se traduce en veinte días hábiles y, por ende, en cuarenta audiencias, período que resulta afín a la cantidad de audiencias fallidas indicadas líneas arriba y proporcional a los actos del debate que se encuentran pendientes, según informó el representante fiscal. De esta forma, no se detectan dilaciones indebidas o un manejo irrazonable e inapropiado de los tiempos del debate, que tornen en desproporcional la prisión preventiva que han venido enfrentando los endilgados. Sumado a ello, se ha valorado que los imputados sumarían cuarenta y tres meses de prisionalización preventiva, lo que es congruente con la posible pena a imponer, así como con los parámetros establecidos en el informe 35/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso de los hermanos Peirano Basso contra Uruguay). Consecuentemente, en virtud de la magnitud de los peligros procesales indicados líneas arriba, los cuales se mantienen incólumes, así como la complejidad de la causa, cantidad de intervinientes y actos pendientes para la finalización del debate y emisión de la sentencia correspondiente, a la fecha, persiste la idoneidad, necesidad y proporcionalidad del encarcelamiento preventivo de los imputados José [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003], por lo que se acoge la solicitud fiscal y se ordena la prórroga extraordinaria de medida cautelar por espacio de un mes y doce días, desde la fecha de vencimiento, treinta de setiembre de dos mil veinticinco, hasta el doce de noviembre de dos mil veinticinco, inclusive. Esto con la intención de que se concluya con el debate que actualmente se encuentra en desarrollo, salvo circunstancias objetivas que lo impidan, las cuales deberán acreditarse.POR TANTOSe acoge la solicitud formulada por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y se ordena la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de los justiciables José [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003] por espacio de un mes y doce días, desde la fecha de vencimiento, treinta de setiembre de dos mil veinticinco, hasta el doce de noviembre de dos mil veinticinco, inclusive. Dentro de este lapso deberá concluirse el debate que actualmente se encuentra en desarrollo, salvo circunstancias objetivas que lo impidan, las cuales deberán acreditarse. Remítase copia de esta decisión al Tribunal de Juicio Especializado en Delincuencia Organizada, a fin de que conozcan lo resuelto. NOTIFÍQUESE.-Maria Milagro Granados García Raúl Madrigal Lizano                                          Hannia Soto ArroyoJuezas y Juez del Tribunal Penal de ApelacionesEspecializado en Delincuencia OrganizadaExpediente: 19-000082-1322-PEContra: [Nombre 004] y otros. Delito: Legitimación de Capitales y Otros. Ofendido: El orden socioeconómico y Otros. lrodriguezExpediente N° 19-000082-1322-PE - Voto N° 2025-0036 - Pág.: 1I Circuito Judicial de San José, San José, Edificio Tribunales, Tercer Piso, Teléfonos: 2211-5350, 2211-5351 ó 2211-5349. Correo electrónico: sjo-tpenalapela-Jedo@Poder-Judicial.go.cr