Resolución 09287-2019

1.-

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:04 horas del 12 de abril del 2019, la recurrente

interpone recurso de amparo contra el DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INCENTIVOS FISCALES DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, Y EL JUZGADO DE FAMILIA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN

JOSÉ, y manifiesta que es madre de una persona con discapacidad, mayor de edad. Refiere que interpuso un proceso

judicial de salvaguardia a favor de su hijo, en el Juzgado de Familia de San José (expediente No.

[Valor 002]), con el

fin de cumplir el requisito de exención fiscal para compra de vehículos por personas con discapacidad. Alega

que en un principio, por resolución de las 16:36 horas del 3 de abril de 2019, el Juez resolvió archivar el expediente, al

considerar que, de acuerdo con el artículo 7 inciso 3) del Reglamento a la Ley N°9379, la apertura de un proceso

judicial de salvaguardia no es requisito para obtener la exención fiscal pretendida. Pese a ello, el 8 de abril del año en

curso interpuso por segunda ocasión, un proceso judicial de salvaguardia ante ese despacho, el cual se tramita bajo

el No. [Valor 003]; no obstante, en esa oportunidad le explicaron detenidamente las razones por las que no procedía el

proceso judicial de salvaguardia para el fin propuesto. Agrega que en el despacho judicial le entregaron

un oficio dirigido al Departamento de Extensión de Exoneraciones del Ministerio de Hacienda, mediante el cual la

jueza que tramitó el expediente supra indicado, explica a esa dependencia las razones por las cuales no es requisito la

interposición del proceso judicial de salvaguardia para el fin pretendido y solicita la colaboración necesaria para la

exoneración de impuestos para la compra de vehículo a favor del menor. Consecuentemente, se apersonó en el

Departamento indicado, con el oficio de 8 de abril del año en curso emitido por el Juzgado de Familia recurrido, a fin

de gestionar la solicitud de exoneración para compra de vehículo; sin embargo, mediante correo electrónico de fecha

10 de abril del año en curso, suscrito por la funcionaria Adriana Carvajal Vásquez del Departamento de División de

Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda, se le informó que el Decreto Ejecutivo N° 33343 que

reglamenta la Ley N° 8444, remite al artículo 320 del Código de Familia y, con ello, se establece como requisito para la

exención que la persona beneficiaria cuente con un salvaguarda, mediante el proceso que establece la Ley de

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Arguye que se encuentra imposibilitada de

realizar el trámite de exención fiscal para compra de vehículo de personas con discapacidad, toda vez que en el

Juzgado recurrido se le indica que no es requisito interponer el proceso judicial de salvaguardia mientras que en el

Ministerio de Hacienda le indican que sí es necesario una salvaguarda para realizar la gestión de compra de vehículo

con exención fiscal. Estima lesionados los derechos de su hijo. Solicita que se declare con lugar el recurso con las

consecuencias de ley.

2.-

Informa bajo juramento Valeria Arce Ihabadjen, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Familia

de San José, que como bien lo dice la gestionante, ese Juzgado ha recibido no una, sino dos solicitudes de

salvaguardia en favor del hijo mayor de edad de doña [Nombre 009]

señor [Nombre 010]

. Las mismas se tramitaron

bajo expedientes número [Valor 002]

y [Valor 006]. Lo que requería doña

[Nombre 009] era que de parte de la Caja

Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Hacienda y de apertura de cuentas en agencias bancarias. Por ello,

se procedió a denegar de plano, la gestión de salvaguardia que se planteó en el expediente

[Valor 002] argumentando

que la misma, era innecesaria. La normativa citada fue el artículo sétimo del Reglamento a la Ley de

Autonomía Personal que dice en lo que interesa:

“ARTÍCULO

La salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas

con discapacidad como apoyo para el ejercicio de la capacidad de actuar.

Tiene como base el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas

con discapacidad como parte de la diversidad humana; así como de los derechos

humanos, la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas con

discapacidad.

No podrá ser impuesta en contra de la voluntad de la persona.

No podrá ser solicitada ni empleada como un requisito para ejercer válidamente su capacidad de actuar en

ningún aspecto de la vida, por ejemplo, no será requisito para ser beneficiario de programas sociales selectivos

y/o prestaciones estatales, tales como bono de vivienda, exoneración para la adquisición de vehículo, pensiones

del régimen definido por la Caja Costarricense del Seguro Social, uso de parqueos reservados, entre otros

similares ya existentes o que se creen en el futuro.

Es facultativa y no obligatoria, se facilita para apoyar en la realización de actos o decisiones en concreto, que

tengan o puedan llegar a tener efectos jurídicos.

Tiene como objetivo fomentar la confianza y las aptitudes de las personas con discapacidad, de modo que

puedan ejercer su capacidad de actuar, con menos apoyo en el futuro, si así lo desean.

Proporciona protección contra los abusos en el ejercicio de la capacidad de

actuar, en igualdad de condiciones con las demás personas."

La salvaguardia que pedía doña

[Nombre 009] tendía a tramitar diversas autorizaciones administrativas y se

debe recordar que de acuerdo con el artículo 1 de ese Reglamento, el Estado está obligado a promover sus propias

salvaguardias administrativas para reconocer a las personas con discapacidad su derecho a la igualdad ante la ley y

promover el ejercicio de su capacidad jurídica todo en cumplimiento de los artículos 4 y 12 de la Convención de

Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por Costa Rica hace diez años. Los países que se unieron a la

convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar

los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen

discriminación y sobre todo a velar porque los agentes estatales se abstengan de prácticas que obstaculicen el pleno

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (Artículo 4). Por ello, es que es innecesario hacer que la

madre de la persona con discapacidad tenga que transitar por todo un proceso judicial para que se le conceda algo

que es perfectamente factible tramitar y resolver ya mismo por instituciones estatales involucradas en la tramitación

de las cuestiones que le interesan a doña [Nombre 009]

. Estas son, vale la pena recordarlo, solamente una exención

fiscal u un retiro de medicamentos psicotrópicos que de todas maneras viene retirando ella desde hace años. Como

bien lo

dice doña [Nombre 009] el coordinador judicial Anyot León Fernández tomó una buena parte de la jornada laboral

para atender a doña [Nombre 009] como se merece. Se le explicó el porque no era necesario que fuera a los tribunales

y esto, cuando presentó su segunda gestión de salvaguardia aparentemente por la negativa de las instituciones

aludidas a

prestar atención a su situación. Se le entregaron extensos oficios dirigidos tanto a la Caja Costarricense del Seguro

Social como al Ministerio de Hacienda. Incluso se les instó a consultar con el Conapdis, si llegaran a tener dudas

acerca de los que se les informaba por parte de este juzgado de Familia. De hecho, asegura que por diversas charlas a

las que han asistido los funcionarios de ese juzgado que, el Conapdis ha llevado a cabo extensas capacitaciones en la

Caja Costarricense del Seguro Social, y otras instituciones sobre estos temas De la primera, no se constata negativa

alguna, pero con respecto al Ministerio de Hacienda recibió una llamada de una funcionaria que como se dice en el

recurso se identificó como doña Adriana para preguntar sobre el oficio que se había enviado con doña

[Nombre 009].

La señora en cuestión me dijo que ella esa exención no la iba a tramitar porque el reglamento en cuestión era contrario

al

artículo 230 del Código de Familia. La insté a que buscara las dos convenciones que existen en específico sobre sobre

derechos de las personas con discapacidad, y a que leyera el artículo 12 de la Convención que le dije tiene rango

superior a la ley. La instó a observar que de todas maneras, todos los artículos del Código de Familia que hablaban de

la insania estaban derogados, pero ella le señaló que un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República

que no atañe a ese tema, la conminaba a no aplicar un reglamento por encima de la ley. De nada sirvió que le insistiera

sobre el hecho de que una persona con discapacidad no era una insana que tenía capacidad jurídica, y ella le señaló

que el joven no hablaba y que de todas maneras en el Conapdis no le contestaban. Le explicó el contenido del oficio

que se le remitía, y a releer el citado numeral sétimo a la luz de la Convención pero le dijo que no que igual ella no iba

a dar tramitación a las peticiones de doña [Nombre 009]

hasta no tener resolución judicial. Dicho sea de paso doña

[Nombre 009] manifestó que era madre encargada al cien por ciento de su hijo, sin apoyo paterno y eso desde

siempre. Había logrado la donación de un vehículo que le permitiría transportar a su hijo a un centro educativo con su

silla de ruedas

y por ello, era que perseguía la exención fiscal porque en estos momentos le cobran por la buseta de su hijo y

además, no se incluye en el costo, la silla de ruedas que él usa a diario. Precisamente por todas estas narraciones es

que se resolvieron los pedidos de doña [Nombre 009]

con la mayor celeridad y se le entregaron todos los

documentos que podían facilitar su transitar por las dependencias estatales dándosele números de teléfono para que

pueda

informarse, y talvez, asistir a futuras charlas de capacitación sobre discapacidad.

Manifiesta que, pudo perfectamente tramitar la salvaguardia. Pero hacerlo, hace que se perpetúen estas actitudes en

los agentes administrativos estatales que tienden a negar el pleno ejercicio de derechos bajo el argumento que era

talvez compatible con la insania pero ha dejado de serlo con el de la salvaguardia. Al principio, se topaban con esta

clase de situaciones a diario y ante la carencia de un reglamento era más difícil exigirle a las instituciones del Estado

que tomaran sus responsabilidades para hacer posible la tramitación de pensiones o incluso trámites de bono de

vivienda. Hoy hay más claridad en el tema, y entonces pensar en que el Poder Judicial pague honorarios de curador

procesal, ordene entrevistas, convoque a los interesados al Departamento de Trabajo Social y además a Medicatura

Forense examine a la persona con discapacidad para autorizar que la garante tramite una exención fiscal es

desproporcionado. A la usuaria se le podía y de hecho se le dio una solución expedita a la situación que planteaba.

Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.-

Informa bajo juramento Juan Carlos Brenes Brenes, en su condición de Director de la División de

Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda, que el 8 de abril del 2019, se presenta solicitud de Registro

para Sistema EXONET a nombre del beneficiario [Nombre 010], cédula de identidad 702730373, y se indica como

representante legal a la señora [Nombre 001]

, cédula de identidad N° [Valor 001]

. Se adjunta copia de la solicitud. En

los documentos presentados no consta ningún documento legal idóneo que demuestre la

representación legal de la señora [Nombre 001]

, tal y como se indica en la solicitud de registro para Sistema EXONET,

y en su defecto aportan oficio N°[Valor 006]

de fecha 8 de abril del 2019, emitido por el Juzgado Primero de Familia de

San José, en el que se les comunica que la gestión de proceso de salvaguarda, interpuesto por

la señora [Nombre 001], fue rechazada en virtud de que consideran que las gestiones que requiere tramitar ante el

Departamento de Gestión de Exenciones no requieren la interposición de un proceso judicial, conforme el artículo 7

inciso 3) del Reglamento N°41087-MTSS. En fecha 10 de abril del 2019, la solicitud de registro para Sistema EXONET

fue devuelta por falta de requisitos, en éste caso, al indicar que hay una representación legal y no aporta un

documento legal que así lo acredite, requisito indispensable en los casos que se desee la inscripción bajo la figura de

la Representación Legal. Dicha devolución fue notificada al correo electrónico del representante legal señalado en la

misma solicitud: [...]. En fecha 22 de abril del 2019, se hace de su conocimiento la presentación de un recurso de

amparo contra el Ministerio de Hacienda, tramitado en el expediente bajo el numero

N°19-006457-0007-CO, por parte de la señora [Nombre 001]

en razón de verse imposibilitada de realizar el trámite de

exención fiscal para compra de vehículo de persona con discapacidad por no contar con el nombramiento de

salvaguarda, que requiere el departamento, y así considera se ven lesionados los derechos de su hijo. Considera que

no se encuentra que se haya presentado alguna vulneración de derechos constitucionales del señor

[Nombre 010],

debido a que no se le está negando en ningún momento el beneficio de exención fiscal, ni se le está archivando su

solicitud de registro al sistema, por el contrario, se le está previniendo la presentación de un requisito

indispensable para poder hacer efectiva su solicitud de inscripción en el Sistema Exonet, la cual consiste en aportar

un documento legal que acredite a quien se indica en la misma solicitud como su representante legal. Se aclara que la

inscripción en el sistema Exonet es requisito obligatorio para todos los beneficiarios de exención así como para sus

representantes legales que soliciten trámites de exenciones fiscales, tal y como lo establece el Decreto Ejecutivo N°

31611 de fecha 7 de octubre de 2003 así reformado por el Decreto Ejecutivo N° 39037 de fecha 13 de mayo de 2015

.

Ahora bien, es producto de la revisión administrativa de la gestión – para habilitar la inscripción del señor

[Nombre

010] en el Sistema EXONET – que se solicita demostrar la idónea representación que se indica en la misma solicitud,

máxime que se trata de un beneficiario que es mayor de edad con un tipo de discapacidad que le impide

asumir obligaciones jurídicas, tal y como lo menciona el Juzgado de familia en el oficio N°

[Valor 006], al indicar que

“la discapacidad que posee el joven Jonathan se ve comprometido su estado de conciencia.”

Por lo

anterior, al tratarse de una persona mayor de edad con una discapacidad en su conciencia y por tanto en su

capacidad de actuar, se considera indispensable la aportación de la resolución de la salvaguarda para la solicitud de

inscripción en sistema Exonet, conforme lo establece el artículo 230 del Código de Familia y el artículo 12 de la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, aprobada por ley N° 8661 de 19 de

agosto de 2008:

Artículo 230 “Para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de las

personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, en un marco de respeto a su

voluntad y preferencias, sin que haya conflicto de intereses ni influencia indebida, se establece la salvaguardia

para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, que será proporcionada y adaptada a la

circunstancia de la persona. Este procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la Ley para la

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y en el Código Procesal Civil.”

Artículo 12: “…Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad

jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el

derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas

al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no

haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la

persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una

autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al

grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas...”

(Lo subrayado no es parte del

original). En el contexto indicado, la gestión presentada por la señora [Nombre 001]

, como representante legal del

señor [Nombre 010], carece de la resolución judicial que la acreditaría como “garante para la igualdad jurídica de las

personas con discapacidad” figura establecida en el artículo 1 de la “Ley para

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad” N° 9379 de 18 de agosto de 2016. Por otra

parte, el proceso de Salvaguardia para la designación del “garante”, definido en la Ley 9379 antes indicada, no

consigna excepciones, como sí las indica el artículo 7 inciso 3) del “Reglamento a la Ley para Promoción de la

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad” N° 41087 del 30 de abril de 2018, que determina que tal

procedimiento judicial no será solicitada para trámites de exoneración de un vehículo. Sin embargo, una interpretación

coherente, de esta disposición reglamentaria, acorde con el espíritu de la ley 9379, implica que en los casos de

personas cuya discapacidad les permita asumir obligaciones legales válidamente sin la necesidad de “garantes” que

las asistan, resulta innecesario y excesivo solicitarles dicho requisito, porque obviamente dichas personas cuentan

con plena capacidad volitiva y pueden representarse a sí mismas. No obstante, en los casos cuando la persona mayor

de edad con discapacidad carezca de esa capacidad de actuar y amparo de los dispuesto en el artículo 10 de la Ley

9379, realice la “valoración de la salvaguarda” y determine la persona que válida y formalmente la representará como

“garante”. En el caso que nos ocupa, la señora jueza, tomó la indicación del artículo 7 inciso 3) del “Reglamento a la

Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad”, como aplicable en todos los casos

de personas con discapacidad, con o sin su imposibilidad de obligarse jurídicamente por sí mismas. Por lo anterior, la

División de Incentivos Fiscales requiere que, realizada la valoración de la salvaguarda en sede judicial para los casos

de personas que carecen completamente de la posibilidad de obligarse jurídicamente por motivo de su discapacidad,

se presente copia de la resolución que indique a la Administración quién será el “garante” que ayudará a la persona

con discapacidad al ejercicio de su derecho para inscribirse en el sistema Exonet en primera instancia y

posteriormente para gestionar el trámite de la solicitud de exención correspondiente, ya que cabe recordar que los

procesos para el otorgamiento de exoneraciones fiscales implican la sujeción del beneficiario al cumplimiento de

requisitos previos y posteriores al reconocimiento del incentivo y, que en caso de encontrarse alguna infracción a los

deberes, hasta sería sujeto de un proceso administrativo que podría conllevar la revocación de la exoneración

otorgada y el consiguiente pago de los impuestos pendientes al amparo de los artículos 37 y siguientes de la ley 7293

“Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones”. El procedimiento es que

una vez registrado el beneficiario de la exención en sistema Exonet, éste puede proceder a solicitar la exención fiscal,

que en el caso que nos ocupa, la normativa aplicable es el Decreto Ejecutivo N°33343 de fecha 19 de mayo de 2006,

que reglamenta la ley 8444 de fecha 17 de mayo de 2005, que es una ley especial que regula el tema de las exenciones

para personas que

presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, las cuales les dificulten, en forma

evidente y manifiesta, la movilización y el uso del transporte público, dice lo siguiente:

“Artículo 8º-Exención. Requisitos. Para efectos de acceder a los beneficios

concedidos en la Ley N° 8444 y el presente reglamento, el solicitante deberá

presentar ante el Departamento de Exenciones de la DGH la siguiente

documentación:

a. Solicitud formal de exención firmada por el solicitante o su representante legal en el formulario diseñado por el

DE para tales efectos.”

Por otra parte el artículo 2 del citado decreto 33343, en lo conducente dice:

“Artículo 2º-Beneficiarios. Limitaciones al beneficio.

… En el caso de los beneficiarios incapaces de actuar que de conformidad con el artículos 230 del Código de

Familia, Ley N° 5476 del 21 de diciembre de 1973 son inhábiles deberán ser representados por un curador. En

ninguna circunstancia, el beneficiario podrá contar con dos o más vehículos exonerados a la vez.”

Es decir, el reglamento de la ley especial (8444) que regula el tema de la exención, claramente remite al código de

familia y con ello a la necesidad de que a la persona mayor de edad con discapacidad, como el caso que nos ocupa,

cuente con un salvaguarda mediante el proceso que establece la Ley Promoción de la Autonomía Personal de las

Personas con Discapacidad. Así las cosas, para el Departamento de Gestión de Exenciones es requisito indispensable

que el mayor de edad con discapacidad cumpla con lo indicado en el Código de Familia, en la ley 8444 y su

reglamento, como norma especial que regula el trámite de la exención fiscal para personas con discapacidad.

Asimismo, es importante indicar que este requisito es parte del procedimiento ordinario del departamento de Gestión

de Exenciones, y por ende existen otros casos que igualmente se ha solicitado y otros juzgados de familia han

otorgado la salvaguarda, tal y como se respalda con copias de solicitudes previamente tramitadas, que se adjuntan

certificados. Por tanto, expuesto el cuadro fáctico y jurídico a este Tribunal Constitucional, la División de Incentivos

Fiscales siempre actuó bajo el marco de legalidad y se reitera que desde la perspectiva

de la actuación de esta División de Incentivos Fiscales no se encuentra ninguna violación o lesión de derechos

constitucionales en contra del hijo de la señora [Nombre 001]

, que hasta el mismo juzgado ha reconocido que

compromete su estado de conciencia, ni en contra de la recurrente, quien actúa en representación legal de un mayor

de edad según misma lo hace saber mediante los documentos presentados ante la Administración, más no demuestra

dicha condición, y que su actuar es consistente con la legislación vigente y los procedimientos ordinarios y regulares

como queda demostrado con los casos adjuntos; ni tampoco se infringió norma o procedimiento legal alguno. Por lo

tanto, considera que el proceso judicial de salvaguardia aparte de ser un derecho del señor

[Nombre 010] sin importar

para el trámite que lo necesite, es un requisito necesario para los procedimientos que atienden este tipo

de solicitudes en forma regular en el departamento de Gestión de Exenciones.

Por resolución de las dieciséis horas y siete minutos de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, como

prueba para mejor resolver, se solicitó informe al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS),

de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a fin de que en

su condición de ente rector en materia de discapacidad, manifieste el criterio de dicha entidad con respecto a los

hechos planteados por la parte recurrente.

Mediante escrito recibido a las 16:14 horas del 16 de mayo del 2019, Lizbeth Barrantes Arroyo, en su

condición de Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), atendió la

audiencia otorgada por la Sala, e indica que en razón de los hechos que fundamentan la interposición del recurso por

parte de la señora [Nombre 001], así como por los argumentos de descargo emitidos por la División de Incentivos

Fiscales de la Dirección General de Hacienda, es menester recurrir a los conceptos de salvaguardia para la igualdad

jurídica de las personas con discapacidad, garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad,

establecidos en el artículo 2 incisos g) y l) de la Ley 9379 Promoción de la Autonomía de las Personas con

Discapacidad; igualdad jurídica de las personas con discapacidad, Persona con discapacidad que se encuentre en

situación de compromiso del estado de la conciencia definidos en el artículo 2 incisos 5) y 11) del Reglamento a la Ley

9379 Promoción de la Autonomía de las Personas con Discapacidad, a saber:

“La salvaguardia: mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el Estado costarricense,

en el ordenamiento jurídico, para el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de

todas las personas con discapacidad.

La salvaguardia mitiga que las personas con discapacidad sufran abusos, de conformidad con los derechos

humanos, y/o de influencias indebidas, en detrimento de su calidad de vida.

El diseño e implementación de las salvaguardias debe fundamentarse en el respeto a los derechos, voluntad,

preferencias e intereses de la persona con discapacidad, además de ser proporcionales y adaptadas a las

circunstancias de cada persona, aplicarse en el plazo más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos, por

parte de autoridad competente, independiente, objetiva e imparcial.

“Garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad: persona mayor de dieciocho años que,

para asegurar el goce pleno del derecho a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental y

psicosocial, le garantiza la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones. Para los casos

de personas con discapacidad que se encuentren institucionalizadas en entidades del Estado, el garante podrá ser

una persona jurídica.”

“Igualdad jurídica de las personas con discapacidad: Implica que las personas con discapacidad, en

igualdad de condición con los demás y en todas partes cuentan con personalidad jurídica, capacidad jurídica y

capacidad de actuar, puesto que estas instituciones son indispensables para el ejercicio de la mayoría de los

derechos humanos y la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad”

“Persona con discapacidad que se encuentre en situación de compromiso del estado de conciencia: Se

refiere a aquellas personas que enfrenten barreras que impiden la comunicación, y que aun con la utilización de

apoyos diversos y ajustes razonables, no se logra establecer su comunicación e interacción con el entorno.”

A partir de la promulgación de la Ley 9379 de Promoción de Autonomía Personal de las Personas con

discapacidad, se eliminaron las figuras jurídicas de la curatela, la insania e interdicción del Código Procesal Civil Ley

N° 7130 y por consiguiente lo regulado sobre el tema en el artículo 230 de la Ley 5476 Código de Familia. Estas figuras

jurídicas eliminaban la capacidad de actuar de las personas con discapacidad bajo un sistema de sustitución que

determinaba que únicamente por su situación, no podían ejercitar sus derechos patrimoniales, civiles, comerciales,

sexuales, reproductivos y familiares, pues el sistema tal cual anulaba a la persona y no le ofrecía los apoyos y

salvaguardas que requería para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las personas que no presentan

discapacidad, por lo que otra persona denominada curador, era la que para todos los efectos administra el patrimonio

y decidía sobre los diferentes ámbitos de la vida de la persona a través de la representación legal.

Dicha Ley de Promoción de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, le devuelve la

personalidad jurídica en lo referente al ejercicio de derechos en igualdad de condiciones y por ende la capacidad de

actuar a las personas con discapacidad, bajo un modelo de apoyos y salvaguardias, para así implementar el artículo

12 de la Ley 8661 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Analizando lo argüido por la División de Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda queda

claro que el Reglamento a la Ley 8444 Reforma Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y

Excepciones, en su artículo 2, referencia a la antigua figura de la curatela y por ende a la interpretación de la

necesidad de solicitar la representación legal - que ya no cabe - tratándola de vestir de salvaguardia por lo estipulado

en el artículo 230 del Código de Familia, lo cierto es que para los efectos, según la Ley 9379 debe entenderse que la

persona con discapacidad es la titular del beneficio de la

exoneración para la compra de vehículo y no podrá ser sustituida en ninguna circunstancia ni por ningún motivo.

Ahora bien, es correcto que el Reglamento a la Ley 9379, indica en su artículo 7 inciso 3) que la salvaguardia

para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad como apoyo para el ejercicio de la capacidad de actuar

“No podrá ser solicitada ni empleada como un requisito para ejercer válidamente su capacidad de actuar en

ningún aspecto de la vida, por ejemplo, no será requisito para ser beneficiario de programas sociales selectivos

y/o prestaciones estatales (…)”. No obstante, este apartado debe dilucidarse según lo expuesto líneas arriba en

cuanto a que inicialmente la persona con discapacidad podrá solicitar el dictado de la salvaguardia como apoyo para

acceder al beneficio a través del trámite que corresponda y dicho apoyo será de forma proporcional y adaptada a las

circunstancias de cada persona y no podrá considerarse como sustitución de sus derechos y obligaciones, porque se

insiste, las personas con discapacidad ostentan capacidad de actuar y por ende la salvaguardia estaría en función del

apoyo que requiera la persona para acceder a tal beneficio y no como un requisito de la entidad donde se gestione.

En otro aspecto, señala el recurrido que inclusive la persona con discapacidad se encuentra en situación de

compromiso del estado de conciencia y justifica en ello la solicitud de representación, no obstante la interpretación

de la norma no se puede descontextualizar, porque dicha situación la prevé el mismo reglamento de la Ley 9379

señalando en su artículo 8 que; “ Los apoyos en el ejercicio de la capacidad de actuar serán de diversa intensidad,

menos o más intensos de acuerdo con la situación concreta y en virtud de las disposiciones que para estos efectos

contiene la Ley N° 9379, así como este reglamento y la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, según corresponda. Así por ejemplo, un apoyo más intenso podría ser el que brinde la persona

garante a una persona con discapacidad que se encuentre en situación de compromiso del estado de conciencia

debidamente comprobado, quien podrá consentir para un acto concreto.

Ante el supuesto de una persona con

discapacidad que se encuentre en situación de compromiso del estado de conciencia;

la determinación del apoyo

intenso y la forma en que se brinda, siempre tendrá que tener como fundamento la voluntad y preferencias, para

ello se puede recurrir a procedimientos multidimensionales, tales como trayectoria de vida o historia familiar, el

contexto social, e incluso a las manifestaciones expresas que la persona hubiese realizado con anticipación a

recibir este tipo de apoyo.

Dicho esto, y de conformidad con el paradigma de abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos,

los principios de la Ley 9379 y la naturaleza jurídica de la salvaguardia queda claro que la persona con discapacidad

de requerir el apoyo, puede ser provista de este a través de su dictado y ante una limitación funcional que le

imposibilite gestionarlo por sí mismo, la norma faculta vía excepcional a los familiares a realizarlo, en el entendido de

que ésta no se tratará de la sustitución de derechos ni obligaciones sino de un apoyo de alta intensidad como acto

específico para acceder al beneficio de la exoneración de compra de vehículo por su situación de discapacidad.

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado

Salazar Alvarado; y,

Hechos probados.

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente

demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido

referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El Juzgado Primero de Familia de San José, ha recibido dos solicitudes de salvaguardia en favor del hijo

mayor de edad de la recurrente, señor [Nombre 010]

. Las mismas se tramitaron bajo expedientes número [Valor 002]

y

[Valor 006] (ver informes y prueba adjunta).

b) Mediante resolución de las 16:36 horas del 3 de abril del 2019, el Juzgado Primero de Familia de San José,

rechazó de plano la gestión de salvaguardia que se planteó en el expediente

[Valor 002] argumentando que es

innecesaria, en aplicación del inciso 3) del artículo 7 del Reglamento a la Ley para la Promoción de la Autonomía

Personal de las Personas con Discapacidad (ver informes y prueba adjunta).

c) El 8 de abril del 2019, se presentó solicitud de Registro para Sistema EXONET del Ministerio de Hacienda,

a nombre del amparado, [Nombre 010], cédula de identidad 702730373, y se indica como representante legal a la

recurrente, señora [Nombre 001], cédula de identidad N°

[Valor 001] (ver informes y prueba adjunta).

d) Por resolución de las 15:33 horas del 8 de abril del 2019, el Juzgado Primero de Familia de San José, archivó

la gestión de salvaguardia que la recurrente planteó en el expediente [Valor 006]

, a favor del amparado, argumentando

que es innecesaria, en aplicación del inciso 3) del artículo 7 del Reglamento a la Ley N° 9379 para la

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (ver informes y prueba adjunta).

e) En los documentos presentados no consta ningún documento legal que demuestre la representación legal

de la señora [Nombre 001], tal y como se indica en la solicitud de registro para Sistema EXONET, y en su defecto se

aportó oficio N°[Valor 006] de fecha 8 de abril del 2019, emitido por el Juzgado Primero de Familia de San José, en el

que se les comunica que la gestión de proceso de salvaguarda, interpuesto por la señora

[Nombre 001], fue rechazada

en virtud de que consideran que las gestiones que requiere tramitar ante el Departamento de Gestión de Exenciones

no requieren la interposición de un proceso judicial, conforme el artículo 7 inciso 3) del

Reglamento N°41087-MTSS (ver informes y prueba adjunta).

f) Mediante correo del 10 de abril del 2019, la Sub Dirección de Normativa de la División de Incentivos

Fiscales de la Dirección General del Ministerio de Hacienda, se indicó a la recurrente que la solicitud de registro para

Sistema EXONET fue devuelta por falta de requisitos, debido a que se indica que existe una representación legal,

pero no aporta un documento legal que así lo acredite, requisito indispensable en los casos que se desee la

inscripción bajo la figura de la Representación Legal. Dicha devolución fue notificada al correo electrónico del

representante legal señalado en la solicitud: [...]

(ver informes y prueba adjunta).

Objeto del recurso.

La recurrente manifiesta que es madre de una persona con discapacidad, mayor de

edad. Reclama que el Ministerio de Hacienda se niega a tramitar una solicitud de exoneración para compra de

vehículo, a favor de su hijo, debido a que se le informó que el Decreto Ejecutivo N° 33343 que reglamenta la Ley N°

8444, remite al artículo 320 del Código de Familia y, con ello, se establece como requisito para la exención que la

persona beneficiaria cuente con un salvaguarda, mediante el proceso que establece la Ley de Promoción de la

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Arguye que se encuentra imposibilitada de realizar el trámite

de exención fiscal para compra de vehículo de personas con discapacidad, toda vez que en el Juzgado recurrido se le

indica que no es requisito interponer el proceso judicial de salvaguardia mientras que en el Ministerio de Hacienda le

indican que sí es necesario una salvaguarda para realizar la gestión de compra de vehículo con exención fiscal.

Sobre la protección especial de las personas con alguna discapacidad.

En múltiples ocasiones, este

Tribunal se ha pronunciado sobre la protección especial que merecen las personas con discapacidad, en los términos

del artículo 51, de la Constitución Política, a fin de que se puedan desenvolver normalmente dentro de la sociedad. No

se trata simplemente de un trato especial, en atención a las particulares condiciones de esa población, sino de un

derecho, y la correlativa obligación del resto de las personas por respetar ese derecho y cumplir con las obligaciones

que de él se derivan. La tutela efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, consagrados

constitucionalmente, es uno de los medios por los cuales este grupo de población puede tener un libre desarrollo de

la personalidad y una vida digna y de calidad, facilitando su integración plena a la sociedad. Es evidente que una de

las formas de resguardar esos derechos consiste en ser beneficiarios oportunos de programas especiales para ellos.

Ahora bien, en cuanto al papel del Estado en relación con las personas con discapacidades, la Sala ha enfatizado su

función de apoyo. Entre otras, en la Sentencia N° 2017-019339 de las 9:30 horas del 1° de diciembre de 2017, se

pronunció en los siguientes términos:

“La función del Estado en apoyo de la discapacidad: La República de Costa Rica es un Estado Social, lo

que obliga a las autoridades públicas a la búsqueda del mayor bienestar de "todos los habitantes del país",

dentro de los cuales el Derecho de la Constitución señala de manera especial -entre otros grupos también

especiales- a las personas desvalidas; concepto que abarca - a las personas que están en esa condición por

enfermedad, sin que el concepto se agote en esta significación; es decir, es obligación del Estado apoyar a las

personas desvalidas con independencia del origen de la condición que sufren. El establecimiento de un Estado

Social, derivable de las disposiciones 50 y siguientes de la Carta Fundamental, se relaciona de manera inmediata

con la obligación de intervención estatal en materia social, en la que ha de obrar en determinado sentido y

orientación: a favor de aquellos sectores especiales de la población que, por su condición, así lo requieren; tal es

el caso –sin duda alguna- de las personas con discapacidad”.

Respecto al caso concreto. En autos, ha quedado demostrado que ante la Dirección de la División de

Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda, se presentó una solicitud de inscripción en el sistema

EXONET, con el fin de solicitar el trámite de exención fiscal, para la compra de un vehículo para el amparado, quien es

una persona con discapacidad. Mediante correo del 10 de abril del 2019, la Sub Dirección de Normativa de la División

de Incentivos Fiscales de la Dirección General del Ministerio de Hacienda, se indicó a la recurrente que la solicitud de

registro para Sistema EXONET fue devuelta por falta de requisitos, debido a que se indica que existe una

representación legal, pero no aporta un documento legal que así lo acredite, requisito indispensable en los casos que

se desee la inscripción bajo la figura de la Representación Legal. Dicha devolución fue notificada al correo

electrónico del representante legal señalado en la solicitud: [...]

. En virtud de ello, la recurrente presentó ante el

Juzgado Primero de Familia de San José, solicitud de salvaguardia en favor del amparado,

Despacho que por resolución de las 15:33 horas del 8 de abril del 2019, archivó la gestión, argumentando que es

innecesaria, en aplicación del inciso 3) del artículo 7 del Reglamento a la Ley N° 9379 para la Promoción de la

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, en su defensa, el jerarca de la citada Dirección

manifiesta que las diligencias judiciales de salvaguardia son necesarias en gestiones como la planteada por la parte

recurrente, cuando se trata de una persona que carezca de capacidad de actuar, requiriéndose entonces el

nombramiento de garante del beneficiario de la exoneración fiscal que se pretende, que se apersonen en

representación de éste, y asuma e impulse el proceso administrativo en esa Dirección, así como las posibles

sanciones en caso de incumplimiento. No obstante, como lo señala, en forma amplia, la Directora Ejecutiva del

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), a quien esta Sala le solicitó criterio como ente rector en

discapacidad, tal proceder es total y absolutamente improcedente, pues se contrapone a lo dispuesto al respecto en

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley N° 8661 del 19 de agosto de 2008) como en

la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, Ley N° 9379 del 18 de agosto

de 2016 y su Reglamento, N° 41087-MTSS del 30 de abril de 2018. La Convención, en lo que interesa, dispone:

“Artículo

Igualdad y no discriminación.

Los Estados Partes reconocen que todas las personas son

iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en

igual medida sin discriminación alguna…”

“Artículo

Igual reconocimiento como persona ante la ley.

Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al

reconocimiento de su personalidad jurídica.

Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de

condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con

discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se

proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho

internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al

ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya

conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la

persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una

autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al

grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean

pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones

con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en

igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán

por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”

Mientras que la citada Ley dispone:

“Artículo

Igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad gozan

plenamente de igualdad jurídica, lo que implica: a) El reconocimiento a su personalidad jurídica, su capacidad

jurídica y su capacidad de actuar. b) La titularidad y el legítimo ejercicio de todos sus derechos y atención de sus

propios intereses.”

Finalmente, la reglamentación a la Ley N° 9379 preceptúa lo siguiente:

“

Artículo

La salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad como apoyo para el

ejercicio de la capacidad de actuar.

(…)

No podrá ser solicitada ni empleada como un requisito para ejercer válidamente su capacidad de actuar en

ningún aspecto de la vida, por ejemplo, no será requisito para ser beneficiario de programas sociales selectivos

y/o prestaciones estatales, tales como bono de vivienda, exoneración para la adquisición de vehículo, pensiones

del régimen definido por la Caja Costarricense del Seguro Social, uso de parqueos reservados, entre otros

similares ya existentes o que se creen en el futuro.

Es facultativa y no obligatoria, se facilita para apoyar en la realización de actos o decisiones en concreto, que

tengan o puedan llegar a tener efectos jurídicos.

(…)

No es un tipo representación legal, ni similar a otras figuras

…”.

De la trascripción parcial de la anterior normativa, se colige que actualmente se preceptúa el proceso de

actividad judicial no contenciosa de salvaguardia, mediante el cual se designa un garante para la igualdad jurídica de

las personas con discapacidad, figura establecida en el artículo 1, de la “Ley para Promoción de la Autonomía

Personal de las Personas con Discapacidad”, N° 9379 de 18 de agosto de 2016. Sin embargo, éste es improcedente

para poder continuar con el trámite de ingreso al Sistema EXONET, así como para la solicitud de exoneración fiscal,

como lo está exigiendo la Dirección de Normativa de la División de Incentivos Fiscales de la Dirección General del

Ministerio de Hacienda al amparado. Ello equivaldría a inobservar el principio de autonomía personal, pues tiene

como resultado la anulación de las personas que presentan limitaciones funcionales, como es su caso. Además de no

reconocer la igualdad jurídica que tienen, por el solo hecho de su condición humana. Motivo por el cual, sí tienen la

capacidad de accionar por sí mismos. Aunado a que ese proceso es facultativo y no obligatorio, como lo está

pretendiendo la autoridad recurrida en demerito de los derechos fundamentales de la persona tutelada. En criterio de

la Sala, supeditar el disfrute de una exoneración fiscal, a la exigencia de instaurar un proceso que ha sido dispuesto

para otros supuestos, implica definitivamente un incumplimiento de las obligaciones que adquirió Costa Rica de

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

Así como también en cuanto al compromiso de adoptar las medidas necesarias para eliminar progresivamente la

discriminación de ese colectivo a fin de lograr su integración. Medidas que, en el caso concreto, son competencia de

las autoridades gubernamentales y deben ser coincidentes con los compromisos que fueron adquiridos por Costa

Rica al suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuérdese que el objetivo

fundamental de haber firmado tal documento internacional y de la normativa interna que se adoptó a partir de éste, es

que se logren las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad, alcancen su plena participación

social, un libre desarrollo de su personalidad, una vida digna y de calidad, así como también que puedan disfrutar de

iguales oportunidades de acceso, participación e inclusión plena en la sociedad e independencia, en idénticas

circunstancias, lo que deja de ser para este colectivo una simple aspiración y se convierte en un derecho fundamental

que, como tal, debe ser tutelado y respetado. En el caso concreto, más bien la Convención reafirma la igualdad

jurídica de todas las personas con discapacidad y reconoce el ejercicio de su capacidad de actuar, siendo los titulares

legítimos de todos sus derechos, los cuales, con el accionar objetado, más bien se pretende despojarlos de éstos.

Desde esta perspectiva, en el asunto sometido a conocimiento de la Sala en este amparo, la intervención del Tribunal

está dirigida a garantizar la tutela y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad que

pretendan para sí el disfrute de una pensión, pues al imponerle requisitos para ello, se les negando el poder controlar

sus propios asuntos económicos, a pesar de que toda persona con discapacidad es sujeto de derechos, los titulares

legítimos de sus derechos. Punto que esta desconociendo la Administración recurrida con su actuar, ya que hace una

diferencia donde tanto la normativa internacional como la nacional, no lo permite. De ahí la procedencia del reclamo

presentado por el recurrente. Al evidenciarse el incumplimiento a la responsabilidad de tutelar los derechos

fundamentales de la persona con discapacidad aquí amparada, procede acoger parcialmente el recurso, únicamente

contra el Ministerio de Hacienda, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia.

Sobre la actuación del Juzgado de Familia del I Circuito Judicial de San José.

Dado que en el presente

asunto se impugna la actuación del Juzgado de Familia del I Circuito Judicial San José (resolución de las 16:36 horas

del 3 de abril del 2019, en el expediente [Valor 002], y resolución de las 15:33 horas del 8 de abril del 2019, dictada en el

expediente [Valor 006]), emitida por un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, hace

improcedente su análisis en esta sede, toda vez que de conformidad con el artículo 30, inciso b), de la Ley que

rige esta Jurisdicción, las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales no están sometidas al control de

constitucionalidad por la vía del recurso de amparo. En consecuencia, el recurso resulta improcedente en cuanto a

este extremo.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

. Se previene a las partes que de haber aportado

algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser

retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta

sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en

Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del

2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3

de mayo del 2012, artículo LXXXI.