Resolución 09917-2018

Los beneficiarios que, de alguna manera,

infrinjan las regulaciones del respectivo régimen exoneratorio o de cualquier

otro incentivo fiscal, serán sancionados con el decomiso de las mercancías

adquiridas con exención tributaria, con el fin de que se paguen los tributos

dejados de cancelar en el momento de la nacionalización de las mercancías, en

un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir del decomiso y, si en este

plazo no se cancelaran los tributos y sobretasas correspondientes, dichas

mercancías caerán en comiso a favor del Fisco, con la imposibilidad de

disfrutar privilegio fiscal alguno durante un lustro.(…)”.

Formulan que sí se produjo infracción a dos de las

regulaciones del régimen, concretamente al artículo 3 de la Ley N° 8444 y al

artículo 5 de la resolución N° DGH-044-2015, establece que 1) que el

beneficiario siempre viaje en el vehículo, 2) que terceras personas se encuentren

autorizados para conducir el vehículo, en este caso no se encontraba el

beneficiario en el vehículo y no había autorización para conducir el vehículo,

razón por la cual el decomiso preventivo del vehículo placa D-1669, llevado a

cabo por la Policía de Control Fiscal, se encuentra ajustado a derecho.

Explican que lo que corresponde en estos casos es apersonarse al Departamento

de Gestión de Exenciones y tramitar la respectiva solicitud de Liquidación de

Tributos de Importación de Vehículos del vehículo placa D-1669, una vez

cancelado los impuestos, la tutelada podría solicitar la devolución de su

automotor. Citan la sentencia N° 2017-18130 de las 09:20 hrs. del 10 de

noviembre de 2017. Aseveran que de conformidad con el artículo 129 de la

Constitución Política no es un alegato válido alegar ignorancia de la ley.

Solicitan se declare sin lugar el recurso.

Informa bajo juramento Irving Malespín Muñoz, en su condición de director

de la Policía de Control Fiscal, que los alegatos esbozados por el recurrente

no son de recibo, pues únicamente se acta y cumple lo dispuesto por las leyes

N° 7293 y N° 8444. Menciona que es evidente la violación a la normativa

supracitada cometida por la tutelada Fernández Ruiz, ya que no se encontraba en

el vehículo en el momento de la detención. Manifiesta que el hijo de la

tutelada no estaba acreditado como tercero autorizado para conducir el

vehículo. Advierte que las infracciones son admitidas por el accionante en el

escrito de interposición, pues indicó que la tutelada no estaba en el vehículo

y que el hijo de la amparada no tenía el respectivo permiso. Cita la sentencia

N° 2017-20784 y 2017-14794 de este Tribunal. Comenta que no lleva razón el

recurrente sobre el trámite del expediente administrativo de la amparada, pues

en realidad se efectuó en un plazo razonable, puesto que los hechos sucedieron

el 14 de enero de 2018 y el expediente PCF-EXP-088-2018 fue trasladado en el

oficio de remisión N° PCF-DP-OF-0028-2018 a la Dirección de Incentivos Fiscales

de la Dirección General de Hacienda. Solicita se declare sin lugar el recurso.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el

Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando.

I.

Objeto del recurso. El

recurrente reclama la vulneración a los derechos fundamentales de la

amparada, pues acusa que la Policía de Control Fiscal del Ministerio de

Hacienda el 14 de enero de 2018 procedió al decomiso de su vehículo D-1669,

pues quien lo conducía no tenía el respectivo permiso. Por ende, alega que en

el momento en que se le brindó la exoneración, no se le indicó que debía

gestionar permiso alguno, y también acusa, que han transcurrido más de tres

meses y no sabe el paradero del vehículo o que se le haya efectuado

notificación alguna para poder aportar pruebas.

II.

Hechos probados.

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente

demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien

porque el recurrido hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el

auto inicial:

a.

La tutelada es

propietaria del vehículo placa N° D-1669 (hecho incontrovertido).

b.

El 20 de abril de

2015, a la tutelada se le otorgó una nota de exención N°15005450 para un

vehículo (hecho incontrovertido).

c.

El 14 de enero de

2018, la Policía de Control Fiscal decomisó el vehículo placa N° D-1669 al hijo

de la tutelada, pues no portaba con un permiso para poder manejar el vehículo (hecho

incontrovertido).

d.

El vehículo se

encuentra depositado en el Depósito Fiscal de Lagunilla (véase

expediente administrativo aportado por el recurrente).

e.

Que el hijo de la

amparada no tiene un permiso para manejar el vehículo placa N° D-1669 (hecho

incontrovertido).

III.

Hechos no probados. No

se tienen como debidamente demostrados lo siguientes hechos de relevancia:

·

Que la amparada haya

presentado por escrito alguna solicitud de información o petición pura y

simple.

·

Que el Ministerio de

Hacienda haya realizado el procedimiento administrativo para dejar sin efecto

la exención fiscal.

IV.

Sobre la exención de

un fiscal de un vehículo por parte del Ministerio de Hacienda, destinados

al uso de personas con discapacidad. En el sub lite, la

parte recurrente expuso que su representada obtuvo en el año 2015 una exención

fiscal, a propósito de ciertas limitaciones físicas que padece la tutelada. Se

desprende que la exención fiscal en la que se ha beneficiado la amparada, fue

otorgada a propósito de la Ley N° 8444 denominada Ley Reguladora de

Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones. Así las cosas, esa

legislación estableció una exoneración del pago de los tributos a los vehículos

automotores importados o adquiridos en el territorio nacional, destinados al

uso exclusivo de personas que presentan limitaciones físicas, mentales,

sensoriales severas y permanentes, las cuales le dificultan a la persona, en

forma evidente y manifiesta, la movilización y como, consecuencia, el uso del

transporte público (véase artículo 1°). Para efectos del asunto en estudio, en

el artículo 3 de la Ley N° 8444 se indica con claridad que:

“(…) El vehículo adquirido al amparado de la

presente Ley, solo podrá ser conducido por el beneficiario y, en situaciones

especiales o en caso de que su discapacidad se lo impida, por otras dos

personas debidamente autorizadas por el beneficiario, al formar la solicitud

ante la Dirección General de Hacienda del Ministerio de Hacienda”.

Por otro lado, el artículo 8 de la citada ley, reza que

la Dirección General de Hacienda, definirá en conjunto con el Consejo Nacional

de Rehabilitación y Educación Especial, los controles sobre el uso y destino de

los bienes exonerados, conforme al artículo 42 de la Ley Reguladora de todas

las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones, N° 7293. En el

citado numeral, se indica con absoluta claridad que:

“De comprobarse algún incumplimiento, se

aplicarán los procedimientos establecidos en el capítulo IX, de las

exenciones y su eficacia, de la citada ley”.

Siguiendo ese mismo orden de ideas, el artículo 9 de la

Ley, indica que:

“Artículo 9º -El

uso del vehículo por personas distintas de las autorizadas, será causal para

la pérdida inmediata del beneficio y dará lugar a la detención del

automotor por las autoridades competentes para ello .

En el caso de que las autoridades de tránsito sean las que efectúen la

detención, de inmediato deberán proceder a notificar, por escrito, dicha

circunstancia al director de la Policía Fiscal y al Viceministro de Ingresos,

para determinar el estado tributario del vehículo y las acciones correspondientes.

Si el vehículo es detenido por la Policía Fiscal, esta deberá notificar

inmediatamente al director de la Policía de Tránsito y coordinar su traslado

con las demás autoridades de tránsito. En cualquiera de los supuestos, el

Ministerio de Hacienda, por medio de la Policía Fiscal, deberá coordinar la

custodia del vehículo, hasta que este se encuentre a derecho, con las

autoridades de tránsito y, eventualmente, las autoridades del Poder Judicial y

otras” (la negrita y el subrayado no son del original).

Siguiendo con el análisis normativo, la Ley N° 7293

denominada “Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y

Excepciones”. Adviértase que la Ley N° 8444 en su artículo 8 hace remisión a

esta legislación, en el tanto de que si se comprueba el incumplimiento –en la

utilización del bien que goza la exención- se debe acudir al procedimiento de

ineficacia de exenciones (artículos 37 y siguientes de la Ley N° 7293).

Como bien señala la legislación, la eficacia de una

exención tributaria que se obtiene al amparo de la ley N° 7293 –como es el caso

de los vehículos con placas para personas con discapacidad- está

condicionada al acatamiento de los preceptos, requisitos y fines que regulan su

otorgamiento, así como el correcto uso y destino previsto de los bienes y

servicios. El numeral 38 de la supra citada ley, reza lo siguiente:

“Artículo

Del procedimiento para

resolver la ineficacia de la exención. En

virtud de lo anterior, cuando por razón de incumplimiento imputable al

beneficiario, se deba resolver la ineficacia sobreviniente de los actos

administrativos declaratorios del derecho a la exención, la Dirección General

de Hacienda, como órgano superior de la Administración Tributaria o el órgano

administrativo en el que esta delegue estas funciones, deberá impulsar y

seguir el procedimiento administrativo ordinario establecido en los siguientes

artículos”.

En el artículo 39 de la Ley N° 7293, se dispone la forma

en que se debe efectuar el traslado de cargos y la citación a la comparecencia.

En el que se exige una comunicación por escrito al afectado, la pretensión de

dejar sin efecto la exención tributaria y que se ejercerá el cobro de los

tributos inicialmente dispensados. Igualmente, en la comunicación se deberá

citar a la comparecencia oral y privada al administrado. Asimismo, el artículo

40 de la ley de rito, menciona que:

“Artículo

De la resolución

determinativa .

En la resolución en que se establezca la ineficacia, total o parcial, de una

nota de exención tributaria legalmente emitida por la Dirección General de

Hacienda o por los funcionarios delegados para tal efecto, también se podrá

determinar la obligación tributaria, inicialmente dispensada y ahora emergente

y así notificarse al contribuyente afectado. Contra esta resolución

determinativa cabrá, dentro de los quince días siguientes a aquel en que fue

notificada, recurso de revocatoria con apelación subsidiaria ante el Tribunal

Fiscal Administrativo. La apelación deberá ser resuelta por el órgano

competente dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que fuera

interpuesto el recurso”.

Por último, el artículo 45 de la Ley N° 7293, dispone que

los beneficiarios –que infrinjan las regulaciones del régimen exoneratorio-,

serán sancionados con el decomiso de las mercancías adquiridas con exención

tributaria, con el fin de que se paguen los tributos dejados de cancelar al

momento de la nacionalización de las mercancías. Para el correcto análisis de

la norma, se transcribe el citado artículo:

“Artículo

Los beneficiarios que, de alguna manera, infrinjan las

regulaciones del respectivo régimen exoneratorio o de cualquier otro incentivo

fiscal, serán sancionados con el decomiso de las mercancías adquiridas

con exención tributaria, con el fin de que se paguen los tributos dejados de

cancelar en el momento de la nacionalización de las mercancías, en un

plazo no mayor de treinta días hábiles a partir del decomiso y, si en este

plazo no se cancelaran los tributos y sobretasas correspondientes, dichas mercancías

caerán en comiso a favor del Fisco, con la imposibilidad de disfrutar

privilegio fiscal alguno durante un lustro.

Tratándose de cancelación voluntaria, la liquidación se efectuará sobre los

tributos y sobretasas vigentes en el momento de la aceptación de tal solicitud

por la autoridad aduanera competente. La depreciación, merma o avería se harán

conforme a las reglas vigentes y de acuerdo con el estado del bien en la fecha

de liquidación.

Esta disposición no se aplicará de existir un régimen más favorable vigente en

el momento de efectuarse la liquidación”.

Por último, el Reglamento a la Ley N° 8444 –legislación

que crea exención para la importación de vehículos- dispone que en su artículo

14 que es una causal de extinción del beneficio de exención: el uso del

vehículo por personas no autorizadas. No obstante, refiere en el numeral 15 se

indica:

“ Artículo 15.-Procedimiento administrativo de

declaratoria de ineficacia de la autorización de exención. La

comprobación del uso del vehículo para uso o fines distintos a los previstos en

la Ley N° 8444, será causal para la apertura del Procedimiento

Administrativo para la declaratoria de ineficacia de la autorización de

exención así como del cobro de los respectivos tributos, establecido en

los artículos 37 y siguientes de la Ley N° 7293”.

V.

Análisis del caso. Una

vez analizados los informes y las pruebas aportadas por las partes, es criterio

de este Tribunal Constitucional que el recurso de amparo debe ser declarado

parcialmente con lugar por las razones que a continuación serán expuestas.

Primeramente, esta Sala tiene por debidamente comprobado que el 20 de abril de

2015, el Ministerio de Hacienda le otorgó a la tutelada una exención fiscal

para un vehículo –por su condición de discapacidad-, basada en la Ley N° 8444

denominada “Reforma a la Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias

y Excepciones”. Bajo ese mismo orden de ideas, se tiene por debidamente

comprobado que el 14 de enero de 2018, la Policía de Control Fiscal detuvo al

hijo de la amparada, pues no portaba con un permiso para poder manejar el

vehículo placa D-1669. De previo a efectuar el análisis, la Sala entra a

conocer del caso en estudio, ya que, se alega un supuesto decomiso arbitrario

de un vehículo por parte de la Policía de Control Fiscal, de ahí que,

eventualmente, podría existir una infracción por privación ilegítima al derecho

de propiedad garantizado por el artículo 45 de la Constitución Política. Así

las cosas, el Tribunal entrará a conocer si en el caso en estudio, se está ante

una posible privación ilegítima al derecho de propiedad y una posible

vulneración al debido proceso, como se dirán en los considerandos siguientes.

VI.

Sobre la detención

del vehículo por parte de la Policía de Control Fiscal. La normativa que

rige la materia de las exenciones fiscales, específicamente para la importación

y registro de vehículos para personas con discapacidad, establece que si un

vehículo goza de la exención el beneficiario, siempre debe viajar en el

vehículo o contar con una autorización por parte del Ministerio de

Hacienda para que terceras personas se habiliten para conducir el

vehículo. Por ende, no resultaría arbitrario o antojadizo que la Policía de

Control Fiscal detenga un vehículo que goza de una exención si se incumple la

normativa. Bajo ese mismo orden de ideas, no resulta que el decomiso del

vehículo haya sido arbitrario o antojadizo por parte de la Policía de

Control Fiscal, puesto que se tiene por comprobado que el vehículo placa

N° D-1669 se decomisó al hijo de la tutelada, pues no portaba con un permiso

para poder manejar el vehículo. Así las cosas, se denota que la actuación

administrativa no priva ilegítimamente el derecho de propiedad de la amparada,

pues en el caso en concreto en principio se incumplió un requisito exigido por

la legislación.

VII.

Sobre la vulneración

al debido proceso y la dilación en incoar el procedimiento administrativo. Ahora

bien, de los autos se denota que el 14 de enero de 2018, la Policía de Control

Fiscal decomisó el vehículo placa N° D-1669 al hijo de la tutelada, pues no

portaba con un permiso para poder manejar el vehículo y el mismo se encuentra

depositado en el Depósito Fiscal de Lagunilla. En el escrito de interposición,

la parte recurrente alegó la vulneración al debido proceso en los siguientes

términos: “quien como actúa a derecho merece un debido proceso, no puede ser

posible, ni es comprensible que tres meses después, aún, el Ministerio de

Hacienda ni siquiera haya notificado al menos una audiencia para exponer la situación

y presentar la prueba fundamental”. Sobre este punto, lleva razón la parte

accionante, pues del estudio del informe y de la prueba aportada por el

Ministerio de Hacienda, no consta que se haya efectuado un procedimiento

administrativo, otorgando el debido proceso y defensa a la amparada. Véase que

no hay traslado de cargos o una convocatoria a una audiencia privada. Citando

el doctrinario Ernesto Jinesta Lobo, el procedimiento administrativo no es

una mera formalidad, pues lo que se pretende es garantizar las situaciones

jurídicas sustanciales de los administrados –derechos subjetivos e intereses

legítimos- y el interés público. Por lo anterior, se afirma que el

procedimiento administrativo procura hacer realidad el binomio prerrogativa

–garantía o autoridad- libertad, pues de una parte protege las situaciones

jurídicas sustanciales de los administrados frente al ejercicio de las

potestades públicas y de otra propende a garantizar la legalidad, oportunidad y

conveniencia, el acierto y la calidad de las decisiones administrativas, y, en

general el buen funcionamiento de la administrativo pública. Siguiendo la línea

de Jinesta Lobo, el procedimiento administrativo también funciona como un

mecanismo de autocontrol, pues está en beneficio tanto del administrado como la

administración respectiva (véase Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho

Administrativo- Tomo III, San José, IUSconsultec y Editorial Jurídica

Continental, 2007, p. 45). La Sala es del criterio, que no resulta arbitrario

que la Policía de Control Fiscal haya decomisado el vehículo –puesto que

existen indicios del incumplimiento a la normativa que rige a la exención

fiscal- no obstante, ese decomiso debe verse como una medida cautelar ante

causam, es decir, existe un deber por parte de la Administración de incoar

dentro del plazo de quince días un procedimiento administrativo. Sobre las

medidas cautelares ante causam, este Tribunal, en la sentencia N° 2011-9064 de

las 10:10 hrs. del 08 de julio de 2011, en el que ha reconocido “la posibilidad

de adoptar medidas cautelares ante causam –sea, antes del inicio formal del

procedimiento administrativo-, bajo la condición del respeto al principio de

instrumentalidad que las caracteriza, es decir, las mismas son posibles siempre

que estén sujetas a un término perentorio breve para, si es procedente, incoar

el respectivo procedimiento disciplinario. Sobre el particular, se ha resuelto

lo siguiente: "(…) las medidas cautelares pueden ordenarse, aún antes del

traslado de cargos, es decir, en la etapa de investigación preliminar; siendo

que en sí mismas no lesionan el derecho fundamental al debido proceso, y que la

indagación previa es correcta y pertinente, por cuanto es necesaria para reunir

los elementos de juicio apropiados para descartar o confirmar la necesidad del

procedimiento formal, o bien para permitir su correcta substanciación. Además,

debe considerarse que el carácter urgente de las medidas cautelares determina

la posibilidad, excepcional, de los órganos administrativos de ordenar su imposición

antes del inicio formal del procedimiento administrativo (ante causam). Sin

embargo, el ejercicio de esa potestad está condicionado, en virtud de la

instrumentalidad de la medida adoptada, a la interposición del procedimiento

principal en un término perentorio relativamente breve. De lo contrario, la

medida precautoria resultaría, ineluctablemente, ineficaz por la presunción de

desinterés de su beneficiario y lesiva de los derechos del sujeto pasivo de la

misma, por los perjuicios que le acarrearía. En ese sentido debe tomarse en

consideración que de la relación de los artículos 229, párrafo 2°, de la Ley

General de la Administración Pública, 26 del Código Procesal Contencioso

Administrativo y 243 del Código Procesal Civil, el plazo que tiene la administración

pública para incoar el procedimiento administrativo a partir del decreto de la

medida cautelar ante causam es de quince días” (Sentencia número 2009-03315 de

las 11:47 horas del 27 de febrero de 2009. Ver, en igual sentido, sentencias

número 2010015094 de las 8:48 horas del 10 de septiembre del 2010 y número

2010015424 de las 11:51 horas del 17 de septiembre del 2010)”. Así las

cosas, se desprende del asunto en estudio, que el vehículo fue decomisado el 14

de enero de 2018 y a la fecha de interposición del recurso de amparo -17 de

mayo de 2018- no se había efectuado un debido traslado de cargos, la pretensión

de dejar sin efecto la exención tributaria y que se ejercería el cobro de los

tributos inicialmente dispensados. Véase que la directora general de Hacienda

sostuvo que “lo que corresponde en estos casos –devolución del vehículo-

es apersonarse al Departamento de Gestión de Exenciones y tramitar la

respectiva solicitud de liquidación de Tributos de Importación de Vehículos del

vehículo placa D-1669, una vez cancelado los impuestos, la recurrente podrá

solicitar la devolución de su automotor”. No obstante, adviértase que se

está dejando sin efecto un acto favorable de derechos –como lo es la exención

fiscal- sin el debido proceso que exige la legislación. En resumen, resulta

válido el decomiso preventivo (medida cautelar ante causam), sin embargo, la

Administración recurrida tendrá el plazo de quince días para incoar el

procedimiento administrativo y garantizar el debido proceso de previo a dejar

sin efecto la exención fiscal. Dicho procedimiento administrativo –como se

indicó supra- no es una mera formalidad para proceder a dejar sin efecto la

exención fiscal, toda vez que si el beneficiario acredita mediante prueba

idónea en ese procedimiento que el uso del vehículo por una persona autorizada

se debió a una causa justa, siguiendo para su determinación las reglas de

interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, lo que corresponde

es mantener el beneficio en favor de la persona discapacitada.

VIII.

Del esquema y del

cuadro fáctico se denota que el plazo de quince días para el caso concreto, se

encuentra completamente vencido y por ende, hay una grosera lesión a los

derechos fundamentales de la tutelada, precisamente por no incoar el

procedimiento administrativo que correspondía. Por ende, es el criterio de esta

Sala, que la autoridad recurrida debe proceder a la formal apertura del

procedimiento administrativo y se garantice el debido proceso, derecho de

defensa a la amparada –a quién se pretende dejar sin efecto la exención

fiscal-. En ese orden de ideas, determinar si procede o no la devolución del

automotor, será un asunto que se debe discutir en el procedimiento

administrativo o bien, ante la vía contenciosa administrativa.

IX.

Sobre el agravio del

permiso a favor de un tercero para conducir el vehículo al momento de otorgar

la exención fiscal. Por otro lado, si el recurrente considera que en el

momento de otorgamiento de la exención fiscal debía indicarse como requisito la

solicitud de permiso a favor de un tercero, es un aspecto que deberá dirimir

ante la propia Administración o la vía contenciosa administrativa.

X.

En cuanto a la

alegada infracción al derecho de petición y acceso de información. En el

escrito de interposición, el accionante acusa la vulneración al derecho de

petición y acceso a la información de la tutelada, no obstante, no se tiene por

demostrado que se haya presentado una petición o una solicitud de información por

escrito ante la Administración recurrida. Por ende, se descarta la infracción

a los derechos alegados.

XI.

DOCUMENTACIÓN

APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado

algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún

dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico,

telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del

despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la

notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel

material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el

"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial",

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011,

artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del

2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder

Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo

LXXXI.

Por Tanto.

Se declara con lugar el recurso, únicamente por la

vulneración al debido proceso y en la dilación al incoar el procedimiento

administrativo en contra de la amparada. En consecuencia, se ordena a Priscilla

Piedra Campos, en su condición de directora general de Hacienda y Julio

Sandoval Vega, en su condición de jefe del Departamento de Exenciones, ambos

del Ministerio de Hacienda, o a quienes ocupen esos cargos, que procedan a

girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en

el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de la

notificación de esta sentencia, se proceda a incoar el procedimiento

administrativo que corresponda, para dejar sin efecto –de proceder- la exención

fiscal, tomando en cuenta lo señalado en el considerando VII de esta sentencia,

en el caso de no abrir el procedimiento administrativo deberá la autoridad

recurrida devolver de forma inmediata el vehículo. Se advierte a la autoridad

recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley

de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años

o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir

o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no

la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se

condena al Estado pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se

liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso

administrativa. Notifíquese en forma personal a los recurridos.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

Fernando Castillo

V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

Marta Eugenia Esquivel R.

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2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica:

www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle

Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos

de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito

Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6