Resolución 06703-2013

Mediante escrito presentado en la Secretaría de Sala el 18 de abril de 2013, la

recurrente manifiesta que desde el 16 de diciembre de 2008 a la fecha, labora para la

Comisión recurrida. Dice que el 2 de junio de 2012 nacieron sus hijos gemelos de

nombre [Nombre 002] y [Nombre 003]. Manifiesta que desde el 28 de octubre de 2012,

el Dr. Ramón Brenes, quien trabaja en el hospital CIMA, solicitó a la recurrida

la

hora de lactancia para sus hijos. Señala que el periodo de lactancia comprende el tiempo

durante el cual la madre alimenta a sus hijos, por medio de leche materna. Indica que los

tres meses otorgados después del parto se consideran como el periodo mínimo de

lactancia, el cual puede ser ampliado con sustento en un dictamen médico presentado

por la trabajadora al empleador, hasta por el tiempo que el médico correspondiente lo

determine necesario. Agrega que por carta del 29 de octubre de 2012 dirigida a Luis

Azofeifa, Jefe de la Sección de Recursos Humanos de dicha Comisión, solicitó que se le

concedieran dos horas para poder brindar lactancia a sus hijos, esto en el entendido de

que tiene gemelos, es decir, legalmente es una hora cada ocho horas por cada recién

nacido. Indica que por oficio RH-082-2012 de 2 de noviembre de 2012, se le

comunicó la negativa de acoger dicha gestión. Por lo expuesto, considera que con los

hechos impugnados se violenta lo dispuesto en los artículos 51 y 71 de la Constitución

Política, por lo que solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con

las consecuencias legales que ello implique.

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:00 horas del 6 de mayo

de 2013, informa bajo juramento Luis Eduardo Azofeifa Masís, en su

condición de Jefe de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Préstamos para

Educación, que la amparada labora en la institución desde el 16 de diciembre de 2008,

con una jornada de las 8:00 a.m. a las 4 p.m. Agrega que a la amparada se le otorgó

licencia por maternidad por 4 meses del 30 de mayo al 26 de setiembre de 2012 (120

días). Expone que al tener gemelos y de acuerdo con la nueva normativa

se le otorgó un mes adicional que va del 27 de setiembre al 26 de octubre

de 2012 (30 días). Añade que la amparada regresó a trabajar el 29 de octubre de 2012,

fecha en que presentó formal solicitud para acogerse al periodo de lactancia materna, el

cual por la lectura se infería que era de dos horas. Explica que al no existir

legislación alguna en el país que faculte a otorgar licencias diferentes a las

que se otorga a las madres en nacimientos sencillos, y en respeto al principio de legalidad

se procedió a dar licencia tal y como lo indica el artículo 97 del Código de Trabajo.

Indica que mediante correo electrónico enviado el 2 de octubre de 2012 a la

Doctora Fulvia Elena Elizondo Sibaja, Presidenta de la Comisión Nacional de

Lactancia del Ministerio de Salud, se solicitó criterio como ente rector en dicha materia.

El 3 de octubre de 2012, se le respondió que al no estar contemplado en la ley ese caso,

no se podía ampliar. Con base en lo anterior y en cumplimiento de su deber, el 2 de

noviembre de 2012, mediante oficio RH 082-2012, le contestó a la amparada que el

periodo de lactancia era de una hora. Destaca que la recurrente disfruta del periodo de

lactancia a partir de las 15:00 horas.

Por constancia del 8 de mayo de 2013, el Secretario de la Sala certifica que

no aparece que del 29 de abril al 7 de mayo de 2013, el Presidente de la

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación hubiese rendido informe alguno.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Objeto del recurso. La recurrente, quien trabaja en la Comisión

Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), solicitó que se le otorgaran 2

horas diarias de lactancia porque tuvo gemelos; sin embargo, dicha gestión le fue

denegada y solo se le dio una hora diaria, situación que estima contraria a la

Constitución.

Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman

como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) La recurrente labora para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación

(véanse manifestaciones rendidas bajo juramento).

b) A la accionante se le otorgó licencia por maternidad del 30 de mayo al 26 de

setiembre de 2012. Dado que fue un parto múltiple de dos bebés, se le amplió un mes la

licencia hasta el 26 de octubre de 2012 (folio 06 del informe rendido bajo juramento).

c) El 29 de octubre de 2012, la tutelada se reincorporó a su trabajo. En esa fecha

presentó solicitud para acogerse al periodo de lactancia materna por dos horas diarias

(folio 07 del informe rendido bajo juramento).

d) Mediante oficio número RH 082-2012 del 2 de noviembre de 2012, la autoridad

recurrida le indicó a la recurrente que el tiempo para su periodo de lactancia era de una

hora (folio 04 del informe bajo juramento).

e) Actualmente, la amparada disfruta de una hora de lactancia a partir de las 15:00

horas (véanse manifestaciones rendidas bajo juramento).

Sobre la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud y el

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomiendan la lactancia

materna por ser una de las formas más eficaces de asegurar la

supervivencia infantil y de garantizar a los niños un crecimiento y desarrollo

saludables. Señala la Organización Mundial de la Salud que la leche materna es el

alimento ideal para los recién nacidos y lactantes, pues es inocua, aporta todos los

nutrientes que necesitan para un desarrollo sano, y contiene anticuerpos que protegen al

infante contra enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía. La leche materna,

que es el primer alimento natural de los niños, les proporciona toda la energía y los

nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al

menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año

y hasta un tercio durante el segundo año de vida. La leche materna promueve el

desarrollo sensorial y cognitivo de los bebés y los protege de enfermedades

infecciosas y crónicas. La lactancia materna también contribuye a que el niño

mantenga una buena salud durante el resto de su vida, ya que los adultos

que de pequeños tuvieron acceso a la lactancia materna, suelen tener una tensión arterial

más baja, menos colesterol y menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes de tipo

También beneficia a la madre, pues la lactancia materna reduce el riesgo de

cáncer de mama y ovario en fases posteriores de la vida, recupera

rápidamente su peso anterior al embarazo, y reduce las tasas de obesidad. La

Organización Mundial de la Salud afirma que la lactancia materna reduce la morbilidad y

mortalidad infantil, mejora el desarrollo general del niño, y tiene beneficios sanitarios que

llegan hasta la edad adulta. Por tal razón, tal organismo recomienda la lactancia materna

exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y a partir de entonces su refuerzo con

alimentos complementarios al menos hasta los 2 años.

Sobre la protección especial de la madre, el niño y la lactancia

materna en el Derecho de la Constitución. Del artículos 51 de la Constitución

Política se desprende que el Constituyente ha otorgado una protección especial a la

madre, el niño y la familia como fundamento mismo de la sociedad, mientras que del 71

constitucional se deriva la particular protección que merece la mujer y el menor que

trabaja. Con base en tal normativa y en diversos instrumentos internacionales

sobre derechos humanos (como los Convenios 3 y 103 de la OIT, la Convención sobre

los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención

Americana de Derechos Humanos y su Protocolo de San Salvador ), se deriva el

derecho de todo niño a ser amamantado por su madre, toda vez que ello contribuye

a una óptima nutrición. En tal sentido, en sentencia número 2004-12218 de las

14:04 horas del 29 de octubre del 2004, esta Sala resolvió:

³

“a toda mujer debe garantizársele el derecho de amamantar a sus

hijos, toda vez que ello resulta esencial para satisfacer el derecho de todo

niño y de toda niña a una alimentación adecuada y a gozar del derecho

al más alto estándar de salud. Sobre el particular, la

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones

Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No.

7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del

numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La

Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), establece el derecho de los

niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,

espiritual, moral y social” (artículo 27), así como la obligación a los

Estados de “Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en

particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la

salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna (...)

y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimiento” (artículo 25). Por

su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de

diciembre de 1948, precisa en su artículo 25, párrafo 2º que “La

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia

especiales...”, y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que

“Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna ... a las medidas de

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su

familia como de la sociedad y del Estado”. Adicionalmente, el Protocolo

de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos

dispone que “Toda persona tiene derecho a una nutrición

adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de

desarrollo físico, emocional e intelectual”, y además el deber de los

Estados de “Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en

la época de lactancia como durante la edad escolar” (artículo 15). (…)

De otra parte, la Ley de Fomento de la Lactancia Materna No. 7430,

establece el deber del Estado de fomentar la nutrición segura y suficiente

de los niños hasta los doce meses cumplidos. Asimismo, se crea la

Comisión Nacional de la Lactancia que tiene entre sus funciones: “...b)

Promover el amamantamiento exclusivo con leche materna hasta los seis

meses de edad; c) Procurar el mantenimiento de la lactancia natural

hasta después de dos años de edad (...) e) Proteger a la madre

embarazada y lactante que trabaja fuera del hogar” (artículos 3

y 5 de la Ley No. 7430, así como el numeral 16 del Decreto Ejecutivo

No. 24576). De las normas internacionales y nacionales transcritas,

resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales

la protección del interés superior del niño, evitando todas

aquellas acciones que perjudiquen la maternidad, y promoviendo las

condiciones necesarias para garantizar la lactancia materna”.

A lo que se añade que, en el ámbito específicamente laboral, los artículos 94, 94

bis, 95 y 97 del Código de Trabajo (reformados por la Ley de Promoción de la

Igualdad Real de la Mujer No. 7142) también desarrollan una protección

especial a la madre embarazada o en periodo de lactancia. En tal sentido, el citado

artículo 94 establece -en lo que interesa- que: “La trabajadora embarazada gozará

obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior

al parto, y los tres meses posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán

como periodo mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá

ser prorrogado para los efectos del artículo anterior”. Mientras que el mencionado

artículo 97 dispone -en lo conducente- que: “Toda madre en época de lactancia podrá

disponer en los lugares donde trabaje de un intervalo de quince minutos cada tres

horas o si lo prefiere, de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objeto

de amamantar a su hijo, salvo el caso de que mediante un certificado médico se

pruebe que sólo necesita un intervalo menor”.

Al analizar este último artículo, esta Sala ha señalado que el derecho a la lactancia es

irrenunciable y obedece, a su vez, a lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención

sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho que tiene todo niño a disfrutar del

más alto nivel de salud, lo que incluye una buena nutrición y el reconocimiento de las

ventajas de la lactancia materna. Por lo que si: “(...) a la madre debe procurársele la

posibilidad de amamantar a su hijo, constituyéndose así un derecho a su favor, este

derecho surge precisamente de la necesidad y de ese derecho que tiene todo niño

a ser amamantado por su madre según la Convención referida” (sentencias

número 6250-95 de las 17:27 horas del 15 de noviembre de 1995 y 2008-009251 de las

9:46 horas del 4 de junio del 2008).

Sobre el Interés Superior del Menor. En sentencia número

2011-012458 de las 15:37 horas del 13 de setiembre de 2011, con redacción del

Magistrado ponente, esta Sala señaló lo siguiente:

“El primer instrumento jurídico que reconoció ese principio fue la Declaración

Universal sobre los Derechos del Niño de 1959, que en su segundo principio dispuso:

“El niño gozar á de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollar física,

mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, el Interés Superior

del Menor será la consideración primordial”. Se advierte entonces que, en un

comienzo, el Principio quedó restringido a la promulgación de leyes.

Posteriormente, el Principio fue incorporado en diferentes instrumentos

internacionales relacionados con la persona menor de edad. Así, el artículo número

5.b de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer exige a los Estados Parte garantizar que la educación familiar

incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el

reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en

cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos, teniendo en cuenta que el

interés de los hijos es la consideración primordial en todos los casos. Igualmente,

en el artículo 16.1.d de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer se señala que en todos los asuntos que se

vinculen con las relaciones matrimoniales y familiares, los intereses del niño serán

primordiales. Por su parte, en el artículo 4.1 de la Carta sobre los Derechos y el

Bienestar del Niño Africano (1990) estipula que en “todas las medidas relativas al

niño emprendidas por cualquier persona o autoridad, el Interés Superior del Menor

será la consideración principal”. Sin embargo, no fue sino con motivo de la

Convención de los Derechos del Niño que el Principio del Interés Superior del Menor

quedó instaurado plenamente como principio general de derecho, de

manera que en razón de su naturaleza jurídica, irradia su función rectora sobre todo

el ordenamiento jurídico. En concreto, el artículo 3.1 del Convención de los Derechos

del Niño dispone: “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se

atenderá será el Interés Superior del Menor”. A los efectos de la resolución de este

asunto, conviene destacar, entre otras características, la calificación de

“superior” que se le hace al principio. La Real Academia Española define

superior como “lo que está más alto y en lugar preeminente respecto de otra cosa.”

Esto implica que el derecho del menor, dependiendo del caso concreto, prevalece frente

a otros derechos, aunque estos sean legítimos. Se trata entonces de una cualidad

jurídica integral que hace que el interés jurídico del menor tenga supremacía,

predominio o preponderancia sobre los intereses de los demás; es decir, la

“superioridad” del Principio supone la existencia de un interés objetivo que

se encuentra por encima de los intereses subjetivos de los demás involucrados, ya sea

que se trate de instituciones estatales, progenitores e, incluso, los propios menores

afectados. Ello obedece a que como parte de la base de que el menor de edad es un

sujeto jurídico en desarrollo (o, en su caso, en formación), de cuya construcción

alguien debe responder para beneficio de él y de la sociedad entera, resulta explicable

que respecto de los menores de edad siempre exista una relación entre el

interés jurídico de estos y los intereses jurídicos de otros (que pueden ser los

padres o extraños, la sociedad en general o el Estado), evento en el cual aquél

será “superior”. El hecho de que exista un interés objetivo por encima del

interés subjetivo del menor, no constituye un retorno a la doctrina de la situación

irregular. Por el contrario, la superioridad de tal interés no significa indiferencia ante

la voluntad del menor, porque en la conformación de tal interés resulta

indispensable considerar esa voluntad, cuando ello es posible de acuerdo con el

desarrollo sicológico y fisiológico del menor. Ahora bien, como dicho desarrollo no es

pleno y varía según la edad, el interés superior debe nutrirse de otros elementos ajenos

a los criterios subjetivos de los involucrados (menor, progenitor, Estado), a fin de que

la medida que se disponga se caracterice por fundamentarse en argumentos

razonables y precisos, intersubjetivamente demostrables. Así las cosas, el interés

superior del niño no es paternacéntrico ni estatocéntrico sino

infantocéntrico. Esto implica que las consideraciones a la confianza que debe

existir entre los Estados en cuanto a las medidas para proteger a los menores, o las

pretensiones de los progenitores respecto de sus derechos para con sus hijos, son

cuestiones de segundo orden porque lo que prima son los derechos de las personas

menores de edad y el ambiente que mejor ampare sus propios proyectos de

vida, acorde a las circunstancias que los rodean. Establecida la superioridad del

interés del menor, conviene establecer la manera en que el Principio se aplica.

Primeramente, este último permite la aplicación de criterios de equidad en beneficio

de la persona menor de edad, cuando de por medio se encuentran en juego sus

intereses. Si en términos muy amplios la justicia es dar a cada uno según sus méritos,

la equidad es juris legitimi enmendatio (legítima corrección del derecho), según

Aristóteles. “Un siglo de legalismo y de justicia puramente formalista ha mostrado los

serios inconvenientes que le son consustanciales; por eso han surgido en esta época

diversos movimientos enderezados contra la rigidez del imperio de la norma genérica

y abstracta y en favor de la consideración de los elementos

individualísimos que definen cada caso como una entidad irreducible a

las demás” (Ver Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho. Editorial Bosch,

Barcelona, 1953, pág. 464). De otro lado, el Principio del Interés Superior del Menor

debe ser utilizado por el operador jurídico como pauta hermenéutica, lo que

comprende la interpretación tanto del derecho infraconstitucional, como del derecho

constitucional y todos aquellos tratados o convenios suscritos por el país;

evidentemente, tal criterio interpretativo comprende igualmente a las autoridades de

los otros Poderes Públicos en lo atinente a sus respetivas competencias.

“Este reconocimiento del interés superior del niño como principio general que forma

parte e informa a la globalidad del ordenamiento, ha llevado a la Sala a brindar y

ordenar protección especial a los menores en materias tan diversas como la protección

de su imagen e identidad, el resguardo de la imagen e identidad de los menores en

conflicto con la ley, y a controversias suscitadas en asuntos migratorios, de salud y de

familia ±ver, entre otras, sentencias números 2003-5117, de las catorce horas cuarenta

y ocho minutos del diecisiete de junio de dos mil tres; 2004-1020, de las ocho horas

treinta y dos minutos del seis de febrero de dos mil cuatro; 2004- 8759, de las ocho

horas cincuenta y seis minutos del trece de agosto de dos mil cuatro; 2005- 4274, de

las dieciocho horas seis minutos del veinte de abril de dos mil cinco; 2007-10306, de

las catorce horas diez minutos del veinte de julio de dos mil siete; y número

2008-7782, de la diez horas un minuto del nueve de mayo de dos mil ocho-. En este

sentido, como principio general reconocido y plenamente aplicable, al interés superior

del niño no le es oponible norma o decisión alguna administrativa o judicial- que le

contradiga, salvo que en circunstancias determinadas se encuentre en liza la

aplicabilidad de algún otro principio general del mayor nivel, en cuyo caso el

operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación y al rol de cada

principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el carácter principal del interés

superior del niño desatendiendo su aplicación estricta en aquellos casos que

involucren a personas menores de edad, resulta contrario a los

reconocimientos que sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez

que da margen para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del

artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras

palabras, las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación

de reconocer y aplicar el principio general del interés superior del niño, en perfecto

acatamiento de su carácter de principio, de los mandatos establecidos por el

Derecho de la Constitución, incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones

consecuentes de conformidad con lo ordenado por el referido artículo 2 de la

Convención Americana.” (ver sentencia número 2008-015461 de las 15:07 horas del

15 de octubre de 2008). Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ha establecido que una manera de asegurar la primacía y real vigencia del

interés superior del niño consiste en proporcionar al niño medidas

especiales de protección (CORTE I.D.H.: Condición Jurídica y Derechos

Humanos del Niño. Opinión Consultiva 0C-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A

N° 17, par. 60, p. 62).”

Sobre el caso concreto. En el sub examine, a la recurrente, quien labora

para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, se le otorgó licencia por

maternidad del 30 de mayo al 26 de setiembre de 2012 y, dado que se dio un parto

múltiple de dos menores de edad, la licencia de maternidad le fue ampliada por un

mes, esto es hasta el 26 de octubre de 2012. Al momento de reintegrarse a

sus labores el 29 de octubre de 2012, presentó solicitud para acogerse al

periodo de lactancia materna por dos horas diarias, sea una hora por cada uno de sus

hijos; empero, la autoridad recurrida le otorgó el permiso únicamente por una

hora diaria.

El problema que se plantea ante este Tribunal Constitucional es si los partos

múltiples generan la multiplicación del derecho a la hora de lactancia por

el número de hijos habidos en cada ocasión. Para analizar el sub lite, deben tenerse

presentes los principios y parámetros constitucionales explicados en los

considerandos anteriores, sobre todo el Principio de Interés Superior del Menor. Como

se indicó, las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de reconocer y

aplicar ese principio como pauta hermenéutica en la resolución de las diversas

controversias que involucren a menores de edad, incluso ideando mecanismos

apropiados y soluciones consecuentes a los intereses de esta población. Se trata de

aplicar la normativa con un enfoque infantocéntrico, procurando siempre

aquella solución que resulte de mayor beneficio para la persona menor de

edad.

Bajo esa inteligencia, es claro que la interpretación que debe hacerse del artículo

97 del Código de Trabajo consiste en que el lapso de una hora está referido

a aquellos casos en que el parto haya sido de un solo menor de edad. En efecto, tal

disposición es precisa en señalar que el tiempo reconocido es “(...) de media hora dos

veces al día durante sus labores, con el objeto de amamantar a su hijo

” (lo destacado

no corresponde al original). Ergo, en el supuesto de que se tenga más de un hijo

,

deberá multiplicarse esa hora diaria por cada recién nacido por amamantar. Ciertamente,

no se refiere expresamente al caso de los partos múltiples; sin embargo, si se efectúa una

interpretación finalista de la norma (búsqueda de la finalidad verdadera de las leyes),

concretamente del permiso de lactancia, es evidente que la respuesta a la

cuestión debe ser positiva a la pretensión de la amparada. Una interpretación en

esta línea es conforme al espíritu y finalidad de la disposición, habida cuenta que la

lactancia es protegida como derecho esencial de la persona menor de edad, cuyo disfrute

es individual para cada recién nacido, esto es no debe verse limitado compartiéndolo con

varios menores en caso de un parto múltiple. En efecto, el titular del

derecho a la lactancia no solo es la madre sino también la persona menor

de edad, lo que implica que cada recién nacido tiene derecho a una hora completa de

lactancia, de modo que en los casos donde se da más de uno, dicha hora no se debe

compartir sino multiplicar de manera proporcional al número de recién nacidos.

La lógica de la tesitura expuesta se demuestra aún más con el siguiente argumento:

si se sostuviera que el permiso de lactancia es, ineludiblemente, una hora diaria, a pesar

de que se hubiera verificado un parto múltiple, por ejemplo de cuatrillizos, esto

significaría que para poder alimentar a cada uno de los cuatro recién nacidos, la

madre tendría que dividir una sola hora diaria entre ellos, correspondiéndole

entonces a cada menor de edad apenas 15 minutos diarios de lactancia, escenario que

definitivamente resulta absurdo e insuficiente, atendiendo a la finalidad de la norma legal

así como a los diversos principios e instrumentos internacionales citados para

fundamentar esta decisión.

El Principio del Interés Superior del Menor dicta, necesariamente, una

interpretación finalista en esta línea, a fin de que los patronos incrementen las horas de

lactancia en el caso de partos múltiples, en atención al número de recién nacidos

involucrados. Ahora bien, resulta necesario advertir que debe existir una conexión entre

el uso del permiso y los fines para los que este se concede; así, el tiempo que por el

permiso se resta a la actividad laboral, ha de dedicarse al cuidado y

alimentación del menor (o de los menores, como sucede en el sub lite), no implica que la

trabajadora pueda aumentar su tiempo libre en detrimento de los derechos fundamentales

del menor (o menores) de edad.

Así las cosas, como en el sub examine se tuvo por acreditado que la

autoridad recurrida otorgó el permiso de lactancia en cuestión únicamente por una hora

diaria, a pesar de que la recurrente tuvo un parto múltiple que generó el

nacimiento de dos recién nacidos, considera este Tribunal que le asiste razón a la

promovente en sus alegatos y, por ello, se ordena acoger el amparo, con

las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia.