Resolución 18009-2014

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:20 horas del

21 de octubre de 2014, la accionante interpone recurso de habeas corpus.

Manifiesta que el amparado figura como imputado dentro del proceso penal

Nº [Valor 001] que se tramita ante la Fiscalía recurrida, por imputársele el

delito de difusión de pornografía en perjuicio de Xinia

Barrantes Jiménez y otra. Dice que, al ser las 15:50 horas del 27 de agosto

del año en curso, se formuló por parte de la madre de la ofendida una

denuncia ante el Organismo recurrido, en donde narra que una vecina le

mostró una fotografía de su hija posando desnuda, y que otros menores le

habían indicado que quienes habían pasado la fotografía, eran igualmente

menores. Manifiesta que, en razón de la denuncia interpuesta, el Organismo

de Investigación Judicial, propiamente la Sección Penal Juvenil, realizó la

investigación mediante informe 621-PJCI-14, de donde se extrae que hacía

meses la ofendida conoció a un joven de nombre [Nombre 001], vecino de la

Carpio, con quien al principio hablaba por teléfono y se enviaron unas

fotografías; posteriormente, se trasladaron a ubicar al menor de edad a su

casa de habitación. Indica que al ser las 11:50 horas del 15 de octubre de este

mismo año, procedieron los investigadores de dicho Organismo, por medio

de dirección funcional de la Fiscalía, a coordinar la detención del menor

amparado, quien fue trasladado a las celdas del Organismo de Investigación

Judicial. Aduce que -según consta en ese informe- se procedió a detener a la

persona menor de edad desde las 11:50 horas del 15 de octubre pasado,

quien fue identificado en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil a las 16:15 horas de

ese día, y finalmente puesto en libertad a las 16:41 horas del mismo día.

Agrega que es evidente que existió un grave exceso en el poder punitivo

mediante el accionar tanto de los Oficiales de la Policía Judicial, como de los

representantes del Ministerio Público, toda vez que se incurrió de forma

ilegítima en un abuso de ius puniendi estatal, pues según se desprende del

expediente judicial respectivo, no se llevó a cabo diligencia alguna, citación o

presentación con resultado positivo posterior a la detención ejecutada del

amparado el 15 de octubre de los corrientes, a pesar de que este no tenía

conocimiento de la existencia de un proceso penal establecido en su contra,

ya que ni siquiera se efectuó acto alguno, con miras a informarle sobre el

proceso, sino que hasta que se realizó su detención. Señala que, de previo a

ejecutarse la detención, no se agotaron los mecanismos legales para

comunicar al amparado (menor de edad) sobre la existencia del proceso, ni

se le citó o giró orden de presentación, ni -en general- se le otorgó la

oportunidad para que compareciera de forma libre a estrados judiciales.

Estima que la referida detención fue arbitraria, excesiva e innecesaria. Por lo

expuesto, solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las

consecuencias legales que ello implique.

Mediante resolución de las 15:49 horas del 22 de octubre de 2014,

se dio curso al hábeas corpus y se previno al Jefe de la Sección Penal Juvenil

del Organismo de Investigación Judicial y al Fiscal que tramita la causa

seguida en contra del tutelado, que rindieran el informe respectivo.

Por escrito electrónico recibido a las 20:24 horas del 29 de octubre

de 2014, informa bajo juramento Rosa Jiménez Vargas, en su condición de

Jefe a.i. de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial,

que no ha tenido participación directa en los hechos cuestionados; por ello,

procedió a solicitar un informe a la investigadora respectiva. Ella indicó que

el 15 de octubre de 2014, investigadores de la Sección Penal Juvenil se

trasladaron al sector de la Carpio, según investigación de la causa

[Valor 001], caso 780-14, por delito de difusión de pornografía. Indica que,

en su momento, un testigo les acompañó al sector de Carpio,

cuarta parada detrás de la Iglesia Shekinah, donde les mostró el lugar de

residencia del amparado. Según indicaciones del testigo, los investigadores

debían ingresar a una servidumbre de paso y hacer llamados al tutelado, ya

que la vivienda se encontraba localizada al fondo de dicha entrada. De lo

contrario nadie saldría del lugar, debido a que no escucharían. Relata que un

investigador realizó llamados en voz alta a “Axel”. Minutos más tarde, el

amparado salió de manera voluntaria. Una vez en la vía pública y con el fin

de proceder con la identificación del imputado, se le indicó que se

encontraban realizando una investigación en su contra, debido al delito de

difusión de pornografía, a su vez se le indicó acerca de los derechos que le

asistían. En virtud de estos, manifiesta que se le consultó acerca de sus datos

personales, así como algún documento de identidad. Sin embargo, él indicó

no contar con documento, únicamente refirió responder al nombre de

[Nombre 001] y ser de nacionalidad hondureña. Indica que en ese momento

se acercó un masculino, quien les suministró un teléfono celular e

indicó que en la línea estaba la madre de Axel; se dialogó con la misma, se

identificaron como oficiales del OIJ y le indicaron que era necesario que se

presentara a corroborar los datos de identificación de su hijo. Sin embargo,

la misma se encontraba molesta, alterada y únicamente les increpaba

diciendo: “Mi hijo es menor de edad y ustedes no lo pueden tocar”;

asimismo, decía que eran de nacionalidad nicaragüense, por lo que no

lograron corroborar los datos. Señala que, por lo anterior, realizaron

dirección funcional con la Fiscalía Penal Juvenil de San José, a la cual se le

comunicó la investigación realizada, así como lo ocurrido. En cuanto a la

identificación del joven, ya que no había nadie que corroborara sus datos

personales y no contaba con algún tipo de identificación, fue necesario

realizar su identificación técnica. Indican que, al ser las 11:50 horas del 15 de

octubre de 2014, reiteraron al menor los derechos que por ley le asisten y se

procedió con su detención y traslado a las celdas del Primer Circuito

Judicial, donde fue ingresado a las 12:50 horas. Inmediatamente

confeccionaron el informe 621-DM-14, el cual fue enviado por correo

electrónico a las 15:50 horas de ese mismo día. Solicita que se declare sin

lugar el recurso.

Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 14:50 horas del

25 de octubre de 2014, informa bajo juramento Michelle Mayorga Agüero, en

su condición de Fiscal Penal Juvenil de San José, que en su Fiscalía se

tramita la causa [Valor 001], por el delito de seducción o encuentros con

menores por medios electrónicos y difusión de pornografía en contra

del amparado. Indica que el 15 de octubre de 2014, aproximadamente a las

11:45 horas, recibió una llamada de una investigadora de la Sección Penal

Juvenil, quien le informó que investigaba una denuncia interpuesta en contra

de un joven de nombre “Alex González”. Ese día se trasladó al sector de La

Carpio para entrevistar testigos y confirmar los datos brindados por la

víctima, particularmente en relación con la identificación de la persona menor

de edad investigada. En determinado momento divisaron en vía pública a una

persona en apariencia menor de edad, quien se identificó con el nombre del

amparado, de nacionalidad hondureña. Sin embargo, no portaba ningún

documento de identificación que permitiera corroborar esa información y, al

momento de consultar los datos brindados por el joven con el Registro Civil,

los mismos no coincidieron. Además, una persona que, se identificó como la

madre del menor, indicó a los agentes judiciales que él era nicaragüense; eso

permitió colegir que la identidad del menor era incierta. Indica que, ante este

panorama, se requería con carácter de urgencia fijar su identificación por

medios legales y técnicos suficientes para vincular a la persona que se tenía

en ese momento con la investigación y, al mismo tiempo, valorar la necesidad

de una medida cautelar en su contra. Rechaza que su actuación haya sido

ilegítima o arbitraria; por el contrario, se apega a los artículos 9 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público, 139 del Código Procesal Penal y 46 de la

Ley de Justicia Penal Juvenil. Considera que este último artículo, relacionado

con la identificación del imputado, puede aplicarse aun en contra de su

voluntad cuando no se cuenten con medios para identificarlo plenamente,

como ocurrió en el caso. Esta situación hizo indispensable para el proceso y,

ante la existencia de un evidente peligro de evasión, que los agentes judiciales

lo aprehendieran y presentaran a la Fiscalía, a fin de realizar su identificación

técnica y gestionar medidas cautelares. Acota que recibió el informe número

621-PJCI-14 de la Sección Penal Juvenil a las 15:50 horas del 15 de octubre

de 2014, en el que se detallan claramente las diligencias realizadas. Manifiesta

que, una vez realizada la identificación e individualización técnica del

tutelado, así como la verificación de los datos, se consideró que el peligro de

evasión había sido superado y se ordenó la inmediata libertad, ya que no

había necesidad procesal de gestionar medidas cautelares. Resalta que las

actuaciones se realizaron en un plazo muy inferior a las 24 horas. Solicita que

se declare sin lugar el recurso.

5.-

En los procedimientos seguidos se han observado las

prescripciones legales.

Redacta el Magistrado

Rueda Leal; y,

Objeto del recurso.

La recurrente estima lesionados los derechos

del amparado debido a que los recurridos procedieron a detenerlo, sin que se

agotaran previamente otros mecanismos de citación y sin que él supiera

sobre la causa penal que se sigue en su contra.

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto,

se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea

porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas

hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

En contra del amparado se tramita la causa penal

[Valor 001]. (Hecho incontrovertido).

El 27 de agosto de 2014 se presentó denuncia penal en contra

del amparado por la supuesta comisión de los delitos de

seducción o encuentros con menores por medios electrónicos y

difusión de pornografía. (Ver expediente judicial aportado).

Como parte de la investigación y con el fin de identificar al

imputado en la causa, agentes de la Sección Penal Juvenil del

Organismo de Investigación Judicial se trasladaron el 15 de

octubre de 2014 al sector de la Carpio, donde encontraron al

amparado en vía pública. Le indicaron que se estaba realizando

una investigación judicial. El amparado no portaba documento

de identificación. Cuando se habló telefónicamente con la

persona que decía ser su madre, no corroboró la información.

Por el contrario, indicó que el tutelado era nicaragüense, mientras

él decía ser hondureño. (Ver informes rendidos y prueba

aportada).

El amparado fue detenido por dirección funcional de la Fiscalía

recurrida a las 11:50 horas del 15 de octubre de 2014 e ingresó a

celdas del Primer Circuito Judicial a las 12:50 horas de ese día.

(Ver informes rendidos y prueba aportada).

Por oficio de las 14:27 horas del 15 de octubre de 2014, la

Fiscalía recurrida solicitó al Archivo Criminal del Organismo de

Investigación Judicial la reseña dactilares y de fotografía del

amparado, así como realizar comparación con menores y

mayores. (Ver expediente judicial aportado).

Por oficio enviado mediante fax a las 16:29 horas de ese día, el

Archivo Criminal rindió el dictamen criminalístico respectivo a la

Fiscalía recurrida. (Ver expediente judicial aportado).

El amparado fue identificado en la Fiscalía recurrida a las 17:15

horas del 15 de octubre de 2014. (Ver expediente judicial

aportado).

Por oficio de las 17:41 horas del 15 de octubre de 2014, la

Fiscalía recurrida ordenó la libertad del amparado. (Ver

expediente judicial aportado).

Sobre el caso concreto. En el sub examine, la accionante

considera lesionados los derechos fundamentales del amparado debido a que

los recurridos procedieron a detenerlo, sin agotar previamente otros

mecanismos de citación y sin que él supiera sobre la causa penal que se sigue

en su contra. Indica que basaron su detención únicamente en el hecho de

existir incertidumbre en cuanto a su nacionalidad. La parte recurrida

manifestó que hubo problemas para lograr la identificación del amparado

dentro del proceso penal, lo que ameritó su traslado a la fiscalía para realizar

la identificación técnica. En el caso de marras, la Sala observa que existieron

varios motivos que justificaron la detención del amparado. Por un lado, el

amparado no aportó un documento que permitiera su identificación, a pesar

de que se le indicó que existía una investigación judicial en su contra. Al

respecto, no está demás señalar que existe una obligación de identificarse

ante una solicitud justificada de un funcionario público, que abarca también a

los menores de edad (artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica del Tribunal

Supremo de Elecciones, artículo 396 inciso 6 del Código Penal y artículo 1

de la Ley de identificación de menores, en relación con el artículo 10 de su

reglamento).

Por otro, la persona, que dijo ser su madre, no logró corroborar los

datos y, más bien, contradijo la presunta nacionalidad del tutelado. Fue ante

ese panorama que la Fiscalía recurrida optó por diligenciar la identificación

técnica y solicitó la detención del amparado. Congruente con lo anterior, la

Fiscalía envió el oficio respectivo al Archivo Criminal del Organismo de

Investigación Judicial para realizar la reseña y comparación del amparado. Se

hace ver que el artículo 46 de la Ley de Justicia Penal Juvenil permite la

identificación del imputado por medios técnicos, aun en contra de su

voluntad:

“ARTICULO

Comprobación de edad e identidad

La edad del menor se acreditará mediante certificación o constancia

de la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil. En caso de

extranjeros, se pedirá información a la embajada o delegación del país de

origen del menor de edad; en ambos casos, podrá lograrse la

comprobación mediante cualquier documento oficial.

El menor de edad deberá suministrar los datos que permitan su

identificación personal. De no hacerlo, o si se estima necesario, una oficina

técnica practicará la identificación física, utilizando los datos personales,

las impresiones digitales y señas particulares. También se podrá recurrir a

la identificación por testigos, en la forma prescrita para los

reconocimientos, o a otros medios que se consideren útiles.

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del

procedimiento y los errores, siempre y cuando se trate de menores de edad,

podrán ser corregidos en cualquier momento, aún durante la ejecución

penal juvenil. Todas estas medidas podrán aplicarse aún contra la

voluntad del imputado.”

En el caso de marras existió incertidumbre en cuanto a la identidad del

menor, por los motivos anteriormente señalados. La importancia de la

identificación radica no solo en la necesidad de individualizar al sujeto que es

sometido al proceso (el artículo 83 del Código Procesal Penal), sino también

en la de determinar la edad de la persona y la posible aplicación de la Ley de

Justicia Penal Juvenil. De esta forma, no estima este Tribunal que se hayan

vulnerado los derechos del amparado. Se acota que el mismo fue puesto en

libertad aproximadamente 7 horas luego de su detención, respetando el plazo

constitucional (artículo 37 de la Constitución Política). En virtud de lo

expuesto, se declara sin lugar el recurso.