Resolución 02177-2020

I.-

La actora presenta demanda para que se condene a

la Caja Costarricense de Seguro Social –en adelante C.C.S.S.- a lo siguiente:

1.

Corregir las anormalidades suscritas en el proceder y la investigación realizada.

2.

Reconocer la pensión por muerte de su hijo, en forma retroactiva, a partir del

deceso, sumándole los intereses de mora por la lentitud de los trámites de la

institución.

El pago de las costas del proceso y los honorarios profesionales que

ascienden la suma de ¢400.000.

Los daños y los perjuicios, conforme las reglas

establecidas por la normativa vigente, por la suma de ¢10.000.000 (véase

imágenes 229-233 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). La

apoderada general judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social contestó la

demanda e interpuso la excepción de falta de derecho. Indicó que el asegurado

[Nombre 002] –hijo de la solicitante- falleció el día 14 de agosto de 2014, a la edad

de 37 años, debido a una falla multiorgánica, pancreatitis y etilismo

crónico. Mencionó que el cujus formaba un grupo familiar con sus progenitores y su

hermano. Además, se desempeñaba como funcionario del proyecto ICE-CACHI.

Explicó, de acuerdo con la declaración de la madre, el padre y el hermano, el

causante, brindaba un aporte económico al hogar, cancelando el recibo de

electricidad y los alimentos. Indicó que la actora es ama de casa, con ingresos por

concepto de oficios domésticos por horas y venta esporádica de cuadros de

pintura, de aproximadamente ¢24.000.00 mensuales. Afirma, las otras dos

personas residentes en el grupo familiar son asalariadas. Arguye que, la familia

habita en casa propia, inscrita a nombre del señor [Nombre 023] y las condiciones

de infraestructura son buenas. Refirió, los hechos expuestos no

determinan limitaciones o factores sociales a considerar de la demandante,

debido a que cuenta con redes de apoyo con capacidad económica (véase

imágenes 200-203 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El

Juzgado de Seguridad Social, mediante la sentencia 1844 de las 11 horas del 4 de

julio de 2018, declaró sin lugar la demanda y acogió la excepción de falta de

derecho. Resolvió el asunto sin especial condenatoria en costas (véanse imagenes

23-34 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo).

AGRAVIOS: La actora presenta recurso de casación, en el cual expresa

los siguientes reproches. Señala que su esposo es un enfermo alcohólico, quien no

tiene ingresos ni trabajo, en razón de su padecimiento y adicción, por lo que no

colabora en los gastos del hogar. Aduce, su hijo era quien siempre se hacía

responsable. Alega que, fueron visitados por una trabajadora social a quien se le

dio manifestación de lo antes señalado, pudiendo ella verificar si la información

que se le brindó era la correcta. Afirma, la funcionaria entrevistó a los testigos

[Nombre 003] y [Nombre 004]; sin embargo, no anotó en el informe lo que ellos le

indicaron. Explica que, la servidora le manifestó una serie de

hechos y luego redactó cuestiones contrarias en el informe, pues, indicó que no ella

no dependía de su hijo, a pesar de que ello era cierto. Manifiesta que, a la

audiencia de conciliación señalada por el Juzgado de Seguridad Social, acudió la

abogada de la C.C.S.S. sin el poder requerido para conciliar. Señala que al no

tener poder para negociación la jueza no debió permitir que la abogada de la

C.C.S.S. hiciera preguntas. Arguye que, en el Despacho se le indicó que en el

plazo de 22 días se dictaría la sentencia; sin embargo, eso se hizo saber en

octubre de 2017, pero no fue así. Expresa, presentó un recordatorio de que no se

había dictado el fallo, lo cual violenta los numerales 11, 24 y 41 de la Constitución

Política, 32 de la Jurisdicción Constitucional, 11 de la Ley General de la

Administración Pública, 6 de la Ley n°. 8220 y 6 de la Ley n°. 9097. Menciona que

se presentó tardanza en el dictado del fallo, por lo que envió dos recordatorios al

Despacho, hasta que en julio de 2018 se emitiera la sentencia. Adujo que, se

ordenó la realización de otro informe de trabajo social por parte de la misma

trabajadora que había redactado el anterior. Señala que, dicho comportamiento

por parte de la jueza le causa una indefensión. Explica, el resultando de la

sentencia es una descripción de los procedimientos de la C.C.S.S., los cuales la

juzgadora no analiza a la luz de los derechos del administrado. Señala que en el

considerando del fallo impugnado se repite lo señalado por la trabajadora social

sobre la conformación del núcleo familiar.

SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: Esta Sala mediante

la resolución de las 9 horas y 25 minutos del 29 de mayo del 2019, ordenó la

práctica de un peritaje socioeconómico a la parte actora, a través del

Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial, con la finalidad de establecer

con claridad el presupuesto de dependencia de la accionante con su hijo, el señor

[Nombre 002]. El informe social se incorporó al escritorio virtual de este Despacho

al ser las 15:38:51 del 07/05/2010; y, este se puso en conocimiento de

ambas partes por el plazo de tres días mediante la resolución de las 14 horas y 10

minutos del 03 de mayo del 2020.

SOBRE EL CASO CONCRETO: El artículo 73 de la Constitución

Política establece los seguros sociales en beneficio de las personas trabajadoras

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del

Estado, partes empleadoras y trabajadoras, a fin de proteger a éstas contra los

riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás

contingencias que la ley determine. Su Administración y gobierno estarán a cargo

de la Caja Costarricense de Seguro Social y no podrán ser transferidos ni

empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación. Esta

disposición, se encuentra dentro del Título V de la Carta Fundamental, titulado, de

los “Derechos y Garantías Sociales” y tiene su sentido ideológico en el Estado

Social y Democrático de Derecho imperante, sobre el cual se sostiene todo el

ordenamiento jurídico patrio. Este estadio de cosas, se consolida por medio de

otros principios constitucionales como el de igualdad en el sostenimiento de las

cargas públicas, solidaridad, justicia social y de legalidad. Es decir, no es un

régimen caprichoso que pueda ser manipulado fácilmente, sino que atiende a una

serie de parámetros objetivos y racionales que permiten al particular calificar

adecuadamente para recibir los beneficios que éste proporciona. Ello fue previsto

así por el Constituyente de 1949 y esto ha permanecido incólume desde vieja data,

garantizando la protección, el cuido y la atención de grandes grupos poblacionales.

Ahora bien, el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja establece como

uno de sus propósitos elementales, otorgar pensiones a la persona asegurada y a

las sobrevivientes de la persona asegurada fallecida. De previo a analizar el caso,

resulta importante hacer ver que el reclamo de la promotora no consiste en una

pensión del régimen No Contributivo, sino de Invalidez, Vejez y Muerte, que es de

base contributiva. En el artículo 14 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte

-vigente para el momento del fallecimiento del señor [Nombre 002] y la

presentación de la solicitud de la actora en la sede administrativa, señala, “

en

ausencia de beneficiarios por viudez u orfandad, tienen derecho a pensión los

padres, si al momento de fallecer el causante dependía económicamente de él,

en razón de limitaciones físicas, mentales o sociales, según determinación que

en cada caso hará la Caja”. Establecido lo anterior, conviene destacar que, el

objeto de este asunto es determinar si existía entre la señora [Nombre 001] y su

hijo, una relación de dependencia económica, pues es el supuesto de hecho

condicionante de la norma para otorgar el beneficio. En el numeral referido,

solo se habla de dependencia económica, más no se establece en cuáles casos

se encuentra en esa condición y en cuáless no, por lo que su existencia se

supedita a lo que demuestren las pruebas aportadas por las partes, las

condiciones económicas de la persona beneficiaria y de la de quien fue

dependiente. Al analizar el tema de la dependencia económica, como requisito

para poder otorgar una pensión por muerte, esta Sala ha sostenido que

dicha dependencia no debe ser plena o absoluta. La cuestión ha sido

especialmente abordada tratándose de pensiones por viudez, aunque no en forma

exclusiva. En fallos reiterados, se ha explicado que la dependencia no debe verse

en términos absolutos, sino en relación con la organización de la vida en pareja, o

de la familia en un caso como este, donde los ingresos forman una masa que sirve

para satisfacer las necesidades del núcleo familiar. En la sentencia 379, de las

10:10 horas del 30 de abril de 2008, se indicó: “El régimen de seguridad social,

mediante las pensiones por muerte, busca paliar precisamente esa situación, al

garantizarle a los contribuyentes el amparo económico de sus dependientes,

quienes, de alguna manera, organizan su esquema de vida con base en el

ingreso económico percibido por el asegurado, por lo cual su condición se torna

dependiente de las ganancias propiciadas, en vida, por este”.

En el mismo

sentido, en la sentencia 409, de las 9:35 horas del 4 de julio de 2007, también se

expuso: “Ya esta Sala en ocasiones anteriores ha señalado que

la dependencia económica, no implica, necesariamente, que tenga que existir

una relación de dependencia absoluta. Si el monto de la ayuda que brindaba el

causante es insuficiente, no puede pretenderse que el o la dependiente

sobreviva única y exclusivamente con ese monto, sacrificando necesidades

básicas y elementales del núcleo familiar, y negarse precisamente por esa

necesidad de sobrevivir que impone la búsqueda de un medio de vida, el

derecho a la pensión que se solicita”.

Asimismo, en la sentencia 212, de las 9:05

horas del 7 de abril de 2006, se reiteró el mismo criterio, en el siguiente sentido:

“La interpretación referida resulta aplicable al caso concreto, toda vez que la

norma en cuestión no exige para acceder a una pensión del régimen de

invalidez, vejez y muerte que la dependencia de los padres respecto

del hijo fallecido, sea absoluta, pues lo que se establece es tan solo

la dependencia económica en razón de limitaciones físicas, mentales o

sociales”. En ese orden de ideas, la parte demandada argumentó que la

solicitante, ante el deceso de su hijo, no quedó desamparada económicamente,

pues su esposo, el señor [Nombre 023] y su hijo

[Nombre 024], colaboran con los

gastos del hogar. Ahora bien, resulta de importancia indicar que,

el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, mediante el

dictamen social forense del 05 de mayo del 2020, indicó que: “(…) De los

antecedentes sociofamiliares se logra extraer como la referida se ha

desarrollado e interactuando en ambientes de limitación económica, siendo que

a falta de oportunidades y apoyo parental e institucional, no logra desarrollo

académico o laboral, dedicándose al cuido de terceros y el trabajo doméstico no

remunerado e invisibilizado. En este sentido, la Sra. [Nombre 001] desarrolló

dependencia hacia terceros para la satisfacción de necesidades y demandas

básicas de vida; siendo que a pesar de haberse reportado actividad laboral en

diferentes coyunturas, esta a sido en su mayoría informal y de bajo ingreso. De

esta manera, su hijo mayor [Nombre 002], hasta su muerte en el año 2014,

representó un apoyo económico importante y significativo para la referida y su

grupo familiar, al haber facilitado una adecuada y oportuna satisfacción de

necesidades básicas a partir de su aporte económico, mismo que sirvió de

complemento al ingreso identificado en el ex esposo de la referida y el de su hijo

menor [Nombre 024]. En este sentido, a partir de la triangulación de las fuentes

de información consultadas, se logró establecer la existencia de una

dependencia

por parte de la Sra. [Nombre 001] hacia su hijo [Nombre 002]; sin embargo, esta

se daba en función de la permanencia del fallecido en la vivienda familiar,

siendo que su

aporte económico se constituyó en una forma de colaboración y apoyo a la

economía familiar. En este sentido, posterior a la muerte de [Nombre 002]

, la

referida recibió transferencias económicas como beneficiaria que era, a la vez

que su

grupo familiar logró reestructurarse para lograr la satisfacción de necesidades

básicas de vida. No obstante, interesa señalar que, si hubo una disminución en

la calidad de vida de la Sra. [Nombre 001], al no percibir el apoyo que su hijo

brindaba, que al momento de su muerte se estimaba en poco mas de 200 mil

colones.

Aunado a esto, se sabe que la referida ha mantenido actividad laboral informal,

siendo que desde el 2008 ejerció como cuidadora de un nieto y mas

recientemente de su progenitora que es adulta mayor de 87 años de edad, con lo

cual ha logrado generar recurso económico propio y aportar a la economía del

hogar. Por otro lado, es importante considerar que a pesar de haberse dado un

divorcio de la referida en el año 2015, su ex esposo se mantuvo en la vivienda,

realizando aporte económico, mismo que la entrevistada afirmó fue escaso y

poco significativo. No obstante, las fuentes familiares consultadas coincidieron al

indicar que este asumió responsabilidad económica, al menos para garantizar

un mínimo de necesidades y pago de recibos públicos, así como la hipoteca de

la casa. Desde agosto de 2019 con la muerte de su ex-esposo, se dejó de

percibir el aporte de este, por lo que el hijo menor de la referida [Nombre 024],

asumió protagonismo en la economía del hogar. Sin embargo, este se ha

caracterizado

por ser inestable en su ámbito laboral, lo cual ha provocado coyunturas de

limitación que dificultan la satisfacción de un mínimo de necesidades y

demandas de vida. Actualmente la referida se encuentra en tramite

administrativo para que se le reconozca pension por muerte de su ex-esposo.

Finalmente, se tiene la existencia de un ingreso económico familiar vulnerable o

susceptible a cambios o transformaciones externas, siendo que la mayor

cantidad del recurso proviene del ayuda o recursos de terceros, que por si

mismos son de carácter y naturaleza temporal. No obstante, los datos obtenidos

al momento de la valoración social, sugerían que el grupo familiar de la referida

tenia capacidad para afrontar necesidades y demandas básicas de vida,

identificándose un ingreso per cápita superior al de la linea de pobreza

establecida pro el INEC, no obstante, el método de índice de pobreza

multidimensional sugirió vulnerabilidad en ámbitos de trabajo y salud. Por

ultimo, es importante considerar que a partir de marzo de 2020, con la

emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, se profundizo la

situación económica de la familia al haber sido cesado [Nombre 024]

de su

trabajo y haberse mermado el ingreso de la referida en la mitad” (véase

documento

incorporado al escritorio virtual del Juzgado de Trabajo a las 15:38:51 del

07/05/2020). Del informe social referido se deriva que, el aporte económico que

brindaba el causante a la señora [Nombre 001] era muy importante y significativo,

pues, mediante este le facilitó la adecuada y oportuna satisfacción de las

necesidades básicas. Si bien, se indica que la dependencia económica de la

actora hacia su hijo [Nombre 002] se dio en función de la permanencia del fallecido

en la vivienda; y, el grupo familiar logró estructurarse en el aspecto

económico para lograr la satisfacción de las necesidades básicas, lo cierto es que

la solicitante tuvo una disminución de su calidad de vida, al no percibir el apoyo

que hijo brindada, el cual se estimaba en un aproximado de ¢200.000. Cabe

mencionar que, al momento de realizada la valoración social se determinó que el

grupo social tenía la capacidad para afrontar las necesidades y demandas básicas

de vida; sin embargo, el índice de pobreza multidimensional sugirió vulnerabilidad

en ámbitos como la salud y el trabajo, dado que, la señora [Nombre 001] no cuenta

con seguro médico por mora en el pago de las cuotas y no ha tenido control de sus

padecimientos, a saber hipertensión arterial y antecedente de cáncer de cérvix; y,

además, se encuentra inserta en el sector informal. En el mismo orden de ideas, la

parte recurrente reprocha que, la funcionaria de la C.C.S.S. entrevistó a los

testigos [Nombre 003] y [Nombre 004]; sin embargo, no anotó en el informe lo que

ellos le indicaron. Por ello, resulta importante en esta instancia

establecer lo dicho por los deponentes recibidos en la sede administrativa. Así,

[Nombre 028], refirió que, el causante siempre vivió con sus familiares. Además,

adicionó que el señor [Nombre 002] laboraba como administrador en el I.C.E.

Indicó que, según lo que vio en ocasiones, el cujus

invertía su salario en gastos de su mamá y en llevar el diario a la casa. Manifestó

que, [Nombre 001], se encontraba separada de su esposo y aunque vivían en la

misma vivienda, él ayudaba en cuestiones mínimas como los servicios

públicos, pero el señor [Nombre 002] era quien se encargaba de llevar la

alimentación. Aseguró que el esposo de la señora [Nombre 001] laboró como

operario del I.C.E. y que [Nombre 024], el otro hijo de la actora, también ayudaba

en los gastos del hogar (véase imagen 151 del expediente digital completo del

Juzgado

de Trabajo). Por su parte, la señora [Nombre 004], quien es esposa de un hermano

de [Nombre 002], refirió que él vivía con su madre, su padre y un hermano llamado

[Nombre 024]. Aseveró que, el causante trabajaba para el I.C.E. Además, que

económicamente su prioridad era su mamá. Señaló que [Nombre 002] era quien

asumía los gastos del hogar; y, en gratificación a su madre, asumía sus

gastos personales como el recargo de la línea de teléfono celular, los tintes, la

recreación, entre otros. Afirmó que, posteriormente al fallecimiento del señor

[Nombre 002], desconoce cómo se resolvió la cuestión económica familiar (véase

imágenes 150 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El señor

[Nombre 024], hermano del causante, mencionó que este siempre vivió con su

papá, su mamá y su persona. Relató que, su hermano invertía su salario en

sus estudios, cancelaba las deudas, se hacía cargo del pago de la luz y llevaba

alimentos a la casa, pero no tenía un monto establecido de colaboración. Añadió

que, él también otorgaba un aporte económico al hogar, al igual que su padre. Dijo

que, su papá asumía gastos de la casa. Detalló que, el señor [Nombre 002]

consentía a su madre en cuestiones personales, pero no era todo el tiempo.

Expresó que posterior al fallecimiento de su hermano, se han organizado para

asumir los gastos del grupo familiar (véase imagen 148 del expediente digital

completo del Juzgado de Trabajo). El señor [Nombre 023], padre del cujus,

mencionó que su hijo colaboraba con cancelar el recibo de electricidad; y,

además, llevaba alimento al hogar. Aseguró que, él no tenía un monto fijo de

colaboración. Refirió que, su otro hijo aportaba muy poco. Explicó que, su salario

era de ¢132.000 por quincena. Aseveró que su esposa realiza labores domésticas

por horas y hace pinturas, pero desconoce los ingresos que ella tiene (véase

imágenes 144-146 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). En el

mismo orden de ideas, vale señalar que, mediante la resolución número

303430336-007-002-2015 del 03 de febrero del 2015, la Sucursal de Paraíso de la

C.C.S.S., se denegó el derecho a la actora de acceder a la pensión por muerte de

su hijo [Nombre 002], pues, se determinó que no quedó desprotegida

económicamente (véase imágenes 158-161 del expediente digital completo del

Juzgado de Trabajo). Y, la Gerencia de Pensiones, por medio de la resolución

número 25.991 de las 8 horas y 10 minutos del 05 junio del 2015, confirmó la

resuelto (véase imágenes 169-171 del expediente digital completo del Juzgado de

Trabajo). Es importante indicar que en la sede judicial se recibió la declaración de

[Nombre 029], trabajadora social encargada de la confección del informe social

rendido en la sede administrativa, quien relató que el causante

era asalariado estable; además, que la solicitante laboraba en oficios domésticos

y hacía cuadros. Refirió, el padre y un hermano del cujus aportaban ingresos al

grupo familiar. Afirmó que no se evidenciaron limitaciones físicas, económicas o

sociales. También, se contó con el dicho de la señora [Nombre 030], la cual indicó

que el núcleo familiar lo conformaban la actora, el ex esposo de esta y el hijo

menor. Adujo que, el señor [Nombre 002] se hacía cargo de los servicios básicos.

Además, que la gestionante no tenía ingresos fijos (audio de

recepción de prueba incorporado al escritorio virtual del Juzgado de Trabajo a las

10:15:56 del 10/10/2017). De los testimonios recibidos en las sedes

administrativa y judicial, se puede extraer que el causante sí brindaba un sostén

económico importante a la promovente, quien posterior al fallecimiento de este,

suplió sus necesidades básicas con los ingresos que aportaba su ex esposo y su

hijo [Nombre 031], mismo que ha presentado inestabilidad laboral. Expuesto lo

anterior, considera esta Sala que, se acreditó el vínculo de

dependencia económica entre la señora [Nombre 001] y su hijo

[Nombre 002],

pues, si bien se determinó que posterior al fallecimiento del cujus el grupo

familiar se estructuró para suplir las necesidades económicas básicas, la

accionante si vio disminuida su calidad de vida al no percibir el apoyo que le

brindaba su hijo. Incluso, se determinó vulnerabilidad en ámbitos de trabajo y salud

de la actora. Es importante indicar que, esta Sala mediante el voto número 44 de

las 9 horas y 45 minutos del 26 de enero de 2007, indicó que “el fundamento de

la pensión por viudez, es el haber convivido y dependido económicamente del/a

asegurado/a, en tanto el importe de la pensión lo que pretende es ser un sustituto

del aporte económico brindado por el fallecido/a, a fin de evitar que el

dependiente quede en la indigencia o bien, pueda mantener el nivel de vida al

que estaba acostumbrado/a.”

(El destacado no está en el original).

En iguales

términos, también se ha considerado que “la dependencia económica del/a

cónyuge debe verse en tanto ambos cónyuges, con sus aportes -incluso cada

uno de ellos plenamente diferenciados-

contribuyen a un ingreso familiar del

cual dependen recíprocamente para el sostenimiento de su condición de

vida. No se trata entonces de un sistema que únicamente tutela a personas que

no tienen un ingreso económico; o bien, que sea destinado únicamente a

personas en condiciones de pobreza”.

(Sentencia número 154, de las 14:45

horas del 18 de febrero de 2009)…” (lo subrayado es suplido, no así la negrita). En

el subjúdice se tiene que el causante falleció el 14 de agosto del 2014, momento

en que laboraba para el I.C.E., era soltero y convivía con su madre, su padre y un

hermano. De las declaraciones testimoniales recibidas en las sedes administrativa

y judicial, así como del dictamen social forense realizado por el Departamento de

Trabajo Social del Poder Judicial, se deriva que el causante le ayudaba a la

demandante con la compra de alimentación, pagos de luz y gastos personales. Si

bien no se estableció que la señora [Nombre 001] percibiera una suma

determinada de dinero de parte del fallecido, es lo cierto que, conforme lo ha

señalado esta Sala, ello no es requisito para determinar la existencia de

la dependencia económica de la demandante del causante, conforme a la

normativa reguladora de la materia; sin que tampoco sea requisito para obtener

una pensión derivada, el que tal dependencia sea absoluta. Lo cierto es que, en la

situación de la actora, existía una dependencia económica para la atención de sus

necesidades básicas de lo que aportaba su hijo fallecido, sin que se pueda, válida

y legítimamente, menoscabar su estatus sometiéndola a condiciones de vida

inferiores a las que tenía cuando aquel estaba en vida. Por otra parte, si bien la

Caja Costarricense de Seguro Social como administradora del Régimen de

Invalidez, Vejez y Muerte, es responsable de la administración de fondos públicos,

por lo que la aplicación de los beneficios jubilatorios debe obedecer a criterios

objetivos, e incluso, como ha dicho esta Sala, la interpretación de las normas

relativas a la aplicación de esos beneficios debe tender a su resguardo y

mantenimiento -entre ellos aplicando el principio interpretativo “pro fondo”

-, no

puede olvidarse que estamos en el campo de la seguridad social, esencia de la

estabilidad de la sociedad costarricense y base del Estado Social y Democrático

de Derecho, en la que se fundamentan las normas que garantizan una vida digna a

las personas económicamente dependientes de aquellas aseguradas fallecidas,

esto es, mediante la pensión derivada. Por lo expuesto, los reproches de la parte

recurrente en cuanto a que sí se demostró la existencia de la dependencia

económica de la actora y el cujus son de recibo. La interpretación referida resulta

aplicable al caso concreto, toda vez que la norma en cuestión no exige para

acceder a una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que

la dependencia de los padres respecto del hijo fallecido, sea absoluta, pues lo que

se establece es tan solo la dependencia económica en razón de limitaciones

físicas, mentales o sociales. Vale destacar que, si bien la parte actora alega atraso

en la emisión del fallo, ello respondió a que se solicitó como prueba para mejor

proveer un nuevo informe socioeconómico; sin embargo, no se aportó la dirección

exacta de residencia de la actora, razón por la cual, se prescindió de esta. Por lo

que, el alegato en ese sentido, no es de recibo. La impugnante señala que, a la

audiencia de conciliación señalada por el Juzgado de Seguridad Social, acudió la

abogada de la C.C.S.S. sin el poder requerido para conciliar. Señala que al no

tener poder para negociación la jueza no debió permitir que la abogada de la

C.C.S.S. hiciera preguntas. Al respecto, conviene indicar que, la representación de

la demandada no ostentaba el poder específico para conciliar, pero ello no implica

que no ostentara las facultades para actuar en la audiencia. Dado lo cual, el

alegato no es de recibo.

CONSIDERACIONES FINALES: De conformidad con lo expuesto, lo

procedente es declarar con lugar el recurso presentado por la parte actora y anular

la sentencia de primera instancia. En su lugar, debe acogerse la excepción de falta

de derecho en lo rechazado y denegarse en lo admitido. Declarar parcialmente con

lugar la demanda. En consecuencia, debe condenarse a la Caja Costarricense de

Seguro Social a otorgar una pensión a favor de la demandante, derivada de la

muerte de su hijo [Nombre 002], a partir de la fecha del fallecimiento de este -14 de

agosto del 2014-. Por lo dispuesto en el numeral 565 del Código de

Trabajo, la accionada deberá reconocer el pago de intereses sobre las rentas

vencidas, a partir del momento en que cada una resultó exigible y hasta el efectivo

pago, según la tasa prevista en el canon 497 del Código de Comercio, que

corresponde a la tasa básica pasiva que reconoce el Banco Central de Costa Rica

para las operaciones en moneda nacional. De igual forma, el monto total de las

rentas adeudadas deberá actualizarlas a valor presente, según la forma regulada

en el canon 565 dicho, es decir, “…en el mismo porcentaje en que haya variado

el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana que lleve el

órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la

presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se

realice el pago”. Por último y conforme a lo regulado en el artículo 562 del Código

de Trabajo, procede imponer el pago de ambas costas a la parte vencida y fijar las

personales en la cantidad prudencial de trescientos mil colones. Se debe rechazar

la pretensión relativa al cobro de los daños y perjuicios, por cuanto, la carga de la

prueba respecto a dicho extremo le corresponde a la parte que los solicita, de

conformidad con el ordinal 477 del Código de Trabajo; y, en el asunto bajo análisis,

la parte actora no acreditó los préstamos en los que refiere haber incurrido y por

los que considera se vio afectada. Así como, la petitoria relativa a la corrección de

las anormalidades suscritas en el proceder y la investigación realizar por

imprecisa.