Resolución 01405-2025

Mediante sentencia N° 2024-270 de las once horas del dos de diciembre del dos mil veinticuatro, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil Segundo Circuito Judicial Goicoehcea, resolvió: “

La master Ericka Chaves Jiménez en escrito visible de folios 47 frente a 71 frente, formula recurso de casación en contra de la sentencia N° 2024-0270, de las 11:00 horas, del 02 de diciembre del 2024, dictada por el Tribunal Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José en cuanto declaró con lugar el recurso interpuesto por la defensa técnica y dictó el sobreseimiento definitivo a favor del encartado (cfr. f. 539- 545).

Por resolución número 2025-00537, de las 10:48 horas del 30 de mayo de 2025, esta Sala de Casación Penal declaró admisibles los dos motivos del recurso de casación formulado por el Ministerio Público.

El día 02 de octubre del 2025 al ser las 14:09 horas, se realizó la audiencia oral y pública solicitada por la defensa al contestar la audiencia del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. La Sala estuvo integrada por las magistradas Patricia Solano Castro, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Patricia Vargas González, y los magistrados Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Rafael Segura Bonilla. En representación del Ministerio Público se hizo presente la licenciada Andrea Murillo Briones y como defensora pública la licenciada Andrea Pérez Quirós. El menor encartado no se hizo presente a la diligencia, y fue representado por su defensora. Los argumentos expuestos por las partes fueron los mismos que aparecen en los libelos de interposición y contestación del recurso de casación.

Antecedentes de interés. El día 28 de octubre del año 2022, el Juzgado Penal Juvenil del III Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Ramón, aprobó en favor del menor [Nombre 001] una Suspensión del Proceso a Prueba, por el plazo de dos años, mismos que finalizaban el 28 de octubre de 2024. Consecuencia de lo anterior, en fecha 28 de febrero de 2023 se recibió el primer informe de seguimiento del Departamento de Trabajo Social en el que se comunicaba que el menor no estaba cumpliendo con el plan reparador. Luego, el 17 de agosto de 2023 se genera un segundo informe de seguimiento en el que, de nuevo, se daba cuenta de la falta de cumplimiento del plan reparador por parte del menor. Posteriormente, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Penal Juvenil del III Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Ramón, señala audiencia de verificación para el día 14 de diciembre de 2023, sin embargo, la misma no se lleva a cabo porque no se localizó al joven [Nombre 001], situación que se repite en los ulteriores señalamientos del 07 de febrero de 2024 y 14 de marzo de 2024, fecha esta última en la que se decreta la rebeldía de [Nombre 001] y en la que también ya se contaba con el tercer informe de seguimiento que, una vez más, advertía incumplimiento. El día 21 de marzo de 2024 se levanta la rebeldía del menor. Nuevamente se intenta celebrar una audiencia de verificación, pero el menor no se presentó y el 08 de abril de 2024 se decreta una segunda rebeldía que se mantiene hasta el 21 de agosto del mismo año. El 02 de setiembre de 2024 se agrega al expediente el cuarto informe de seguimiento que, siguiendo la misma tónica de los anteriores, evidencia incumplimiento al plan reparador. Días después, el 04 de setiembre de 2024 se decreta por tercera vez la rebeldía del menor encausado, la cual se mantuvo hasta el 14 de noviembre de 2024, cuando se lleva a cabo una audiencia de verificación y el Juzgado Penal Juvenil del III Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Ramón, revoca la suspensión del proceso a prueba y ordena la detención provisional del menor. La Defensa Pública presentó recurso de apelación contra dicha decisión y el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil mediante la resolución 2024-0270 de las 11:00 horas, del 02 de diciembre del 2024 declara con lugar la impugnación dictando un sobreseimiento definitivo en favor de [Nombre 001] y ordenando la libertad del menor.

En su primer motivo, el Ministerio Público, alega la existencia de precedentes contradictorios. Según la casacionista, esta causal se da entre los fallos N° 2024-0270 de las 11:00 horas, del 02 de diciembre del 2024 y el N° 2015-00019, de las 14:45 horas, del 16 de enero del 2015, ambas dictadas por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José y con los votos N° 2020-00490, de las 10:20 horas, del 30 de abril del 2020, N° 2015-00661, de las 08:53 horas, del 27 de mayo del 2015 y el N° 2021-00653, de las 10:21 horas, del 25 de junio del 2021, de esta Sala de Casación Penal. Asegura la petente que la resolución que ahora recurre y el voto N° 2015-00019, de las 14:45 horas, del 16 de enero del 2015, se refieren sobre la aplicación de los preceptos procesales 32, 89 a 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que regulan el instituto de la rebeldía y la suspensión del procedimiento a prueba. Desde su óptica, ambos fallos resuelven una situación similar de forma distinta. Expone como agravio que, al tenerse premisas fácticas semejantes con soluciones diversas, se violenta el principio de igualdad y se aplica de manera errónea la figura de la rebeldía y los alcances de medida alterna de la suspensión del procedimiento a prueba. Apunta la representante fiscal que la sentencia impugnada, resuelve bajó el argumento de que la rebeldía no tiene ningún efecto sobre el cómputo de la prescripción, transcribiendo in extenso un fragmento de dicho pronunciamiento (ver folios 52- 55). Según el criterio de la casacionista, la posición del tribunal de apelación lo que pretende es ampliar los efectos de la norma procesal penal en perjuicio del encartado, por lo que es necesario establecer que la rebeldía tiene un efecto sobre la acción penal y sobre el ejercicio de ésta “… y que al tener ese efecto sobre la acción penal lo tiene por naturaleza sobre la Suspensión del Proceso a Prueba toda vez que el mismo es accesorio a la acción penal y no tiene naturaleza independiente...” (sic, cfr. f. 55). Acota que, en el presente caso, la persona menor de edad infractora se apartó del cumplimiento del proceso, al no presentarse a las citaciones ni tampoco a los talleres del trabajo social y psicología del Poder Judicial, los cuales formaban parte del acuerdo que se pactaron con la suspensión del procedimiento a prueba. Con respecto al precedente N° 2015-00019, de las 14:45 horas, del 16 de enero de del 2015, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, se resolvió un caso bajo el mismo cuadro fáctico e incluso los reclamos del ente fiscal eran análogos. De esta última sentencia se deduce lo siguiente: i) se reconoce que la declaratoria de rebeldía tiene un efecto en el procedimiento; ii) este efecto recae sobre la suspensión de la acción penal; iii) que el no considerar esta circunstancia dentro del plazo de la suspensión, implica un escenario donde el encartado se beneficia de su propia incomparecencia dentro del proceso; iv) y bajo este análisis, el hecho de no someterse al proceso y evadirlo, contradice los fines de la norma. Advierte la recurrente que existen precedentes de esta Sala donde se unifica el criterio “…con relación a las consecuencias que tienen la inactividad procesal durante el periodo de cumplimiento de la suspensión de proceso a prueba, y como el vencimiento del plazo puede generar en ciertos supuestos la extinción de la acción penal…” (cfr. f. 56 vuelto, la transcripción es literal). Sobre el voto N° 2020-00490, de las 10:40 horas, del 03 de abril del 2020, se estima que la rebeldía sí tiene efectos sobre la acción penal, ya que la medida alterna es accesoria a ésta, por lo que al estar suspendida la acción no podría correr ningún otro plazo. Continúa transcribiendo un fragmento del precedente recién mencionado y determina que: “…la posición mantenida en los votos enunciados y que es aquella que sostiene esta presentación es aquella que indica claramente que en el estado de rebeldía el legislador reconoce una serie de corolarios…” (sic, cfr. f. 59 frente). Entre ellos: i) la acción penal se ve interrumpida por la rebeldía; ii) el estado de rebeldía se produce a consecuencia de la desatención que demuestra la persona imputada dentro del proceso; iii) “…Que al afectarse directamente la acción penal, la norma que ordena la suspensión del cómputo de la extinción penal lo hace al entender que la misma se suspende…” (sic. cfr. f. 59 frente); iv) y al reconocerse el efecto que tiene la rebeldía sobre la acción penal, no es posible que la persona menor de edad infractora se beneficie de su mismo deseo de separarse del proceso. Considera la gestionante que la sentencia que ahora impugna abre la posibilidad de que la acción penal dependa de la voluntad de la persona infractora. En el voto N° 2015-00661, de las 08:53 horas, del 27 de mayo del 2015, emitido por la Sala Tercera, se concluyó que: i) “…El extrañamiento de la persona del proceso, este precepto importa que nunca podría declararse rebelde a quien apegado a derecho se ha mantenido cumpliendo las responsabilidades que le impone el proceso…” (sic, cfr. f. 59 vuelto); ii) el procedimiento para declarar a una persona rebelde, opera una vez que se convoca al imputado a comparecer a estrados judiciales y el mismo no lo hace sin ninguna justificación; iii) la persona encartada conoce los alcances de su incomparecencia dentro del proceso penal, por lo que será su deber mantenerse sometido al mismo. Apunta que existe un razonamiento lógico de que se reconozca la suspensión de la acción penal con la rebeldía, ya que es el mismo encartado quien ha procurado la misma. Cuestiona que la decisión del tribunal de apelación en este asunto se contrapone con los fines de la justicia penal juvenil, de ahí que no es posible que el imputado propicie la extinción de la acción penal. Acota que en el fallo N° 2015-01050, de las 10:50 horas, del 07 de agosto del 2015, emitido por esta Cámara, se retomó el voto N° 2015-00661, manteniendo la misma línea en cuanto a los efectos de la rebeldía. Cita en su literalidad un extenso acápite de la resolución precedente y asegura que, esta Sala de Casación Penal ha mantenido su criterio con respecto a los derechos y obligaciones que mantienen las personas imputadas dentro del procedimiento penal juvenil, cuyo alcance no puede únicamente favorecerle, sino también obliga a cumplir los deberes adquiridos. En cuanto a la resolución N° 2018-00197, de las 11:00 horas, del 06 de abril del 2018; esta Sala concluye la exigencia de la realización de la audiencia de verificación de la medida alterna, dentro del plazo de su cumplimiento y admite que la rebeldía tiene efectos suspensivos sobre la acción penal. Estima la gestionante, que este pronunciamiento jurisprudencial señala que la prescripción es una sanción procesal ante la inactividad de las partes y que esta no tiene vida propia, sino que depende necesariamente de la acción penal. Expone que el tribunal de segunda instancia justica su razonamiento, en la necesidad de que exista una norma donde expresamente se indique que la rebeldía suspende la acción penal, sin que esto sea correcto, pues esta tesis se contrapone con los principios del derecho. Por último, en el fallo N° 2021-00653, de las 10:21 horas, del 25 de junio del 2021, dictado por esta Cámara, se afirmó que la declaratoria de rebeldía tiene sus efectos sobre la acción penal. Reitera que la línea jurisprudencial de esta Sala apunta que la prescripción es una sanción procesal ante la inactividad de las partes y que tiene el carácter accesorio a la acción penal. Plantea que en este caso se deberán aplicar los precedentes de esta Sala y el voto N° 2015-0019 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, por lo que peticiona se reenvíe la presente sumaria para la realización de la audiencia de verificación. En el segundo reclamo se alega “…Errónea aplicación de las reglas procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por el cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba…” (cfr. f. 65 frente). Cita como respaldo jurídico de su reclamo, los artículos 32, 89 a 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y el 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Estima la petente, que a pesar de que la jueza del Juzgado Penal Juvenil de San Ramón comparte el criterio reciente de esta Cámara sobre los efectos de la rebeldía en el plazo de la suspensión del proceso a prueba y ampliamente así lo expuso en su resolución, la defensa técnica recurrió al considerar que la medida alterna se revocó cuando ya el plazo para hacerlo había fenecido. Seguidamente, reproduce el contenido íntegro del numeral 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y el 30 del Código Procesal Penal. A su juicio, esta Sala analiza que la medida alterna se pacta con una fecha determinada, con el fin de que durante ese plazo se cumplan las condiciones pactadas, por lo que al transcurrir el plazo acordado la extinción de la acción penal opera de forma natural. Además, determina que, si durante el procedimiento se verifica el incumplimiento de las obligaciones pactadas, el juez tiene la potestad para revocar la medida y el procedimiento penal continúa. En un segundo estadio, agrega que este órgano jurisdiccional en un caso hipotético admitió que la solicitud para realizar audiencia de verificación del cumplimiento de los acuerdos podría realizarse antes del vencimiento del plazo de la suspensión, pero sino se realiza antes, es posible aplicar el ordinal 30 del código de rito. Al respecto, cita un extracto del voto N° 2013-0727, de las 10:38 horas, del 14 de junio del 2013, emitido por esta Sala, con respecto al momento para realizar la audiencia de verificación. Establece la gestionante, que el vicio del tribunal de apelación “…radica en que parte del voto de unificación de criterios de la Sala para analizar el caso en concreto, pese una premisa esencial es diferente, en este caso la persona menor de edad había sido declarada rebelde y con esta declaratoria se había suspendido la acción penal…” (cfr. f. 68, la transcripción es exacta al original). De seguido, inserta un amplio acápite de la resolución recurrida (cfr. f. 68 frente a 69 frente) y afirma que la posición que toma el tribunal de segunda instancia es errada, “…al pretender que la suspensión del proceso a prueba tiene una identidad autónoma y por consiguiente una vida jurídica independiente de la acción penal como tal…” (cfr. f. 69 frente). Asegura que el efecto de la suspensión en la prescripción se materializa “…con la sanción procesal de no computar la prescripción, lo que da respuesta a la decisión de la persona encartada de abstenerse del proceso y abandonar las obligaciones del mismo…” (sic, cfr. f. 69 vuelto). Reclama que admitir la extinción de la acción penal por el cumplimiento de la medida alterna, aún y cuando el imputado se encuentre en rebeldía, es un “abandono” (sic) a los fines del proceso y reconocer que el encartado puede ignorar el plan reparador con el solo hecho de ausentarse de la causa en su contra. Solicita se declare con lugar el reproche interpuesto, se declare la ineficacia del fallo recurrido y se ordene continuar con las diligencias procesales que corresponden.

Se declara sin lugar el recurso de casación: Por encontrarse íntimamente relacionados los dos motivos de casación formulados se resuelven de manera conjunta. Se argumenta por parte de la recurrente, que existen precedentes contradictorios entre la resolución 2024-0270, de las 11:00 horas, del 02 de diciembre de 2024, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil que aquí impugna, y las sentencias: 2015-0019 de las 14:45 horas, del 16 de enero de 2015, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, así como la 2020-000490 de las 10:40 horas del 03 de abril del 2020, 2015-000661 de las 08:53 horas del 27 de mayo de 2015, 2015-01050 de las 10:50 horas del 07 de agosto de 2015, 2018-00197 de las 11:00 horas del 06 de abril de 2018 y 2021-0653 de las 10:21 horas del 25 de junio de 2021 todas de esta Sala de Casación Penal. Expone además que, existe una errónea aplicación de los numerales 32, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que regulan el instituto de la rebeldía, así como la medida alterna de suspensión del proceso a prueba. Tal y como lo apunta el Ministerio Público, esta Sala de Casación Penal, desde vieja data, se ha pronunciado reiteradamente sobre el tema en discusión, fijando como criterio preponderante que, del mismo modo que la declaratoria de rebeldía de un menor imputado dentro del proceso penal tiene un efecto suspensivo sobre el plazo de la prescripción de la acción penal, cuando dicha rebeldía se dicta habiéndose aprobado en favor de la persona menor de edad infractora una suspensión del proceso a prueba, el plazo de esta se suspende también. De manera que, en asuntos como el de marras, el plazo de la medida alterna debió suspenderse durante el tiempo que estuvo rebelde el menor, prolongándose la fecha de vencimiento y el momento en que procedía el dictado del sobreseimiento definitivo. Esto obedecía a que, en principio, admitir una interpretación contraria, permitiría que la persona menor infractora se beneficiase no solo del incumplimiento de las condiciones pactadas en la resolución que acuerda en la suspensión del proceso a prueba, sino también de la obligación de mantener un domicilio fijo y acudir al llamamiento judicial, lo que resultaría contrario al modelo de responsabilidad del proceso penal juvenil que reconoce al menor de edad como centro de imputación de obligaciones. Por eso, el hecho de que existan preceptos que dispongan sanciones procesales frente a la resistencia de la persona menor de edad de someterse al proceso, se estimaba, no implicaba un quebranto ni desmejora en sus derechos, pues sujeción al proceso forma parte de sus responsabilidades, esto sumado a que no existe ninguna razón de orden legal ni constitucional para que el juez desaplique las reglas especiales atinentes a la suspensión de la prescripción de la acción penal frente a la declaratoria de rebeldía. Siendo esta posición la que defiende el Ministerio Público y la que se aprecia en las resoluciones que cita como precedentes dentro de su recurso. Ahora bien, ante el replanteamiento del tema que ha sido de frecuente aparición y que, como se aprecia, ha generado diferentes pronunciamientos técnicos jurídicos entre el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y esta Sala de Casación; se reconsidera, a partir del examen de las situaciones fácticas y jurídicas que han sido presentadas, la posición jurisprudencial que se ha sostenido, con una integración diferente y, se procede en uso de las facultades otorgadas por el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, a cambiar el criterio y unificar nuevamente la jurisprudencia con base en las razones que a continuación se plasman. Lo primero que debe traerse a colación es que el análisis de los preceptos procesales que regulan tanto la rebeldía como la suspensión del proceso a prueba dentro del proceso penal juvenil debe partir de la premisa de que nuestro sistema procesal penal, se encuentra enmarcado por los principios que informan un Estado democrático y constitucional de Derecho, consecuentemente las disposiciones legales que restrinjan la libertad o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a las partes del proceso, deben ser interpretadas de forma restrictiva. Siendo justamente ello lo que recoge el Código Procesal Penal en su segundo artículo cuando indica: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento”. La Ley de Justicia Penal en su artículo 32 regula los supuestos en que procede decretar la rebeldía, indicando expresamente lo siguiente: "Serán declarados rebeldes los menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no comparezcan a la citación judicial, se fuguen del establecimiento o lugar donde están detenidos o se ausenten del lugar asignado para su residencia…". Por su parte el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, establece los efectos jurídicos que surgen a partir de la declaratoria de la rebeldía: "…En los delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada, la declaratoria de rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal por un período que en ningún caso será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga…". De lo anterior se extrae con facilidad, que la normativa penal juvenil regula en forma expresa la rebeldía y sus efectos, de manera que no se requiere de una aplicación supletoria el Código Procesal Penal. De igual forma las normas transcritas evidencian que, el legislador le otorgó a la declaratoria de rebeldía únicamente la facultad de suspender el plazo de prescripción de la acción penal, no así el plazo de la suspensión del proceso a prueba. Una interpretación distinta equivaldría a realizar una interpretación extensiva de la normativa que, claramente, resulta perjudicial a la persona menor de edad imputada, a la cual se le ampliaría el plazo de la salida alterna por un periodo superior al dispuesto por la autoridad judicial, lo cual, en un sistema de derecho democrático, es improcedente y contrario al principio de legalidad. Una interpretación restrictiva del artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es la que corresponde en este caso, implica que la declaratoria de rebeldía dentro del proceso penal juvenil no tiene ninguna incidencia en el plazo de la suspensión del proceso a prueba, el cual seguirá su curso normal hasta su fenecimiento, salvo este se agote. La posición que se venía manteniendo por esta Sala, equiparaba la rebeldía con la prescripción, las cuales, pese a que coinciden en ser ambas causales de extinción de la acción penal, tienen presupuestos normativos y fácticos diversos, y empleaba para ello argumentos propios de política criminal que, obviaban los límites del principio de legalidad, pues no existe norma que ampare tal interpretación. Así, si el legislador expresamente al momento de sancionar la normativa penal juvenil estableció que el dictado de la rebeldía solo tenía efectos sobre el plazo de la prescripción de la acción penal, no resulta legítimo sostener que la ley positiva establece algo distinto. Si dicha regulación se estima insuficiente, pues no regula directamente los efectos de la rebeldía cuando se encuentra vigente una medida alterna, debe procurarse la reforma legal correspondiente, pero no realizar interpretaciones alejadas del contenido expreso de la ley. Ahora bien, no puede negarse que el dictado de una rebeldía evidencia la no sujeción al proceso por parte de la persona menor imputada, por desatender su deber de someterse a la persecución penal y acudir a los llamados judiciales cuando se requiera, así como que también, la interpretación que ahora se plantea puede implicar que, en algunos casos, la persona menor de edad se vea beneficiada de su renuencia a participar del proceso, ya que podría alejarse e incumplir las condiciones del plan reparador de la suspensión del proceso a prueba, mientras el plazo continúa corriendo hasta finalizar y que entonces deba dictarse un sobreseimiento definitivo en su favor. Sin embargo en aras de evitar escenarios como estos, se torna de vital importancia que el Ministerio Público se encuentre vigilante del cumplimiento de las condiciones a las que se comprometió la persona menor de edad y en caso de verificar faltas, solicitar la audiencia correspondiente para hacer comparecer al menor dentro del plazo de la medida alterna y, si ello no ocurre, siguiendo lo previsto en el ordinal 88 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, cumpliéndose el plazo dispuesto para la salida alterna con independencia de si la persona menor de edad compareció o cumplió con el plan reparador correspondiente, lo que corresponde es dictar el sobreseimiento definitivo, ya que como se indicó la suspensión del cómputo de la prescripción asociada con la declaratoria de rebeldía no afecta los plazos pactados para el cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba. En la resolución recurrida, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, determinó, de forma acertada que, para el momento en que se llevó a cabo la audiencia de verificación que concluyó con la revocatoria de la medida alterna y la imposición de medidas cautelares en contra de [Nombre 001], el día 14 de noviembre de 2024, el plazo de la suspensión del proceso a prueba estaba sobradamente vencido (finalizó el día 28 de octubre de 2024, como se indicó previamente en los antecedentes), de modo que, según lo establecido por el artículo 30 inciso f) del Código Procesal Penal, el cual es aplicable de manera supletoria en materia penal juvenil, la acción penal ya estaba extinta por haber vencido el plazo. Como fundamento de dicha decisión los jueces de alzada indicaron “…Sobre los efectos de la rebeldía en el proceso penal juvenil, las dos Cámaras de este Tribunal de Apelación han mantenido el criterio de que los efectos de la rebeldía sobre la acción penal no se traducen en suspender lo ya suspendido por la salida alterna de suspensión del proceso a prueba como Io sostiene el fallo impugnando… Sobre los efectos de la rebeldía esta Cámara (cfr. voto 2024-205 de las 8:50 horas del 19 de setiembre de 2024) ha sostenido que: "Si bien la Sala de Casación Penal ha mantenido el criterio de que la rebeldía suspende el plazo de la suspensión del proceso a prueba, dicho criterio, que no es vinculante, no ha sido compartido por esta Cámara que ha sostenido de manera reiterada el criterio contrario, es decir que la rebeldía no suspende el curso del plazo de le suspensión del proceso aprueba, sino solo de la prescripción de la acción penal, y que otorgarle efectos suspensivos al plazo de la suspensión del proceso a prueba constituye una violación al principio de legalidad procesal y con ello del debido proceso e incluso una violación al principio de independencia de poderes porque, con tal criterio, la Sala Tercera invade la potestad Legislativa otorgando a una norma efectos legales que no tiene y en perjuicio de la persona menor de edad imputada, mediante una interpretación que es contraria al principio de interpretación del numeral 2 del Código Procesal Penal y violatoria de principios de la Justicia Penal Juvenil, como lo es el interés superior de la persona menor de edad lo que a su vez conlleva un desconocimiento y desaplicación, y con ello violación deI Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente de la Convención sobre los Derechos del Niño…” (cfr. f. 31 ft. y vto.). De lo expuesto se verifica que, la resolución emitida por el ad quem no contiene ningún defecto en la aplicación de los preceptos procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por incumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, y que lo resuelto es acorde al principio de legalidad penal, pues al resolver se limitan a aplicar las normas en su literalidad sin dar un efecto extensivo a las mismas que violente los principios que informan el proceso penal juvenil. Por último adviértase que en este asunto se ha corroborado, a partir de los autos que, pese a que la medida alterna en favor del menor [Nombre 001] se aprobó por un plazo de dos años y que el Departamento de Trabajo Social y Piscología emitió los respectivos informes de seguimiento de forma oportuna, el Ministerio Público dejó transcurrir un año de dicho plazo previo a solicitar la primer audiencia de verificación (pues la solicitó el día 27 de octubre de 2023, cfr. f. 210 del expediente digital, legajo principal) e incluso posteriormente ante dos capturas del joven en los meses a marzo y agosto de 2024, previo al vencimiento de la suspensión del proceso a prueba (cfr. f. 266 y 300-301 del expediente digital, legajo principal ) dejó pasar la oportunidad de realizar una audiencia de verificación y simplemente actualizó el domicilio del menor. De manera que hubo una inercia por parte del ente fiscal que contribuyó al desenlace de esta causa, que no puede subsanarse otorgándole a las normas previstas por los artículos 32, 89 a 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y el 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles un alcance más allá del previsto por su contenido, como lo pretende la impugnante. Por el contrario, se insta al Ministerio Público a mantenerse vigilante del cumplimiento de las medidas alternas y a hacer uso de las herramientas procesales necesarias para ello. Con base en todo lo anterior, esta Cámara estima que lo procedente en esta causa es declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y confirmar la resolución recurrida. Se varía, frente a la revaloración del tema, el criterio expuesto en los precedentes citados que esta Sala ha tenido ocasión de analizar, se unifica la jurisprudencia, determinándose que el dictado de la rebeldía de la persona menor encausada mientras se encuentra vigente la medida alterna de suspensión del proceso a prueba no suspende el plazo de esta.