Resolución 00269-2017

Mediante sentencia N° 2016-01424, dictada a las trece horas del siete de octubre del dos mil dieciséis, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió: “

I.-Mediante resolución 2017-073 de las diez horas y ocho minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete (Cfr. 234 a 237 del expediente) por esta Sala fueron admitidos para trámite de fondo dos motivos de casación promovidos por la Licenciada Ruth María Quesada como representante del Ministerio Público, en contra del fallo número 2016-1424 de las trece horas del siete de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, sentencia que declara sin lugar el recurso planteado por el órgano requirente. Según se tuvo por admitido, el Ministerio Público alegó en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial del San José, por haberse dictado en contra de los precedentes jurisprudenciales de esta Sala, quedando hecha la salvedad -según resolución 2017-00073 de esta Sala de Casación- que algunos de los fallos citados no son del todo símiles con el asunto que es materia de este juicio, debiendo definirse por el fondo si el imputado se encuentra dentro de los presupuestos de un error de tipo o de prohibición al momento de acercarse a la vivienda de la ofendida, habiéndosele hecho saber sobre el dictado de medidas de protección que le impedían tales libertades. En su segundo motivo, deriva que a partir de los artículos 142, 184, 468 en relación con los ordinales 459, 464 y 465 del Código Procesal Penal, la sentencia señalada inobserva las normas procesales, pues existe una errónea fundamentación por quebranto de la lógica y el principio de derivación. Indica que las pruebas que constan en autos no permiten concluir que el procesado entendiera que sus padres tenían la facultad de poner fin a las medidas de protección ordenadas por el juez, cuando el progenitor de este manifestó que se las quitarían si su conducta cambiaba, o en aquellas ocasiones que se le permitía el ingreso a la vivienda, dándole alimentación o dejándolo usar el baño. Fustiga además la incorrecta interpretación hecha por el Tribunal de alzada, respecto del dictamen pericial psicológico forense No SPPF-2013-01321 y la ampliación del mismo; estimando que existe contradicción cuando indica que en razón de la ingesta de droga, el imputado sufría problemas cognitivos que si bien, no eliminaba su capacidad de conocimiento, lo colocaban en una posición intelectual que le impedía cuestionar la validez de la autorización que le dieron sus padres para ingresar a la vivienda; a lo que debe sumarse la baja escolaridad del indiciado diciéndose, además, que a ello debía abonarse la baja escolaridad del acusado, manteniendo de esta manera, la absolutoria del encartado. Apunta que existe un grave vicio en la construcción lógica del Tribunal de Apelación, siendo contradictorio y confuso. Anota que, al haberse omitido por parte del ad quem una correcta construcción y planteamiento del fallo, por cuanto no se brindaron las razones que justificaran con suficiencia la conclusión a la que se arribó, no se sabe a ciencia cierta porqué se estimó razonable que el acusado no pudiera cuestionarse la validez de la autorización que sus padres le dieron para ingresar a la morada de los mismos, afectando claramente el interés punitivo del Ministerio Público, pues se impidió arbitrariamente al ente acusador continuar el trámite del proceso. Solicita acoger el motivo de casación, anulando el fallo impugnado y disponiendo la aplicación de la ley conforme a derecho. El recurso debe declararse parcialmente con lugar. Entendiéndose que la recurrente alega la violación del inciso a) del artículo 468 del Código de rito, corresponde verificar si en efecto el Tribunal de Apelación de Sentencia falló el asunto en sentido contrario de la nomofilaquiaque supone nuestro modelo procesal. Se advierte que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, dispuso la absolutoria del enjuiciado [Nombre 011] considerando que los hechos imputados deben ser analizados a partir de la tipicidad, entendiendo el incumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la autoridad competente, como una acción desplegada por el encausado, dentro del error de tipo permisivo. Amén de lo anterior, la valoración del ad quem engarza los actos permisivos de la madre del enjuiciado, con la interpretación del estado cognitivo del encartado -apreciado a través de una pericia psicológica forense- a la que suma la baja escolaridad del imputado [Nombre 011], derivando como lógica, la imposibilidad de cuestionar la validez de la autorización que sus padres le otorgaron para ingresar a la vivienda. Considera esta Sala que, sobre el particular conviene resolverse el asunto a partir del fallo 2015-01189, de las nueve horas y dieciocho minutos del dieciocho de setiembre del dos mil quince, sentencia mediante la cual fueron unificados los criterios concernientes. Con relación al cuadro fáctico, se ha dispuesto que los acercamientos esporádicos u ocasionales que efectúan quienes se encuentran sometidos al régimen de medidas de protección, aún siendo autorizados por la víctima de los hechos que produjeron el dictado de tales medidas a su favor, deben entenderse como acercamientos propios de las fases en las cuales se desarrolla el ciclo de violencia, implicando una lesión a la autoridad pública y sin que tales actos permisivos signifiquen la desaparición y pertinencia de las medidas acordadas. Entonces, esta sentencia debe precisarse a partir del sentido jurídico de protección que contiene la medida acordada. La víctima se encuentra inserta en una problemática que la reduce de manera emocional, frente a lo cual, el sistema responde imponiendo por compensación, el cumplimiento de la ley, para lo cual supone como derecho habiente la autoridad pública, siendo que ante tal debe acudirse para solicitar la modificación o levantamiento de las medidas que fueron ordenadas. No hacerlo así, produce un incumplimiento que ubica al que desobedece la orden emanada por la autoridad judicial competente, en una actuación de hecho que el derecho no puede avalar. El fallo citado supra sostiene el criterio esbozado con la profundidad necesaria para unificar los criterios que sobre el particular habían sido expuestos, siendo conveniente citar que: “En resumen, la vigencia de las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, hasta una modificación por la autoridad judicial competente, no sólo busca garantizar el respeto a la Administración de Justicia, sino esencialmente la seguridad y tranquilidad de quien es objeto de protección. Esta persona muchas veces no logra comprender o dimensionar que los acercamientos o reconciliaciones se inscriben con frecuencia en el susodicho círculo de violencia, en el cual las etapas subsiguientes (como aconteció precisamente en este asunto) pueden poner en riesgo los bienes jurídicos más importantes de la víctima. En consecuencia, debe ratificarse expresamente en esta resolución que, amén del robo descrito en el considerando anterior, también se dio un incumplimiento a las medidas de protección, a pesar de que la señora [Nombre 004] hubiera permitido el regreso del justiciable a la casa de ella. Los aspectos expresados son plenamente aplicables al caso concreto que se ventila en esta Sala, pues aún cuando la propia ofendida acepta que estuvo de acuerdo en que su ex compañero llegara a su casa de habitación para dejarle víveres, ello no eximía en modo alguno al justiciable de acatar la orden que se le dio. No puede bajo ningún pretexto obviar que existía una indicación legal de por medio, la que no resulta tampoco disponible por la parte ofendida al tratarse de una medida que procura preservar la integridad de quien la solicita, pero al amparo de una resolución judicial que dicta un juez competente. Lo que se busca con esa orden es procurar la seguridad misma de la persona que solicita protección, aún y cuando en algunos momentos permita que el victimario se le acerque, “permiso” que más bien se asocia con el ciclo de violencia doméstica en que la pareja se encontraba sumisa. De acuerdo con lo investigado, se constata que al imputado le fueron notificada las medidas de protección consistente en no acercarse a la ofendida a una distancia menor de quinientos metros. Esta medida le fue impuesta dentro del expediente 14-110405-0477-VD por el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guácimo, al considerar que el imputado incurrió en violencia doméstica psicológica en perjuicio de la ofendida. Si el día 15 de enero de 2015 la ofendida estuvo de acuerdo en que el encartado ingresara a su casa de habitación, tal venia no justificaba el actuar del imputado pues estaba de por medio la orden judicial que debía acatar y si la inflingía cometía un delito. Esa orden no le resultaba desconocida, en razón de que le fue notificada en forma personal, de modo que, cualquier modificación a su contenido, sea para variar alguna de las prohibiciones o bien que ya no resultaba necesaria del todo, lo procedente era acudir ante la autoridad judicial y solicitar que se levanten las medidas, previa constatación del juez de las circunstancias que justificarían adoptar una decisión diferente. Lo que no podía hacer era pretender justificar su desobediencia al amparo del permiso que le brindara la ofendida, ya que a pesar de la posible duda que pudiera haber tenido en algún momento –porque conocía el carácter prohibido de su actuar-, aún así continuó adelante, ejecutando el hecho con conocimiento actual de lo injusto, desembocando en los hechos acusados. Así, se evidencia el conocimiento prohibitivo de la orden dictada en su contra, lo que excluye la tesis de un error de prohibición. De esta manera, su acción de ingresar a la casa de habitación de la ofendida, no solo afectó la seguridad e integridad física y emocional de aquella, sino que también desobedeció una orden de la Administración de Justicia, vulnerando los principios que estaba obligado a seguir, sin que exista excusa alguna que avale su dicho, y sea eximente de su culpabilidad, a pesar de que la señora [Nombre 004] permitió que [Nombre 001] se acercara a menos de los quinientos metros prescriptos por la Autoridad Judicial de Guácimo. En atención a estas consideraciones, se declara con lugar el recurso formulado por la Fiscal”. Según lo transcrito, el fallo recurrido por la representante del Ministerio Público, disiente del criterio jurisprudencial unificado por esta Sala Tercera de Casación Penal, entendiéndose que el encausado entendió la prohibición de acercamiento a la que estaba obligado, puesto que de manera inversa comprendió que su acercamiento dependía de una orden, misma que sólo un juez de la República se encuentra facultado para dictarla. La sentencia apelada, analiza el plano factorial desde la existencia de un error de prohibición indirecto, o lo que es lo mismo, un error de tipo permisivo. Al respecto, esta Sala ha indicado que: “En el voto 2013-924, de las once horas y cuarenta y cuatro minutos, del 12 de julio del 2013 se dijo: “Sin embargo, ello no resuelve el tema esencial del alegato planteado, cual es la posibilidad de que a consecuencia de una manifestación de la persona directamente beneficiada con las órdenes de protección, el encartado considere, erróneamente, que puede actuar en contra de la orden sin incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. La cuestión no admite una solución única aplicable de manera automática a todos los casos. El error de prohibición consiste en la situación de desconocimiento o ignorancia en que se encuentra el sujeto activo en torno al carácter ilícito del hecho, sin embargo la particular situación de desconocimiento o ignorancia del agente, no afecta la naturaleza ilícita del acto. Es el caso de quien comete una acción que cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, sin estar amparado a causa de justificación alguna, pero que actúa en la creencia de que las circunstancias lo permiten, en cuyo caso el error recae sobre las causas de justificación - error de prohibición indirecto- o creyendo que su conducta no es prohibida, supuesto en el que el error se ubica en la conciencia de antijuridicidad de la conducta, configurando el error de prohibición directo. […] Dicho análisis resulta insuficiente para el caso que nos ocupa, por cuanto el conocimiento de la orden y de las consecuencias aparejadas a su incumplimiento se originaron en la notificación de las medidas, elementos que analizados a la luz de la teoría del delito, se ubican en el primer nivel relativo a la tipicidad de la conducta. Aunque la realización dolosa de una conducta típica, frecuentemente conlleva la conciencia de antijuridicidad, ello no siempre se cumple, pues situaciones sobrevivientes, que conciernen a la antijuridicidad y a la culpabilidad del hecho, podrían evidenciar una conciencia distorsiona o inexistente.” Es claro entonces, que para tener por acreditado un error de prohibición, debe acreditarse que el acusado creía falsamente que la conducta estaba amparada a una causa de justificación, o bien que no estaba sujeta a sanción, sin embargo, esta Cámara detecta que el Tribunal de Juicio, en el fallo oral que consta en el archivo c0003140722100000.vgz, de las 10:41:31 a las 10:50:10 horas, no motiva adecuadamente tal extremo –si es que verdaderamente existe-, decantándose por la tesis de que no existe tipicidad subjetiva. Tal aspecto es retomado por los Jueces de Apelación, quienes concluyen, a partir de una base no demostrada, que existe un error de prohibición de tipo invencible, aunque entrando en contradicción en su propio argumento, pues igualmente sostienen que el acusado ejercía de forma legítima el derecho que como padre le correspondía, lo cual más bien constituye una causal de justificación. Hechas las anteriores precisiones, y dado el fin orientador que tienen las resoluciones de esta sede de casación, resulta prudente puntualizar que esta Cámara sostiene que no es posible para la parte gestionante de las medidas de protección, hacer disposición de ellas, pues se está en presencia de un delito pluriofensivo, en virtud de los diferentes bienes jurídicos que se protegen en el tipo penal de incumplimiento de medida de protección, siendo una de ellos, la Administración de Justicia. (Cfr. Voto de unificación de criterios jurisprudenciales número 883-15, Sala Tercera de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, reseña con claridad la posición de esta Sala tercera de casación penal, sin que se comparta la posición del Tribunal Superior de Apelación, debiendo declararse con lugar el recurso promovido por el órgano Fiscal, sin que sea necesario pronunciarse respecto el segundo motivo admitido, puesto que se revoca la sentencia número 2016-1424 de las trece horas del siete de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Por economía procesal y ser contradictoria con los criterios de esta Sala Tercera de Casación Penal, se revoca la sentencia número 656-2016 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veinte de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. En cuanto a la prescripción delictiva decretada por los hechos que datan del 22 de diciembre de dos mil doce, se mantiene incólume lo dispuesto, al no haber sido impugnado por el órgano requirente. Se ordena el reenvío del expediente al Tribunal de Juicio, para una nueva sustanciación.