Resolución 00973-2013

Con base en los hechos

que expusieron y disposiciones legales que citaron, los actores establecieron

proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: A.- POR

INTERESES COLECTIVOS:

Reconocimiento de la obligación del

Respeto al Derecho de Información: Que se le obligue al Banco Crédito

Agrícola de Cartago, tomar políticas bancarias en orden de ofrecer información

completa de los servicios de crédito ofrecidos al público, incluyendo las

consecuencias, los riesgos, los efectos secundarios desfavorables para el

consumidor, con la finalidad de no inducir a error ni a engaño al usuario de

servicio financiero, con advertencia de las consecuencias penales que produce

la desobediencia contra la Autoridad.

Reconocimiento de la

obligación del Respeto al Derecho de Protección de Intereses Económicos y

Seguridad: Que se le prohíba al Banco Crédito Agrícola de Cartago, ofrecer

sistemas de créditos riesgosos que vulneren los derechos económicos y el

derecho a la seguridad de los usuarios de servicios financieros, con

advertencia de las consecuencias penales que produce la desobediencia contra la

Autoridad.

Readecuación de los contratos de préstamo bancario por

medio de Unidades de Desarrollo. Que se reconozca como parte a la

Asociación Nacional de Consumidores Libres por la defensa de intereses

colectivos, con la finalidad de que pueda pasar a la etapa de la ejecución de

la sentencia en caso de tener sentencia favorable, a solicitar la readecuación

de los préstamos bancarios con Unidades de Desarrollo a préstamos de dinero en

colones y dólares, a escogencia del deudor, sin tomar en cuenta los aumentos

abusivos y desproporcionados del saldo producidas por las UDES, de las víctimas

identificadas, localizadas y asociadas a nuestra Organización No

Gubernamental.

Condenatoria en Abstracto de los Daños y Perjuicios

por Intereses Colectivos en contra del Banco Crédito Agrícola de Cartago: Que

se reconozca como parte a la Asociación Nacional de Consumidores Libres por la

defensa de intereses colectivos, con la finalidad de que pueda pasar a la etapa

de la ejecución de la sentencia en caso de tener sentencia favorable, a

solicitar la indemnización de los daños y perjuicios de las víctimas identificadas,

localizadas y asociadas a nuestra Organización No Gubernamental, por las

consecuencias económicas producidas por los préstamos bancarios con Unidades de

Desarrollo.  B.- POR INTERESES INDIVIDUALES: En beneficio

del señor Luis Alberto Cabrera Zúñiga y de la empresa Constructora Cabrera Soto

S.A.:

Que se readecue el contrato de préstamo, tomando en cuenta el

monto de dinero solicitado en julio del 2005, lo pagado hasta la fecha, tanto

con la finalidad de establecer el saldo correspondiente y el monto a pagar

mensual por el período de tiempo faltante e intereses según el contrato, sin

tomar en cuenta el aumento desproporcionado y abusivo del saldo que produjeron

las UD´s, todo al amparo del Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad,

eliminando la figura de la Unidades de Desarrollo en el préstamo bancario.

2.-

Que se condene al Banco Crédito Agrícola de Cartago al pago de daño moral del

consumidor por la suma de diez millones de colones, por haber lesionado sus

derechos como usuario de servicio financiero atentando contra la estabilidad

económica de la familia del señor Luis Alberto Cabrera

Soto.”

El representante del banco contestó

conforme a folios 226 a 241 e interpuso o las

excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva.

La parte demandada no

se presentó a la audiencia de conciliación señalada para las 8 horas 30 minutos

del 30 de noviembre de 2010; por lo que a folio 254 la jueza Marisol de Jesús

Salas Fallas la declaró fracasada.

La audiencia preliminar se efectuó a las 9 horas

del 30 de noviembre de 2010, oportunidad en que ambas partes  hicieron uso

de la palabra y momento procesal en el cual, la parte demandada hizo ver que

existían hechos de terceros que repercutían sobre cualquier responsabilidad en

su contra.

5.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava,

integrada por los jueces Ricardo A. Madrigal Jiménez, Sady Jiménez Quesada y

Rosa Cortés Morales, en sentencia  n.° 175-2011 de las 14 horas del 31 de

agosto de 2011, dispuso: “Se acoge la excepción de falta de legitimación

activa en cuanto a la Asociación de Consumidores Libres, por la forma en que se

resuelve se omite pronunciamiento sobre las demás excepciones; se condena a la

vencida al pago de las costas del proceso que le correspondan. En cuanto a los

actores Cabrera Zúñiga y Constructora Cabrera Soto S.A. se rechazan las

excepciones de falta de legitimación activa, culpa de la víctima y hecho de un

tercero y se acoge la excepción de falta de derecho, declarándose sin lugar la

demanda en todos sus extremos; pero resolviendo sin especial condenatoria en

costas, al considerar que existen base suficientes para litigar.”

6.

La Asociación actora formula recurso de casación indicando expresamente las

razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

7.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

En el escrito inicial

origen de este proceso, la Asociación Nacional de Consumidores Libres (en

adelante ANCL), Luis Alberto Cabrera Zúñiga, y su representada, Constructora

Cabrera Soto S.A., demandaron al Banco Crédito Agrícola de Cartago (en lo

sucesivo BCAC). Manifestaron, las Unidades de Desarrollo (en lo que sigue

UDES), fueron creadas mediante Decreto Ejecutivo no. 22085-H-MEIC, del 7 de

abril de 1993. Afirmaron, según ese Decreto, las UDES  fueron instituidas

como modalidad de inversión dirigida a inversionistas, mas no para ofrecer

créditos. No obstante, indicaron, el BCAC ofreció créditos en UDES al público,

distorsionando su aplicación. Agregaron, conforme al Decreto citado, el valor

de las UDES se calcula mensualmente por parte de la Comisión Nacional de

Valores. Arguyeron, a su creación, en marzo de 1993, su valor unitario era

equivalente a ¢100,00, mientras que al 5 de abril de 2010, alcanzaba la suma de

¢699.395,00. Expresaron, los funcionarios del BCAC recomendaron al señor

Cabrera Zúñiga optar por un crédito en UDES, según dijeron, por ser esta

modalidad más estable, toda vez que su tasa de interés es fija, sin advertirle

los riesgos de este sistema. Arguyeron, en las escrituras públicas que

originaron el crédito, se hizo constar que el señor Cabrera conocía los

alcances del Decreto citado, lo cual no era cierto. Así, manifestaron, contando

con la garantía solidaria que brindó Constructora Cabrera Soto S.A., obtuvo en

julio de 2005, dos créditos en UDES con el Banco demandado. Aseveraron, aunque

en el 2005, la deuda en UDES equivalía a ¢43.365.512,21; luego de cancelar mas

de ¢22.000.000,00; aún alcanzaba ¢57.783.276,00. Adicionaron, su cuota mensual

inició en ¢420.887,98, aumentando desproporcionadamente a ¢677.000,00. Por lo

anterior, afirmaron, en marzo de 2007, el señor Cabrera solicitó el traspaso de

su deuda a dólares, sin obtener respuesta. Solicitan en sentencia: a) se

obligue al BCAC a ofrecer información crediticia completa al público,

incluyendo riesgos y posibles consecuencias desfavorables; b) se prohíba al

BCAC ofrecer créditos riesgosos que vulneren los derechos económicos y la

seguridad de los usuarios de esos servicios; c) se reconozca como parte a la

ANCL, a fin de que, de permitirlo el fallo, pueda requerir en etapa de

ejecución de sentencia, la readecuación de préstamos bancarios en UDES e

indemnizaciones en daños y perjuicios de las víctimas asociadas a su

organización. Adicionalmente solicitan, en beneficio del señor Cabrera Zúñiga y

de la Constructora Cabrera Soto S.A.: a) se readecuen los créditos tomando en

cuenta el monto pagado, a efecto de establecer el saldo y la cuota mensual por

el período faltante; b) se condene al BCAC, al pago del daño moral. El BCAC

contestó de forma negativa. Opuso las excepciones de falta de derecho y de

legitimación en su doble modalidad. El Tribunal acogió la de falta de

legitimación activa respecto de la ANCL y la de falta de derecho respecto de

los otros coaccionantes. Rechazó las demás. Declaró sin lugar la demanda.

Impuso las costas a la ANCL. Exoneró de ese pago a los demás coactores por

considerar que contaron con motivo suficiente para litigar. Inconforme la ANCL

acude a casación.

En el primero de

los dos cargos admitidos por violación de normas sustantivas, reclama,

el Tribunal le restringe sus intereses al negarle legitimación. Apunta, la

insuficiencia del concepto de derechos subjetivos e intereses legítimos como

condición básica para el acceso a la justicia obliga al reconocimiento de los

intereses supra-individuales. Agrega, la facultad de realizar peticiones en

forma colectiva, está tutelada por el numeral 27 de la Carta Magna y los

preceptos 9, 10 y 48 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en

adelante CPCA). Dice, el canon 9 de ese cuerpo normativo alude a intereses

colectivos al referirse a agrupaciones de personas, mientras que el mandato 10

siguiente, permite invocar intereses difusos. Argumenta, tanto la doctrina

nacional como la extranjera reconoce la existencia de intereses difusos en materia

de consumo. Asevera, los derechos de los consumidores presentan características

que los ubican dentro de ese  ámbito. Cita un fallo de la Sala

Constitucional en apoyo de su tesis. Explica, la diferencia entre intereses

difusos y colectivos, se ubica en el grado de concreción de los sujetos a los

que el interés resulta referible. Así, continúa, cuando el conjunto de sujetos

es identificable y de “contornos nítidos”, el interés es colectivo, mientras

que será difuso cuando no se refiera a colectividades delimitables. Por ende,

establece, los intereses colectivos son propios de conjuntos determinados,

están presentes en los reclamos de las asociaciones creadas para la tutela de

derechos, cuyos intereses son corporativos, subespecie de los colectivos. Las asociaciones

de consumidores tienen ese carácter por estar organizadas y representar a una

colectividad. De tal forma, expresa, dichos entes asociativos cuentan con

legitimación a efecto de presentar demandas judiciales en materia de consumo,

pues están previstas en la ley como instrumentos para la defensa de los

derechos de los consumidores y usuarios de servicios. Luego de mencionar la

regulación de estas figuras en el derecho comparado, afirma, en el país no

existen normas claras que establezcan la obligación de dar publicidad al

proceso a fin de llamar a los afectados, como si ocurre en el “class action”

(versión anglosajona de este tipo de proceso),  ni en cuanto a establecer

si los justiciables deben estar asociados antes de dictarse sentencia firme, como

ocurre en otras latitudes. Concluye, de reafirmarse la negativa al

reconocimiento de su legitimación, Costa Rica sería el único país en el mundo,

en el cual, a pesar de contarse con normativa procesal para la protección de

intereses difusos y colectivos, no se reconoce la legitimación activa a una

asociación de consumidores debidamente inscrita. Lo anterior, sostiene,

quebranta el mandato 46 Constitucional.

A efecto de ingresar

en el análisis del reparo planteado en el recurso, es preciso referirse, por

las particularidades del caso, a la legitimación de la ANCL para accionar en

este proceso. En primer término, conviene referirse al concepto de la

legitimación ad causam, la cual ha sido definida como “un presupuesto

sustancial de toda acción, necesaria para que se dicte una sentencia

estimatoria, y por ello, junto con el derecho y el interés, es revisable aún de

oficio. Es la aptitud para ser parte en un proceso, como actor (activa) o

demandado (pasiva). La primera, ocurre cuando existe plena correspondencia

entre el titular del derecho o interés y el demandante.” (Resolución no.

258-F-S1-2010 de las 14 horas del 18 de febrero de 2010). De igual forma, se ha

dicho que “consiste en la idoneidad del sujeto para alegar una pretensión”

(Fallo no. 590-F-S1-2010 de 9 horas 30 minutos del 12 de junio de 2009).

Señalan los jueces, en cuanto a la legitimación que alega la actora, aquí

recurrente ANCL, la cual pretende fundamentarla en el precepto 54 de la Ley de

Promoción Efectiva de la Competencia y de Defensa del Consumidor, no. 7472, (en

adelante Ley 7472) que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos

por el legislador, pues su legitimación, no es directa ni indirecta. En el

primer supuesto, arguyen, basta con que varios consumidores directamente afectados

se agrupen para litigar por intermedio de una asociación de consumidores, o en

su defecto, que varios de los integrantes de una corporación se vean afectados

por la práctica de un comerciante. En ambos escenarios, enfatizan, la

legitimación es directa, en tanto defiende los intereses de personas afectadas,

sin que tales escenarios se observen en el caso de interés. Recalcan, el canon

54 de la Ley 7472, permite a este tipo de organizaciones la defensa de los

derechos y los intereses legítimos de sus asociados, lo cual implica, que a

falta de tal legitimación para el agremiado, ésta tampoco existe para el ente

asociativo. La legitimación indirecta, argumentan, está contenida en la figura

de la coadyuvancia, acorde a la cual, la asociación puede concurrir al proceso

cuando alguno de sus asociados pueda beneficiarse de sus resultas, sin que sea

dable deducir la existencia de una “legitimación ampliada” para las

asociaciones por esa sola condición, pues del mandato 54 de cita no surge una

especie de acción popular. Mencionan asimismo, de acuerdo al precepto 10 del

CPCA, la diferencia entre intereses colectivos y difusos, radica en que los

primeros hacen referencia a grupos limitados, a veces unidos por un vínculo

jurídico para la persecución de fines propios, mientras que los segundos,

afectan al individuo como miembro de la sociedad, sin que surja de una relación

jurídica particular, razón por la cual, cualquiera puede hacer valer la tutela

general y preventiva. Los intereses colectivos, indican los jueces, son propios

de un grupo que se une de hecho o de derecho, en procura de conseguir un

interés específico. Así, la tutela colectiva permite a personas con pequeñas

pretensiones, reunirse para demandar en conjunto, repartiendo entre todos el

costo del litigio, fortaleciendo sus intereses al plantearlas en forma grupal.

Los intereses difusos, afirman, se basan en situaciones de hecho, genéricas,

mutables y accidentales como vivir en determinada comunidad o consumir ciertos

productos. De ahí que, aseveran, su reconocimiento implica la ruptura de la

dogmática de la teoría procesal de la legitimación, pues la persona no se

encuentra en el supuesto clásico del derecho subjetivo individual, sino que se

presenta como el interés de todos y de cada uno, sin que nadie puede arrogarse

su titularidad o aplicar tal tesitura en defensa de bienes que por su

naturaleza son de categoría universal. En este caso, señalan, no se acredita

que el señor Cabrera Zúñiga sea uno de los agremiados de la asociación actora,

tampoco, que exista dentro de sus asociados alguna persona con créditos en el

BCAC. De ahí concluyen, no es posible ubicar una legitimación directa conforme

a los supuestos de la Ley 7472. Adicionalmente, aducen, tampoco se configuran

los supuestos para una legitimación indirecta (como coadyuvancia), puesto que

la ANCL no concurre al proceso en esa condición, sino como actora.

La casacionista alega

infracción del inciso c) del numeral 10 del CPCA y del canon 54 de la Ley 7472;

a saber, reclama haber actuado en defensa de intereses difusos y/o colectivos,

cuya legitimación, en su criterio, sustentan dichas normas. Al respecto, estima

esta Sala, en efecto, en el presente caso, conforme a las manifestaciones

hechas por la ANCL, ésta ha participado en el proceso, en representación de un

interés que dice corporativo (folio 11). Para esta Cámara, si bien en la

especie, no están en juego los intereses de sus asociados, si corresponde a

dicha Asociación un interés supraindividual comprensivo de los intereses

difusos y colectivos. Su fundamento jurídico deriva de lo dispuesto en el canon

56 de la Ley 7472, conforme al cual, la acción ante la Comisión Nacional del

Consumidor, puede iniciarse “…en virtud de una denuncia de cualquier

consumidor o persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho que

denuncia”. Así, aunque según el ordinal 54 de la Ley 7472 “…las

organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar como parte o

intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los procedimientos ante la Comisión

nacional del consumidor y ante los tribunales de justicia, en defensa de los

derechos y los intereses legítimos de sus asociados…”, es claro, dicha

norma no podría interpretarse en contra de lo establecido en el precepto 56

ibídem, pues resultaría contradictorio que la Ley 7472 hubiese otorgado

legitimación a las organizaciones de consumidores, para la interposición de

denuncias en sede administrativa, sin que tal connivencia de suyo implique

además la posibilidad de impugnar lo resuelto en esa vía, en sede jurisdiccional,

cuando la resolución administrativa sea dictada en contra de sus intereses.

También debe traerse a colación el mandato 46 Constitucional, el cual refiere

que: “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado

apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos…”.

De dicho precepto, es evidente, no solo existe voluntad legislativa a efecto de

que las organizaciones de consumidores participen como instrumentos para la

defensa de sus intereses económicos, sino además, que tales gremios se

encuentran legitimados para accionar en sede jurisdiccional, sea como parte, o

en calidad de coadyuvantes, con fundamento en la defensa de un interés

supraindividual, el cual es en esencia difuso, y que por serlo, no deja de

integrar la categoría mas amplia, de los intereses legítimos. Se trata pues de

un interés transindividual, que no puede hacerse recaer en un sujeto

determinado, sino en un grupo indefinido. No se limita a estructuras formales

de asociación, puesto que sus contornos son indivisibles, caracterizados por

una vinculación entre los interesados, sustentada en un hecho o circunstancia

de hecho, o relación preexistente, común o afín a esa colectividad. Así, la

participación de la actora en el proceso, no está supeditada a la existencia de

intereses legítimos, entendidos como  intereses individuales de sus agremiados;

sino que surge de intereses difusos. De tal forma, lleva razón la casacionista

al invocar que sus actuaciones en el proceso de examen responden a un interés

supraindividual, del cual deriva su legitimación al efecto. Ello también se

obtiene de la letra del cardinal 32 de la Ley 7472 incisos b), f) y g), el cual

refiere como derecho fundamental del consumidor: “…La protección de sus

legítimos interesess económicos…”, y la obligación del Estado en cuanto a

crear “Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y

judicial de sus derechos e intereses legítimos…” y “Recibir el apoyo del

Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de

que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les afecten”.

Lo expuesto evidencia, el texto legal ha hecho una adecuada protección de los

intereses colectivos, tanto de consumidores, como de las asociaciones que los

agrupen. Referente a esa garantía, el precepto 56 de la Ley de referencia,

posibilita la interposición de denuncias de cualquier consumidor o persona ante

la Comisión Nacional del Consumidor, acción que indudablemente está fundada en

un interés difuso. Adicionalmente, resulta indudable, tal facultad permite

impugnar lo resuelto administrativamente, en sede jurisdiccional. De esa

manera, es inobjetable, que por virtud del interés difuso al cual alude el

ordinal 56 de la Ley 7472, es posible para la casacionista, interponer una

demanda ordinaria en calidad de actora, como la presentada en el caso concreto

por la ANCL, la cual se sustenta en un interés difuso, toda vez que las normas

de cita, la legitiman para ello. Lo anterior, por cuanto, de las pretensiones y

circunstancias fácticas esbozadas por la accionante, es dable derivar la

existencia de un interés colectivo, supraindividual, que permite su

participación directa como accionante, o indirecta como coadyuvante. De ahí que

no lleve razón el Tribunal al interpretar que en este supuesto, no se esté ante

un escenario de titularidad indefinida, por estimar que no se presenta un daño

directo causado a la esfera de acción del ente asociativo o de sus asociados,

ni ante un escenario de denuncia a la Comisión Nacional del Consumidor. De

manera diversa, la demanda se fundamenta en el alegado menoscabo a una

comunidad que se aduce “determinable”, a saber, consumidores que pudieron haber

sufrido un perjuicio a partir de actos de entidades financieras, al obtener

préstamos en UDES, sin que resulte necesario que la acción al efecto, solo

pueda ser planteada en forma exclusiva por los suscriptores de ese tipo de

créditos, puesto que también puede ser incoada por las organizaciones de

consumidores creadas con esa finalidad. Por esa razón, en el caso de examen, se

está ante un interés difuso, para la defensa de intereses colectivos de los

consumidores, por la eventual afectación a sus intereses económicos,

condición que efectivamente posee la actora. Conforme a lo expuesto, procede

acoger el cargo. Dada la forma como se resuelve, se omite entrar al análisis

del segundo agravio.

En mérito de lo

expresado, habrá de acogerse el recurso, se anulará lo resuelto. Tomándose en

cuenta que se trata de un tema de legitimación, se reenviará el expediente al

Tribunal de origen para que resuelva según en derecho corresponda, lo anterior a

efecto de evitar que el proceso sea resuelto en una única instancia y a fin de

garantizar a su vez, el derecho de defensa de las partes.