Resolución 00086-2013

Se

califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente

por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es

pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo

lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son

abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En

lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son

susceptibles del recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de

sentencia capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA),

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b) la que

declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92

del Código de cita, y c) la que resuelve en forma final el “proceso de

ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

(art. 183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no

definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el

paso a la etapa casacional. En lo que atañe a las causales, cabe agregar que

opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en los

preceptos 137 y 138 íbid. Para las primeras se efectúa un listado en términos

amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las

reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible

infracción de los elementos probatorios (por desapego o contradicción con

ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación

indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se

encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de

una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación

reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación

directa”.

Una vez

hecha la mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y

sus causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su

admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y

esencia, pues al fin y al cabo se mantiene incólume su rol y finalidad dentro

del régimen procesal moderno.

Ahora

bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para

formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de

requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se

crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso

extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal;

empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa

recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los

únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según

lo señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1)

de la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá

presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Se modifica, en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta

ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo

se pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del

Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el

plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo

con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de

instancia). Se busca con esto la estandarización del régimen recursivo que

presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se

presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden

de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su

interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de

notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración,

el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de

notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y

lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una serie de requisitos

de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso que, por su

naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el

plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo

normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo

de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por

abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente en

el cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones. Con ello se

completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los

anteriores requisitos se añade un último requerimiento material (artículo 139.3

ibídem), en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior

valoración del recurso por el fondo. Se trata de la motivación del recurso, que

por las características de la casación ha de ser clara y precisa. En este sentido

debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme

con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual

lleva a la ponderación de las probanzas) o con los las circunstancias acaecidas

en la violación de normas procesales; y jurídica, cuando se trata de un

problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida

interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de

estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica

al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la

fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o

reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones

las alegaciones efectuadas pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo

ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...]

deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo

los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos,

alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n.° 318-A-2008,

de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por

tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de

argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la

procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se

consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o

criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple

el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos

del mismo Código de referencia.

En el presente asunto,

los cargos identificados en el recurso con los números I, III, VII, VIII y IX

deben ser rechazados de plano por las razones que se dirán. En el primero, el

recurrente inicia haciendo referencia a los efectos de la declaración de

rebeldía de la Cooperativa demandada y lo que sobre el particular analizó el Tribunal,

de modo que, cuestiona que este no fundamentó ni emitió pronunciamiento que la

admita o rechace. Afirma que existe una contradicción entre el tercer y sexto

hecho probado, lo que produce indefensión, al no buscarse la verdad real de los

hechos. Los argumentos expuestos y las pruebas aportadas, dice, pierden valor

ya que se tuvo como indemostrado. Se violenta, afirma, el principio de

legalidad, contradicción e igualdad de las partes procesales. Reprocha que se

haya realizado un análisis oficioso y que se acogiera una falta de derecho que

nunca fue alegada por la Cooperativa en cuestión debido a que no se demostró

que hubiera sido intermediaria o cobrara un sobreprecio. Afirma que los

elementos de convicción sí fueron aportados. Concluye que se acreditó que la

Cooperativa fue elegida unilateralmente por el Director del Colegio de Palmares

al tiempo que no se puede afirmar, por ausencia de probanzas, que se haya

suspendido la venta del uniforme. Por el contrario, manifiesta, constan algunas

facturas de compras. El segundo (III en el recurso) afirma que existe una

errónea interpretación de la prueba en torno a que no acreditó que el señor

Rodríguez Murillo fue contratado. Al respecto, explica que debe considerarse la

contestación de ese demandado así como la del señor Calvo Murillo. Además, se

muestra inconforme con lo establecido en el hecho no probado no. 4, ya que

existen elementos de convicción sobre las actuaciones abusivas del Director de

la institución educativa, las cuales enumera. Señala que todo el procedimiento

está viciado. También reprocha lo indicado en el hecho no probado no. 6 con

base en la contestación del señor Calvo Quesada y del señor Rodríguez Murillo.

En el caso del sétimo agravio, se reprocha la afirmación del Tribunal en cuanto

a que no precisó los vicios concretos que afectan la resolución 635-U-09-MEP,

para lo cual remite a la oposición de las contestaciones de los demandados de

fecha 3 de mayo de 2010. Menciona que el acta del 27 de abril de 2009 adocele

de las firmas y los acuerdos tomados, por lo que es erróneo considerar que las

actuaciones fueron subsanadas. Se incumple, agrega, los requerimientos

contenidos en el Decreto Ejecutivo no. 28557-MEP. Por su parte, en el caso de

reparo identificado como VIII se refiere a las responsabilidades de los

demandados y cuestiona que en el caso del director Calvo Quesada no se

aportaran elementos que permitan demostrar las actuaciones abusivas. Contrario

a lo anterior, enumera las siguientes: el acto arbitrario e ilegal de cambiar

el uniforme institucional, permitir su uso así como la adjudicación a personas

no autorizadas, la modificación del reglamento interno de la entidad educativa,

informar al comercio de Palmares que no vendiera la camiseta celeste, actuar

sin autorización, ocultar información e inducir a error en cuanto a la

adquisición del uniforme nuevo y, finalmente, no acatar órdenes directas de sus

superiores. Respecto al señor Corrales Corrales y al Director Regional de

Educación, reprocha que existió una conducta omisiva al no ejercer su potestad

como superior y permitir que no se cumplieran las ordenes giradas. Narra que

conocían de la contratación de la Cooperativa demandada para la fabricación del

uniforme y que consintieron que el director Calvo Quesada dejara a los estudiantes

utilizarlo. Por último, en cuanto a la Junta Administrativa del Colegio

Experimental Bilingüe de Palmares, agrega que esta tenía conocimiento de las

actuaciones anómalas, incluida la contratación pública llevada a cabo, lo que

contradice los artículos 56 y 93 del Reglamento General de Juntas de

Educaciones, en la medida en que este el es único órgano facultado para

adjudicar licitaciones administrativas. En lo tocante al último cargo

mencionado al inicio de este considerando (IX en el recurso), el recurrente

cuestiona los argumentos esbozados por los juzgadores de instancia en relación

con los daños y perjuicios. Explica que la cobertura del régimen de

responsabilidad abarca las lesiones extra patrimoniales. Aduce, de conformidad

con el párrafo sexto del artículo 173 de la Ley General de la Administración

Pública, el actuar del Director del Colegio de Palmares se contrapone a las

reglas del procedimiento para realizar un cambio de uniforme, lo que implica su

invalidez y por ende, la responsabilidad de los daños y perjuicios causados por

la Administración y por el funcionario.

Los

anteriores reproches incumplen los requisitos mínimos a que se hizo referencia

en los anteriores considerandos. Así, si bien resulta claro que en el primer y

tercer cargo el eje central consiste en una errónea valoración probatoria,

omite el recurrente precisar cuál fue la norma jurídica cuya vulneración

reclama. Lo mismo puede ser dicho de los agravios VIII y IX, en los cuales, a

pesar de que se cuestiona el análisis referido a la responsabilidad

administrativa de algunos de los demandados y sobre el rechazo de la pretensión

indemnizatoria, lo cierto del caso es que no se concatena el reclamo fáctico

que realiza con el jurídico. Al no hacerse referencia a las disposiciones jurídicas

atinentes a tales temas, se incumple con la debida fundamentación jurídica que

exige el ordinal 140 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que

obliga a su inadmisión. Por su parte, en lo tocante al cargo VII, se observa

que este es una reproducción, prácticamente literal, de uno de los argumentos

contenidos en la inconformidad que el recurrente enumeró como IV el cual se

estaría admitiendo, tal y como se precisará en el siguiente considerando. Así

las cosas, dado que se trata de una reiteración, lo procedente es rechazar el

presente cargo, toda vez que su contenido de todas formas será analizado en la

sentencia de fondo.

En

cuanto a los restantes cargos, se admiten. Acorde con lo dispuesto en el

ordinal 142 del cuerpo normativo de cita, se pone en conocimiento de los

demandados, por el plazo de diez días, contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación del presente auto, el recurso interpuesto por Róger

Duarte Tenorio con la salvedad hecha en el considerando anterior. En el caso

concreto, dada la especialidad de las pretensiones que se discuten en el

proceso, estima esta Sala que la redacción de la sentencia posee una

excepcional complejidad, por lo que, conforme al numeral 149 inciso 4 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, su dictado podrá realizarse en un

plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del vencimiento del traslado

del recurso a la parte recurrida.