Resolución 00780-2013

El ejecutante, con base

en la sentencia firme de la Juzgado de Tránsito de Cartago, no. 1413-2008 de

las 9 horas 59 minutos del 17 de diciembre de 2008, presenta la respectiva

liquidación por la suma de ¢1.217.389,33 para que en sentencia se condene al

demandado al pago de ¢818.623,00 por daños materiales, ¢150.000,00 por

perjuicios ocasionados en el período donde el vehículo no pudo ser utilizado en

la prestación del servicio público, sobre esas sumas requirió el pago de

¢178.777,29, más la indexación y sus respectivos intereses. Por costas

del  proceso de tránsito peticionó la suma de ¢ 50.000.00 y ¢19.989,04 de

los réditos generados de ese monto. Además solicitó la condena en costas por el

proceso de ejecución, así como sus intereses.

El

ejecutado fue declarado rebelde.

El juez Juan Guillermo

Zamora Chavarría, en sentencia no. 236-2012 de las 11 horas del 31 de enero de

2012, resolvió: “ …Se declara parcialmente con lugar la presente ejecución

de sentencia, entendiéndose rechazada en lo no expresamente concedido. En

consecuencia, se condena al señor Mariano Chaves Mora, cédula de identidad

7-156-069, y a favor del Estado, al pago de ¢818.632.00 por concepto de daños,

¢144.989.11 por concepto de intereses legales sobre los daños y para el período

del 1° de agosto del 2008 al 16 de agosto del  2010 y ¢108.094.87 por

concepto de indexación sobre las sumas anteriores y por el mismo periodo, todo

para un total de ¢1.071.713,98. Igualmente, se condena al señor Chaves Mora al

pago de ambas costas de este proceso de ejecución, así como a los intereses

legales pendientes e indexación únicamente sobre la suma aprobada por daños.”

La representante

estatal formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para

refutar la tesis del Juzgado.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley

Redacta la magistrada León Feoli

El Juzgado de Tránsito

de Cartago, en sentencia de las 9 horas 59 minutos del 17 de diciembre de 2008,

declaró al señor Mariano Chaves Mora como autor responsable de la colisión

ocurrida el 13 de junio de 2008, entre los vehículos identificados con las

matrículas T0808069234 y CL-63108, este último conducido por don Mariano. En

tal condición, se le condenó al “…pago de los daños y perjuicios ocasionados

y al pago de ambas costas del proceso…”  Siendo el primer automotor

propiedad del Poder Judicial, la Procuraduría en representación de los

intereses del Estado, planteó proceso de ejecución de sentencia, en el que

solicitó la cancelación de ¢818.623,00 por daño material, ¢150.000,00 de los

perjuicios ocasionados por el período en el que el vehículo, no pudo ser

utilizado en la prestación del servicio público. De intereses sobre esas sumas,

requirió el pago de ¢178.777,29, más la indexación sobre esos tantos, así como

los intereses que se generaran de la diferencia entre los montos liquidados y

de lo que resulte en la indexación. Por costas del proceso de tránsito,

peticionó la suma de ¢50.000,00 y ¢19.989,04 de los réditos generados de ese

monto. Solicitó la condena en costas al ejecutado por el proceso de ejecución,

así como los intereses sobre estas. El ejecutado fue declarado rebelde. El

Juzgado declaró parcialmente con lugar la ejecución. Condenó a don Mariano al

pago de ¢818.632,00 por daño material, ¢144.989,11 de intereses legales sobre

esa suma y por el período que va del 1 de agosto de 2008 al 16 de agosto de

2010 el tanto de ¢108.094,87, correspondiente a la indexación sobre esas

cantidades; todo para un total de ¢1.071.713,98. Además, del pago de ambas

costas de la ejecución y de los intereses legales pendientes e indexación

únicamente sobre la suma aprobada por daños.  Inconforme el ejecutante con

lo resuelto, formula recurso de casación.

Plantea un único

agravio. Inicia su recurso haciendo una exposición de los antecedentes que

informan este proceso. Acusa, violación directa de ley, al considerar

desaplicados los artículos 702, 706 y 1163 del Código Civil (CC). La sentencia

que se recurre, reclama, denegó el pago de intereses sobre las costas

personales de la ejecución, que fueron solicitadas en la demanda. La decisión

del juzgador, reprocha, se basó en que el 2% establecido en el canon 11 del

Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado,

Decreto Ejecutivo no. 32493, no aplica en relación con las costas personales;

pues ese artículo se refiere únicamente a los honorarios profesionales.

Enfatiza, el Juez desaplica y desconoce lo preceptuado por los numerales 702,

706 y 1163 del Código Civil (en adelante CC). Orienta su planteamiento en dos

aspectos que, aduce, confunde el Juez. Rechaza indebidamente, dice, el pago de

ese extremo sobre las costas conforme con el cálculo del 2% establecido en el

numeral 11 del Arancel citado; ya que dispone que no aplica esa tasa sino otra.

A su vez, reclama, el pago de ese extremo porque afirma es un derecho del

acreedor con sustento normativo en los cardinales 702 y 706 del CC, los cuales

establecen el deber de cancelar los intereses a título de daños y perjuicios

cuando no se satisfaga en tiempo la obligación principal. Por ello, reprocha,

“…nada obsta para que el demandado sea condenado a su reconocimiento en

abstracto, pues su procedencia supone el incumplimiento del deudor, y por ende,

la liquidación final dependerá de la puntualidad en el pago de la obligación

principal impuesta…”.  La determinación de la tasa utilizable

puntualiza, es un aspecto distinto a la procedencia de la condena al pago de

intereses en sí; ya que aquella se define con base en lo que en derecho

corresponda y según el criterio del Juzgador. La jurisprudencia ha sido

enfática, subraya, en que el reconocimiento de intereses sobre costas, procede

cuando así se ha solicitado expresamente y cuando no hay oposición de parte,

según lo dispuesto por el cardinal 221 del Código Procesal Civil (CPC); al

respecto cita la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo Sección

Primera no. 13-2012-I de las 15 horas 15 minutos del 26 de enero de 2012. En el

caso concreto, argumenta, el pago de los intereses sobre las costas fue

solicitado expresamente; de ahí que no exista razón jurídica para rechazar ese

extremo. Concluye, ese rechazo lleva aparejado la falta de definición de la

tasa a aplicarse, con lo que se violenta el canon 1163 del CC, el cual

establece la tasa legal a utilizar cuando no exista otra aplicable al caso

concreto por disposición normativa o convencional.

III.-La inconformidad del

casacionista se orienta en dos puntos específicos: primero cuestiona la

posición del Juzgador al denegar el otorgamiento de intereses sobre las costas

personales del proceso de ejecución, basando su cálculo en el 2% establecido en

el numeral 11 del Arancel de cita. Y por otro lado, sostiene que el

requerimiento de esos réditos resultan procedentes por haberse solicitado

expresamente en la demanda; y que de no aplicarse el referido porcentaje a su

cómputo, tendría que emplearse entonces, la tasa legal prescrita en el numeral

1163 del CC. El Juzgador al momento de resolver dispuso “…6.-(…) siendo que

las costas personales y los honorarios son extremos de distinta naturaleza,

quien está legitimado para pretender el reconocimiento de ese 2% es el

profesional que haya atendido la causa, al tratarse de una relación privada

entre abogado y cliente.(…) 8.-Se rechaza la pretensión del 2% sobre las costas

de esta ejecución por los mismos motivos expuestos en el apartado 6 anterior.

Se reitera, en todo caso, que el 2% establecido en el artículo 11 alegado,

regula los honorarios insolutos entre el cliente y el abogado, y no deben

mezclarse indebidamente con el tema de las costas personales, cuyo contenido es

distinto…”. Visto el anterior planteamiento, resulta relevante, citar el

criterio que ha sostenido esta Cámara en torno a las diferencias existentes en

los conceptos de “honorarios profesionales ” y “costas personales”.

Al respecto en el fallo no. 615-F-S1-11 de las 9 horas 10 minutos del 23 de

mayo de 2012 estimó: “…todo proceso jurisdiccional tiene repercusiones

económicas, no sólo en cuanto a la pretensión material reclamada- resarcimiento

económico del objeto del proceso-, sino al proceso en sí. A esos gastos,

procesales y personales que ocasiona se les denomina en forma genérica

"costas". Para lo que al caso interesa, es menester indicar, que

existe una diferencia entre los conceptos de “costas personales” y “honorarios

de abogado”, aun y cuando el canon 226 del CPC dispone que: “(…) se estimarán

costas personales los honorarios de abogado y la indemnización de tiempo

invertido por la parte en asistir a diligencias del proceso, en las que fuere

necesaria su presencia (…)”. Esta Sala desde vieja data ha establecido que la

naturaleza de ambos conceptos resulta distinta-, debido a que las costas

personales se generan dentro del proceso judicial y le pertenecen a la parte

victoriosa. Los honorarios de abogado por su parte, surgen por el servicio

profesional brindado por el litigante respecto de su cliente y aún cuando la

causa la tuviera la labor desplegada en un proceso judicial, resultan

atendibles entre ambos como producto de una relación privada abogado-cliente,

tan es así, que su reclamo debe ventilarse mediante el proceso incidental

previsto para ello. El concepto de costas personales, es en estricto sentido,

parte de la condena que se impone a quien perdió el juicio. En concreto, es la

indemnización que en principio el vencido cubre al victorioso, resarciéndolo de

lo que este último pagó o se vería obligado a pagar por asistencia profesional.

Incluye todos aquellos gastos propios en el desenvolvimiento de la actividad

procesal, es decir en el caso concreto, erogaciones que debe sufrir el amparado

como producto del trámite de su recurso, las que debe cancelar la entidad

recurrida como responsable de los mismos, al obligar a que se acuda a la vía

jurisdiccional en satisfacción de sus pretensiones y resultar vencido en la contienda

judicial. Como se indicó anteriormente, estas se establecen en sentencia a

favor de la parte victoriosa dentro del proceso, a quien corresponde presentar

la liquidación respectiva (o su apoderado judicial, pero en su representación y

no a título personal), y se giran a ella, con el único fin de evitar un doble

pago, porque por regla general, ya los honorarios han sido abonados al abogado

que dirigió el proceso, y precisamente lo que se busca es que se resarza el

gasto…”  Del texto transcrito, se desprende claramente que el extremo

por costas personales es un rubro que pertenece a la parte gananciosa según el

numeral 221 del CPC. En otras palabras, las costas personales, son de la parte

y si bien una proporción corresponden al tema de honorarios profesionales, no

por ello debe interpretarse que las reglas que rigen el pago de esos

emolumentos sean aplicables también al extremo de costas personales; ya que

como se ha indicado, esa partida, no solo involucra el rubro concerniente a

honorarios del abogado, sino que implica también el reconocimiento a la parte

del tiempo invertido en asistir a diligencias del proceso, en las que fuere

necesaria su presencia. En el caso concreto, el Juzgador consideró que los

intereses sobre las costas personales pretendidos por la parte recurrente,

resultaban improcedentes al solicitarse su cálculo basado en el 2% que prevé el

precepto 11 del Arancel. Esta Sala al analizar la aplicación y alcance de esa

norma, resolvió en su resolución no. 284-F-S1-11 de las 9 horas 55 minutos del

17 de marzo de 2011, “…el cardinal 11 del Decreto Ejecutivo no. 32493-J,

establece una facultad para el profesional en derecho, quien podrá cobrar un 2%

de intereses sobre honorarios no cubiertos en su oportunidad. De lo anterior

resulta, la posibilidad para el litigante, a efecto de recuperar los intereses

que se llegaren a generar por falta de pago, posibilidad que, según lo dispone

el precepto citado del Arancel, nace de su reclamo efectivo, ante la falta de

pago oportuno del monto correspondiente…”. Nótese, que el criterio ha sido

que el precepto citado, tiene como objeto fundamental regular la base sobre la

cual deben cuantificarse los réditos que se generen del no pago oportuno de los

honorarios profesionales en una relación cliente-abogado; siendo por esa razón

improcedente su aplicación en el cálculo de intereses que pretende la

casacionista. Es por ello, que este órgano decisor comparte la posición

esbozada en el fallo impugnado, ya que según lo expuesto, de aceptar la tesis

planteada por la parte ejecutante, se estaría confiriendo a ese precepto legal

un alcance que no tiene. Ahora bien, resta el pronunciamiento respecto de la

procedencia o improcedencia de los réditos sobre las costas personales y la

aplicación del interés legal sobre estos.

IV.-La recurrente, censuró,

el rechazo de los intereses sobre las costas personales del proceso de

ejecución, argumentando que existió la condenatoria en costas a favor del

Estado y que esa denegatoria llevó aparejada la desaplicación del canon 1163

del CC, al no emplearse la tasa de interés legal. Esta Sala ha sostenido que

los intereses legales se “…han entendido como el precio o la indemnización

por la no disponibilidad de recursos monetarios….” (Ver resolución no . 118-F-S1-2012

de las 9 horas 5 minutos del 2 de febrero de 2012). Ha estimado además, que con

estos “…se compensa, el costo de oportunidad que tuvo que soportar el

acreedor que no recibió el dinero debido durante el plazo del incumplimiento,

siendo que su otorgamiento se encuentra sujeto al principio dispositivo, esto

es, pende de su solicitud expresa por parte del interesado y esta restringe el

actuar del órgano jurisdiccional…”. Sentencia no. 925-S1-F-2010 de las 9

horas 10 minutos del 5 de agosto de 2010. Con base en los conceptos antes citados

y conforme con el cuadro fáctico que se expone, en criterio de este órgano

decisor, la parte ejecutante si se encuentra facultada para requerir los

réditos pretendidos por las razones que de seguido se expondrán. En el caso de

marras resulta evidente,  se trata del cobro de una obligación dineraria,

surgida a raíz de la condena impuesta al ejecutado, por los daños ocasionados

en un vehículo propiedad del Poder Judicial durante una colisión.  Este es

el motivo por el cual a este tipo de deudas, se les reconocen intereses, pues

funcionan como paliativos de esa pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Cuando la obligación es dineraria, los daños y perjuicios consisten siempre y

únicamente en el pago de los intereses sobre la suma debida. Así lo establece

expresamente el artículo 706 del CC, norma que dispone: "Si la

obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten

siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida…”.

En este caso,  el señor Chaves Mora, fue declarado autor responsable de

los daños ocasionados al vehículo propiedad del Poder Judicial matrícula no.

T0808069234 según la resolución que se ejecuta. Producto de esa colisión, la

Sección de Trámite Administrativo de la Dirección Ejecutiva de ese Poder de la

República inició un proceso administrativo de cobro donde se hizo del

conocimiento de don Mariano, la cantidad que debía de cancelar en razón de los

daños ocasionados; además, le ofreció la posibilidad de un arreglo de pago

previo al planteamiento de la demanda. Sin embargo, luego de esa propuesta, el

señor Chaves Mora no se apersonó a honrar su deuda. Aún más, después de

planteada la demanda de ejecución fue declarado rebelde ya que pese a que se le

notificó no se apersonó al proceso; de ahí que la representación estatal se

viera en la necesidad de presentar el proceso de ejecución en el año 2010 a fin

de hacer efectivo su derecho. Ante ese panorama no puede dejarse de lado, que

esta Cámara en sendos pronunciamientos se ha referido a lo establecido por el

precepto 41 constitucional en cuanto a la reparación integral del daño. De ese

estipulado, es posible colegir, como principio, que en aras de conseguir esa

reparación integral, como una consecuencia lógica de una tutela judicial

efectiva y tratándose de un menoscabo ocasionado por una deuda dineraria, es

factible reconocer intereses cuando exista demora por parte del deudor en la

cancelación de sus obligaciones, pues constituye una consecuencia lógica ante

su incumplimiento. (Veánse sentencias de esta Cámara números 1038-F-S1-2010 de

las 9 horas 40 minutos del 2 de setiembre de 2010, 213-F-S1-2011 de las 13

horas 50 minutos del 3 de marzo y 526-S1-F-2011 de las 14 horas 25 minutos del

26 de abril ambas de 2011).  Así y conforme a lo que ha sido expuesto, es

criterio de esta Sala, que el reconocimiento de los réditos pretendidos por la

ejecutante sobre las costas personales si resultan procedentes conforme lo

preceptuado por el canon 1163 del CC. Lo anterior aún y cuando no conste en

autos, que dichos intereses hayan sido requeridos desde la presentación de la

demanda bajo esa tasa legal; ello sobre la base de lo establecido por el

principio “iura novit curia”, -el Juez conoce el Derecho-. Esto

significa que el “…cumplimiento del cometido esencial que le ha sido

confiado al juzgador (tutela judicial efectiva y justicia pronta y cumplida),

le permite y obliga solucionar las causas judiciales, utilizando para ello la

totalidad del Derecho (que debe conocer), sin que esta tarea esté condicionada

o sujeta a los fundamentos que presenten las partes, pues bien puede hacer uso

de otros no invocados, cuando considere que resulten atinentes al caso,

conforme a la calificación jurídica que haya dado a los hechos acreditados y

siempre que ello no implique desconocer lo pedido por exceso, defecto u

omisión.(…). Más simple, el juez tiene a su mano la totalidad del Ordenamiento

Jurídico para resolver el conflicto debatido y, salvo lo exceptuado en cuanto a

las pretensiones y los hechos constitutivos de la demanda, según se expuso,

podrá aplicar la normativa que considere pertinente al caso concreto, sin estar

atado a las omisiones ni errores en los cuales pudieran incurrir las partes al

invocar los textos legales en su defensa…”  (Fallos de esta Cámara

no.301-F-2007, de las 11 horas 15 minutos del 26 de abril de 2007. En igual

sentido el 7-F-S1-2012 de las 9 horas 5 minutos del 12 de enero de 2012).

En abono a lo indicado, debe considerarse que este órgano decisor en un fallo

de reciente data el no. 597-F-S1-2013 de las 8 horas 50 minutos del 15 de mayo

de 2013, estableció que resulta innecesario el reconocimiento expreso en la

sentencia de los intereses sobre  costas. Ello por cuanto “…Por

principio, todo aquél que incurra en mora en el pago de sus obligaciones

(incluidas las costas del proceso), debe resarcir los intereses

correspondientes. Pero, es hasta cuando se produzca el supuesto de hecho (la

mora; generadora del derecho) -y no antes-, en que en realidad la parte queda

en posibilidad real de ejercitarlo. El que medie o no pronunciamiento en

sentencia, de oficio o a gestión de parte, a fin de cuentas en nada condiciona

o limita el derecho de los interesados a que, en su momento oportuno, le sean

reconocidos tales réditos, se precisa, en caso de mora…”. En consecuencia,

los  elementos antes comentados, revelan que existen motivos suficientes

para este órgano decisor, a fin de conceder la razón al recurrente

parcialmente, ya que el hecho de que la base formulada para el cálculo de los

intereses sobre las costas personales de la ejecución no fuera la idónea, según

se indicó supra, ese hecho no resulta óbice para el reconocimiento de ese

extremo; los cuales deberán calcularse según la tasa legal determinada en el

numeral 1163 del CC al estarse ante una obligación dineraria y al no existir

fijación previa establecida. De ahí que lo ajustado a derecho sea el

otorgamiento de los réditos pretendidos por el ejecutante de acuerdo con el

interés legal. Ante lo expuesto, deberá acogerse parcialmente el recurso

planteado y casar la resolución recurrida en el tanto los intereses sobre las

costas personales de la ejecución, se reconocerán una vez firme la sentencia y

hasta su efectivo pago.

De conformidad con lo

anterior, se acoge parcialmente el recurso planteado. Se ordena la anular la

resolución recurrida únicamente en lo relativo al reconocimiento de los

intereses sobre las costas personales de la ejecución según lo preceptuado por

el numeral 1163 del CC, los cuales se calcularán a partir de la firmeza del

fallo y hasta su efectivo pago.