Resolución 00476-2013

Con fundamento en los

hechos en que mostraron acuerdo y desacuerdo, respectivamente, acuden los

actores ante el Tribunal Arbitral, a fin de que en laudo se declare: “I.-

…en nombre del señor Domingo Alier Musmanni…la nulidad de la

aprobación de la asamblea (sic) general (sic) del 9 de diciembre

del 2009, en lo que respecta a los informes financieros contables del Periodo (sic)

2008-2009, a los fines de que los mismos sean reflejo de la situación actual

con respecto a el Capital Social, así como la nulidad de la asamblea (sic)

de la Junta Directiva del Yacht Club número 193-2009 de las 18:00 Hrs (sic)

del 31 de agosto del dos mil nueve (sic), en lo que respecta a la

pretendida reforma del capital de la sociedad. Y Consecuentemente (sic) la

nulidad de la inscripción de la modificación del capital. Adicionalmente se le

ordene a la demandada que la manera de arreglar la situación del capital social

de la sociedad lo es mediante una asamblea  extraordinaria de accionistas

en las que deberá explicárseles a los socios los pormenores de ello, y sea en

esta asamblea que se tome la decisión correspondiente. II.- y, …en

nombre de Julio Acosta Musmanni la nulidad de la Asamblea del 9 de

Diciembre (sic)  del 2009, pues no le dejaron emitir voto alguno,

al cambiársele sus acciones por mecanismos ilegales y que no le fueron

explicados. Que con el proceder referido se le viola lo dispuesto en el

articulo 139 del Codigo (sic) de Comercio pues la sociedad a través de

su órgano de administración la Junta Directiva, sin tener facultad legal alguna

cambio (sic) las acciones comunes y nominativas que están en su poder,

en acciones preferentes o privilegiadas sin (sic) él lo supiera o

tuviese participación alguna. Situación esta (sic) que acarrea una

nulidad absoluta.”

El apoderado de la

demandada contestó en forma extemporánea y opuso las excepciones de falta de

derecho, falta de legitimación activa y prescripción.

El Tribunal Arbitral

del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica,

integrado por los Árbitros Fernando Montero Piña, Mauricio Garro Guillén y Gino

Capella Molina, en laudo dictado a las 11 horas del 20 de diciembre de 2011,

dispuso: “…PRIMERO: Se rechazan las excepciones opuestas por

la parte demandada.

En cuanto a las demandas

interpuestas por Domingo Alier Musmanni y Julio Acosta Musmanni, se dispone lo

siguiente. En cuanto a la primera, se acoge de la siguiente forma. Se

declara nula la sesión de la Junta Directiva del Costa Rica Yacht Club, S.A.,

celebrada a las dieciocho horas del treinta y uno de agosto del dos mil nueve.

Se ordena la cancelación del asiento registral de inscripción del

aprotocolización presentada al Diario del Registro de Personas Jurídicas del

Registro Nacional al Tomo dos mil nueve, asiento cero cero tres uno tres cinco

cinco ocho.  Las órdenes dirigidas a esa entidad registral serán emitidas

por el Juez común, en la vía de ejecución de sentencia. En cuanto a la

pretensión de nulidad de la asamblea general ordinaria del nueve de diciembre

de dos mil nueve, estese (sic) a lo resuelto en relación con las

pretensiones planteadas por el señor Julio Acosta Musmanni, según se indica de

seguido. En cuanto a la segunda, se dispone lo siguiente: Se declara la

nulidad de la totalidad de la asamblea general ordinaria de accionistas del

Costa Rica Yacht Club Sociedad Anónima, celebrada el nueve de diciembre de dos

mil nueve. Sobre costas y otros. Se condena a la demandada a pagar las

costas procesales y personales de este proceso arbitral a favor de los

actores…”

El licenciado Ramírez

Aguilar, en su expresado carácter, interpuso recurso de nulidad contra el laudo

arbitral.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho excepto el

considerando VII que lo redacta el magistrado Rivas Loáiciga

El señor Domingo Alier

Musmanni y Julio Acosta Musmanni presentaron en forma individual requerimientos

arbitrales contra Costa Rica Yacht Club Sociedad Anónima, los cuales fueron

acumulados. Ambos pretenden la nulidad de la asamblea general de la sociedad

demandada, la cual se realizó el 9 de diciembre de 2009. El primero, en lo que

concierne a la aprobación de los informes financieros contables y a la

situación referida al capital social. El segundo, por su parte, en tanto se le

negó su derecho al voto al modificársele sus acciones con base en mecanismos

que califica de ilegales. En el caso del señor Alier Musmanni, además plantea

la nulidad de la asamblea de la Junta Directiva no. 193-2009 de las 18 horas

del 31 de agosto de 2009 en lo relativo a una reforma al capital social. La

demandada contestó en forma extemporánea, y adujo las defensas de falta de

derecho, legitimación y prescripción, las cuales fueron rechazadas por el

Tribunal Arbitral, que anuló la sesión de Junta Directiva mencionada en las

líneas precedentes así como la asamblea general de socios e impuso las costas a

la accionada, la cual presenta recurso de nulidad.

La recurrente alega

tres motivos de nulidad por violación al debido proceso. En el primero

de ellos, cuestiona la integración del Tribunal por ser contraria a la cláusula

arbitral. Narra que ante la solicitud de arbitraje, se le indicó a la Cámara de

Comercio la inaplicabilidad del Reglamento de Arbitraje, oposición que no fue

tomada en cuenta ni por los árbitros ni por el Centro de Conciliación y

Arbitraje. De conformidad con el estatuto de la sociedad (artículo 23), el cual

regula el procedimiento de arbitraje, explica, los árbitros serán nombrados,

uno por la Junta Directiva, otro por los socios disidentes y otro por el Juez

Primero Civil de San José. Aduce, ello no puede ser variado ya que se trata de

un acuerdo contractual entre partes. La cláusula en cuestión, endilga, fue

desaplicada, ya que desde el requerimiento arbitral se definió la forma como se

debía integrar el Tribunal, cuando se indicó que las partes podían manifestar

su anuencia para que el tercer árbitro fuera nombrado por la Dirección

Ejecutiva del Centro de Conciliación y Arbitraje, y no por el Juez Primero

Civil, y agregó que en caso de “no manifestarse al respecto”, dicha

labor sería realizada por este último. El aquí recurrente, dice, no indicó ni

gestionó nada al respecto, por lo que se debió actuar conforme al Estatuto, lo

cual no aconteció. Critica que los árbitros nombrados, sin revocar lo resuelto

en el requerimiento arbitral, conocieron del asunto, y reprocha el argumento de

que la legislación emitida en la materia introdujo variantes importantes desde

que se convino la cláusula arbitral. Menciona como vulnerado el artículo 22 de

la Ley 7727.

En esencia, si bien en

el título utilizado para introducir el agravio hace referencia a una violación

al debido proceso, el reparo anterior tiene como punto central manifestar la

disconformidad de la parte con la designación del tercer árbitro, el cual, en

vez de ser nombrado por el juez primero civil, de acuerdo a lo establecido en

el estatuto, lo hizo el Centro de Conciliación y Arbitraje. En primer término,

si bien se alega un quebranto al debido proceso, no se especifica cuál fue la

lesión que se le causó como consecuencia del nombramiento del tercer árbitro

por un órgano distinto al juez civil. Sus alegatos, por el contrario, se

plantean desde el punto de vista formal de la integración del Tribunal

Arbitral. Desde esta óptica, y sin que se aprecie una vulneración al debido

proceso o al derecho de defensa, debe destacarse que tal aspecto –la

conformación- no es un aspecto que se encuentre cubierto en alguna de las

causales de nulidad previstas en el artículo 67 de la Ley sobre Resolución

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (en lo sucesivo, referida

por las siglas LRAC), y por ende, esta Sala se encuentra impedida de ingresar a

su análisis. Además de la falta de habilitación competencial que se desprende

del numeral recién mencionado, la conclusión expuesta resulta coherente con lo

resuelto por esta Cámara en torno al tema de la recusación de los árbitros,

materia en la cual se ha indicado que escapa al control ejercido por este

órgano jurisdiccional, excepto cuando el cuestionamiento abarca a la totalidad

de los miembros. “…la Ley RAC, no autoriza recurso alguno contra la

resolución que deniega una apelación, ni contra la que se pronuncia sobre la

recusación de algunos de los integrantes del Tribunal. Tómese en cuenta que la

intervención de esta Sala en procesos arbitrales, se circunscribe a las

hipótesis expresamente contempladas en aquel cuerpo legal. En ese sentido,

jurisprudencialmente, en los casos en que por excepción lo ha hecho, ha sido

por vacío normativo y por su incidencia directa en el curso del proceso, como

cuando se ha recusado al pleno del Tribunal Arbitral, hipótesis que conlleva

una cuestión de competencia.” (sentencia 609-A-07 de las 8 horas 25 minutos

del 24 de agosto de 2007, criterio reiterado en los fallos 00108-F-S1-2010 de las 14 horas 10 minutos del 21 de enero de 2010 y 11-F-S1-2013

de las 9 horas 145 minutos del 17 de enero de 2013). De

lo dicho se extrae que únicamente en casos excepcionales se puede revisar la

integración del Tribunal Arbitral, y siempre que no exista posibilidad de que

el asunto sea resuelto por dicho órgano. Claramente, en la especie no se está

en el supuesto de excepción comentado, por lo que el cargo no es admisible. En

todo caso, a mayor abundamiento de razones, debe considerarse lo dispuesto en

el artículo 56 de la LRAC, según el cual, se debe entender que la parte

renuncia al derecho de objetar cuando esta “sigue adelante con el arbitraje,

a sabiendas que no se ha cumplido alguna disposición convenida o algún

requisito de la presente ley”. En el caso concreto, si bien el Centro

dispuso en un primer momento que, salvo que se le habilitara, el nombramiento

del tercer árbitro lo debería de realizar el juez primero civil, y luego tuvo

el silencio de la parte como una anuencia tácita, lo cierto es que el

nombramiento realizado no fue cuestionado a través de los mecanismos previstos

al efecto y en los plazos correspondientes.

Como segundo reparo,

aduce una falta de competencia del Tribunal en virtud de la materia que se

conoce. Destaca, el artículo 23 del estatuto de la sociedad prevé el

procedimiento de arbitraje en caso de disconformidad de los socios respecto de

la ejecución de los acuerdos adoptados, y lo que se discutió en el presente

conflicto fue la discrepancia de uno de los socios en relación con el informe

contable y los informes rendidos en la Asamblea. Concluye, los cuestionamientos

no están cubiertos por la cláusula arbitral, y deben ser ventilados en la

jurisdicción civil.

De conformidad con la

LRAC, esta Sala puede revisar las disconformidades sobre el tema de la

competencia del Tribunal Arbitral en dos momentos. En forma preliminar,

mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 38, o bien, mediante

el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo, salvo que ya hubiera emitido

pronunciamiento con ocasión del recurso vertical. Lo anterior supone que no

existe preclusión alguna entre ambos mecanismos. Dicho de otro modo, la no

impugnación de conformidad con la vía prevista en el artículo 38 LRAC de lo

resuelto en sede arbitral no impide que la parte vuelva a plantear dicho

cuestionamiento utilizando el recurso de nulidad. Una interpretación contraria

a la anterior llevaría a dejar sin contenido el inciso g) del artículo 67 de la

LRAC, toda vez que, de admitirse la mencionada preclusión, para el conocimiento

del recurso de nulidad sería necesario la interposición del de apelación, en

cuyo caso, dado que lo resuelto en dicha oportunidad no puede ser sometido

nuevamente a consideración de esta Cámara según el párrafo final del artículo

38 LRAC, tal causal resultaría inviable. En virtud de lo anterior, el artículo

56 mencionado al resolver el anterior agravio no resulta aplicable en caso de

que el particular opte por no utilizar la apelación prevista. Empero, cabe

cuestionarse si la misma solución debe darse en el supuesto en que la

incompetencia ni siquiera sea alegada ante el Tribunal Arbitral. Según el

tantas veces citado numeral 38 LRAC, la parte puede plantear la excepción de

incompetencia, como máximo, al contestar la demanda. En caso de que no lo haga,

si bien puede sugerirla, tal pronunciamiento pasa a ser oficioso de los

árbitros. La norma en cuestión indica, en su párrafo primero, “La excepción

de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser opuesta, a más tardar, en la

contestación a la demanda de arbitraje. Sin embargo, el tribunal podrá

declarar, de oficio, su propia incompetencia en cualquier momento o resolver,

si así lo considerare conveniente, cualquier petición que una parte presente,

aunque sea, en forma extemporánea.” De este precepto se extrae que la

propia legislación le impone un plazo a la parte para alegar la incompetencia,

transcurrido el cual, debe ser apreciada de oficio por el Tribunal Arbitral. En

esta inteligencia, de la relación de los numerales 38 y 56 de la LRAC se

extrae, entonces, que si la parte no plantea la correspondiente excepción, o no

pone en conocimiento del Tribunal la existencia de un eventual problema

competencial, no puede interponer el recurso de nulidad por este motivo. Es importante

reiterar en este punto, que no precisa, por las razones arriba expuestas,

presentar el recurso de apelación. La preclusión se da, únicamente, cuando la

incompetencia no es alegada en algún momento antes de la emisión del laudo. No

puede perderse de vista que, por tratarse de un mecanismo privado de solución

de conflictos, basado en última instancia, no en un criterio de autoridad, sino

de voluntad contractual, la omisión de cuestionar la competencia debe ser

entendida como una aceptación tácita de la posibilidad de que el Tribunal

resuelva el diferendo. Esto, claro está, salvo que se trate de materia no

disponible (incompetencia por el objeto), en cuyo caso la ley veda la

posibilidad de que se pueda emitir un laudo. Así las cosas, el cargo debe ser rechazado.

Como tercer

reparo, alega la vulneración de los artículos 984 inciso a) y 977 del Código de

Comercio, como normas de orden público. De conformidad con el primer precepto,

acota, los derechos de los socios deben ejercerse mediante la vía de la impugnación

de acuerdos de Asamblea, en el plazo de un año. Reprocha lo indicado en el

laudo al rechazar la excepción de prescripción con fundamento en el artículo

177 del Código de Comercio. Critica, además, que se le otorgan efectos

interruptores a gestiones realizadas ante la Junta Directiva, lo que contradice

el numeral 977 citado, el cual indica que solo la demanda o cualquier otro

género de interpelación judicial notificada interrumpe la prescripción. Dice,

el requerimiento arbitral se notificó cuando ya había transcurrido de sobra el

plazo indicado.

Esta Sala ha definido

las normas de orden público como aquellas que “se caracterizan por ser de

aplicación obligatoria, no pueden ser sustituidas ni alteradas, imponiéndose de

modo absoluto a la voluntad particular. En consecuencia, se yerguen como una

barrera infranqueable a su capacidad de disposición, de ahí, la necesidad o

interés general de que estén sobre la decisión individual.” (sentencia no.

637-F-2007 de las 8 horas 50 minutos del 6 de setiembre de 2007). Por

criterio de mayoría, se considera que las normas atinentes a la prescripción no

cumplen con las características arriba señaladas, y por ende, no puede ser

catalogada dentro de esta categoría. Lo anterior debido a que se trata de una

defensa disponible; su oposición, que desde luego es un supuesto distinto a la

prohibición de renuncia anticipada, es facultativa de la parte, pudiendo

renunciarla, lo que descarta que se trata de una disposición cuya aplicación

sea obligatoria. Una vez alegada, su procedencia o rechazo dependerá del

análisis de los diferentes elementos de prueba que aporten las partes tendiendo

a acreditar los supuestos necesarios para su acaecimiento, a saber, transcurso

del plazo y ausencia de actos interruptores o suspensivos. Corresponderá al

tribunal arbitral, en su labor intelectiva, verificar si se está ante uno u

otro supuesto, conjugando la valoración probatoria con los presupuestos

imperativos de la norma. Ello, sin embargo, no convierte las normas relativas a

la prescripción en imperativas y de orden público; a fin de cuentas, la labor

de los árbitros no se diferencia de aquella que realizan al resolver el caso

concreto que fue sometido a su conocimiento. Es decir, la prescriptibilidad de

un derecho específico no se convierte en un tema de orden público o imperativo.

Por el contrario, se trata de un tema de fondo, a saber, la procedencia o no de

la excepción en el caso concreto, lo que escapa de las facultades revisoras de

esta Cámara mediante el recurso de nulidad. Por las razones expuestas, lo

procedente es rechazar el cargo.

Por las razones

expuestas en los considerandos anteriores, se deberá rechazar el recurso de

nulidad interpuesto.