Resolución 00343-2013

I.-En el presente caso la parte actora manifiesta  ser dueña de

la  finca del Partido de San José, matrícula  de Folio Real no.

154.943-000, situada en la Provincia de San José, ubicad a a 100 metros al

norte de la Iglesia Santa Teresita, en la intersección formada por la avenida

once y calle veintitrés, en Barrio Aranjuez, y en el que se encuentra el

negocio comercial denominado : “Bomba Santa Teresita”. Señala que por

medio de contrato suscrito entre las partes, la parte demandada se comprometió

a pagar por concepto de alquiler la suma de $13.000,00 netos mensuales los tres

primeros días de cada mes, siendo ese precio por el derecho de uso de

explotación y alquiler del inmueble.  Se indica además, que la parte

demandada ha venido incumpliendo con el monto , por lo que se solicita se

declare la resolución del contrato de arrendamiento, se ordene el desalojo de

la parte demandada y se le condene al pago de daños, perjuicios y ambas costas,

al haber incurrido en la causal de falta de pago de los alquileres

correspondientes de diciembre 2010 a mayo 2011 ( ya que se indica no fueron

depositados en su totalidad o del todo) .  El Juez Cuarto Civil de Menor

Cuantía de San José , se declaró incompetente por razón de la cuantía y remite

el asunto al Juzgado Civil de Mayor Cuantía de es t a ciudad, que por turno

corresponda recayendo en el Tercero Civil; quien con fundamento en el principio

de perpetuidad de la competencia, discrepó de lo resuelto, dado que este

proceso se encuentra en la etapa conclusiva de fallo, planteando conflicto de

competencia ante esta Sala.

II.-Del análisis de los autos, se tiene por un lado que la parte actora

estim ó la demanda en la suma de $78.000,00 ( folio 49 ),  además, se

aprecia que el c ontrato de a rrendamiento suscrito por las partes (folio 9 a

se convino celebrarlo conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos y

Suburbanos ; entre las cláusulas pacta das , se encuentra:“PRIMERO A:

Que Servicios Santa Teresita S.A. en su condición de dueña del inmueble y dueña

del negocio comercial Bomba Santa Teresita S.A., es  estación de servicio

destinada a la venta de gasolina y otros derivados del petróleo da en

arrendamiento a la sociedad EXPOSIC I ONES MERCADO CENTRAL

AUTOMOTRIZ S.A., quien acepta, el presente contrato de arrendamiento. Que

servicios e s propietaria del inmueble inscrito en el Partido de

San José, matrícula de folio real número ciento cincuenta y cuatro mil novecientos

cuarenta y tres derechos cero cero cero. SEGUNDO A: […]. TERCERO A: La dueña en

este acto, alquila, como se indicó anteriormente, el referido inmueble con su

negocio comercial indicado supra en forma exclusiva a EXPOSICIONES MERCADO

CENTRAL AUTOMOTRIZ SOCCIEDAD ANÓNIMA…”( el resaltado no

corresponde al original ).  Se colige de lo anterior, que

lleva razón el Juez Civil de Menor Cuantía al declinar su competencia; pues, si

bien estamos en presencia de un asunto que está reglado por la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, conforme lo convinieron los contratantes,

en la cláusula PRIMERA A se  indica que, la propiedad, tiene un negocio

denominado : “BOMBA SANTA TERESITA S.A.”.  Véase, que lo arrendado,

conforme a la cláusula tercera del contrato, fue un negocio comercial y un

inmueble.   El ordinal 4, de la Ley de Arrendamientos Urbanos y

Suburbanos, prevé lo siguiente: “... Esta ley rige para todo contrato,

verbal o escrito, de arrendamiento de bienes inmuebles, en cualquier lugar

donde estén ubicados y se destinen a la vivienda o al ejercicio de una

actividad comercial, industrial, artesanal, profesional, técnica, asistencial,

cultural, docente, recreativa o a actividades de servicios públicos...” ;

n o obstante lo anterior, se aprecia, la existencia de un negocio

comercial, el cual fue arrendado para la explotación de esa actividad

comercial. Es importante establecer la diferencia entre un local comercial,

respecto a un negocio comercial; en el primero se arriendan las paredes para

instalar la actividad comercial, lo cual se regirá por la Ley de Arrendamientos

Urbanos sin importar su cuantía ; entrentando en el segundo, lo arrendado es la

explotación del establecimiento comercial , actividad que se rige por el Código

Civil , en cuyo caso interviene la cuantía en la determinación de la

competencia.

Ahora bien, el “Principio de Perpetuidad de la Competencia”, la

doctrina nacional, ha explicado que: "Una vez radicado un proceso ante

el Juez, la competencia se perpetúa, es decir, se mantiene por toda la duración

del proceso aunque varíen las circunstancias de hecho en cuya virtud se la

determinó; las modificaciones que se produzcan durante el juicio no afectan el

proceso; por tanto, una vez fijada no puede modificarse en el curso del proceso,

por ejemplo si se fija una nueva cuantía para los procesos y el proceso pasa a

ser de menor cuantía, el asunto continuará radicado ante el Juez de mayor

cuantía.  El principio es que todo proceso debe ser terminado donde ha

comenzado, por esa razón el Código Procesal Civil en su artículo 9, dice: "

que el mismo juez que dictó el fallo es el que debe ejecutar la sentencia,

aun en el caso de que la ejecución fuere de mayor cuantía y el proceso base lo

era de menor cuantía " (artículo 21 inciso 3) ;  principio

que se fundamenta en la prohibición que tienen los tribunales de abocarse al

conocimiento de un asunto que se encuentra ante otro tribunal (artículo 153

Constitución Política y 4 LOPJ). Manifestación de este principio es el hecho de

que una vez fijada la competencia de un asunto, sea por haberse planteado un

conflicto de competencia o se hubiere apelado la resolución que la fijó, el

criterio no puede variarse, ni el a-quo puede rechazar la asignación hecha a él

para conocer lo , pues por un lado el CPC -Art. 45- y también el artículo 170

LOPJ, prohíben a los jueces sostener conflictos sobre competencia con sus

superiores; aun cuando , el caso puede ser objeto de distintas

interpretaciones, pues como ha dicho esta Sala, para cambiar el criterio debe

tratarse de un evidente error grosero, o de tener suficientes elementos de

juicio como para sostener una tesis contraria; esto es así ,  porque las

normas establecidas para fijar la competencia no permiten calificaciones y

recalificaciones; ellas deben equilibrar en forma ponderada los intereses

públicos del proceso y los intereses privados de las partes. Es en ese sentido,

evidentemente en el caso concreto se cometió un error por parte del Juzgado

Cuarto Civil de Menor Cuantía al arrogarse el conocimiento de este proceso a la

luz del artículo 115.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que asigna la

competencia a los Juzgado de Menor Cuantía, de todo lo relativo a la Ley

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos; inobservando que en el c

ontrato de a rrendamiento s e involucra no solo el inmueble referido, sino

también el negocio comercial denominado:“Bomba Santa Teresita S.A.”;

particularidad en virtud de l a cual, esta Cámara estima que lo procedente es

adscribir el conocimiento de este proceso al Juzgado Tercero Civil de Mayor

Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José.

POR

TANTO

Se

declara que el conocimiento del presente proceso de desahucio, corresponde al

Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas

Loáiciga

Román Solís Zelaya

Óscar Eduardo González

Camacho

Carmenmaría Escoto Fernández

Jar*

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