Resolución 00180-2013

Con base en los hechos que expusieron y

disposiciones legales que citaron, los actores establecieron proceso de

conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “ (…) al INS a

cancelarme las sumas que me vi obligada a pagar por reparaciones del vehículo

propiedad de la señora Casafont Broutin, que ascienden a las sumas de QUINCE

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES COLONES

CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS, por concepto de impuestos, y TRESCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE COLONES POR CONCEPTO DE MANO DE

OBRA.  2. (…) se me indexe por el valor pagado en relación con la

fecha en que la demandada proceda a cancelarme el importe solicitado.

En

caso de oposición de la demandada solicito se le condene al pago de ambas

costas de este proceso."

La parte demandada contestó oponiendo

las excepciones de falta de derecho y de causa.

La audiencia preliminar se efectuó a las 9 horas 22 minutos

del 6 de junio de 2011.

Se fijó fecha y hora para realizar

el juicio oral y público, y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, Sección Octava, integrada por los Jueces Carlos Espinoza Salas, Sady

Jiménez Quesada y Ricardo A. Madrigal Jiménez; en sentencia no. 198-2011 de las

10 horas 30 minutos del 11 de noviembre de 2011, resolvió: “Se rechazan las

excepciones de falta de derecho y falta de causa. Se declara con lugar la

presente demanda y en consecuencia se condena al Instituto Nacional de Seguros

al pago de los repuestos y mano de obra que eroga en la reparación del vehículo

placas 544733, cuyos montos se determinarán en etapa de ejecución de sentencia,

así como la indexación de tales rubros desde su cancelación el día 16 de

diciembre del 2009 y hasta su efectivo pago, ello así de conformidad con el

índice de precios al consumidor emitido por el Instituto Nacional de

Estadística y Censos. Para efecto de la fijación del monto de la indemnización,

se le deberá rebajar el deducible, así como el valor de ambos guardabarros. Son

ambas costas a cargo del Instituto Nacional de Seguros.”

El

apoderado general judicial de la caja formula recurso de casación indicando

expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

La empresa

Rancho Hípico de Aranjuez Sociedad Anónima (en adelante, Rancho Hípico de

Aranjuez) suscribió, con el Instituto Nacional de Seguros (en lo sucesivo INS,

Instituto o ente asegurador), una póliza de seguro voluntario de automóviles

(la cual se identificó con el número 01 09 AUT 0113237 00), a fin de proteger

su vehículo marca Isuzu, placa CL-227057, con las coberturas A, C, D, F y H,

por el período comprendido del 5 de agosto de 2008 al 5 de agosto de 2009. Ese

convenio se rige por las condiciones particulares, especiales y generales

vigentes desde el 2 de junio de 2008. El 4 de noviembre de 2008, frente a Súper

Gigante en Heredia, dicho automotor colisionó, en la parte trasera, al vehículo

marca Volkswagen Touareg, placas 544733, propiedad de Ana Eugenia Casafont

Broutin. En virtud de tal evento se presentó ante el INS, ese mismo día, el

aviso de accidente no. 3176-l. La señora Michelle Videche Rodríguez, en su

condición de apoderada generalísima de Rancho Hípico de Aranjuez, autorizó a la

señora Casafont Broutin para que utilizara la referida póliza, en cuanto a la

cobertura por daños a terceros. El 17 de noviembre de ese año, el señor Carlos

Ramírez Mayorga, propietario del taller mecánico Tecnoservicios Rama Sociedad

Anónima (en adelante Tecnoservicios Rama o el taller), se presentó a la rampa

de valoración para realizar el avalúo del vehículo placas 544733,

determinándose las diferentes piezas o repuestos que debían adquirirse; se

excluyeron los guardabarros delanteros. Además, se estableció que, por mano de

obra, el monto ascendía a ¢389.429,00. El día 20 de ese mismo mes y año, el

señor Ramírez Mayorga solicitó un adicional de piezas. El 9 de diciembre de ese

año, la señora Casafont Broutin le otorgó poder especial al señor William Sáenz

Sánchez, a fin de que procediera a realizar los trámites relacionados con

ocasión del aviso de accidente indicado ante el INS. La boleta de visto bueno

de revisión post reparación no. 51737 corresponde al registro asignado al

Centro de Valoración Este de Curridabat del ente asegurador. Ese documento fue

asignado por una funcionaria del Instituto al vehículo placas 544733, sin que

fuera presentado al Departamento de Indemnizaciones de Zapote. Mediante oficio

no. INSGD-00117-2009 del 9 de enero de 2009, el Departamento de Indemnizaciones

de Automóviles del INS le comunicó al señor Sáenz Sánchez que debía presentar

el automotor de su representada para ser valorado post reparación, debido a

omisiones en la boleta no. 51737. El día 15 de ese mes y año, personeros del

Instituto le solicitaron a doña Ana Eugenia, vía telefónica, que permitiera

inspeccionar su auto. Sin embargo, ella les indicó que todavía se encontraba en

el taller, faltándole un repuesto para que se lo entregaran en perfectas

condiciones. Ese mismo día, don Carlos Ramírez le indicó al Instituto que al

vehículo placas 544733 le faltaba una pieza mecánica, lo que había

imposibilitado su entrega. También, en esa fecha, investigadores del ente

asegurador visitaron el taller, a fin de inspeccionar la reparación del

indicado automotor. Determinaron que se encontraba en proceso de reparación. De

igual manera, que los repuestos correspondientes a las partidas 9649, 9987 y

9989 no los tenían. Además, en oficio INDE-00593-2009, el Departamento de

Indemnizaciones hizo constar que ese vehículo no fue presentado a chequeo

post-reparación. En oficio no. ITI-033-2009 del 6 de febrero de 2009, el

Departamento de Investigaciones del INS recomendó denegar el pago, bajo todas

las coberturas, del reclamo no. 170108-22209, referido a la colisión entre los

vehículos placas CL-227057 y 544733. El 16 de febrero de 2009, Rancho Hípico de

Aranjuez le canceló a Tecnoservicios Rama la suma de ¢15.479.873,00 por

concepto de repuestos y ¢384.429,00 por mano de obra, en virtud de la

reparación del vehículo placas 544733. En informe ITI-0071-2009 del 20 de marzo

de 2009, el Departamento de Investigaciones del INS efectuó un estudio sobre el

proceso de indemnización del indicado reclamo. Concluyó que el vehículo placas

544733 no fue revisado físicamente por un técnico posterior a su reparación.

Mediante escrito de arreglo conciliatorio presentado ante el Juzgado de

Tránsito de Heredia el 4 de agosto de ese año, por el proceso que seguía debido

a la colisión de los vehículos CL-227057 y 544733, identificado con el número

08-7513-497-TR-3, las señoras Videche Rodríguez, en representación de Rancho

Hípico de Aranjuez y Casafont Broutin, manifestaron que, por haber cancelado en

su totalidad la indicada sociedad los daños ocasionados al vehículo de la

segunda, sin haber utilizado la póliza, solicitaban darlo por terminado. Dicho

órgano jurisdiccional, al ser las 13 horas 44 minutos del 10 de agosto, homologó

ese acuerdo, de conformidad con el artículo 403 del Código Procesal Penal; en

consecuencia, en resolución de las 13 horas 46 minutos de ese día, dictó

sobreseimiento por extinción de la acción penal a favor de los coimputados,

ordenando el levantamiento de los gravámenes existentes sobres los vehículos

placas 544733 y CL-227057. Mediante oficios INSGD-00835-2009 del 11 de febrero

de 2009 y G-05031-2010 del 5 de octubre de 2010, la Subgerencia del INS declinó

el caso no. 170108-22209.

El primero de

febrero de 2011, la señora Videchi Rodríguez, en su condición de apoderada

generalísima sin límite de suma de la empresa Rancho Hípico de Aranjuez,

formuló este proceso de conocimiento a fin de que en sentencia, conforme a la

corrección efectuada en la audiencia preliminar, se condenara al INS a

cancelarle a su patrocinada la suma que erogó por la reparación del vehículo

propiedad de la señora Ana Eugenia Casafont Broutin. Señaló que los montos

pagados ascienden a ¢15.479.863,22, por concepto de repuestos y ¢384.429,00 de

mano de obra. Pide se indexe la suma cancelada, en relación con la fecha cuando

el ente demandado proceda a pagar el importe reclamado. En caso de oposición,

solicita se condene a la parte demandada al pago de las costas del proceso. El

apoderado general judicial del Instituto aceptó unos hechos y rechazó otros.

Opuso las defensas de falta de: derecho y causa. El Tribunal las rechazó.

Declaró con lugar la demanda. Condenó al Instituto al pago de los repuestos y

mano de obra erogados en la reparación del vehículo placas 544733, cuyos

montos, según dispuso, se determinarán en la etapa de ejecución de sentencia.

También reconoció su indexación desde el momento en que se hizo el pago y hasta

el efectivo reconocimiento, de conformidad con el índice de precios al

consumidor emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para

efecto de fijar el monto a indemnizar, indicó que se deberá restar el

deducible, así como el valor de ambos guardabarros. Le impuso el pago de las

costas al ente asegurador. Inconforme, el representante del Instituto interpone

recurso de casación por quebranto de normas sustantivas.

En el primer

motivo de disconformidad, indica el recurrente, el Tribunal de instancia tuvo

por no demostrado que la empresa actora y la señora Ana Eugenia Casafont

Broutin participaran en los actos anómalos relacionados con el chequeo

post-reparación del vehículo marca Volkswagen Touareg, placas número 544733.

Por tal razón, estimó que resultaba violatorio del principio de buena fe

contractual que, sin estar demostrada esa situación, el INS responsabilice y

sancione a la demandante con el no pago de la indemnización debido a las faltas

cometidas por el taller donde se realizó el arreglo. En torno a ese argumento,

afirma, el Tribunal incurre en indebida valoración de los hechos, en

contradicción con las pruebas existentes en autos. Ello por cuanto, indica,

responsabiliza a su poderdante de una actuación cometida por un tercero con

quien no lo une ningún tipo de vínculo, ya que el taller y las personas quienes

tuvieron a su cargo la supuesta reparación del automotor fueron contratados por

la propietaria, no por su representado. En otras palabras, agrega, la juzgadora

y los juzgadores invirtieron la responsabilidad de quien eligió el taller para

la reparación del vehículo, acto que, reitera, fue de entera decisión de su

dueña. Con ese cuadro fáctico, apunta, lo que resulta aplicable es el aforismo “non

adimpleti contractus”, previsto en el numeral 692 del Código Civil; siendo

improcedente que la accionante se beneficie de su incumplimiento. Del poder

especial agregado a folio 60 del expediente del reclamo 170108-22209, comenta,

se determina que doña Ana Eugenia, como propietaria registral del vehículo

placas 544733, fue quien contrató el taller donde se llevaría a cabo el arreglo

y confió en un tercero la tramitación del reclamo. De dicho convenio, señala,

su representado no formó parte, por ende, no le perjudica ni le beneficia lo

acordado (canon 1025 íbid). En consecuencia, estima, resulta contradictorio que

el mismo Tribunal, por un lado, tuviera por demostrado que las anomalías en la

reparación del vehículo se dieron por actos de personas relacionadas con el

taller donde se llevó a cabo la reparación, que la propietaria del vehículo fue

quien otorgó el poder y lo llevó a ese lugar. Y, por el otro, se pretenda que

la responsabilidad por las actuaciones le sea atribuida al INS, exonerándose a

quien seleccionó el taller y mandatario. No se consideró, comenta, que el

contrato de mandato deviene de la confianza entre las partes contratantes y que

el mandatario actúa por cuenta y en representación del mandante. Transcribe, en

lo de su interés, lo señalado por el tratadista Alberto Brenes Córdoba en su

obra “Tratado de los Contratos”. Esto implica, asevera, que si las personas que

la propietaria del vehículo siniestrado designó para el trámite administrativo

del cobro de la indemnización actuaron de manera indebida, lo hicieron por

cuenta y representación de ella, quien los eligió para desempeñarse bajo esas

condiciones en la tramitación del reclamo. El razonamiento del Tribunal,

respecto a la falta de responsabilidad de doña Ana Eugenia en este asunto,

arguye, genera un conflicto de seguridad jurídica, pues deja en total

desprotección a los terceros quienes aceptan las actuaciones de mandatarios,

como es el caso del INS en la tramitación de este asunto. En todo caso,

concluye, al haberse determinado las anomalías en el trámite de reparación, la

poderdante podría reclamar el incumplimiento del contrato de mandato, en caso

de considerar que no se ajustó a lo estipulado y que esa gestión afectó sus

intereses, como la faculta el artículo 1269 ejúsdem.

El meollo de

lo alegado por el recurrente en el motivo de disconformidad en estudio, estriba

en que, a su entender, el Tribunal valoró indebidamente el denominado “PODER

ESPECIAL PARA TRÁMITE DEL INS”, visible a folios 60 del tomo III del

expediente administrativo y 67 del judicial, al consignar: “I.2)- HECHOS

NO PROBADOS: […] No demostró la accionada: Que

la sociedad anónima Rancho Hípico de Aranjuez y la señora Ana Eugenia Casafont

Broutín [sic] hayan tenido participación en los actos anómalos

relacionados con la revisión post reparación del vehículo Volkswagen Touareg,

placas 544733 (los autos).” Ello por cuanto, según indica, si doña Ana

Eugenia designó a un apoderado para el trámite administrativo del cobro de la

indemnización, y este actuó de manera indebida, lo hizo por cuenta y en

representación de ella. De consiguiente, la tesis del Tribunal, en torno a su

falta de responsabilidad, genera un conflicto de seguridad jurídica, ya que

deja en total desprotección a los terceros quienes aceptan las actuaciones de

mandatarios, como es el caso de su representado en la tramitación de este

asunto. Además, al haberse determinado las anomalías en el trámite de

reparación, la mandante podía reclamar el incumplimiento del contrato de

mandato, si considera que no se ajustó a lo estipulado y que afectó sus

intereses, según lo previsto en el numeral 1269 del Código Civil. Al respecto,

es menester indicar que el Tribunal, en el hecho demostrado número 10 del fallo

impugnado, el cual no fue cuestionado, acreditó “Que el día 09 de diciembre

del 2008, la señora Ana Eugenia Casafont Broutín [sic] confiere poder

especial al señor William Sáenz Sánchez, a efecto de que proceda ante el

Instituto Nacional de Seguros a realizar los trámites relacionados con el

vehículo marca Volkswagen, placa 544733, con motivo del aviso de accidente

003176-l.” De igual manera, en los marcados con los números 18, 19 y 23,

los que tampoco impugnó el casacionista, señaló: “18) Mediante

resolución número ITI-033-2009 del seis de febrero del 2009, el Departamento de

Investigaciones del Instituto Nacional de Seguros, recomienda denegar el pago

bajo todas las coberturas del reclamo número 170108-22209, por la colisión

entre los vehículos matrículas CL-227057 y 544733, sosteniendo que el poder

especial judicial que la propietaria del vehículo perjudicado le giró a su

representante fue para que realizara diligencias específicas durante el proceso

de indemnización, pero que otra persona las ejecutó, que el vehículo

perjudicado nunca fue presentado físicamente a la revisión post-reparación, a

pesar de la existencia de una boleta de visto bueno, que mediante la boleta de

visto bueno post-reparación número 51737, el funcionario del Instituto que la

emitió, consignó que el auto placa 544733 el 15 de diciembre de 2008, estaba

debidamente reparado, empero, se demostró que el mismo vehículo treinta y un

días hábiles después de la emisión del documento, aún se encontraba en proceso

de reparación, por lo que se pretendía obtener de manera indebida un beneficio

ilegítimo a costa del ente asegurador (folios 16 al 19 de los autos).

19)

Mediante informe ITI-0071-2009 del 20 de marzo del 2009, el Departamento de

Investigaciones del Instituto Nacional de Seguros, realizó un estudio sobre el

proceso de indemnización del reclamo 170108-22209, concluyendo que el vehículo

Volkswaguen [sic], placa 544733 no fue revisado físicamente por un

técnico en fecha posterior a su reparación (folios 171 a 178 del subjudice) [sic]

[…]

Mediante oficios INSGD-00835-2009 del 11 de febrero

del 2009 y el G-05031-2010 del cinco de octubre del 2010, la Subgerencia del

Instituto Nacional de Seguros, declina el caso número 170108-22209 del evento

ocurrido el 4 de noviembre del 2008, en el cual se vieron involucrados los

vehículos placas CL 227057 y 544733 (folios 54 a 55 de los autos, así

como folios 99 y 100 del tomo III del expediente administrativo de la póliza

número 09AUT113237).” (Lo subrayado no es del original). Al amparo de esos

hechos demostrados, los cuales, se insiste, no fueron cuestionados por el

recurrente, la juzgadora y los juzgadores, en el considerando de fondo

identificado como “II.2) CASO CONCRETO”, folio 262, en lo de interés,

indicaron: “[…] En ese sentido, dispuso la entidad aseguradora en la

resolución número ITI-033-2009 del seis de febrero del 2009 del Departamento de

Investigaciones, e informe ITI-0071-2009 del 20 de marzo del 2009 del mismo

Departamento, así como oficios INSGD-00835-2009 del 11 de febrero del 2009 y el

G-05031-2010 del cinco de octubre del 2010, de la Subgerencia, que se declina y

deniega el pago bajo las coberturas del reclamo número 170108-22209, por la

colisión entre los vehículos matrículas CL-227057 y 544733 (hechos probados 20

al 23). En razón de lo expuesto, en tales resoluciones la administración

expresó que aunque las causas bajo las que se dieron los hechos son amparables,

la reclamación de los daños de los daños [sic] es inexacta, se pretendía

obtener un beneficio ilegítimo, se violentó el ordinal 15 del contrato de

seguro que tutela el reclamo fraudulento, se infringió el principio de

confianza y de buena fe, se hizo creer que el vehículo estaba reparado

totalmente y no lo estaba porque le faltaban al vehículo y no estaban en el

taller las partidas 9649 (bocina), 9987 (líquido refrigerante) y 9989 (aceite

de caja de cambio), que el vehículo 544733 no fue llevado a revisión post

reparación, que la boleta de revisión post reparación número 51737 es dudosa e

inconsistente y que las gestiones de solicitar adicional de piezas, llevar

el auto a valoración y revisión post reparación es el señor Carlos Ramírez

Mayorga, que no tiene poder, ni legitimación para realizar tal acto. En

mérito de ello, del análisis de las causales en las que se fundamentó la

entidad aseguradora para declinar el reclamo de indemnización, se observa

que si bien se determinó una anomalía en el trámite de indemnización, la

situación resulta imputable al Taller Tecnoservicios Rama S.A. que reparó el

vehículo en cuestión y a su representante el señor Carlos Ramírez Mayorga, así

como a la funcionaria del Instituto Nacional de Seguros […], sin

que se haya acreditado la participación en tales actos anómalos de la actora o

de la señora afectada por la colisión Ana Eugenia Casafont Broutín [sic]

hechos probados 20 al 22).” (Lo subrayado no es del original). Como se

colige de lo anterior, el Tribunal, sustentado en las propias conclusiones del

ente demandado, concluyó, aspecto que no fue cuestionado por el casacionista,

que el apoderado que designó la señora Casafont Broutin, don William Sáenz

Sánchez, no participó en los hechos anómalos que se determinaron en el chequeo

post-reparación. En consecuencia, distinto a lo señalado por el recurrente, no

erró el Tribunal al valorar y tener, como no demostrado, que la parte demandada

demostrara que doña Ana Eugenia hubiese tenido alguna participación en ellos.

Ergo, no se configura la indebida valoración probatoria argumentada. Por

consiguiente, se impone el rechazo del presente motivo de disconformidad.

En la segunda

y última censura, indica el casacionista, el Tribunal conculcó los

numerales 1022 del Código Civil, 411 del Código de Comercio, las cláusulas 3

inciso c) y 15 inciso a) punto 4) de las Condiciones Generales del Seguro

Voluntario de Automóviles número 01 09 AUT 113237; así como el artículo 166 de

la Ley de Tránsito. La cuestión sometida a conocimiento de la autoridad

judicial, alega, se refiere a la ejecución de un contrato de seguros. Por

consiguiente, anota, como bien  lo indicó el Tribunal, esta controversia

debe resolverse conforme al Derecho Privado (canon 5 inciso e) de la Ley

Reguladora del Mercado de Seguros). Consecuentemente, agrega, resultan

aplicables los preceptos 1022 del Código Civil y 4 de la Ley de Seguros, lo que

conlleva que deben privar las estipulaciones lícitas de la póliza. La parte

actora, afirma, pretende se obligue a su mandante a aplicar el seguro

voluntario de automóviles, a fin de cancelar la reparación del vehículo de doña

Ana Eugenia bajo la cobertura C, que ampara los daños y perjuicios ocasionados

por el automotor asegurado a la propiedad de terceros, en caso de

responsabilidad extracontractual subjetiva. Empero, agrega, se incumplió uno de

los requisitos que establece el contrato de seguros para ese efecto. El numeral

3 inciso c) de las Condiciones Generales del Contrato de Seguros, asevera,

dispone la manera como la citada cobertura opera. Transcribe esa cláusula.

Distinto a lo ahí preceptuado, arguye, en esta lite, la actora y asegurada de

la póliza no fue condenada, mediante sentencia firme, al pago de ninguna suma

de dinero; consecuentemente, arguye, no le asiste derecho para reclamarle a su

representado monto alguno. Además, indica, consta en el expediente de tránsito

no. 08-007513-0497-TR –admitido como prueba para mejor resolver- que la

asegurada aceptó pagar la reparación de su propio peculio, sin hacer uso de la

póliza –acuerdo visible a folios 38 a 40-; motivo por el cual, el juez procedió

a dictar un sobreseimiento –folio 42-. De este modo, agrega, la asegurada no

solo no cuenta con el requisito contractual citado; sino que, además, incumplió

el precepto 166 de la Ley de Tránsito, el cual establece que, para hacer uso de

la póliza, si se quiere conciliar, debe contarse con la aprobación de la

entidad aseguradora. Al pagar de manera voluntaria y sin la autorización del

ente asegurador, arguye, surge una causal de exclusión de la cobertura del seguro,

tal y como está contemplado en el artículo 15 inciso 4) de la Condiciones

Generales del Contrato, el cual reproduce. Esto, concluye, resulta más grave,

por cuanto la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado era no

evidente, pues el automóvil recibió el golpe en la parte trasera, con lo cual

se presume la responsabilidad del chofer del automotor no asegurado.

En primer

lugar, es menester indicar que no resulta de recibo el aserto del casacionista

tocante a la eventual infracción del artículo 15 inciso 4) de las Condiciones

Generales del Contrato de Seguro, sustentado en que “[…] la responsabilidad

del conductor del vehículo asegurado no [sic] evidente, ya que éste

automóvil recibió el golpe en la parte trasera, con lo cual se presume la responsabilidad

del conductor del vehículo no asegurados [sic].” Ello por cuanto, según lo

que tuvo por demostrado el Tribunal, aspecto que no fue cuestionado, el

accidente fue a la inversa. Es decir, el vehículo asegurado fue quien colisionó

la parte trasera del de la señora Casafont Broutin. En este sentido, en el

hecho demostrado número tres, el cual, se insiste, no fue impugnado por el

recurrente, el Tribunal dispuso: “Que el día cuatro de noviembre del año

2008 el vehículo placas CL 227057 propiedad del Rancho Hípico de Aranjuez S.A.

y conducido por […], colisionó en la parte trasera al vehículo

Volkswaguen [sic] Touareg, placas 544733, frente a Super [sic]

Gigante en Heredia (folios 103 al 129 y del 207 al 256 del

principal). (Lo subrayado es suplido).

En segundo

término, el Tribunal, en el susodicho

II.2, luego de establecer la

situación anómala presentada en la revisión post arreglo del vehículo de doña

Ana Eugenia –reseñada en el apartado IV de esta sentencia-, la cual, según

indicó, era achacable al Taller Tecnoservicios Rama S.A., a su representante

legal y a una funcionaria del ente demandado, afirma: “[…] En ese sentido,

como se acreditara en la audiencia de juicio, es práctica común en los trámites

de reparación de los vehículos, que los asegurados en razón del poco tiempo que

poseen, de la dificultad que le representa la compra de los repuestos, así como

de los diversos trámites que se deben realizar, autorizar al taller de su

escogencia, para que sean estos quienes se encarguen de todo lo relacionado con

la valoración, compra de repuestos cobro y reparación del vehículo. En mérito

de ello, resulta desproporcionado y violatorio del principio de buena fe

contractual, el que el Instituto Nacional de Seguros, sin haber acreditado la participación

del asegurado en fraudes o colusiones ilegales, lo responsabilice y lo sancione

con el no pago de la indemnización por las faltas cometidas por los talleres

donde se reparan. Por ello, lo procedente es que la entidad aseguradora en los

casos que no se ha logrado probar la mala fe del asegurado y que sea partícipe

de actuaciones fraudulentas, o trámites ilegales o indebidos, comunique tal

anomalía al asegurado, para que este tome las previsiones del caso, revoque la

autorización o el poder y proceda a realizar los trámites de indemnización en

forma legal y debida. En el presente asunto, al haberse acreditado que las

actuaciones irregulares las cometió el señor Carlos Ramirez Mayorga, quien

declaró haber llevado el vehículo a revisión post reparación, sin haberlo

realizado (declaración jurada que consta a folios 85 al 86 del tomo tercero del

expediente administrativo del caso 170108-22209), y haber manifestado el propio

instituto [sic] que no [sic] de Rancho Hípico de Aranjuez y Ana

Eugenia Casafont Broutín [sic] (hecho probado 24), lo que lógicamente se

dio ante la no cancelación por parte del Instituto asegurado [sic] de

los daños y reparación reclamados, sin que en todo caso tal hecho enerve la

responsabilidad que le corresponde a la demandada de cumplir con las

obligaciones contractuales, o coarte el derecho de la afectada de acudir a

estrados judiciales a incoar el cobro de los pagos en que incurrió, ante la

negativa del Instituto de cumplir con los términos de la póliza de automóviles.”

Esta Sala no comparte lo señalado por el Tribunal. En primer lugar, según se

indicó en el considerando IV de esta sentencia, y como se tuvo por probado en

el fallo en estudio, fue doña Ana Eugenia quien llevó su vehículo al taller

Tecnoservicios Rama S.A., no la empresa asegurada. Luego, le otorgó poder al

señor William Sáenz Sánchez, para que procediera, ante el INS, a efectuar los

trámites relacionados con el accidente de tránsito; no designó como apoderado

al “taller” ni tampoco a su representante, Carlos Ramírez Mayorga, como lo

afirma ahora el Tribunal sin ningún sustento fáctico. Más bien, este fue uno de

los aspectos que el ente asegurador adujo como anómalo y que el propio Tribunal

aceptó. En segundo término, la juzgadora y los juzgadores, también acreditaron,

hecho probado número dos, “Que el contrato de póliza de seguro de

automóviles celebrado entre la Sociedad Anónima Rancho Hípico Aranjuez [sic]

y el Instituto Nacional de Seguros, para el aseguramiento del vehículo marca

Isuzu, placa CL-22705 [sic], se rige por las condiciones particulares,

especiales y generales vigentes a partir del dos de junio del 2008 (folios 1 al

43 del tomo II del expediente administrativo).” Estas Condiciones, en los

artículos 3 inciso c); 15 inciso A), subincisos 1, 3 y 19; 16 inciso F); 33, 34

y 38 disponen: “ARTÍCULO

COBERTURAS / […] C)

COBERTURA “C” RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SUBJETIVA POR DAÑOS A LA

PROPIEDAD DE TERCEROS / El instituto por esta cobertura, se

compromete con el Asegurado o con cualquiera de las PERSONAS ASEGURADAS en esta

póliza, hasta el límite de la suma asegurad [sic] por ACCIDENTE y en

exceso del deducible convenido en las Condiciones Particulares, a cubrir las

sumas que hayan sido obligadas a pagar, al ser condenados por RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRACONTRACTUAL SUBJETIVA mediante sentencia en firme, por los daños y/o

perjuicios a la propiedad de terceros, que hubiere ocasionado como resultado de

un accidente según lo define esta póliza, con motivo del uso del vehículo

asegurado cuando exista falta al debido [sic] deber de cuidado del

conductor asegurado (culpabilidad, imprudencia, negligencia e impericia). /

También cubrirá los casos donde se produzca un arreglo extrajudicial o judicial

a través de los mecanismos de la Resolución Alternativa de Conflictos, siempre

que se cumpla con las disposiciones vigentes para ese efecto, las cuales se

encuentran incluidas en la Sección IX de este Contrato. / La aceptación de

cargos que realice el Conductor del vehículo asegurado a título personal, no

obliga al Instituto al pago de la indemnización. […] SECCIÓN IV /

RIESGOS EXCLUIDOS / ARTÍUCLO

EVENTOS Y PÉRDIDAS NO AMPARADOS POR

ESTE CONTRATO / El Instituto no amparará: / A) BAJO TODAS LAS

COBERTURAS:

Los reclamos donde el asegurado incumpla las obligaciones

que establecen los incisos del artículo 16 de este Contrato. Excepto lo

establecido en el inciso G “Trámite de Indemnización”, donde el Instituto se

reserva el derecho de su aplicación. […]

Las

obligaciones que contraiga el asegurado sin el consentimiento del Instituto por

cualquier contrato, convenio, compromiso, arreglo sea éste último judicial o

extrajudicial. […]

El reclamo hecho bajo el amparo de

esta póliza que resulte fraudulento, o si el asegurado u otra persona

autorizada actuando en su nombre o en colusión con aquel, cometiere un acto

ilícito para obtener un beneficio al amparo de este seguro. […] SECCIÓN

V / INDEMNIZACIONES / ARTÍCULO

OBLIGACIONES DEL

ASEGURADO / El Instituto estará facultado para declinar o aplicar las

sanciones estipuladas en el artículo 17, a las reclamaciones, cuando el

Asegurado incumpla cualquiera de las siguientes obligaciones, así como las

estipuladas en las Condiciones Particulares y sus Addenda: […] F)

ARREGLO DE PAGO: / Sin la autorización previa y expresa del

Instituto, el Asegurado no hará arreglos, convenios, ni conciliaciones, ni pago

alguno en relación con las consecuencias económicas de un evento amparado por

este contrato, excepto si asume personalmente el costo respectivo. Para las

coberturas [sic] Responsabilidad Civil regirá lo dispuesto en la Sección

IX de este contrato. […] SECCIÓN IX / DISPOSICIONES PARA LA

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS BAJO LAS COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL EN LOS SEGUROS COMERCIALES DEL INS. / Artículo

/ El Asegurado que solicite la aplicación de la reparación de daños en

sede administrativa, deberá cumplir con todas las obligaciones que le demande

su contrato de seguro, que el riesgo esté cubierto por éste, que no se aplique

ninguna de las exclusiones contenidas en el mismo, que exista el aviso de

accidente presentado en forma oportuna, que exista interés asegurable y demás

condiciones. / Artículo 34. / Deben existir elementos de prueba

suficientes, a juicio del Instituto, para establecer la responsabilidad del

Asegurado. / El perjudicado o su representante de acuerdo a las disposiciones

que aquí se establecen, a efecto de fijar una suma justa y razonable, conforme

a las pruebas que se presenten de sus ingresos, así como cálculos matemáticos y

la negociación entre el Instituto, la víctima y el Asegurado homologarán en

Sede Judicial dicha propuesta del ente Asegurador. […] Artículo 38.

/ En el caso de que la culpabilidad sea atribuida a un Asegurado y la

víctima es No Asegurado, el Instituto aceptará indemnizar el daño del tercero,

sujeto a los límites de los avalúos efectuados por los peritos designados por

el INS a los bienes afectados, sin perjuicio de dichos avalúos como prueba

adicional fehaciente aportada por el perjudicado, a satisfacción del Instituto.

El lucro cesante o cualquier otro perjuicio reclamado será negociado entre el

No Asegurado y el Instituto dentro de parámetros justos y razonables, partiendo

de las pruebas que demuestren tales perjuicios.” Ninguna de estas cláusulas

fue cuestionada por la parte actora. Tampoco el Tribunal las declaró ilícitas

en su sentencia. Ergo, resultan de aplicación a esta lite, conforme al referido

hecho probado número dos y a lo dispuesto en el párrafo primero del precepto

cuarto de la Ley de Seguros, aplicable a esta lite en virtud de la fecha en que

suscribió la póliza de seguros; dicha norma prevé: “El contrato de seguro se

re­gula por las estipulaciones lícitas de la póliza respectiva y en su defecto

por las disposiciones de la presente ley.” Por su parte, el párrafo segundo

del artículo 166 de la Ley no. 7331, Ley de Tránsito por Vías Públicas

Terrestres, vigente cuando se suscribió la póliza de seguro y al momento del

accidente, dispone: “Si en el arreglo que se planea está de por medio la

aplicación de pólizas, la entidad aseguradora deberá autorizarlo expresamente.”

Al amparo de esas disposiciones, debe indicarse, en primer término, tal y como

se apuntó en el apartado IV de esta resolución, el Tribunal aceptó que existieron

anomalías en el trámite de cobro de la póliza; particularmente, en la revisión

post reparación del Vehículo Volkswagen Touareg, placas 544733. Por ello, a

tenor de lo previsto en el artículo 15 inciso A), sub inciso 19, se está ante

un evento y pérdida no amparada por el contrato de póliza de seguro con que

contaba la empresa actora, ya que implica un reclamo fraudulento. En segundo

lugar, el Tribunal también tuvo por demostrado, en el hecho número 24, “Que

mediante escrito de arreglo conciliatorio presentado ante el Juzgado de

Tránsito de Heredia, en la causa 08-7513-497-TR-3, por la colisión de los

vehículos placa [sic] CL-227057 y 544733, la señora Michelle Videchi

Rodríguez en representación de Rancho Hípico de Aranjuez y Ana Eugenia Casafont

Broutín [sic], manifiestan que por haber cancelado en su totalidad la

sociedad referida los daños ocasionados al vehículo de la señora Broutín [sic],

sin haber utilizado la póliza, solicitan homologar el acuerdo y dar por

finalizado el proceso (folios 245 al 250 del principal).” (Lo subrayado

es suplido). Como se infiere claramente, esta situación fáctica, al no contarse

con la participación y anuencia del INS, se enmarca dentro de lo dispuesto en

el inciso A) sub inciso 3 del precepto 15 de las Condiciones Generales como

evento y pérdida no amparada por el contrato de póliza de seguros. Además, se

quebrantó del inciso F) del canon 16 de esas mismas Condiciones, por ende,

configura un evento o pérdida no amparado por el contrato de seguro (artículo

15 inciso A, sub inciso 1); así como el párrafo segundo del artículo 166 de la

Ley no. 7331. Ergo, no le asiste derecho a la parte actora para pretender que

el ente asegurador cubra los daños sufridos por un tercero al amparo de la

póliza de seguros no. 01 09 AUT 0113237

Este argumento, si bien no

fue aducido por el INS para declinar el pago de los daños y perjuicios sufridos

por el vehículo de la señora Casafont Broutin en vía administrativa, fue

alegado en sede judicial, no solo al contestarse la demanda, sino también en la

etapa del juicio oral. Por ello, el Tribunal debió analizarlo, lo cual no hizo.

En este sentido, debe recordarse que este proceso es de naturaleza civil de

hacienda, razón por la que la Administración tiene la posibilidad, distinto a

lo que sucede en un contencioso administrativo, de brindar nuevos argumentos

para defender su posición. Por demás, se trata del fundamento jurídico que

sustenta el derecho de la parte actora para efectuar su reclamo –artículo 1022

del Código Civil-, al tratase de cláusulas que forman parte integral de la

póliza de seguro de automóviles suscrita por la sociedad actora, conforme lo

acreditó el Tribunal en el hecho tenido por demostrado número dos. Corolario,

lejos de ser la parte demandada quien quebrantó el principio de buena fe

contractual, como lo señaló el Tribunal, lo es la actora; pues, a pesar de

haber incumplido las obligaciones a las que se sometió cuando suscribió la

póliza de seguro de automóviles no. 01 09 AUT 0113237 00, pretende su ejecución.

En mérito de

las razones expuestas, se impone declarar con lugar el recurso interpuesto y

casar la sentencia cuestionada. Resolviendo por el fondo, acoger la excepción

de falta de derecho alegada por el ente demandado. En consecuencia, se declarará

sin lugar la demanda en todos sus extremos. Acorde con lo dispuesto en el

precepto 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se le impondrá el

pago de las costas del proceso a la parte actora.