Resolución 01578-2013

De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo,

el recurso resulta admisible en cuanto a los reparos procesales segundo

y cuarto, y los tres cargos sustantivos propuestos, en lo demás se

deberán rechazar de plano por las razones que se dirán. Acorde a lo señalado en

el canon 142 del cuerpo procesal de cita, se pone en conocimiento de la

admisión de este recurso a la Municipalidad de Curridabat por el plazo de 10

días hábiles. Solicítese a la sociedad actora se sirva aportar copias del

recurso para notificar a la representación estatal, en el entendido de que

mientras no lo haga no se le dará curso a su gestión.

El recurrente solicita

la celebración de la audiencia oral señalada en el ordinal 142 del Código

Procesal Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, en el caso

concreto no se aprecia que dicho trámite sea necesario, tomándose en cuenta los

temas en discusión, cuyo fundamento fue expresado al momento cuando se

interpuso el recurso, sin que se observe que la realización de dicha etapa

procesal aportaría elementos de relevancia para el dictado de la sentencia. Así

las cosas, siendo que el Código aplicable dispone que el señalamiento para

audiencia oral es facultativo del órgano que conoce del recurso de casación,

procede rechazar la solicitud planteada.

Se califica el recurso

de casación como una instancia de carácter extraordinaria, básicamente

por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es

pasible de tal recurso, sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al

primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo,

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a-) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b-) la que

declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92

del Código de cita, y c-) la que resuelve en forma final, el “proceso de

ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

declarados con lugar, contra o a favor de una Administración Pública (art.

183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no definan el

fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso

recursivo a la etapa casacional.  En lo que atañe a las causales, cabe

agregar que opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se

plasma en los preceptos 137 y 138 de la nueva legislación codificada. Para los

primeros, se efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en

los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto

de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios

(por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida

valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado,

formando parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente

normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta

interpretación o una desaplicación reprochable de la norma, conocida en la

tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Hecha la mención de

las resoluciones sobre las cuales cabe recurso de casación y sus causales, se

hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En

este sentido, bueno es recordar que la vocación antiformalista con que irrumpe

el Código Procesal Contencioso Administrativo en el ordenamiento jurídico

costarricense, permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es propio, ni su

naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su

finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la legislación procesal vigente para formular el

recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos y necesarios relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley,

en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que

sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse

de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el

artículo 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades

previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese

mismo numeral. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se

establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con ello, se modifica en forma

leve para el contencioso administrativo, el sistema vigente en la legislación

procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la admisibilidad y

acorde al canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la

parte contraria por el plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya

establecido, o en el lugar señalado dentro del Primer Circuito Judicial, de

acuerdo con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano

jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la estandarización del régimen

recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de

conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece

el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto

adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del día

hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una

serie de requisitos de “información” e “identificación” del

recurrente y del proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de

trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo

dispuesto en el precepto 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse:

a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las

partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por

abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e)

número de expediente en la cual fue dictada y f) lugar dentro del

perímetro para recibir notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no

corresponda a la misma sede, salvo, claro está, que se haya señalado algún medio,

excluido de cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo

electrónico). Con ello se completa el listado simple de exigencias

instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la

prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el

archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión, sino por la

desatención a lo prevenido judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en este caso,

material, en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior

valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso,

que por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este

sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre

inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados, o por

indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con los las

circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales, y jurídica,

cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o

indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es para nada indispensable, citar los preceptos que establecen los

requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la

cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en

práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la

fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como

aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de

artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las

alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha

dispuesto ya esta Sala interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos

en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De

allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la

que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta impertinente o

desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que

carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el

necesario requisito establecido en el numeral 139.3), que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del

mismo Código de rito.

En el caso en estudio,

la actora plantea su recurso por violación a normas procesales dividido en cuatro

agravios, de los cuales, se analizarán los identificados como primero y

En su primera censura endilga, violación a las normas

procesales cuya inobservancia sea sancionada con nulidad absoluta. Dice, tal y

como se establece en la razón de notificación de la sentencia que ataca, fue

notificado del fallo de las 15 horas del 16 de marzo de 2012, el día 15 de

marzo de 2012, a las 16 horas 32 minutos, es decir, un día antes de que fuera

dictado. Expresa, es materialmente imposible notificar lo que no existe, por lo

que la sentencia es nula según el precepto 150 inciso 1) del Código Procesal

Contencioso Administrativo (en adelante CPCA). En el tercer cargo alega,

el abogado de la Municipalidad de Curridabat no se hizo presente a las primeras

dos audiencias, no obstante, ello no se puso en conocimiento del Colegio de

Abogados.

Analizados en detalle

los cargos señalados, estima esta Sala, no se sigue una correcta práctica

casacional, pues la parte recurrente olvida que esta instancia procesal, no

corresponde a un recurso ordinario (como es el de apelación), ni resulta

suficiente manifestar una serie de disconformidades generales y meramente

argumentativas,  en tanto es menester, según se ha dicho, el contraste de

lo decidido con la infracción general que, en su criterio, tuvo lugar. Puede

apreciarse con meridiana claridad que el primer reclamo descansa en el

alegato de que, el fallo de las 15 horas del 16 de marzo de 2012 fue notificado

un día antes de que fuera dictado. No obstante, se observa, a folio 194 del

expediente, consta corrección de error material, en la cual se indica que la

fecha correcta de la resolución, es las 16 horas 15 minutos del 15 de marzo de

2012, por lo que evidentemente, fue notificada con posterioridad a su dictado.

En consecuencia, el agravio planteado resulta improcedente. En el tercero,

endilga que el abogado de la Municipalidad de Curridabat no se hizo presente a

las primeras dos audiencias, no obstante, ello no se puso en conocimiento del

Colegio de Abogados. En cuanto a este último cargo, es evidente, el

casacionista no hace mención al fallo que impugna, requisito insoslayable cuando

se acusa este tipo de infracción, ni la forma cómo esta ha sido quebrantada. No

explica los alcances de sus afirmaciones, ni refiere las circunstancias en las

cuales el Tribunal habría violentado la normativa aplicable al caso concreto.

Más bien, en sus motivos, el recurrente se inclina por exponer una serie de

argumentos, sin relacionarlos directamente con el quebranto de alguna

disposición normativa. En otras palabras, en los reproches de cita, desarrolla

simples discrepancias de criterio los cuales no muestran ninguna base jurídica

que les de soporte, a efecto de poder ingresar al estudio extraordinario

pretendido. En consecuencia, dichos reclamos resultan informales, por lo que

deberán rechazarse de plano. Dada la especialidad de las pretensiones que se

discuten en el proceso, estima esta Sala que la redacción de la sentencia posee

una excepcional complejidad, por lo que, conforme al numeral 149 inciso 4 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, su dictado podrá realizarse en un

plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del vencimiento del traslado

del recurso a la parte recurrida.