Resolución 00859-2012

De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 134, 139 y 142 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, el recurso planteado por la parte

actora resulta admisible con excepción del

segundo agravio de fondo que se declarará inadmisible por las razones que de

seguido se expondrán. El recurso del demandado si se admitirá en su

totalidad. Acorde con lo estipulado en el ordinal 142 del cuerpo normativo de

cita, se pone en conocimiento de la admisión del recurso de la parte actora al

Banco Nacional de Costa Rica, y del interpuesto por este último, a A., W., B. y

M., por el plazo de 10 días, una vez vencido este y si fuere del caso el de la

respectiva ampliación, díctese sentencia escrita.

Es menester referirse

a los requisitos necesarios para la admisión del recurso de casación.  Se califica este medio de impugnación como uno de carácter extraordinario,

básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda resolución

judicial es pasible de tal recurso, sino sólo las contempladas

en la ley. Y, segundo, porque las causales de impugnación en

esa etapa revisora son preestablecidas por el ordenamiento jurídico. En

lo relativo al primer aspecto, son susceptibles del recurso de

casación las sentencias y los autos con carácter se sentencia capaces de

producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el Código encargado de la materia,

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (artículo 62.3); b) la que

declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del cánon 92

del Código de cita, y c) la que resuelve en forma final, el “proceso de

ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

(numeral 183 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no

definan el fondo del

asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa

casacional.  En lo que atañe a las causales, cabe

agregar que se mantiene la dualidad entre lo procesal y lo sustantivo. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 de la nueva legislación

codificada. Para los primeros, se

efectúa un listado en términos amplios, de gran

cobertura, y ajustados en algunos casos a los presupuestos de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los

elementos probatorios (se tengan por demostrados o indemostrados hechos contra

la prueba que obra en autos, o bien, preterición o indebida valoración),

denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, formando

parte de este último grupo, se encuentra la infracción

estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida,

una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma,

conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Hecha la mención, de

las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, es

imprescindible conocer los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en

el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de

los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Así se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio, ni su naturaleza y

esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su finalidad

dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular el

recurso de casación, se articulan requisitos mínimos e imprescindibles

relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean, mediante ley, para este

particular recurso extraordinario, ya que sin ellos, no habría orden ni

equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera flexible y

razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del Código

de referencia, son los únicos requisitos y formalidades previstos para el

recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo numeral. De esta

manera, en el apartado 1) de la norma recién citada,

se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Se modifica en forma leve

para el contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la

legislación procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la admisibilidad;

de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en

conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días (notificándole por

el medio que haya establecido, de acuerdo con la comunicación que le fue girada

de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la

estandarización del

régimen recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de

conocerlos. Paso seguido, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo

para su interposición: 15 días hábiles, contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto

adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del

día hábil siguiente, de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una

serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del

proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser

subsanados en el plazo de 3 días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del

mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de

proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la

firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d)

hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente

en la cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones,

cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la misma sede, salvo, claro

está, que se haya señalado algún medio, excluido de cualquier

circunscripción territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con ello se

completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores requisitos

se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en este caso, material,

necesario para la admisibilidad y la posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la

motivación del

recurso, que por las características de la casación, ha de ser clara y precisa.

En este sentido, debe contener, tal como

lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la

medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por

demostrados, o  indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las

probanzas), o con las circunstancias acaecidas por violación de normas

procesales, y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de

la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre

el bloque de juricidad, incluidos por supuesto, los principios de rango

constitucional o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto,

después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la

infracción procesal, como en la probatoria, pueden

concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de

carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser

dirigidos en ambas vertientes. Por su parte, es necesario aclarar que de la

fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de

los cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal

apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas

que equivocadamente utilizó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y

razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y

desde luego, no es menester, citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes

que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se

pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así

las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, como  aquella argumentación

técnico-jurídica en la que se mencionan artículos, o reglas jurídicas

entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble

perspectiva: con los argumentos del

recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del

caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay

fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o

las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones

efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha

dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Sentencia n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto,

incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3), que se

sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140

inciso c) del mismo Código de rito.

En el subexamine, la

parte actora, desarrolla inconformidades procesales y de fondo, en lo tocante a

estas últimas, en el segundo agravio, reprocha, en la resolución impugnada, se

hizo una indebida valoración de la prueba pericial, contra de las reglas de la

sana crítica establecidas en cardinal 330 del Código Procesal Civil. Critica,

los montos otorgados en sentencia por concepto de daño, no toman en

consideración los criterios periciales brindados en juicio por el matemático M.H.

El reclamo, dice,  giraba en torno a un derecho a

recibir alimentos que tenían los actores M. y B., que se debía manifestar como

un resarcimiento del daño material y no como una renta vitalicia pagadera en

mensualidades. En síntesis, señala, no se aplicó la renta

conmutada conforme se establece para delitos penales.

VII.-

Es

evidente, en dicho reparo la impugnante, despliega una desavenencia respecto a

lo resuelto en el fallo recurrido, ya que en su criterio, se hizo una indebida

valoración probatoria,  no obstante, se observa, que omite mencionar la

normativa de fondo que resulta conculcada en razón del yerro que en su criterio se cometió en

la sentencia impugnada. No basta con que recrimine el proceder del Tribunal, ni que externe motivos por los que estima

improcedente lo resuelto, sino que le era ineludible hacer la correspondiente

relación técnico-normativa. Así las cosas, ante la evidente

desatención en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de

la resolución atacada, con otras razones normativas, no con simples y genéricas

disconformidades, lo pertinente es su inadmisibilidad. Por ende, se impone su

rechazo de plano.