Resolución 00649-2012

El recurso

resulta admisible, salvo los agravios que se dirán.

Se califica la

casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos

razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de

tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al

primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA),

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (artículo 62.3); b) la que

acoge las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92 del Código

de cita, y c) la que resuelve en forma final el “proceso de ejecución” de

sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional (numeral 183.3

ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no definan el fondo

del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa

casacional. En lo atinente a las causales, cabe agregar que opera la dualidad

entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y

138 del CPCA. Para las primeras, se efectúa un listado en términos amplios, de

gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la

oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los

elementos probatorios (por desapego o contradicción con ellos, o bien,

preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación

indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se

encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de

una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación

reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación

directa”.

Hecha la

mención de las resoluciones sobre las cuales cabe recurso de casación y sus

causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su

admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien acude a ella. Es así como se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio, ni su naturaleza y

esencia de recurso extraordinario, pues al fin y al cabo se mantiene incólume

su rol y su finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien,

pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular

el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante

ley, en tanto esenciales para este particular recurso extraordinario, ya que

sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse

de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en la

norma 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades

previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese

mismo mandato. De esta manera, en el apartado 1) del cardinal recién citado, se

establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante esta

Sala. Se modifica en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema

antes vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo

se pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con la disposición 142.1

del CPCA, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días

(notificándole por el medio que haya señalado, de acuerdo con la comunicación que

le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca

con esto la estandarización del régimen recursivo que presenta el Código, dado

que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan directamente

ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo

acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15 días hábiles

contados a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si

se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado empezará a

correr a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo

resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran,

en el apartado 2), una serie de requisitos de “información” e “identificación”

del recurrente y del proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de

trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo

dispuesto en el artículo 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse:

a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la firma del

recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la

resolución recurrida; e) número de expediente en el cual fue dictada y f) medio

para recibir notificaciones. Con ello se completa el listado simple de

exigencias instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se

incumpla la prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano y,

por ende, el archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión

misma, sino por la desatención a lo prevenido judicialmente.

A los

anteriores requisitos se agrega un último requerimiento material (canon 139.3

ibidem), en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior

valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso,

que por las características de la casación ha de ser clara y precisa. En este

sentido debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la

fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se

muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o

improbados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con las

circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; y jurídica,

cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o

indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la

probatoria, pueden concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, resulta necesario aclarar que de la

fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de

aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal

apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que

equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para

emitir y razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento

recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos que

establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del

recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se

cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la

casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse,

grosso modo, como  aquella argumentación técnico-jurídica donde se

mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas

entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los

argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se

cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas),

atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el

sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación

jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales,

reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas pero, por lo general, no

hacen a su esencia. Como lo ha externado ya esta Sala, interpretando el numeral

139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación

jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta

su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y

consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento”

(Resolución n.° 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008).

La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y

alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de

opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los

desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo

en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo

esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza

resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente,

habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto,

incumple el necesario requisito establecido en el precepto 139.3 idem, que se

sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en la norma 140

inciso c), ambas del mismo Código de referencia.

Si bien el

recurso consta de cuatro reproches de naturaleza procesal, que no son

debidamente diferenciados, pese a que cada uno de ellos contiene diferentes

motivos, que no guardan la necesaria conexidad entre sí, lo cual es contrario a

la correcta técnica casacional; razón por la cual, para efectos de su admisión

y a fin de salvaguardar una estructura lógica, esta Cámara reagrupa y reformula

el orden de los agravios, a fin de proceder al análisis por separado, tal como

legalmente procede. Primero, alega inobservancia de las reglas previstas

para la deliberación y redacción de los elementos esenciales del fallo.

Explica, sólo un Juez del Tribunal estudia el expediente, lo expone a los demás

miembros de ese órgano colegiado, y estos últimos, sin conocer el caso,

deliberan con la información que les expuso el redactor, quien los indujo a

error utilizando para ello omisiones y falacias; todo esto sin que la parte

actora pueda exponer a los demás jueces, sus argumentos fácticos y jurídicos. Segundo,

hace mención a varios aspectos. Exalta, en el aparte sobre resultandos, no se

resumieron todos los hechos y argumentos en los que fundamentó sus

pretensiones. Menciona, la parte dispositiva deviene falaz, sin que se le

permitiera (de previo a la sentencia), reclamar esa omisión, lo cual conduce a

un -por tanto- que no se fundamenta, en los hechos ni en los argumentos de la

parte actora. Señala, el INCOP nunca acreditó que la empresa generara daños y

perjuicios por el incumplimiento contractual. Continúa, si bien el INCOP fue

declarado rebelde, no procede aplicar la ley en el sentido de que se tienen los

hechos de la demanda como probados, sin considerar para ello las

argumentaciones de ambas partes. Expresa, el Juez decide de mutuo propio y

arbitrariamente sobre la prueba que incluye o excluye. Adiciona, se declaró con

lugar la excepción de falta de derecho, sin considerar ninguno de los

argumentos de la parte actora, a fin de fundamentar su improcedencia. Tercero,

refiere, por lo expuesto en los motivos anteriores se violaron normas cuya

inobservancia se sanciona con nulidad absoluta.

Los reclamos que se han detallado no se

ajustan a la técnica debida. El recurrente olvida que esta instancia no

corresponde a un recurso ordinario (como lo es el de apelación). En ese

sentido, no resulta suficiente manifestar una serie de disconformidades

generales y meramente argumentativas, en tanto es menester, según se ha

dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su

criterio, tuvo lugar. A partir de lo que se explicó en el considerando V, es

claro que los alegatos reseñados en este auto, carecen de la fundamentación

jurídica que, de manera sistemática y específica, combata los fundamentos de la

resolución recurrida con otras razones normativas, y no con simples y genéricas

diferencias de criterio. En los

agravios, se emiten opiniones sin un respaldo normativo. No se observa el

necesario e imprescindible vínculo con la sentencia que está siendo impugnada.

Los alegatos, expresan una disconformidad general con lo resuelto, sin indicar

la forma en la que, conforme lo establece el canon 134.2 del Código de rito, la

resolución recurrida contraviene el bloque de legalidad sobre aspectos

puntuales.  Omite combatir de una manera sistemática la sentencia, expresa

un listado de disconformidades de tipo argumentativo. Acerca de las

inconformidades respecto de la deliberación, resulta evidente, se trata de una

apreciación sin sustento normativo, una mera argumentación, sin que se precise

de modo claro y concreto quebranto alguno que pueda conllevar la nulidad de la

resolución cuestionada. Pese a que la recurrente alega infracción al debido

proceso e indefensión, no explica la forma en que ello se dio, ni el detrimento

que le causó. No se hace referencia a prueba alguna, ni deja patente, frente a

la conducta que reprocha, ninguna causa de perjuicio en su contra, a pesar de

la máxima según la cual no es procedente declarar una nulidad por la nulidad

misma. Por otra parte, en el que en esta resolución se identifica como segundo,

alude a algunas omisiones en el resultando sin precisar su incidencia en el

fallo. Tampoco precisa o describe los hechos de la demanda sobre los que no

hubo pronunciamiento, ni la forma en que la rebeldía del INCOP le causa

perjuicio. Nótese que reprocha la decisión en torno a la prueba que se admite o

rechaza pero no concreta el perjuicio que esa decisión le causa, ni se refiere

a la prueba puntual que en su criterio, debió ser observada. Tampoco vincula

con la resolución cuestionada, ni puntualiza las razones normativas por las

cuales estima, se acogió indebidamente la falta de derecho. Asimismo, no

se identifica o explica en que consiste la indefensión aludida, ni se refiere a

la omisión o quebranto de formalidades sustanciales o la violación de normas

que garanticen el curso normal del procedimiento. Además, no indica las normas

cuya inobservancia, dice, se sanciona con nulidad absoluta. En conclusión, los cargos resultan ayunos de la

fundamentación exigida por el CPCA, motivo por el cual este órgano casacional

se ve impedido para conocerlos, en virtud de lo cual procede rechazarlos de

plano.

Por el fondo,

acusa una única infracción, indebida valoración de la prueba,

manifiesta, a pesar de que todos los elementos fácticos fueron acreditados con

la prueba aportada, la sentencia es totalmente omisa respecto de los hechos 1,

2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 y 12 de la demanda. Aclara, la prueba de los 14 hechos fue

admitida sin oposición del INCOP, a pesar de ello, no fueron citados, ni

considerados en la parte dispositiva. Enuncia, en lugar de ser incorporada al

expediente principal, la prueba presentada por la parte actora se mantuvo en un

legajo separado. La prueba de los 14 hechos, asegura, fue admitida durante la audiencia

preliminar sin que mediara oposición por parte del INCOP. Sin embargo,

advierte, el Tribunal tergiversa los hechos 5, 10 y 12, y valora parcialmente

la prueba, asimismo, omite apreciar los elementos ofrecidos a los folios 41 –

45, 53 – 54 bis y 67 del legajo de la parte actora. Asimismo, aduce

contradicción entre los hechos probados, los no demostrados y el acervo

probatorio. Reproduce sus anteriores alegatos. Describe, no se citó ni

consideró los hechos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 y 13 de la demanda. De tal

manera, señala, el Tribunal omite valorar los documentos visibles a los folios

207, 110 -118, 134 bis, 69, 1-5, 41 – 47 bis, 51 – 52 bis, 63 – 66 bis, 53- 54

bis, 48, 48 bis, 40 – 50  bis, 67, 6 – 29, 39 bis, 40, 30, 39, 83 - 90,

118, 134 – 206, 50 – 119 y 134 todos del legajo ofrecido por la parte

actora; además de los folios 50 a 119 y 135 a 206 del expediente judicial, por

medio de las cuales, reitera, demostró los hechos del 1 al

14.

Esta Sala no entrará al análisis de los

reclamos sustanciales descritos. Los planteamientos son genéricos, confusos e

informales. Nótese que se limita a solicitar que se tengan por demostrados la

totalidad de los hechos consignados en la demanda, sin embargo, no se observa

el necesario e imprescindible vínculo con la resolución recurrida ni se

especifica nada acerca de los alcances de la indebida valoración o el error de

apreciación alegados, en relación con aspectos fácticos y/o probatorios en

concreto. No es resorte de la Sala incursionar en labores interpretativas, para

tratar de desentrañar, a que se refiere el recurrente. En esa inteligencia,

esta Cámara no tiene un punto cierto de referencia a partir del cual resolver.

Si bien enlista los folios que sirven de fundamento para su reclamo, no

puntualiza o describe, sobre qué cuestiones y en qué términos, esas probanzas

fueron mal apreciadas, valoradas o preteridas por el Tribunal de manera que se

infiera un motivo de casación por violación indirecta. En virtud de lo expuesto

procede su rechazo.

De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 134, 139 y 142 del CPCA, el recurso planteado resulta admisible

parcialmente, debiendo rechazarse de plano respecto de los cargos indicados.

Acorde a lo dispuesto en el canon 142 idem, se pone en conocimiento de su

admisión a la demandada por el plazo de 10 días hábiles.