Resolución 00623-2012

De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 139 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, el recurso resulta admisible en

cuanto a los reparos segundo y tercero, en lo demás se deberá rechazar de plano por las razones que

se dirán. Acorde a lo señalado en el canon 142 del cuerpo procesal

de cita, se pone en conocimiento de la admisión de este recurso a las

codemandadas por el plazo de 10 días hábiles.

Se califica el recurso

de casación como

una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos razones.

En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa

revisora no son abiertas, sino preestablecidas de igual modo, por el

ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son

susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son

aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia

de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento.

Frente a esta fórmula genérica, el propio Código

Procesal Contencioso Administrativo, puntualiza algunas resoluciones

particulares a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se

encuentran en esta posibilidad las siguientes: a-) la que declara la

inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b-) la que declara con lugar las

defensas previas indicadas en el apartado 6) del cánon 92 del Código de cita, y

c-) la que resuelve en forma final, el “proceso de ejecución” de sentencia en

habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional declarados con lugar, contra

o a favor de una Administración Pública (art. 183.3 ibidem). Por ende, a los

autos comunes y resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, les

está vedado el paso

recursivo a la etapa casacional.  En lo atinente a las

causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y las

sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138

de la nueva legislación codificada. Para

los primeros, se efectúa un listado en términos

amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos cuando procede, ajustados a

las reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se

prevé la posible infracción de los elementos probatorios (por disonancia o

contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada

comúnmente “violación indirecta”. Desde otro ángulo, formando

parte de este último grupo, se encuentra la infracción

estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida,

una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma,

conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Hecha la mención de

las resoluciones sobre las cuales cabe recurso de casación y sus causales,

resulta imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad.

En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en

el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como

vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los

quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como

se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es propio, ni su

naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su

finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la legislación procesal vigente para formular el

recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante

ley, en tanto esenciales para este particular recurso extraordinario, ya que

sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse

de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el

artículo 139 del Código de referencia, son los únicos previstos para el recurso

de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo numeral. De esta manera,

en el apartado 1) de la norma recién citada, se

establece que el remedio impugnaticio en mención deberá presentarse

directamente ante esta Sala. Con ello, se modifica en forma leve para el

contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la legislación

procesal civil, dado que, ahora, esta Cámara se pronuncia sobre la

admisibilidad y de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo

pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días

(notificándole por el medio que haya establecido, o en el lugar señalado dentro

del Primer Circuito Judicial, de acuerdo con la comunicación que le fue girada

de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la

estandarización del

régimen recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de

conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece

el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas a todas las partes. Si se hubiere

interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una

serie de requisitos de “información” e “identificación” del

recurrente y del proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de

trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo

dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a)

el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c)

la firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d)

hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente

donde fue dictada y f) lugar dentro del perímetro para recibir notificaciones,

cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la misma sede, salvo, claro

está, que se haya señalado algún medio, excluido de cualquier circunscripción

territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con ello se completa el listado

simple de exigencias instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo

en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto, se dispondrá

el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en ese caso, no

sólo por la omisión, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento (artículo

139.3) ibídem, en este caso, material, en tanto necesario para la admisibilidad

y para la posterior valoración del

recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso,

que por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como

lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica

del caso. Fáctica,

en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por

demostrados, o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las

probanzas), o con los las circunstancias acaecidas en la violación de normas

procesales, y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone

acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma

que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de

rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto,

después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada.  Tanto

en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con

las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese

sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas

vertientes, so pena de inadmisibilidad. Necesario es, además, aclarar que de la

fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de

aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal

apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas

que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia

para emitir y razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento

recurrido. Y desde luego, no es indispensable, citar los preceptos que

establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del

recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo

imprescindible es que se cumplan, y se pongan en práctica al momento de elaborar

e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por

ley, puede entenderse, grosso modo, como  aquella argumentación técnico-jurídica en la que se

mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o

concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con

los argumentos del

recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del

caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay

fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o

las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones

efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha

dispuesto ya esta Sala interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es por tanto, ajena

al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple

el necesario requisito establecido en el numeral 139.3), que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el mandato 140 inciso c) del mismo

Código de rito.

En el caso en estudio,

el actor plantea su recurso por violación a normas sustantivas, dividido en seis

agravios, de los cuales, en el primero, endilga violación al debido

proceso, en tanto a su representada se le está haciendo pagar por actos y

omisiones de terceras personas. Refiere, la resolución que impugna, confunde

quién es la parte actora en este proceso, confusión

por la cual, le achaca acciones u omisiones que son responsabilidad de un

tercero, extraño al litigio. En el cuarto, acusa violación de los

preceptos 28, 34, 39 , 41 y 45 de la Constitución Política,

e indebida aplicación del numeral 122 del CPCA, debido a que adquirió su

propiedad sobre el inmueble 97844, mediante un acto lícito otorgado al amparo

de la publicidad registral, del cual no se derivó ningún perjuicio para

terceros. Agrega, no se le puede despojar de lo que adquirió

en forma lícita. Dice, el ordinal 122 del CPCA, autoriza

al juez a declarar la disconformidad de la conducta administrativa con el

ordenamiento jurídico, lo cual, solo de manera excepcional se podría imponer al

administrado. Afirma, en este asunto ninguna otra

parte ha deducido pretensiones respecto del

cierre del

asiento registral, que de manera errada publicita un inmueble inexistente. Advierte, el numeral 122 de cita no faculta a resolver conflictos

de los sujetos privados no debatidos en el proceso. Asevera,

no es cierto que existan dos inmuebles, el no. 66684 y el 97844, puesto que el

primero junto con el no. 60026, al fundirse, desaparecieron. Añade, el

Tribunal resuelve tutelando la buena fe, de quienes

inducidos a error por el Registro, creyeron adquirir una finca que no existe,

puesto que fue cerrada y como

tal desapareció. En el quinto, argumenta la sentencia

recurrida es oscura, incongruente y contradictoria. Adiciona, el fallo

establece que ella no pidió la nulidad del acto administrativo

que ordenó ventilar el asunto en sede judicial o jurisdiccional; considera, de

haberse pedido, se estaría recurriendo ante la autoridad judicial para decirle

que no resuelva el conflicto que le está vedado resolver a la Administración,

dejando en un limbo al administrado. Señala, está claro se pidió la cancelación

del asiento que erradamente publicita una finca inexistente  y que la Administración

resolvió, el asunto debía ventilarse en sede judicial, entonces, cuestiona,

cómo se iba a impugnar o pedir la nulidad de ese acto. Expresa, el Tribunal

reconoce el nacimiento de la fina no. 97844 como entidad jurídica independiente, pero no los

derechos de terceras personas quienes como

tal la adquirieron al amparo de la publicidad registral. Refiere,

existentes confusiones en el fallo, que le perjudican, en tanto violan el

principio de razonabilidad. Estima, ejemplo de lo anterior es que al

inicio del

fallo se indicara que los alegatos del Estado no son de recibio, para luego

mencionar que no puede desconocerse la protección de los derechos de los

coaccionados adquirentes de buena fe. En el sexto,

acusa falta de emplazamiento y deficiencia en la composición de la litis.

Asegura, en la resolución recurrida, el patrimonio de la sociedad fue cercenado

en mas de la mitad, lo que implica que en esa proporción, se haya reducido la

participación económica de los socios, sin dárseles oportunidad de defensa, lo

cual ocurrió al arrogarse el Tribunal facultades que no tiene respecto de

particulares, los cuales no fueron traídos a colación en la audiencia

preliminar. Establece, el canon 122 es de aplicación

respecto de hechos controvertidos, pero en el caso de examen, afirma, se

aplicó exclusivamente respecto del error u

omisión del

Registro Público. Añade, las consecuencias que de ese

error derivaron para otras personas, no tienen por qué perjudicar o beneficiar

a la actora, puesto que esos personas que fueron inducidas por el Registro a

creer que tenían la posibilidad de constituir derechos reales sobre un inmueble

inexistente.

Analizados con detalle

los cargos señalados, estima esta Sala, no se sigue una correcta praxis

casacional, pues la parte recurrente olvida que esta instancia procesal, no

corresponde a un recurso ordinario (como es la apelación), ni resulta

suficiente manifestar una serie de disconformidades generales y meramente

argumentativas,  en tanto es menester, según se

ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su

criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con meridiana claridad que los reclamos,

descansan sobre el hecho de que el Registro Público, mantuvo sin “cerrar” una

propiedad que según se alega, habría sido objeto de una reunión de fincas. En

su opinión, se violentan mandatos constitucionales y legales, pues no se puede

despojar a quien adquirió al amparo del registro. Agrega, el numeral

122 del

CPCA, no autoriza al juzgador a resolver disputas entre particulares no

debatidas en el proceso. Apunta además, el Tribunal confunde

quién es la actora en el presente litigio. Sin

embargo, se omite por completo la fundamentación jurídica requerida para

su conocimiento. No se menciona, la forma cómo se ha irrespetado alguna norma de fondo, requisito insoslayable cuando se acusa este

tipo de infracción. Aunque acusa una falta de emplazamiento y deficiencia en la

composición, no refiere a que otras partes debió convocarse al proceso, no

brinda las razones para ello, ni explica los alcances de sus afirmaciones;

menos aún refiere las circunstancias en las cuales el Tribunal habría

violentado normativa aplicable al caso concreto. Tampoco es de recibo el vicio

de incongruencia que alega, pues en efecto parece sustentar lo que en su

opinión sería una “incoherencia” en sus actuaciones, sin que en ningún momento

se llegue a confrontar lo peticionado, en los hechos, petitoria, contestación o

excepciones, con lo concedido en sentencia. Si bien menciona que se pidió la

cancelación del

asiento que erradamente publicita una finca inexistente, no refiere las

actuaciones del Tribunal, por las cuales estima se habría incurrido en el vicio

apuntado, sea al haber concedido, mas o menos de lo pedido, o porque se haya

otorgado cosa distinta de la reclamada. De consiguiente, estima esta Cámara, de

un repaso detenido, no se encuentra discordancia entre

lo pretendido y lo dispuesto, razón por la cual procede el rechazo del cargo. Más bien, en

sus motivos, el recurrente se inclina por exponer una serie de argumentos, no

relacionados de manera precisa con el punto medular del recurso. En

otras palabras, desarrolla simples discrepancias de criterio que no muestran

ninguna base jurídica que le de soporte, a efecto de

poder ingresar al estudio extraordinario pretendido. En consecuencia, dichos

reclamos resultan informales, por lo que deberán rechazarse de plano. Dada la

especialidad de las pretensiones que se discuten en el proceso, estima esta

Sala que la redacción de la sentencia posee una excepcional complejidad, por lo

que, conforme al numeral 149 inciso 4 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, su dictado podrá realizarse en un plazo máximo de 10 días

hábiles, contados a partir del vencimiento del traslado del recurso a la parte

recurrida.