Resolución 00533-2012

Se

califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente

por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es

pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo

lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son

abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En

lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son

susceptibles del recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de

sentencia capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de

conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el propio Código Procesal

Contencioso Administrativo (CPCA), puntualiza algunas resoluciones particulares

a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en

esta posibilidad las siguientes: a) la que declara la inadmisibilidad de la

demanda (artículo 62.3); b) la que declara con lugar las defensas previas

indicadas en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que

resuelve en forma final el “proceso de ejecución” de sentencia en habeas corpus

y amparos de la

Sala Constitucional (art. 183.3 ibídem). Por ende, los autos

comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan

término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo que

atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y

las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 íbid. Para las

primeras se efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los

presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la

oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los

elementos probatorios (por desapego o contradicción con ellos, o bien,

preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación

indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se encuentra la

infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación

indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la

norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación

directa”.

Una

vez hecha la mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación

y sus causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para

su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y

esencia, pues al fin y al cabo se mantiene incólume su rol y finalidad dentro

del régimen procesal moderno.

Ahora

bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para

formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de

requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se

crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso

extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal;

empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa

recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los

únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según

lo señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1)

de la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá

presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia. Se modifica, en forma leve para el contencioso administrativo, el

sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo se pronuncia

sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del Código de la

materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días

(notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo con la

comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de

instancia). Se busca con esto la estandarización del régimen recursivo que

presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se

presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden

de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su

interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de

notificadas todas las partes. Si se hubiere

interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir

del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre

ello. Superado el tiempo y lugar de presentación se enumeran, en el apartado

2), una serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente

y del proceso que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”),

pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el

numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de

proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o

recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución

recurrida; e) número de expediente en el cual fue dictada y f) medio para

recibir notificaciones. Con ello se completa el listado simple de exigencias

instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la

prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el

archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la

desatención a lo prevenido judicialmente.

A

los anteriores requisitos se añade un último requerimiento material (artículo

139.3 ibídem), en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior

valoración del recurso por el fondo. Se trata de la motivación del recurso, que

por las características de la casación ha de ser clara y precisa. En este

sentido debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la

fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se

muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por

indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con los las

circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; y jurídica,

cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o

indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de

estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica

al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la

fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o

reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones

las alegaciones efectuadas pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo

ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...]

deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n.° 318-A-2008, de las 14

horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple

el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos

del mismo Código de referencia.

En

el asunto de análisis, en el agravio que se dirá, el Estado expresa una serie

de disconformidades generales y meramente argumentativas, en las que omite el

contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar. En

el reclamo que identifica como “violación de normas sustantivas”, señala

que con los testigos de la parte actora y el señor L. se demostró que el

mantenimiento de la ruta 918 implicó ruptura de tubos o cañería que estaba bajo

esa carretera y sobre el derecho de vía, pero que no contenía agua, pues de

haberla habido, la empresa subcontratada por el Consejo Nacional de Vialidad

(Conavi), a saber, F. Sociedad Anónima, habría procedido con la reparación. No

obstante, continúa, el Tribunal tuvo por demostrado que entre noviembre de 2007

y enero de 2008, el Conavi produjo rompimiento en el acueducto, y que por ello

la finca 48061-000 sufrió desabastecimiento de agua, durante ese mismo período.

Pero, prosigue, los testigos no manifestaron, con certeza, que el acueducto fue

roto con maquinaria contratada por el Conavi; lo que indicaron es que al

verificar que a la propiedad de T. no entraba agua, salieron a revisar, y allí

encontraron maquinaria del Conavi. Además, anota, el Tribunal desconoció que el

testigo C. M. expresó que nunca se rompió tuberías con agua, pues antes de que

pasara la maquinaria, ya estaban dañadas, nunca sostuvo que esos tubos tuviesen

el líquido, ni que formaran parte del acueducto que había sufrido daño con

anterioridad a los trabajos sobre la ruta 918. De la anterior reseña, se

observa que aún cuando el casacionista identifica probanzas que en su parecer

fueron erróneamente valoradas, omite indicar qué normas sustantivas resultan

vulneradas, con lo cual incumple la fundamentación jurídica que exige el CPCA,

y por ende, el cargo no resulta admisible.

De

conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, 139 y 140 inciso c) del

CPCA, se admitirá el recurso planteado por el Conavi en su totalidad. Se

admitirá parcialmente el formulado por el Estado, con la salvedad del motivo

por violación de normas sustantivas, que se rechazará. Así las cosas, esta

admisión se pone en conocimiento de la parte actora y se le confiere traslado

por el plazo de 10 días hábiles. Debido a la especialidad de las pretensiones

discutidas en el proceso, esta Sala estima que la redacción de la sentencia

posee una excepcional complejidad y así deberá declararse conforme al numeral

149 inciso 4) ejúsdem. Por ello, su dictado podrá

realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del

vencimiento del traslado del recurso.