Resolución 00391-2012

Con base en los hechos que expuso y

disposiciones legales que citó, la sociedad actora estableció proceso de

conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: "

[…] la nulidad absoluta, de la  resolución SR-SA-01-VR-0686-7

de las 8:04 minutos del 27 de marzo del (sic) 2007 de la

Administración Tributaria de San José, y el Fallo (sic) No. (sic)

491-2008 de las 10 horas 10 minutos del 25 de

noviembre de 2008, del

Tribunal Fiscal Administrativo, que ordenan la sanción de cierre de negocios

contra mi representada, dejando sin efecto dicha sanción.

Subsidiariamente,

solicito revocar los actos indicados en el punto 1.

En caso de ejecutar la

sanción de cierre contra mi representada, condenar al Estado al pago de los

daños y perjuicios, los que serían cuantificados en proceso de ejecución de

sentencia.

En caso de oposición por parte del Estado, condenarlo al pago de

las costas.

El Estado contestó conforme a folios 27 a 57 e interpuso la

excepción de falta de derecho; así como

la expresión genérica de “sine actione agit.” Asimismo, renunció al

proceso conciliatorio.

La audiencia preliminar se efectuó a las 9

horas 39 minutos del 30 de agosto de 2010, oportunidad en que todas las partes

hicieron uso de la palabra.

El Tribunal Contencioso Administrativo,

Sección Sexta, integrada por los jueces Cynthia Abarca Gómez, Marianella

Álvarez Molina y Otto González Vílchez, en sentencia n.° 4009-2010 de las 16

horas 10 minutos del 26 de octubre de 2010, dispuso: "Se rechazan las excepciones de falta de legitimación

activa y pasiva, así como la de falta de interés actual. Se acoge la excepción

de falta de derecho interpuesta por el Estado. En consecuencia, se declara sin

lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas a cargo de A. S.A.”

La sociedad

actora formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se

apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

6.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la Magistrada Escoto Fernández

En la demanda

origen de este proceso, A. S.A., (en adelante Almafisa), manifestó, mediante

requerimiento de pago ATSJ-ACA-PS-112-2006, notificado el 22 de noviembre de

2006, la Administración Tributaria de San José le requirió el pago de

autoliquidaciones por retención de impuestos sobre las ventas, relativas a los

meses de febrero, noviembre y diciembre 2005, enero, febrero, marzo, abril,

mayo junio y julio 2006, así como las correspondientes al impuesto general

sobre las ventas de octubre, noviembre y diciembre 2004, febrero, noviembre y

diciembre 2005, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2006. No

obstante, afirmó, dicha gestión le fue notificada en un lugar en el cual ya no

se encontraban sus oficinas, lo que le impidió conocerlo. Refirió, si bien es

cierto que el domicilio registrado ante la Dirección General de Tributación (en

lo sucesivo DGT), seguía siendo el mismo, debe tenerse en cuenta, que en su

condición de almacén fiscal, sí comunicó oportunamente dicho cambio a la

Dirección General de Aduanas (en lo siguiente DGA). Así, establece, la DGA en

resolución RES-AUT-DGA-165-2005, tomó nota de la ubicación de las nuevas

instalaciones. El 4 de enero de 2007, agregó, se le notificó el traslado de

cargos no. ATSJ-TC-74/2006 de 14 de diciembre de 2006, por dejar de ingresar

las sumas retenidas en el plazo concedido al efecto. Dijo, mediante oficio

SR-SA-01-VR-0686-7, se ordenó el cierre de su negocio, por supuesta violación del precepto 86 del

Código de Normas  y Procedimientos Tributarios (en lo subsiguiente CNPT).

Agregó, por resolución no. SR-SA-01-VR-1695-8 del 17 de setiembre de 2008, fue

declarado sin lugar el recurso de revocatoria y se admitió la apelación que

interpuso contra la referida orden de cierre, la cual a su vez fue confirmada

por resolución no. 491-2008 de las 10 horas 10 minutos del 25 de noviembre de

2008, del Tribunal Fiscal Administrativo (en lo que sigue TFA). Indicó, su

representada solicitó medida cautelar de suspensión del cierre de negocio, que

fuera otorgada por el Tribunal Contencioso Administrativo, a las 15 horas del

20 de febrero de 2009, con una caución real de ¢45.000.000,00. Solicita, en

sentencia, se declare con lugar la demanda, se anule la resolución

sancionatoria SR-SA-01-VR-0686-7, y el fallo no. 491-2008 del

TFA, que ordenan el cierre del

negocio. Subsidiariamente, pide revocar dichos actos. En caso de ejecutar la

sanción de cierre de negocio, requiere, se condene al Estado al pago de daños y

perjuicios a cuantificar en ejecución de sentencia; y de existir oposición por

parte de la representación estatal, se le condene al pago de las costas. El

Estado contestó de forma negativa; opuso las excepciones de falta de derecho y

la expresión genérica de sine actione agit. El Tribunal acogió la excepción de

falta de derecho y rechazó las demás. Declaró sin lugar la demanda en todos sus

extremos e impuso las costas a la demandante vencida. Inconforme la actora

acude a casación.

Del análisis de la

censura planteada, se desprenden dos reproches de naturaleza sustantiva.

En el primero, reclama violación directa de los artículos 30, 69 y 77 del CNPT. Dice, la sentencia

incurre en una interpretación errónea de los preceptos citados, al limitar el

concepto de Administración Tributaria (en lo sucesivo AT), que establece la

norma, sólo a la DGT, excluyendo de este a la DGA, para establecer partiendo de

ahí que incumplió con el deber de reportar el cambio de domicilio. Sostiene,

por tratarse de materia sancionatoria, no cabe la aplicación pura y simple de

las normas sobre el domicilio fiscal previstas en el Título II art. 30 del CNPT, sino que rigen

los principios sancionatorios. Agrega, el conocimiento de la Administración

sobre el domicilio real y actual del

contribuyente, le obliga a hacerlo prevalecer para efectos de notificarle.

Expresa, la regla del numeral 30 del CNPT es una norma

incluida dentro del Título II, que regula la obligación tributaria, y en ese

tanto constituye una disposición de “Derecho Tributario Material”. Argumenta,

el procedimiento de examen, por el contrario, se ubica en el contexto del Título III del CNPT, dedicado al “Derecho Tributario

Sancionador”, en el cual rigen los principios del derecho punitivo. Cita sentencia de la

Sala Constitucional en apoyo de su tesis, que aduce, sentó línea

jurisprudencial. Así, continúa, las infracciones y sanciones administrativas

-por ser una manifestación del

poder punitivo del Estado-, deben respetar los principios constitucionales de

la materia penal. De ahí que su aplicación no puede ignorar las garantías

constitucionales de los ciudadanos. Adiciona, conforme al numeral 69 del CNPT, tanto la DGT como

la DGA son órganos del

Ministerio de Hacienda, al establecer que la frase Administración Tributaria,

alude a: “los órganos de la Administración Tributaria adscritos al

Ministerio de Hacienda”. Por esa razón, considera, una vez comunicado el

nuevo domicilio a la DGA, esa comunicación abarcó a la Administración

Tributaria, por lo que, el hecho de que los mecanismos de comunicación internos

de la AT sean pobres, no puede utilizarse en contra del imputado. De tal forma,

el requerimiento de pago, no surtió efectos, por lo que la infracción no se

configuró. Cita un precedente del TFA, en que se hizo prevalecer el

conocimiento notorio de la Administración sobre el domicilio real de un

expresidente, respecto del

domicilio formalmente inscrito. Al haberse notificado en lugar diferente del domicilio fiscal, afirma, también se violenta el

principio de debido proceso, en quebranto de las disposiciones disposición 77 y

148 del CNPT.

Cita en apoyo de su posición, sentencia del

Tribunal Constitucional Español y de la Sala Constitucional. En el segundo,

acusa violado el principio de igualdad, al dejar de aplicar el Tribunal el

precedente de un exmandatario de la República, el cual se ajusta al caso

concreto. Sostiene, en el asunto de examen, el requerimiento de pago tenía una

arista “de relevancia penal”. Argumenta, siguiendo el razonamiento utilizado en

el caso del expresidente, la DGT, como órgano que forma parte de la AT

sancionadora, debía tener conocimiento de la comunicación hecha a la DGA.

Estima, no puede utilizarse en contra de Almafisa, el hecho de que exista mala

comunicación entre las diversas dependencias de la AT. Manifiesta, con lo

anterior el Tribunal violenta el debido proceso.

En el primer

reclamo, sostiene el casacionista, el Tribunal interpreta erróneamente los

preceptos 30, 69 y 77 del CNPT, limitando el concepto de Administración

Tributaria, sólo a la DGT, para deducir de ahí, que incumplió con el deber de

reportar el cambio de domicilio. Refiere, tal interpretación no es posible, en

tanto se está frente a materia sancionatoria. Adiciona, el numeral 69 del CNPT,

establece que tanto la DGT como la DGA son órganos del Ministerio de Hacienda,

al establecer que la Administración Tributaria está constituída por “los

órganos de la Administración Tributaria adscritos al Ministerio de Hacienda”,

de lo cual, resulta, su comunicación a la DGA relativa al nuevo domicilio,

abarcó a la DGT. Para el Tribunal, los artículos 30 y 128 del CNPT imponen al

contribuyente la obligación de comunicar oportunamente su domicilio legal a la

AT, y los cambios correspondientes, a fin de facilitar el ejercicio de las

potestades de determinación y fiscalización. Agregan los juzgadores, en el caso

concreto, se tuvo por demostrado que tanto el requerimiento de pago como el

traslado de cargos le fueron comunicados a la actora en el domicilio que tenía

registrado ante la DGT, ubicado en […] (folio 15 del expediente

administrativo y hecho segundo de la demanda). Externan los jueces, que si

ese era el domicilio registrado, la AT debía notificar las conductas

administrativas impugnadas en esa y no en otra dirección. Así, continúan,

conforme al canon 30 citado, párrafo segundo, el domicilio registrado ante la

DGT se considera legal en tanto no se comunique su cambio. Agregan, el hecho de

que se hubiera comunicado el cambio de domicilio fiscal a la DGA, no elimina la

obligación de reportarlo ante la DGT, pues se trata de dos Administraciones

Tributarias diferentes, cada una con competencia exclusiva y excluyente de la

otra. En cuanto a cardinal 69 del CNPT, manifiestan el Tribunal, al mencionarse

a la Administración Tributaria, se hace referencia exclusiva a aquéllas que

administran los tributos que ese cuerpo normativo regula; y no a los aduaneros,

que están regulados en la Ley General de Aduanas. Para esta Sala, de las

disposiciones 30 y 128 inciso e) del

CNPT  deriva la obligación de los contribuyentes en cuanto a mantener

informada a la Administración Tributaria sobre los cambios en su domicilio

fiscal. Es claro a su vez, que tanto la DGT como la DGA constituyen

administraciones públicas diversas, cuyas funciones y competencias, no solo se

distinguen una de otra, sino que han sido creadas y se encuentran regidas por

diferentes cuerpos normativos. De ahí que no sea de recibo la tesis de la

casacionista, en cuanto a que, la sola comunicación a la DGA, tenía a su vez la

virtud de suplir el requisito de informar sobre el cambio de domicilio fiscal a

la DGT, asumiendo para ello, que ambas son una sola “Administración

Tributaria”, pues resulta evidente la diversa naturaleza de las competencias

atribuidas por ley a ambos órganos. Tampoco en cuanto a que, de lo dispuesto

por el ordinal 69 del CNPT, deba entenderse que ambas constituyen una sola

Administración Tributaria, pues si bien es cierto, se trata de órganos

adscritos al Ministerio de Hacienda, también resulta claro, que las

disposiciones del CNPT, expresamente regulan la relación existente entre el

contribuyente y la Dirección General de Tributación, en materia del pago de

tributos y las relaciones derivadas de ellos. Tal situación no es asimilable al

tipo de relación que regula la Ley General de Aduanas, que en sus fines

primordiales expresamente refiere, la mejora del tráfico aduanero y del

comercio exterior, objetivos para los cuales, la retención de impuestos,

constituye una herramienta y no un fin. Por consiguiente, es dable concluir,

que al tratarse de Administraciones Públicas creadas con una finalidad

distinta, y diversamente reguladas, la comunicación de domicilio a la DGA,

únicamente alcanzó a surtir efectos respecto de las obligaciones encargadas por

ley a esa Dirección, sin que tal comunicado, sustituya la obligación que

establecen los preceptos 30 y 128 del CNPT, de ahí que no pueda alegarse la

nulidad de las notificaciones de requerimiento de pago y traslado de cargos, en

tanto fueron notificadas en el domicilio legal registrado ante la DGT, donde no

se indico lo que obliga a su vez al rechazo del cargo.

En el segundo

reproche, acusa violado el principio de igualdad, al dejar de aplicar el TFA el

precedente de un exmandatario, en el cual se dijo que al conocer la

Administración que el expresidente de la República se encontraba recluído en un

centro penitenciario, debía notificarlo en ese lugar. Sostiene, siguiendo el

razonamiento utilizado en dicho caso, la DGT, como órgano que forma parte de la

AT sancionadora, debía tener conocimiento de la comunicación hecha a la DGA. Al

respecto, el Tribunal indicó, no existe ninguna similitud con el caso del exmandatario.

Agregaron los juzgadores, en el precedente, era público y notorio, por la

difusión dada al caso en la prensa, que el expresidente había cambiado su

domicilio legal al encontrarse privado de libertad; circunstancia que no se

presenta en el caso de examen, en el cual se pretende que, por haber comunicado

el cambio de domicilio a la DGA, la DGT deba conocer, automáticamente de tal

modificación. Adicionalmente, señalan los jueces, en el supuesto del

exmandatario, se estaba frente a un cambio forzoso de domicilio, mientras que

en el asunto de interés, su modificación se debe a un acto voluntario de la

actora, tanto así, que optó por comunicarlo a la DGA, y no a la DGT. Por ello,

concluyen los jueces, no existe ninguna violación al principio de igualdad,

toda vez que no se está en los mismos supuestos ni condiciones. En criterio de

esta Sala, en efecto se está ante supuestos totalmente distintos, por lo que no

cabe hacer referencia al caso del exmandatario

como si se

tratara de un precedente. El expresidente se encontraba recluído en un centro

penitenciario, evento que como

bien señalan los juzgadores, contó con amplia cobertura mediática, lo cual le

brindó las características de un hecho público y notorio. En el caso de examen,

la actora cambió por su sola decisión el domicilio fiscal, hecho que comunicó a

la DGA, no así a la DGT. No encuentra esta Cámara similitud entre una y otra

situación, que permita establecer una relación de precedente obligatorio que

deba ser aplicado en este caso, al amparo del principio de igualdad, pues, por

una parte,  no hay elementos que permitan determinar que el cambio de

domicilio realizado por la actora constituyó un hecho público y notorio, ni

tampoco, por otra, que como se indicara en el anterior considerando, de la sola

comunicación a la DGA, derivara una comunicación tácita a la DGT, o relevo de

la obligación del contribuyente, en cuanto a notificar dicho acto a la

Administración Tributaria correspondiente. Así, en el caso concreto, el Tribunal

no  ignoró un precedente, sino que consideró que no resultaba aplicable al

asunto de análisis, lo que obliga al rechazo del reparo.

En mérito de

lo expuesto, procederá denegar el recurso, y establecer sus costas a cargo del recurrente conforme al canon 150.3 del Código Procesal Contencioso

Administrativo.

POR

TANTO

Se

declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso.

Anabelle

León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáicigia

Román Solís

Zelaya

Óscar Eduardo González

Camacho

Carmenmaría Escoto

Fernández

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