Resolución 00334-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, el apoderado especial judicial de

la parte actora estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia

se declare: “1- Que se declare con lugar la presente demanda.

Que proceda

el Estado en la persona jurídica del Ministerio, cumplir a la mayor brevedad

con los términos pactados, y ya por mi representado en contrato de escritura

pública N. 833 protocolo 13 de la licda. Zianne Monturil Varani, del 12 de

marzo del 82.

Que se declare que por haberse apropiado El Estado se apropio

de una franja de terreno de mi poderdante, debe indemnizar por el mismo, para

lo cual debe pagar el valor del terreno al precio actual según peritaje que

debe realizar Tributación directa, y además se debe pagar Lo relativo a daños y

perjuicios.

Que se condene al estado al pago de ambas costas de la presente

acción."

2.

La

procuradora contestó negativamente y opuso las excepciones falta derecho, falta

de capacidad activa y prescripción.

La audiencia

preliminar se efectuó a las 9 horas 20 minutos del 9 de febrero de 2010,

oportunidad en resolvió la defensa de falta de capacidad ad causam activa.

Se fijó fecha y hora

para realizar el juicio oral y público, y el Tribunal Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por los Jueces Alner Palacios

García, Laura García Carballo e Ileana Sánchez Navarro; en sentencia n.°

04-2011 de las 8 horas 35 minutos del 10 de febrero de 2011, resolvió: “1)

Se rechazan las excepciones de incompetencia, falta de capacidad, falta de

legitimación activa y prescripción.

Se acoge parcialmente la

excepción de falta de derecho y en consecuencia, se declara con lugar la

demanda, debiendo pagar el Estado a San Eligio SA, únicamente la suma de

¢107.520.547,70, como indemnización por la invasión de 236m2 12dn2 de

terreno.

De la finca inscrita en el Registro Público, matrícula

00302554-A-000, cuya medida es de 362 m2, perteneciente a San Eligio SA, cédula

de persona jurídica 3-101-096203, segréguese el área de 236m2 12m2, actualmente

ocupada por el Estado, e inscríbase a su nombre, ya sea mediante reunión con

una finca de su propiedad, o mediante la constitución de una nueva matrícula.

Procédase con la confección de un plano a catastrar, si fuera necesario. Todo

lo anterior se verificará en ejecución de sentencia.

Se declara sin

lugar la demanda respecto de cualquier otro extremo de daños y perjuicios,

distintos de la suma otorgada.

Se condena al Estado al pago de las

costas procesales y personales.

Con la comunicación integra de esta

sentencia, quedan debidamente notificadas las partes.”

5.

La representación estatal formula recurso de casación.

6.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

I.

En lo

que resulta de relevancia para esta instancia procesal, San Eligio Sociedad

Anónima incoó demanda ordinaria contra el Estado. Alegó que acordó con el MOPT

una permuta de cuatro lotes, -dos le pertenecían a la empresa y los otros al

Ministerio -. Indicó que las fincas de su propiedad estaban destinadas a

derecho de vía en la carretera de circunvalación, en la zona de Zapote, por lo

que le fueron cambiadas. Añadió  que el terreno matrícula 302544 que

recibió del Estado, con una medida de 362 metros cuadrados, fue invadido en

235.25 metros cuadrados por el propio Ministerio. Solicitó se declare la

apropiación del área, por lo que debe indemnizársele cubriendo, además, los

daños y perjuicios.  Fijó los primeros en el precio real de la franja de

terreno apropiada y los últimos en la pérdida del valor del resto de la finca.

La representante del Estado se opuso e invocó las defensas de falta de derecho

y de capacidad activa. Al resolver el fondo de la controversia, el Tribunal, en

lo medular, dispuso que el Estado debía pagar a la actora la suma de ¢107 520

547,70 como indemnización por la invasión de 236.12 metros cuadrados, y que de

la propiedad perteneciente a San Eligio S.A, con una medida de 362 metros

cuadrados, debía segregarse el área de 236.12 metros cuadrados ocupada por el

Estado, e inscribirse a su nombre, por reunión o constitución de una nueva

finca, confeccionando el plano respectivo. Respecto a los demás daños y

perjuicios acogió la falta de derecho y condenó al perdidoso al pago de las

costas procesales y personales. Disconforme con lo decidido, la representante

del Estado acudió a la Sala.

Alega dos motivos de

disconformidad por razones sustanciales.

Estima quebrantados en forma

indirecta los numerales 82 inciso 4) del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA en lo sucesivo), 330 del Código Procesal Civil, 18 de la Ley

del Catastro Nacional y 2, 17, 18, 19, 20 y 21 del Decreto Ejecutivo 34331, que

es el Reglamento a la Ley del Catastro. Según el Tribunal, explica, procuró

desacreditar la invasión del terreno de la actora, pero no aportó prueba en ese

sentido. No obstante, refiere, diversas probanzas la descartan. El fallo la

sustenta en el informe del perito topógrafo quien, comenta, basó su estudio en

los planos e información de los expedientes. El plano catastrado n.° 310158-96,

sostiene, determina el área del terreno del MOPT, sin que se evidencie en él la

porción que según la actora le pertenece. Al confesar, señala, la contraparte

atribuye un error a ese plano, a lo que el Tribunal da crédito sin que exista

prueba que lo sustente. El plano n.° 1-1295873-08 en apariencia representa el

área de terreno que se consideró invadida, pero según advirtió, manifiesta, no

está conciliado “con la finca a nivel de registro de bienes inmuebles”, pues la

heredad de San Eligio no tiene ligado ningún plano, de ahí que aquél no tenga

valor registral, a pesar de estar catastrado, lo que fue desatendido por el

Tribunal. Además, critica, ese plano indica: “Modifica al plano catastrado n.°

SJ-310158-1996 (…) Se catastra este plano únicamente para reunir con la finca

de folio real n.° 1086980-000.”  Estas disposiciones evidencian

modificaciones al plano SJ-310158-1996, asegura, en el que se indica que se

reuniría con la finca del Estado, por lo cual existirían dos escrituras sobre

el mismo terreno, de modo que a nivel registral no es evidente la invasión, por

lo cual resultan quebrantadas las normas citadas al restarle fe pública al

plano SJ-310158-1996. El oficio DPV-OF-3691-08 que según el Tribunal acredita

la invasión, explica, no es contundente, “en tanto se dispone la existencia de

los segmentos curvos a partir de los cuales se daría la invasión, con la

aclaración de que no se indican las razones del porque (sic) el cambio en los

linderos, ni de la razón técnica de las permutas. Es decir, no existe certeza

de que tales permutas hayan pasado a más de una valoración, que ahora afirma la

parte actora, pero de la cual no aporta prueba que así lo determinen

(sic)  (…) se determina que esta documentación refiere a (sic) meras

negociaciones que nunca se llegaron a concretar, de ahí que el MOPT nunca

realizara planos ni inscribiera la citada permuta.”

Estima

conculcados los numerales 82 inciso 4) del CPCA, 330 del CPC y 22 de la Ley de

Expropiaciones. Refiere la existencia de un aspecto fáctico y probatorio

posterior al dictado de la sentencia, que solicita sea admitido. El 24 de

febrero, dice, mediante oficio n.° 20110926, suscrito por Susana López Rivera,

Subdirectora de la Dirección Jurídica del MOPT, se le remitió el avalúo de la

franja del terreno propiedad de la actora que se considera invadida por la

construcción de la gasolinera. Ese criterio, comenta,  se plasma en el

informe DABI-2011-177 de esa misma fecha, suscrito por el ingeniero Yenner

Chacón Sánchez, el que solicita se tenga como prueba. Aduce que un medio

probatorio que no debió haber sido sometido a consideración del Tribunal, pues

en el juicio defendió la tesis de que no se invadió terreno, por lo que el

avalúo constituye un documento “ex novo”. Peticiona que conforme al numeral 145

del CPCA se tenga al avalúo administrativo como hecho nuevo y se admita. La

sentencia, comenta, dispone indemnizar por la suma de ¢107 520 547,70. En el

interrogatorio al perito se le solicitó que explicara por qué el monto por

metro cuadrado del terreno a valorar corresponde a más del doble del área

utilizada como parámetro, narra, a lo que indicó que utilizó un terreno con una

medida de 2.158 metros cuadrados como referencia para determinar el valor del

área a indemnizar, a pesar de que la zona invadida es de 362 metros cuadrados,

situación que incrementa de manera desmedida el valor indemnizatorio. La prueba

que aporta, alega, se funda en propiedades dentro del mismo rango de áreas y

fija un valor promedio por metro cuadrado cuyo cálculo arroja una suma a

indemnizar de ¢35 418 000,00. Solicita se admita el hecho nuevo y la prueba

para que se anule la sentencia en este aspecto y se reabra el debate según

indican los preceptos 110 y 150 del CPCA. Conforme a la norma citada de la Ley

de Expropiaciones, asevera, debe fijarse un precio justo. Luego afirma: “Si

bien es cierto, en el proceso, se tuvo por acreditada la invasión de hecho por

parte del MOPT al terreno del actor, esto no quiere decir que deban pagarse

sumas exorbitantes que devienen de un estudio incorrecto en cuanto a los

parámetros de comparación. Así las cosas y en consideración a lo antes

indicado, se solicita sea acogido también este cargo formulado en tanto es

evidente la violación de las normas apuntada. (sic)” En último lugar solicita

se case la sentencia “y en su lugar se declare sin lugar la demanda interpuesta

condenándose en costas al aquí actor.”

III.

Los argumentos de la representante del Estado, además de estar redactados en

forma compleja y notarse la ausencia de signos de puntuación cuya presencia

permitiría una mejor comprensión de sus razones, son contradictorios entre sí.

Su primer agravio se orienta a descartar la invasión y el segundo procura un

nuevo examen del valor económico del terreno invadido. Lo usual es que en estos

casos un argumento se presente como subsidiario del otro, recaudo que no toma

la recurrente. En todo caso, a pesar de la dirección contraria de sus

argumentos, serán abordados en el orden en que los presenta.

IV.

A fin de dotar de mayor claridad a lo que se reclama, resulta necesario hacer

un breve recuento de los hechos que el fallo atacado tuvo por acreditados. Así,

mediante escritura n.° 833 otorgada ante la Notaría del Estado, el 12 de marzo

de 1982, Eduardo Ramírez Marín segregó de su finca matrícula 92656, un lote

compuesto por dos porciones, una de 632 metros cuadrados y otra 2714.65 metros

cuadrados, conservando un remanente de 5936.25 metros cuadrados. Las dos

porciones segregadas las permutó con el Estado, quien entregó a cambió dos

lotes; uno de 362 metros cuadrados (finca 302544-A-000)  y otro de 2469.76

metros cuadrados. Ambos provenían de la heredad matrícula 86980. El 10 de

diciembre de 1992 el señor Ramírez le vendió a San Eligio S.A. el lote

302554-A-000. Alrededor de 1990, sin precisar la fecha exacta, el MOPT construyó

una estación de servicio en la propiedad colindante con la de San Eligio S.A.

En oficio DPV-OF-3691-08 del 6 de mayo de 2008, el Departamento de Previsión

Vial del MOPT indicó que la tapia al costado sur encerraba el área de 235.08

metros cuadrados pertenecientes al señor Marín (en realidad a San Eligio), y

que estaba ocupada por la Gasolinera del MOPT. En el oficio n° 283-034 del 30

de mayo de 2008, la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio le pidió al

Departamento de Avalúos que realizara una inspección a fin de llevar a cabo una

permuta, o bien, que valorase la posibilidad de remover la tapia o

construcciones realizadas en la zona perteneciente al reclamante. Sin embargo,

en acto del 6 de mayo de 2009 rechazó la solicitud indemnizatoria planteada por

la sociedad actora, estimándola prescrita. También tuvo por demostrado que

mediante prueba pericial se determinó que la finca de San Eligio fue cercenada

por el lado norte, debido a la construcción de un muro y un tanque de

combustible subterráneo, invadiéndose un área de 236.12 metros cuadrados.

Finalmente estimó como indemostrado que la zona invadida perteneciera a una

finca de propiedad pública. Con base en ese cuadro fáctico, estimó probada una

vía de hecho de la que tenía conocimiento la Administración, quien incluso

valoraba la posibilidad de negociar una permuta o el retiro de las obras, pero

luego declinó su responsabilidad al encontrar la prescripción como alternativa.

Señaló que esta no era procedente en vías de hecho que afectaban la propiedad,

pues además sus efectos eran continuados en el tiempo.

Ahora bien, respecto

al recurso, su alegato en torno a que el plano catastrado n.° 310158-96 no

evidencia la porción del terreno que según el actor le pertenece, pierde de

vista que lo que debía determinarse, a la luz de los planos de cada una de

las fincas, es si había o no invasión material del terreno de la

sociedad actora. Esto es improbable de examinarse, aún para un perito, a partir

del análisis exclusivo del plano de una de las partes involucradas, en tanto es

indispensable el cotejo de la información que refiere, que habrá de ser

confrontado con el plano de la contraparte y ambos, a su vez constatados en las

áreas que, de hecho, son ocupadas. La sentencia, contrario a lo que

alega, no tiene como acreditado la existencia de un error en ese plano, pues el

sustento de la invasión se hizo descansar en el análisis que el perito

topógrafo realizó de los planos y de los terrenos ocupados de manera efectiva

por las partes. Además, tocante a la falta de “conciliación” entre el plano con

base en el cual se concluyó la invasión y la finca a nivel de Registro, debe

señalarse que el antecedente que origina la propiedad 302544-A-000 de 362

metros cuadrados, fue la propia segregación y posterior permuta que hizo el

Estado. El perito, utilizando esos datos, junto con el examen del plano

catastrado de la finca y el cotejo material de los terrenos in situ, corroboró

la invasión. Así, esa falta de correlación entre la finca y el plano catastrado

no descarta ese elemento concluido por el perito. Sus argumentos en la línea de

que las disposiciones del plano del actor evidencian la existencia de dos

escrituras sobre el mismo terreno no son comprensibles. En todo caso se aclara

que lo reclamado no es una invasión a nivel registral, como parece advertir,

sino a nivel material.  Finalmente pretende señalar que el criterio

administrativo que admite la invasión no es contundente. Este argumento junto

con el que pretende negar la eficacia de las permutas, desconocen la evidencia

palmaria que acredita la permuta –escritura suscrita por la Notaría del

Estado-, y pierden de vista que en sede administrativa se reconoció la

invasión, al punto de que se iniciaron gestiones orientadas a propiciar una

nueva permuta o remover las obras. Si bien es propio de la labor de los

representantes letrados ejercer una defensa técnica adecuada, en procura de la

victoria de los intereses de sus representados, en ningún modo ello habilita a

negar hechos evidentes o admitidos en forma previa, pues tal conducta es

desajustada a la buena fe procesal. En todo caso debe agregarse que si bien el

Tribunal refirió que el propio Estado había reconocido en sede administrativa

que sus obras abarcaron terreno ajeno, el criterio medular con base en el cual eso

se concluye no radica en la propia conducta estatal, sino en la prueba técnica

que así lo refiere. Tal y como le fue advertido en el fallo atacado, el Estado,

para descartar la invasión, debió procurar prueba especializada que lo

acreditara, pero su defensa se ha concentrado en formular argumentos que no

cuentan con sustento probatorio.  Así las cosas, por las razones

expresadas, el primer reclamo debe denegarse.

En la segunda censura

se entremezclan dos figuras; los hechos nuevos y la prueba para mejor resolver.

La primera se refiere a un suceso o evento –a nivel fáctico- que tuvo lugar en

fecha posterior a que se planteara la demanda, que suele tener trascendencia

respecto de las pretensiones debatidas y sólo puede incorporarse de previo a

que los autos queden listos para dictado de la sentencia (artículo 68 inciso 2

CPCA).  No obstante, lo que la recurrente pretende, en realidad, es que se

admita una nueva prueba que ofrece con la expectativa de derribar el cálculo

pecuniario del terreno invadido hecho con base en la prueba allegada al debate.

En esto no hay ningún hecho nuevo, sino que lo que se procura es que las

consecuencias –indemnización- derivadas de un hecho que formó parte del debate

–invasión- sean valoradas de manera diferente. Es decir, en realidad ofrece

prueba para mejor resolver sobre el extremo de la cuantificación del monto a

indemnizar. Al respecto, esta Sala en el voto n.° 813-F-S1-11 de las 8 horas 10

minutos del 7 de julio de 2011, en lo de relevancia, dispuso: “III.-

La eventualidad de incorporar prueba en casación, está regulada expresamente

por el Código Procesal Contencioso Administrativo en dos supuestos:

1)

Documentos que pueden aportar las partes durante el trámite del recurso “…que

jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la

sentencia recurrida.” (canon  145, inciso 1).

La que resulta

potestativa para la instancia de casación que corresponda (cardinal 148, inciso

ibidem). Sin embargo, en este supuesto, su incorporación depende única y

exclusivamente del órgano competente, por tratarse de una facultad que se le

otorga con la finalidad de aclarar alguna cuestión fáctica que considere

relevante, pertinente y que no se logre colegir del acervo probatorio ofrecido.

Como se ha reiterado, es prueba del juez y no de las partes; es él quien decide

su conveniencia y necesidad; y corresponde a una valoración discrecional, de la

que puede prescindir sin necesidad de que se resuelva expresamente. Incluso, el

omitir pronunciamiento no genera indefensión, pues no existe el deber de

recabarla o rechazarla, de modo tal que es absolutamente ajena al control en

esta sede. Finalmente, no puede desconocerse que con esta “no se trata de

corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la

carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas

de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente lesionada la

igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del juzgador. De

ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en juicio de cada

uno de los involucrados en el litigio. Así, por el contrario, debe ser

introducida con el único objeto de esclarecer puntos de incertidumbre o de duda

que puedan surgir luego de ponderar los elementos aportados por los

litigantes.” (Voto de esta Sala no. 213-F-S1-2008 de las 8 horas 20 minutos del

25 de marzo de 2008). En este caso, es claro que lo que se ofrece como prueba,

no cumple con lo establecido en el inciso 1) del precepto 145 ídem. Excede los

límites de la norma, pues lo que se certifica es información existente desde

antes de interpuesto el proceso. No está referida a hechos nuevos y posteriores

al fallo recurrido. Tampoco se cumple con la formalidad sustancial, de

naturaleza imperativa, de jurar no haber conocido con anterioridad. Por lo

anterior, procede rechazarla.”. El documento aportado por la recurrente es

un nuevo dictamen pericial, que arriba a una cuantificación diferente de la

obtenida en juicio y que sirve de base a la condena impuesta. Lo que se busca

con él es suplir el esfuerzo probatorio que debió ser desplegado durante el

contradictorio, esto es, contrastando las informaciones y criterios del perito

en el momento en que emitió su criterio. Al no hacerlo en el momento procesal

oportuno, no puede ahora pretender subsanar su propio yerro, de modo tal que la

prueba ofrecida debe rechazarse, pues, se reitera, no versa sobre hechos nuevos

ni brinda luz sobre algún elemento fáctico relevante que no se infiera del

acervo probatorio. Con todo, por las razones señaladas, el segundo reparo debe

denegarse. Así las cosas, no encontrándose yerro en el fallo atacado, el

recurso habrá de rechazarse, imponiendo sus costas a la parte promovente, en

los términos del artículo 150 inciso 3) del CPCA.