Resolución 00267-2012

El ejecutante, con base

en las sentencias firmes de la Sala Constitucional, no. 016630-2007 de las 10

horas 43 minutos del 16 de noviembre de 2007, 2008-002062 de las 13 horas 51

minutos del 8 de febrero de 2008 y 2009-012523 de las 18 horas 11 minutos del

11 de agosto de 2009, presenta la respectiva liquidación por costas, daños y

perjuicios para que en sentencia se apruebe el pago de: ¢3.000.000,00 por

concepto de daño moral; ¢744.441.90 por concepto de perjuicios; ¢225.000,00 por

costas personales de los recursos de amparo; así como el pago de los intereses

generados sobre las sumas concedidas y ambas costas personales derivadas de

este proceso.

Conferida la audiencia de ley, el

representante estatal contestó negativamente y opuso la excepción de indebida

representación.

La procuradora Bogantes Rivera expresó la negativa

estatal por conciliar por lo que se prescindió de dicha etapa procesal

4.-

La Jueza Yetty

Hernández Orias, en sentencia no. 2432-2010 de las 15 horas del 6 de setiembre

de 2010: “Se celara parcialmente con lugar la presente ejecución de

sentencia, entiéndase por rechazada en lo no expresamente conferido: se condena

al Estado a cancelarle al señor H la suma de UN MILLÓN

QUINIENTOS CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS, por concepto de daño moral

subjetivo, SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE COLONES CON TRES

CÉNTIMOS, por concepto de perjuicios, y DOSCIENTOS VEINTICINCO

MIL COLONES EXACTOS, por concepto de costas personales por la

formulación de los tres recursos de amparo fundamento  de la presente

ejecución de sentencia, sobre los rubros reconocido (sic) se ordena

cancelar los intereses  correspondientes a partir de la firmeza de la

presente sentencia y hasta su efectivo pago. Son ambas costas de esta acción a

cargo del Estado.”

La representante

estatal formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya

para  refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

El señor H interpuso

tres recursos de amparo contra el Poder Judicial los cuales fueron declarados

con lugar. Uno de ellos se originó en la disminución del extremo salarial de la

disponibilidad que, para lo pertinente en esta casación, se resolvió mediante

sentencia no. 16630-2007 de las 10 horas 43 minutos del 16 de noviembre de 2007

de la Sala

Constitucional, la que al efecto consideró que la variación

vulneraba el principio de los actos propios y ordenó reintegrarle las sumas

correspondientes, las cuales se debían calcular según la fórmula original (3%

calculado sobre salario base y la prohibición). Además,

dispuso el pago de daños y perjuicios. Con fundamento en lo anterior,

interpuso esta ejecución de sentencia solicitando el reconocimiento de

¢1.000.000,00 por cada uno de los recursos de amparos

presentados, el perjuicio por los extremos de disponibilidad así como otros relacionados

con los otros procesos constitucionales. A pesar de la oposición del Estado, en

lo que es objeto de disconformidad, el Juzgado concedió la suma de ¢800.000,00 por la lesión extrapatrimonial y fijó el perjuicio por

la disponibilidad en ¢602.179,03. Acude ante esta instancia extraordinaria la

representación estatal.

En su primer

reparo por el fondo, reclama que la forma en que la juzgadora realizó el

cálculo de los intereses (perjuicios) por concepto de disponibilidad, además de

ser arbitraria, contraría el principio de razonabilidad. Señala que se tomó como base el monto global de ¢921.042,00

que se le giró como

reintegro al señor H, lo cual resulta incorrecto. Esto, explica, por cuanto lo

adeudado correspondía a distintos períodos, con montos diferentes, por lo que

lo razonable era que los intereses se calcularan sobre la suma dejada de

percibir en cada uno de esos períodos, desde que eran exigibles y hasta su

efectivo pago. Presenta un cuadro con los cálculos correspondientes, cuyo

resultado total es de ¢315.475,75 y no los ¢602.179,03

fijados en sentencia.

III.-

La

representante estatal procura combatir la fijación de los intereses otorgados como consecuencia del

extremo no pagado de disponibilidad aduciendo que la forma mediante la cual la

juzgadora realizó el cálculo correspondiente vulnera el principio de

razonabilidad. En la manera como fue formulado el agravio, este

no resulta pasible de ser conocido en esta instancia. Si bien el Código

Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) habilita dentro de los

motivos de casación por el fondo el quebranto de principios constitucionales como el citado por la recurrente,

lo cierto es que, en el caso concreto, la desatención aducida deviene en

inconducente respecto del

punto específico que se pretende combatir. Esta Sala tiene claro que la

inconformidad expuesta radica en la determinación de la base para realizar el

cálculo de los intereses, así como de los períodos que debieron

ser considerados para tales efectos. Se trata, en esencia, de

cuestionar los valores utilizados al aplicar la ecuación matemática mediante la

cual se realiza el cómputo de los réditos legales. Ahora bien, un eventual yerro como el

acusado no podría derivar en un supuesto de irrazonabilidad, ya que ello

supondría desnaturalizar los alcances del

inciso d) del artículo 138 del CPCA, en el tanto constituiría un

mecanismo mediante el cual las partes pueden evadir su deber de realizar una

adecuada fundamentación jurídica de su recurso. Siendo que la fórmula para la

cuantificación de los intereses es de índole legal, lo cierto es que la

operación matemática como tal, que es lo que en

definitiva se recrimina en la especie, puede ser correcta o incorrecta,

conforme o inconforme con el ordenamiento jurídico, mas no razonable o

irrazonable. Distinto sería si se ataca, específicamente, la fórmula (sea esta

legal, reglamentaria o fijada mediante un acto administrativo) en cuanto a sus

elementos constitutivos, valga decir, no la aplicación de esta en un caso

concreto; sin embargo, dicho escenario supondría un planteamiento enteramente

distinto al que se analiza. En términos generales, tal y como lo alega la propia recurrente, la

razonabilidad ha sido analizada por la jurisprudencia constitucional de la

siguiente manera: “IV .- Sobre el principio de

razonabilidad. El principio de razonabilidad, implica

que cuando de restricción a determinados derechos se trata, se impone el deber

de que dicha limitación se encuentre justificada, por una razón de peso

suficiente para legitimar su contradicción con el principio general de

igualdad. A partir de ello, esta Sala ha reconocido que un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple

con una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La

necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base

fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la

colectividad - o de un determinado grupo - mediante la adopción de una medida

de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada,

importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es

necesaria, tampoco podrá ser considerada como

razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte,

importa un juicio referente a si el tipo de

restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la

necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden

existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente,

pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el

disfrute del

derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio

de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de

restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no

sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende

obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos

elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en

cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos

analizados.” (sentencia

2007-11626 de las horas 35 minutos del

15 de agosto de 2007). Como se puede observar,

dicho concepto tiene como antecedente lógico que la

conducta que se evalúa conlleve un proceso valorativo por parte de la

autoridad, ya que es sobre este aspecto de la actuación que recae el análisis

de si esta resulta conforme o no con el precepto normativo que se comenta. Cabe

destacar que, en relación con el principio de razonabilidad como motivo de

casación, esta Sala indicó en el voto 300-F-S1-2009 de las 11 horas 28 minutos

del 26 de marzo de 2009: “Tratándose del principio de razonabilidad o

proporcionalidad, su vulneración puede darse, en forma directa, al momento de

valorar el cuadro fáctico que se discute en el proceso como consecuencia de las

pretensiones de las partes, o bien, cuando la interpretación realizada por el

juzgador en la sentencia de normas legales sustantivas resulta contraria al contenido

de dichos principios, supuesto en el que se da, a su vez, la vulneración, por

irrazonabilidad o falta de proporcionalidad, de las disposiciones mal

interpretadas o aplicadas.” En definitiva, el objeto de este

control sobre los principios constitucionales es su aplicación respecto de la

conducta impugnada o bien, los pronunciamientos realizados por el juzgador en

ejercicio de un margen de discrecionalidad, como lo podría ser la cuantificación de la

indemnización por daño moral. En todo caso y en lo que atañe al caso concreto,

debe observarse que el reparo versa sobre un error en

el cálculo de los intereses, es decir, únicamente en cuanto a la operación

aritmética que realizó el despacho al resolver el asunto. Empero, esa misma

razón le veda el acceso a esta instancia

extraordinaria, ya que los cálculos matemáticos no se encuentra sujetos al

control casacional, tal y como se desprende de

una revisión de las causales contenidas en los artículos 137 y 138 del CPCA. No se trata de

la exigencia de requisitos formales de admisibilidad lo que impide la revisión

en esta sede de dicho extremo, sino por el contrario, que ante la taxatividad

que rige la materia impugnaticia, al no existir una causal que habilite su

conocimiento, este Órgano se encuentra impedido de

determinar su corrección. En suma, no se trata de ni

de un error en la valoración de la prueba ni en la aplicación de las normas

jurídicas, y mucho menos de un yerro procesal, por lo que escapa a la función

propia del

instituto de la casación.

En su segundo

agravio, recrimina el quebranto del

principio de razonabilidad y falta de motivación en cuanto al monto otorgado

por la juzgadora por concepto de daño moral en relación con la sentencia

16630-2007. Califica la suma conferida como desproporcionada, arbitraria,

falta de equidad y razonabilidad. Agrega que los antecedentes del Juzgado se

han decantado por establecer el daño moral subjetivo derivado de un quebranto del principio de justicia pronta y cumplida en la suma de

¢350.000,000, sin embargo, critica que la juzgadora

elevó la indemnización a más del

doble, sin motivación alguna. Concluye, si bien el daño moral

se valora “in re ipsa”, se debe tomar en consideración los principios de

razonabilidad, proporcionalidad y equidad, lo cual, arguye, no consideró la

jueza ejecutora.

Si bien el cargo

formulado entremezcla aspectos de fondo con violaciones procesales, vulneración

del principio

de razonabilidad y falta de motivación de la sentencia, se puede derivar que la

inconformidad versa sobre el primer vicio, y será analizado bajo esa óptica. En

primer término, es preciso señalar que lo resuelto por el Juzgado en asuntos

similares no constituye un parámetro que le sea

vinculante, ya que, como se ha indicado en forma

reiterada, la fijación del daño moral

subjetivo se debe realizar a partir de las particularidades del afectado y de acuerdo al cuadro fáctico

específico que fue analizado. Así, el alegato formulado por la representación

estatal no es de recibo, ya que, aún y cuando la lesión que se reclame en este

proceso derive de una conducta similar a la que se analizó en los distintos

casos a los que se hace referencia y en donde alega que se ha establecido una

indeminización de ¢350.000,00, las circunstancias

propias de la víctima varían de un supuesto a otro, y por lo tanto, consiste en

una estimación casuística. Ahora bien, en lo que atañe

propiamente a la razonabilidad de la suma otorgada, conviene considerar los

motivos que fueron valorados por la juzgadora. Al respecto indicó: “Estima

este órgano jurisdiccional que la indemnización por concepto de daño moral en

el voto N.° 016630-2007 de las diez horas cuarenta y tres minutso [sic]

del 16 de noviembre del 2007 se justifica en la angustia e incertidumbre

ocasionada por la

Administración durante seis años de espera para que se le

cancelara el rubro por concepto de disponibilidad, no es de recibo el alegato

del sufrimiento de su señora esposa por ser personalísimo, ni tampoco las

circunstancias externas que manifiesta agravaron su angustia, por consiguiente

de [sic] con fundamento en las anteriores consideraciones se confiere la

suma de OCHOCIENTOS MIL COLONES EXACTOS …” A efectos de determinar la

razonabilidad del monto otorgado, es preciso considerar las circunstancias

particulares y relevantes que fueron acreditadas en el proceso. En este sentido, queda claro que el extremo de la

disponibilidad no le fue pagado en forma oportuna, lo cual sin duda puede

generar situaciones de angustia o incertidumbre, como se señala en la sentencia impugnada, que

merece ser tutelada. Ahora bien, a efectos de la cuantificación, la cual es de

índole prudencial, no se observa que la suma otorgada de ¢800.000,00 resulte excesiva, máxime considerando el tiempo durante

el cual se mantuvo la situación analizada, tal y como fue valorado por la juzgadora. Así las cosas, el reparo no puede ser acogido.

Con base en las

razones expuestas, los cargos formulados deben ser rechazados. De conformidad

con el artículo 150.1 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, las costas de este medio impugnaticio deben ser impuestas a

quien lo incoó.