Resolución 01672-2012

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales

que citó, la sociedad actora estableció proceso de conocimiento de puro

derecho, a fin de que en sentencia: "[...] se le dé curso a la presente acción y cumplido las

etapas procesales pertinentes en sentencia se declare que el inmueble número

097844-000 del Partido de Guanacaste, registralmente nació el 29 de enero de

1997 al inscribirse el documento tomo 435 asiento 4750 mediante el cual el

señor José María Céspedes Pérez, para ese entonces dueño de dichos inmuebles,

decidió reunirlas, que en consecuencia en esa misma oportunidad el Registro

Inmobiliario debió cerrar el asiento de la finca 66684 el cual virtud (sic) de

la reunión dejó de existir para dar paso a la existencia de la número

097844-00; ordenándose al Registro que proceda a subsanar su omisión y proceder

a cerrar el inmueble número 66684 lo cual se declarará en forma retroactiva a

partir del 29 de enero de 1997, fecha en que, producto de la reunión, nació la

número 097844 y la finca número 66684 dejó de existir; en consecuencia

cancelado el asiento de la finca número 66684 igual se ordenará respecto de

todo movimiento registral posterior habida cuenta que el referido asiento no es

mas (sic) que un asiento que de forma errónea y por la omisión dicha

publicita un derecho de dominio inexistente, del cual, por razones lógicas no

se puede derivar derecho o título alguno y así pido se declare.

Consecuentemente con lo anterior, una vez cerrado el asiento de lo que fue la

finca número 66684 se ordene levantar la inmobilización (sic) ordenada

sobre el inmueble 097844 propiedad exclusiva de la actora. Solicito se declare

con lugar la presente demanda condenándose al Estado a pagar ambas costas de

esta acción. También solicito que se condene al Estado a pagar el daño moral el

cual consiste en que a que (sic) a partir del ocho de enero del año dos

mil ocho en que ordenó consignar advertencia administrativa la cual de forma

retroactiva a esa fecha se convirtió en inmobilización (sic) sobre la

finca número 97844-000 del Partido de Guanacaste, propiedad de la actora, el

inmueble no pudo ser dispuesto sea para venderlo sea para darlo en garantía

hipotecaria, limitación que tuvo un costo de oportunidad negativo para

su propietaria, el daño moral por esa razón de manera prudencial lo estimo a

razón de tres mil colones por cada día en que la propietaria se ha visto

imposibilitada para disponer de su patrimonio. Por ser un daño moral será la

Autoridad Jurisdiccional (sic) la cual de forma prudente finalmente lo

estime y sobre este extremo igual se condene al Estado a pagar ambas costas de

esta acción e interese (sic) legales sobre la suma indemnización otorgada

a partir de la firmeza de la sentencia y hasta la fecha de su efectivo pago. En

caso de que los codemandados Marta Eugenia Conejo Murillo y Mario Alberto Vega

Carranza de forma infundada se opongan a mis pretensiones igual se les condene

a pagar ambas costas de esta acción las cuales se calcularán sobre la

estimación de la cuantía."

El Estado

contestó conforme a folios 23 a 29 e interpuso la excepión de falta de derecho.

Asimismo, a folio 29 renunció al proceso conciliatorio. Por su parte, los

codemandados Conejo Murillo y Vega Carranza, contestaron acorde a folios 90 a

98 sin oponer excepciones.

La audiencia

preliminar se efectuó a las 9 horas 20 minutos del 1° de diciembre de 2010,

oportunidad en que las partes hicieron uso de la palabra; y, momento procesal

en que el proceso se declaró de puro derecho.

La

representación estatal a folio 290 opuso la excepción de prescripción.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, integrada por los jueces

Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, José Roberto Garita Navarro y Christian Hess

Araya, en sentencia n.° 45-2011-VI de las 9 horas del 22 de febrero de 2011,

dispuso: "Se rechaza la defensa de prescripción. Se acoge parcialmente

la defensa de falta de derecho planteada por El Estado. En consecuencia, se

declara parcialmente con lugar la demanda en los siguientes términos,

entendiéndose denegada en lo que no se indica expresamente:

Se declara que

el inmueble matrícula folio real número 097844-000 del Partido de Guanacaste, registralmente

nació el 29 de enero de 1997, por lo que, en esa misma fecha el Registro

Público de la Propiedad debió cancelar el asiento correspondiente a la finca

del mismo Partido, folio real matrícula 66684-000, lo cual no realizó.

Como

consecuencia de lo anterior, se dispone ordenar a Registro Público de la

Propiedad modificar el asiento de inscripción registral de la finca del Partido

de Guanacaste, folio real matrícula 097844-000, a efecto de que sus

características sean idénticas a la desaparecida finca del Partido de

Guanacaste, folio real matrícula 60.026-000.

Una vez que el indicado

Registro proceda según lo ordenado, deberá levantar la inmovilización que pesa

sobre los inmuebles matrícula folio real número 66684-000 y 097844-000, ambos

del Partido de Guanacaste.

De las anteriores acciones deberá comunicar a la

fase de ejecución de este Tribunal en el plazo de un mes natural a partir de la

firmeza de la presente sentencia

Sin especial condenatoria en costas."

La

accionante formula recurso de casación indicando expresamente las razones en

que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

En la demanda

origen de este proceso presentada en el año 2009, Luzmariale S.A. (en adelante

Luzmariale) demandó al Estado, a Marta Eugenia Conejo Murillo y a Mario Alberto

Vega Carranza. Su representante, José María Céspedes Pérez, manifestó,

Luzmariale es propietaria de la finca de Guanacaste matrícula no. 97844-000.

Afirmó, dicho bien es producto de la reunión que hizo, a título personal, de

los inmuebles de Guanacaste, matrículas no. 60026-000 y 66684-000, conforme a

escritura pública de las 8 horas del 4 de octubre de 1996. Dijo, como

consecuencia, el Registro debía cerrar los asientos de las propiedades

reunidas, no obstante, solo eliminó la no. 60026-000, dejando abierto el que

corresponde a la no. 66684-000. Agregó el señor Céspedes Pérez, traspasó el

nuevo fundo como aporte de capital a la sociedad Luzmariale, el 7 de febrero de

2000. Arguyó, en diciembre de 2000, la señora Marta Eugenia Conejo Murillo,

entabló en su contra a título personal, un proceso ejecutivo ante el Juzgado

Civil de Cañas, solicitando embargar la finca 66684-000, la cual, por error

registral, se mantenía inscrita a su nombre, por lo que el 21 de octubre de

2003, en remate, se adjudicó el bien. Posteriormente, aseveró, la señora Conejo

Murillo fue puesta en posesión del bien inexistente, matrícula no. 66684-000.

Además, afirmó, el 5 de diciembre de 2007, ésta lo vendió a Mario Alberto Vega

Carranza. Explicó, presentó un escrito al Registro indicando que por error el

asiento de la finca 66684-000, no había sido cerrado administrativamente,

gestión ante la cual, la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, abrió

el expediente 763-2007 y agregó nota de advertencia administrativa, tanto a la

finca reunida, como a la que debió cerrarse. Aclaró, los codemandados Conejo

Murillo y Vega Carranza, se opusieron al cierre de la propiedad de referencia.

Arguyó, la Dirección citada ordenó mantener la nota sobre el asiento de la

finca 66684-000. Comentó, mediante resolución del 29 de mayo de 2008, ese

Registro modificó lo resuelto, ordenando levantar la advertencia administrativa

sobre el inmueble 97844-000, resolución que fue apelada por los codemandados

Conejo Murillo y Vega Carranza. Expuso, el Tribunal Registral Administrativo

(en adelante TRA), en resolución 444-2008 del 28 de agosto de 2008, revocó lo

resuelto y ordenó mantenerla. Solicita, en sentencia: a) se declare que el

Registro de la Propiedad Inmueble debió cerrar el asiento del bien 66684-000;

b) se ordene cancelar el asiento registral de la finca 66684-000, desde el 29

de octubre de 1997, fecha cuando quedó inscrita la reunión de los inmuebles;

así como de todo movimiento registral posterior; c) se levanten las notas de

advertencia; d) se condene al Estado al pago del daño moral; e) se impongan las

costas e intereses a los codemandados. Los coaccionados contestaron de forma

negativa. Opusieron las excepciones de falta de: derecho y prescripción. El

Tribunal rechazó la de prescripción. Acogió parcialmente la de falta de

derecho. Declaró parcialmente con lugar la demanda. Determinó que producto de

la reunión de las fincas, el Registro debió cancelar el asiento del inmueble

no. 66684-000. Le ordenó modificar el asiento de inscripción de la finca no.

97844-000, trasladando a dicho bien las características de la “desaparecida

finca” no. 60026-000, y que una vez que el Registro proceda según lo

ordenado, se levante la inmovilización que pesa sobre los inmuebles 66684-000 y

97844-000. Para ello confirió el plazo de un mes. Resolvió sin especial

condenatoria en costas. Inconforme la actora acude en casación.

Dos

cargos sustanciales fueron admitidos. En el primero, reclama falta e

indebida aplicación del párrafo primero del canon 456 del Código Civil, y por

estar relacionados, de los preceptos 259 incisos 3 y 4, 264, 266, 267, 291,

295, 316, 452, 455 párrafo primero, 462, 470, 472 y 480 de dicho cuerpo

normativo, así como falta de la aplicación del mandato 158.2 de la Ley General

de la Administración Pública, en relación con lo dispuesto por los artículos

1°, 2, 3, 7 y 8, de la Ley 3883, denominada Ley de Inscripción de Documentos en

el Registro Público (en adelante Ley 3883), y ordinales 34, 54, 55, 56, 60, 61

y 66 del Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo  no. 26771-J-,

(en lo que sigue RRP). Apunta, como se tiene por demostrado, el acto de reunión

de los dos inmuebles que originaron la finca no. 97844 fue válido y eficaz y

así se registró. Señala, el hecho de que por un error en el trámite registral

no se cancelara el asiento de una las fincas reunidas, es una cuestión cuya

responsabilidad es ajena al titular del derecho, pues la finca resultante de la

reunión es nueva y diferente de las reunidas. Considera, posteriormente el

inmueble matrícula no. 97844 fue traspasado, sin que exista en esa transmisión,

ni en la referida reunión de las fincas, ningún hecho anómalo que pueda haber

generado perjuicio a terceros, toda vez que fue realizado al amparo del

Registro Público. Como titular, esgrime, su representada no tiene por qué verse

afectada ante omisiones de la Administración. Expresa, si el Tribunal hubiese

aplicado correctamente lo que dispone el párrafo primero del numeral 456 del

Código Civil, debió darle la razón, declarando con lugar la demanda, ya que

tuvo por acreditado que por un error del Registro se dio publicidad a “una

inexactitud”. Así, indica, en consonancia debió declarar que de tal anomalía no

se podía derivar un derecho a favor de Marta Eugenia Conejo Murillo, y por

ende, tampoco respecto de quienes posteriormente adquiriesen esa titularidad.

Enfatiza, no se puede  anular un acto válido y eficaz para dar validez a

otro que el propio Tribunal tiene por ineficaz por ser producto de una

actuación administrativa irregular. Señala, el ordinal 472 del Código Civil,

prohíbe la inscripción de títulos contradictorios, máxime cuando, como en el

caso de examen, el que se contrapone al legítimo es producto de un error.

Afirma, debe aplicarse el principio de primero en tiempo, primero en derecho.

Estima, no es cierto que la señora Conejo adquirió un derecho real, por cuanto

el asiento que publicita un error, no puede ser objeto de transmisión de un

derecho que no existe; especialmente, si fue adquirido por un tercero al amparo

de la publicidad registral. En el segundo agravio, acusa indebida

aplicación del mandato 456 del Código Civil. Reclama, en el fallo combatido

erradamente se afirma que la reunión de fincas no operó ni en la práctica ni

registralmente. Agrega, lo anterior no es cierto, por cuanto la reunión tuvo

lugar. En efecto, recalca, de ahí nació la finca no. 97844, la cual adquirió

posteriormente su representada. Dice, es aquí donde resulta aplicable el

párrafo segundo del cardinal 456 del Código Civil, toda vez que, aún en el

supuesto de que existiese mérito para invalidarla, por haberla adquirido al

amparo del Registro, a su representada no le son oponibles tales hechos

novedosos.

En el primer

reclamo, el representante de la casacionista apunta, el acto de reunión que

originó la finca no. 97844 fue válido y eficaz. Señala, el Registro Público es

el responsable de que no se cancelara el asiento de una de las fincas reunidas,

así el inmueble resultante de la reunión es nuevo y diferente de aquellas.

Considera, el bien matrícula no. 97844 lo traspasó a su representada, sin que

exista en esa transmisión, ni en la referida reunión, ningún hecho anómalo que

pueda haber generado perjuicio a terceros, pues fue realizado al amparo del

Registro Público. El Tribunal tuvo por demostrada la reunión de las fincas no.

60026-000 y 66684-000, mediante escritura no. 57 otorgada ante el Notario

Carlos Luis Valverde Sánchez  a las 8 horas del 4 de octubre de 1996 y

presentada ante el Registro Público de la Propiedad el día 8 de ese mes y año.

Agregan los jueces, como consecuencia, el 29 de enero de 1997, se inscribió

la finca del Partido de Guanacaste número 97844-000. No obstante lo anterior,

advierten, el Registro no canceló en ese momento el asiento correspondiente al

inmueble no. 066684-000. Consideran, conforme al precepto 61 del RRP, es claro

que se está ante una omisión del funcionario del Registro Público a cargo de

inscribir la reunión, al no cancelar el asiento respectivo. En virtud de lo

anterior, expresan, lleva razón la actora cuando invoca en su favor que el día

29 de enero de 1997 debió haberse cancelado dicho asiento registral, lo cual

obliga a emitir sentencia declarativa en donde se reconozca esa situación

jurídica y se declare la inactividad de la Administración. No obstante,

establecen, los codemandados Conejo Murillo y Vega Carranza, son adquirentes de

buena fe, por cuanto la primera obtuvo la finca del partido de Guanacaste folio

real matrícula 066684-000, mediante protocolización de piezas de remate,

escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 2005, ante el notario Willy

Fernando Elizondo Murillo, la cual fue inscrita el 16 de enero de 2006.

Establecen los juzgadores, de los autos se evidencia que adquirió el bien

amparada en la información registral. A mayor abundamiento, indican, debe

agregarse a lo anterior, que con la presencia del señor José María Céspedes

Pérez, a la 9 horas del 3 de  agosto de 2005, la señora Conejo Murillo fue

puesta en posesión de la finca adjudicada, sin que conste objeción del

personero de la empresa accionante. Agregan, la actora no demostró, mala fe en

las actuaciones de los codemandados Conejo Murillo y Vega Carranza, en el

sentido de que tuvieran conocimiento del error existente en la información

registral referida al inmueble matrícula no. 066684-000. Por tal razón,

concluyen, debe tenerse a la señora Conejo Murillo como una adquirente de buena

fe con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. En cuanto al señor Vega

Carranza, aplicaron similares consideraciones, dado que adquirió de la señora

Conejo Murillo con base en la inscripción registral que constaba a su favor. De

tal forma, a pesar de que se demostró que el señor Céspedes Pérez aportó

la finca 97844-000 en pago de capital a la sociedad Luzmariale S.A., dicha

situación no puede afectar los derechos adquiridos de buena fe de los codemandados,

lo anterior con base en el artículo 456 del Código Civil. Según ha manifestado

esta Sala, en casos similares: “… el legislador se decantó por tutelar la

apariencia jurídica de legitimidad que se crea para la comunidad jurídica a

partir de la publicidad registral, con el fin de que la inscripción de los

derechos provoque, salvo circunstancias excepcionales, -verbigracia lo

establecido en el cardinal 457 ibídem- seguridad jurídica en el tráfico de

bienes, en tanto existe -por regla de principio- inoponibilidad de lo no

inscrito frente a los terceros” (Fallo no. 111-2010, de las 14 horas 30

minutos del 21 de enero de 2010). Observa esta Cámara, el señor José María

Céspedes Pérez, personero de la actora, reunió las fincas de su propiedad,

matrículas no. 60026-000 y 66684-000, formando el inmueble no. 97844-000 de la

provincia de Guanacaste. Dicha reunión fue realizada mediante escritura no. 157

otorgada ante el Notario Carlos Luis Valverde Sánchez a las 8 horas del 4 de

octubre de 1996, y presentada al Registro Público de la Propiedad el día 8 de

ese mes y año, quedando inscrita el 29 de enero de 1997 (hechos tenidos por

demostrados 1 y 2). Posteriormente, mediante escritura no. 7 otorgada ante el

referido notario, a las 14 horas del 7 de febrero de 2000 y presentada ante el

Registro al tomo 520, asiento 7530 el día 16 de junio de 2003, fue constituida

la sociedad Luzmariale S.A. (folios 44 a 55 del expediente administrativo), a

la cual, en pago de capital, fue aportada la finca no. 97844-000. Así, al 9 de

julio de 2003, la propiedad 97844-000, se encontraba ya inscrita a nombre de un

tercero, a saber, la sociedad actora, que en efecto había adquirido a la luz de

la publicidad registral. (folios 11 a 13 del expediente judicial). En cuanto a

la finca reunida, matrícula no. 66684-000, según se demostró, es claro que el

asiento de dicho inmueble se mantuvo incólume por error del Registro Público de

la Propiedad, a pesar de que, tramitada la reunión, debió cancelarlo. De lo

expuesto, resulta inobjetable, que al embargarse y posteriormente adjudicarse

dicho bien, dentro de proceso ejecutivo interpuesto por la señora Conejo

Murillo, el 21 de octubre de  2003, remate que fue aprobado mediante

resolución de las 15 horas del 19 de febrero de 2004 (folios 238 y 241 del expediente

judicial), tal situación no podía ser opuesta a la actora como adquirente de

mejor derecho, puesto que tanto la reunión, como el aporte del bien a

Luzmariale S.A., fueron realizados a la luz de la publicidad registral. Tal

circunstancia es reconocida por el propio Tribunal en la sentencia combatida,

al indicar, que lleva razón la actora cuando invoca en su favor que el día 29

de enero de 1997, fecha de la reunión de cita, debió haberse cancelado el

asiento registral del bien 66684-000, lo cual, dicen los jueces, obliga a

emitir sentencia declarativa en donde ello se reconozca y se declare la

inactividad de la Administración. De tal suerte, si bien tanto la señora Conejo

Murillo, como el señor Vega Carranza, adquirieron de buena fe el bien en

cuestión, el cual fue embargado, adjudicado y posteriormente objeto de negocio

jurídico entre ellos, corresponde en realidad a un asiento registral, que como

producto de la reunión de fincas, había sido vaciado de contenido, el cual solo

se mantuvo en los índices del Registro Público de la Propiedad por un error

atribuible con exclusividad a dicho órgano público. Como consecuencia, en

aplicación del cardinal 455 del Código Civil, según el cual, “los títulos

sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino

desde la fecha de su presentación al Registro”, es claro que el título

adquirido por los señores Conejo Murillo y Vega Carranza, constituye un asiento

sin contenido, por lo que en consecuencia, no le es oponible a la actora, por

lo que se impone acoger el cargo.

En el segundo

reproche, recrimina, el fallo combatido, erradamente afirma que la reunión de

fincas no operó, ni en la práctica, ni registralmente, lo cual, no es cierto,

por cuanto la reunión tuvo lugar. En efecto, recalca, de ahí nació la finca no.

97844, la cual adquirió posteriormente. Dice, el Tribunal debió aplicar el

párrafo segundo del cardinal 456 del Código Civil, pues aún en el supuesto de

que existiese mérito para invalidarla, por haber adquirido al amparo del

Registro, no pueden oponérsele hechos novedosos. Para el Tribunal, se demostró

que como consecuencia de la no cancelación de la  finca no. 066684-000, la

propiedad matrícula no. 09784-000 corresponde, según la realidad extra

registral y lo resuelto, a la finca no.  60026-000. En este sentido, dicen

los juzgadores, la señora Marta Eugenia Conejo Murillo fue puesta en posesión

de la finca no. 066684-000, sin que conste en autos que el señor Céspedes,

representante de la parte actora, haya hecho gestión alguna para impedir el

ejercicio de la posesión, ya sea por dicha señora o por el posterior adquirente

Vega Carranza. Además, indican, la existencia de este último inmueble y su no

cancelación por imperativo del artículo 456 del Código Civil, hacen que la

reunión de fincas, si bien se formalizó ante notario, no operó ni en la

práctica ni registralmente. De lo anterior, estiman apropiado aplicar medidas

novedosas, que en su criterio son consecuencia lógica y natural de acoger la

pretensión declarativa y que solucionan la prevalencia en el tiempo de los

efectos de la inactividad administrativa y evitan su extensión hacia terceros.

Por ello, ordenan al Registro Público de la Propiedad Inmueble, modificar el

asiento de inscripción registral de la finca del Partido de Guanacaste, folio

real matrícula 97844-000, a efecto de que sus características sean iguales a la

finca el Partido de Guanacaste, folio real matrícula 60026-000, dado que esta

dio origen a aquella, que no hay terceros de buena fe y en la realidad extra

registral, sobre ésta no se ha puesto en posesión a los codemandados. Observa

esta Sala, según se indicó en el anterior considerando, la finca 60026-000 fue

efectivamente reunida con la 66684-000, formando el inmueble 97844-000. Tal

reunión fue realizada por su propietario al amparo del Registro Público.

Posteriormente, el bien mencionado, fue traspasado a la sociedad Luzmariale, en

pago del capital social, evento que fue efectivamente inscrito por el Registro

Público, sin que a esa fecha existiese anotación o título de mejor derecho que

lo imposibilitara. De tal forma, no es válido interpretar, como lo hace el

Tribunal, que en virtud del error en que incurrió el órgano público, la reunión

no tuvo lugar ni en la materialidad ni registralmente, porque no se canceló un

asiento, y que por ello, el asiento correspondiente a la finca 60026-000,

corresponda en realidad al de la finca, 97844-000. En opinión de éste órgano

decisor, es evidente que el asiento de la propiedad 66684-000, no fue cancelado

como consecuencia de un error, cuya responsabilidad solo puede ser atribuida al

Registro. En efecto, la reunión de fincas solicitada tuvo lugar y alcanzó

eficacia jurídica en el momento mismo cuando fue inscrita como tal. De ahí que

la falta de cancelación de uno de los dos inmuebles que debían desaparecer como

consecuencia del acto de reunión, no pueda ser argumentada a efecto de

invalidar la reunión dicha por consiguiente, lleva razón la casacionista al

apuntar el error en que incurre el Tribunal al tener por no reunida la finca,

en virtud de la falta de cancelación de uno de los bienes que, a consecuencia

del propio acto de reunión, había dejado de existir jurídicamente. Por las

razones esbozadas, deberá acogerse el reproche.

En vista de

que los codemandados no acudieron en casación, por haber resultado victoriosos

en la instancia precedente, conforme al numeral 610 inciso 2) del Código

Procesal Civil (en adelante CPC), resulta necesario precisar los elementos que

en su defensa esgrimieron en el presente proceso. En lo de interés, los

codemandados Conejo Murillo y Vega Carranza, indicaron, su actuación siempre

fue al amparo de la seguridad registral. Aseveran, inclusive en el momento de

puesta en posesión, el señor Céspedes Pérez estuvo presente, sin que

manifestara alguna irregularidad sobre la situación. Aseguran, ambos son

adquirentes de buena fe, por lo que resulta improcedente la cancelación de la

finca  matrícula 066684-000. Adicionalmente, la señora Conejo Murillo ha

estado en posesión del inmueble desde hace varios años, inclusive pagando

tributos Por su parte el Estado, indicó, la inmovilización dispuesta por el TRA

es procedente en tanto el proceso de inscripción de la finca no. 97844-000 no

se completó al no cancelarse una de las fincas que le dio origen, sea la número

66684-000. Asimismo, el traspaso de la propiedad a la actora no estuvo inscrito

antes de que se constituyera la deuda y se embargara al señor Céspedes Pérez

por lo que su patrimonio debía responder por sus deudas.

Al respecto,

estima esta Sala, conforme al considerando III, de esta sentencia, resulta

claro que el señor Céspedes Pérez reunió dos fincas de su propiedad, formando

una nueva, la cual posteriormente traspasó a la sociedad actora, mediante

aporte para el pago del capital social. Tanto la reunión como el traspaso

posterior de la nueva finca, fueron realizadas al amparo del Registro, sin que

existiese anotación de embargo o impedimento de ninguna especie, que limitara

la disposición del bien. Por su parte, en cuanto a los derechos que reclaman

los codemandados Conejo Murillo y Vega Carranza sobre la propiedad 66684-000,

el hecho de que el asiento del bien 66684-000 no haya sido cancelado al momento

cuando se inscribió registralmente por reunión la finca 97844-000, constituye

un error grave del Registro Público de la Propiedad. Tal omisión no puede ser

esgrimida como objeción al título de la actora, quien claramente adquirió esa

propiedad con prelación y a la luz de la publicidad registral. Por esa razón,

no le resultan oponibles ni la adjudicación, ni el posterior traspaso del

inmueble 66684-000; tampoco la buena fe con la cual actuaron la adjudicataria y

comprador del bien, puesto que a la fecha de celebración del remate, el asiento

registral había sido vaciado de contenido. Tomando en cuenta además que la

propiedad 97844-000 fue adquirida por la actora, sin que existiera sobre esta

impedimento de ninguna especie y al amparo del Registro, los títulos adquiridos

por la adjudicataria y posterior adquirente, no le son oponibles. También

procede rechazar el argumento de los codemandados, en el sentido de que la

señora Conejo Murillo, ha estado en posesión del inmueble durante varios años,

pues si bien, en su momento fue esbozado por las partes como elemento fáctico

esencial para la resolución del asunto, no fue acreditado, ni constituye un

hecho tenido por demostrado en el fallo en examen, a efecto de dilucidar la

prelación de un título sobre otro. Finalmente, en cuanto sostiene el Estado que

la inmovilización dispuesta por el TRA es procedente en tanto el proceso de

inscripción de la finca no. 97844-000 no se completó al no cancelarse una de

las fincas que le dio origen, es clara la posición de este órgano decisor,

expuesta en el considerando III, en cuanto a que la reunión de fincas si se

perfeccionó. Por lo anterior, no cabe mantener una advertencia respecto de una

finca nueva, que una vez generada a partir de la reunión de los inmuebles,

pierde toda relación con los fundos que le preceden. Similar conclusión debe

aplicarse a la tesis del Estado, en cuanto a que el traspaso de la propiedad a

la actora no estuvo inscrito antes de que se constituyera la deuda y se

embargara al señor Céspedes por lo que su patrimonio debía responder por sus

deudas. Es un hecho que tanto la reunión, como el traspaso de la nueva finca

tuvo lugar libre de gravámenes y anotaciones. La escritura de constitución de

la sociedad, en la cual se hizo el aporte del bien, fue otorgada el 7 de

febrero de 2000, quedando inscrito el inmueble a nombre de Luzmariale S.A., el

9 de julio de 2003. Por su parte, el proceso ejecutivo incoado por la señora

Conejo Chinchilla, fue interpuesto el día 14 de diciembre de 2000, no obstante,

el embargo fue practicado sobre el asiento del inmueble reunido (inexistente),

hasta el 12 de enero de 2001 y rematado el bien el 21 de octubre de 2003. No

obstante, ni el gravamen, ni el remate versaron sobre el asiento de la finca

reunida, puesto que el anotarlo sobre la finca ya desaparecida no. 66684-000,

no tiene ninguna incidencia respecto del fundo reunido. Agréguese a lo

expuesto, el Tribunal acepta que el Registro incurrió en un error al dejar de

cancelar el asiento de una de las dos fincas reunidas. De tal suerte, resulta

igualmente erróneo, pretender que la traba de un embargo sobre un asiento

registral, cuya  existencia finalizó, pueda alcanzar a la propiedad

constituida por reunión de esta con otra, no obstante haberse mantenido

expuesta como vigente en los índices respectivos, en virtud de un yerro

administrativo. Por las razones esbozadas, deben rechazarse los argumentos de

los codemandados.

Procede

analizar asimismo la excepción de prescripción opuesta por los coaccionados. En

ese sentido, los jueces argumentaron, se alega que la finca 97844-000 se

publicitó el 27 de enero de 1997 y que no fue sino hasta el 10 de diciembre de

2009 que la actora formalizó la gestión administrativa respecto de la no

cancelación del asiento del inmueble 66684-000. Por ello, aseveran, en el caso

concreto no se está en presencia de los supuestos establecidos para que opere

la prescripción negativa o liberatoria, habida cuenta de que no se trata de la

inercia de la actora para el ejercicio de un derecho frente a una conducta

específica de la Administración, sino mas bien de un supuesto de impugnación de

la inactividad del órgano administrativo con efectos continuados, originada en

la no cancelación oportuna del asiento registral de la finca 66684-000. De tal

forma, afirman, el Registro no realizó una conducta como le correspondía

conforme al ordenamiento aplicable. Así, apuntan, no hay un acto concreto

frente al cual el titular del derecho pueda ejercer una acción, sino más bien

una omisión de actuación debida del órgano administrativo. Dicha inactividad,

refieren los jueces, se ha mantenido en el tiempo con efectos continuados, siendo

ejemplo de ello las inscripciones registrales posteriores que se dieron sobre

el bien 66684-000, de ahí que proceda aplicar el plazo prescriptivo dispuesto

por el canon 40 del CPCA. Por consiguiente, los efectos de la omisión han

continuado, por lo que estiman impugnable la conducta registral. A efecto de

entrar al análisis del fondo, conviene precisar algunos conceptos. La

prescripción ha sido definida por esta Sala desde distintos ángulos, como el

modo para adquirir un derecho (usucapión) o bien para liberarse del

cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. Se trata de un

medio extintivo tendiente a garantizar la seguridad y la certeza jurídicas,

frente al desinterés del titular de un derecho subjetivo o interés legítimo,

que no lo reclama en tiempo. Con la finalidad de aclarar los alcances de la

prescripción, en la sentencia nº 59 de las 9 horas 15 minutos del 30 de enero

del 2004, se dispuso: “V.-...Como punto de partida debe tenerse presente que

el sustento de ésta  se encuentra  en la seguridad jurídica, en

tanto, procura eliminar situaciones de incerteza  generadas ante el no uso

del derecho por parte de su titular en el transcurso del tiempo.”

Esta posición ha sido ratificada por fallos recientes de la Sala, así por

ejemplo, la decisión no. 730 de las 10 horas 15 minutos del 4 de octubre de

2007. Se le considera: “…un principio, una sanción o pena contra el titular

de un derecho quien, por negligencia, crea una situación de inseguridad

censurable en razón de la cual el legislador veda, salvo renuncia del

interesado, la posibilidad de su ejercicio tardío. Se ha dicho dentro de la

doctrina, que la prescripción encuentra su razón de ser en una presunta

renuncia tácita del derecho por parte de su titular, quien a través de su

inactividad, trasunta su intención de no reclamar lo que le corresponde..”

(Pronunciamiento no. 244 de las 15 horas con 17 minutos del 28 de marzo de

2001). Al respecto, observa este órgano decisor, tratándose de conductas

omisivas de la Administración, el plazo extintivo aplicable es el dispuesto por

el mandato 40 del CPCA, el cual establece, que tales actuaciones serán

impugnables, mientras subsistan sus efectos, otorgándose para interponer el

proceso, un año a partir del día siguiente al cese de aquellos. En la especie,

resulta inobjetable, se está ante una conducta omisiva del Registro Público,

que dejó de cancelar el asiento de una de las dos fincas reunidas (66684-000).

Asimismo, que esa falta al deber registral ha seguido surtiendo efectos, de lo

cual es prueba indubitable, la secuencia de adjudicaciones y traspasos de que

ha sido objeto el bien cuyo asiento registral debía ser cancelado al momento de

la reunión de inmuebles. De tal forma, dicha omisión puede ser impugnada

mientras continúe surtiendo efectos y hasta un año después a su cese. Conforme

a tal razonamiento, la excepción planteada no es de recibo.

En mérito de

lo expuesto, por mayoría, en lo que es objeto del recurso, se deberá anular la

sentencia impugnada. Se casará la sentencia. Fallando por el fondo, se rechazan

las excepciones de prescripción y falta de derecho en lo que respecta a los

extremos petitorios a) y b) y el pronunciamiento sobre costas. En su lugar, se

acogerá parcialmente la demanda, por lo que se debe ordenar al Registro Público

de la Propiedad, dejar sin efecto la advertencia administrativa consignada

sobre la finca del Partido de Guanacaste matrícula no. 97844-000 y cancelar

administrativamente el asiento de la finca del Partido de Guanacaste, matrícula

no. 66684-000, a partir del 29 de enero de 1997, fecha cuando quedó inscrita la

reunión de inmuebles.

Con el debido

respeto nos apartamos del criterio de mayoría de los integrantes de esta Sala,

por las razones que de seguido exponemos.  Mediante escritura no. 157

otorgada ante el Notario Carlos Luis Valverde Sánchez a las 8 horas del 4 de

octubre de 1996, el señor José María Céspedes Pérez, personero de la actora,

reunió las fincas de su propiedad, matrículas no. 60026-000 y 66684-000,

formando el inmueble no. 97844-000 de la provincia de Guanacaste. Dicha reunión

fue registrada el 29 de enero de 1997. No obstante, por error, el Registro no

canceló en ese momento el asiento correspondiente al inmueble no. 066684-000,

por lo que la referida reunión, no alcanzó a surtir efectos. Asimismo, el señor

Céspedes Pérez suscribió una letra de cambio a favor de la señora Marta Conejo

Murillo el tres de agosto de 1999. Por otra parte, formalizó una escritura de

aporte de la finca 97844-000 a la sociedad accionada el 7 de febrero de 2000,

la cual no quedó inscrita sino hasta el 9 de julio de 2003. Con anterioridad a

esa fecha, ya había sido notificado del proceso ejecutivo interpuesto, el día

14 de febrero de 2001, litigio dentro del cual, fue celebrado el remate de la

finca no. 066684-000, el 21 de octubre de 2001. Como consecuencia, la

adjudicataria, señora Conejo Murillo fue puesta en posesión de dicho bien el 3

de agosto de 2005, sin que el señor Céspedes Pérez, quien se encontraba

presente en el acto, hiciera ninguna manifestación referente a la condición del

inmueble. La finca fue inscrita a nombre de doña Marta Conejo el 6 de enero de

2006 y posteriormente traspasada a Mario Alberto Vega Carranza el 10 de

diciembre de 2007. Así, independientemente de la responsabilidad que pueda

caber al Registro por el hecho ocurrido, es claro que los codemandados Conejo

Murillo y Vega Carranza, adquirieron la propiedad 066684-000, de buena fe y al

amparo del Registro, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. De tal

forma, a pesar de haberse demostrado que el señor Céspedes Pérez aportó la

finca 97844-000 en pago de capital a la sociedad Luzmariale S.A., cuya

inscripción registral es posterior al remate señalado, dicha situación no puede

afectar los derechos adquiridos de buena fe de los codemandados, al embargar y

posteriormente adquirir el bien 066684-000. Por consiguiente, no es dable

acoger el reclamo en cuanto a que la citada reunión surtió efectos desde el 8

de octubre de 1996, fecha de su anotación, pues es indudable, uno de los

asientos registrales de las fincas a reunir se mantuvo vigente, circunstancia

que permitió, sin que el señor Céspedes Pérez, conocedor de lo sucedido,

informara nada en el proceso en que se procedió al embargo, remate y posterior

traspaso de la propiedad 066684-000, al amparo registral. Acorde a lo expuesto,

la reunión no se completó, y de ello tenía conocimiento su propietario

original, por lo que el cargo debe rechazarse.

En cuanto al

segundo reproche, por el cual se imputa indebida aplicación del precepto 456

del Código Civil, acorde a lo expuesto en el considerando anterior,

consideramos que efectivamente la reunión de fincas no fue eficaz. Ello por

cuanto, uno de los asientos de las fincas sometidas a reunión se mantuvo como

tal al amparo del registro. Debe agregarse a lo anterior, que con la presencia

del señor José María Céspedes Pérez, a las 9 horas del 3 de  agosto de

2005, la señora Conejo Murillo fue puesta en posesión de la finca adjudicada,

sin que conste objeción del personero de la empresa accionante, que a la

postre, es el señor Céspedes Pérez, que hizo el traspaso como aporte de

capital. Al no completarse el trámite, no es de recibo el agravio en cuanto a

la indebida aplicación del precepto 456 del Código Civil, pues si bien la

reunión de fincas fue otorgada ante notario, generando la propiedad número

97844, sus efectos, registrales no se alcanzaron, pues se mantuvo vigente uno

de los asientos que a ese fin, debía desaparecer. Así, es evidente, los

codemandados Conejo Murillo y Vega Carranza, adquirieron una finca

independiente al amparo de la información registral. Adicionalmente, el

traspaso de la propiedad de la actora no estaba inscrito antes de que se

constituyera la deuda y se embargara. Por las razones expuestas, procede el

rechazo de la censura.

En mérito de

lo expuesto, procederá denegar el recurso, y establecer sus costas a cargo del

recurrente conforme al canon 611 del Código Procesal Civil.