Resolución 01515-2012

Con base en las resoluciones del Tribunal Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda números 053-2008 de las 11 horas 30 minutos

del 31 de julio de 2008 y 373-2009 de las 10 horas 35 minutos del diecinueve de

agosto de 2009, la ejecutante solicita que en sentencia se declare: "*

(…) se acoja en todos los extremos está solicitud de ejecución.  * (…) se

ordene a la administración demandada a que realice de manera inmediata el pago

del monto total de los montos a los que fueron condenados en ejecución los

cuales fueron por concepto de daños y perjuicios el moto de cuatrocientos

noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos

veinticuatro colones, por costas personales del proceso ordinario la cantidad

de cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y cinco mil cuarenta y dos

colones con cuarenta céntimos y por costas personales de la acción de ejecución

la suma de cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos

ochenta y un colones con ochenta céntimos.  * (…) de conformidad artículo

167 del Código Procesal Contencioso. El juez ejecutor remita una certificación

de lo dispuesto en la sentencia no. 609-2010 del Tribunal Contencioso

Administrativo. Sección Primera. Segundo Circuito Judicial, a las once y

cuarenta y cinco horas del ocho de diciembre del año dos mil diez al

departamento de presupuesto nacional al que se refiere el artículo 177 de la

Constitución Política, para que se realice en tracto único el pago

respectivo.  * (…) a los capitales principales decretados ejecutables por

el Tribunal Contencioso Administrativo se aúnen los intereses correspondientes,

los cuales según nuestros cálculos, a la fecha de presentación de la presente

ascienden a ¢19.870.811,08, sobre los daños y perjuicios y sobre las costas la

suma de ¢13.216.535,44, para un total de intereses de ¢33.087.346,52.  *

(…) de no procederse de manera inmediata con el pago del capital, las costas y

los intereses debidos por la administración se proceda al embargo de los

ingresos percibidos efectivamente por transferencias contenidas en la Ley de

Presupuesto Nacional.  * (…) en el supuesto de rechazarse el embargo

propuesto y en aras de que se satisfaga la obligación de la FUNDAZOO es

acreedor, se ordene a la tesorería nacional para que por medio del Ministerio

de Hacienda proceda a la emisión de las correspondientes “Letras del Tesoro”

esto según lo dispuesto por la Ley 8131 artículo 75.  * Se condene al pago

de ambas costas al Estado con sus respectivos intereses.”

La jueza Cristina Víquez Cerdas, en resolución de las 10

horas del 8 de setiembre de 2011, resolvió: "Se declara inadmisible la

demanda de ejecución de sentencia presentada por Fundación Pro-Zoológicos

(FUNDAZOO), para que el cuerpo de ejecutores del Tribunal Contencioso

Administrativo ejecute la sentencia No. 053-2008 de las once horas treinta

minutos del treinta y uno de julio de 2008, dictada por el Tribunal Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, adicionada por la resolución

373-2009-1 de las diez horas treinta y cinco minutos del diecinueve de agosto

del dos mil nueve del Tribunal Contencioso Administrativo, sección Primera, y

la sentencia número 609-2010-I de las once horas cuarenta y cinco minutos del

ocho de diciembre del dos mil diez, todas dictadas dentro del expediente

judicial número 05-000332-163-CA.”

El apoderado

especial judicial de Fundación Pro-Zoológicos formula (f. 73) recurso de

casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la

tesis de la Jueza.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

Enrique Rojas Franco, a título personal y como apoderado

de la Fundación Pro-Zológicos (Fundazoo), incoó proceso de ejecución de

sentencia, contra el Estado, ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Adujo, en lo de interés, que por sentencia no. 609-2010-I de las 11 horas 45

minutos del 8 de diciembre de 2010, emitida por la Sección Primera del Tribunal

Contencioso Administrativo, se condenó al demandado a cubrir una serie de sumas

de dinero por concepto de daños, perjuicios y costas personales del proceso

ordinario que entabló, así como de la ejecución correspondiente. Añadió que si

bien había gestionado el pago en sede administrativa, este no se había

producido. En las consideraciones jurídicas de la ejecución, invocó como

fundamento el artículo 176 y el Título VIII Capítulo I del Código Procesal

Contencioso Administrativo (CPCA). De previo al traslado, la jueza ejecutora de

ese Tribunal declaró inadmisible la demanda. Disconforme con lo decidido, el

ejecutante acudió a la Sala.

Formula dos

agravios.

Fue incorrectamente apreciado el derecho alegado en la

demanda, señala, pues se procura el cumplimiento del fallo no. 609-2010-I del 8

de diciembre de 2010, del Tribunal Contencioso Administrativo, que se encuentra

firme, alegándose como fundamento no sólo el numeral 176 del CPCA, sino también

el Título VIII, Capítulo I ibídem. En todo caso, refiere, el Poder Judicial es

parte de la Administración,  y por lo tanto está “afecto” al régimen

jurídico de aquella, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley General de la

Administración Pública y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que

también está “afecto” al precepto 176 referido. Si la Administración no cumple sus

actos firmes y favorables, estima, se pueden ejecutar conforme a ese capítulo,

de modo que habiéndose dispuesto, con carácter de cosa juzgada, una obligación

del Estado, no hay obstáculo para que se acuda a la “ejecución de sentencia”.

El fallo estimativo y declarativo de derechos es un acto a favor del

administrado, asegura, y la inercia en su cumplimiento puede ser exigida

conforme a la regla 176 mencionada.

Afirma violentado el Transitorio

IV del CPCA, pues si bien el proceso en el que se dictó la sentencia que se

pretende ejecutar, data del 2005, este asunto fue formulado el 9 de agosto de

2011, estando vigente el CPCA, de modo que debió tramitarse conforme a este

último, y no a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

(LRJCA). Comenta la existencia de un precedente de la Sala en esa línea.

La

jueza ejecutora, en el pronunciamiento que combate el recurrente, sostuvo que

el asunto no versaba en torno a la ejecución de un acto administrativo firme y

favorable, en los términos del artículo 176 del CPCA, tal y como se alegó, sino

de la ejecución de una sentencia judicial. Indicó que el fallo a ejecutar había

sido dictado, en primera instancia, por el Juzgado Contencioso, y que la

apelación respectiva fue conocida por la Sección Primera del Tribunal, que es

una de aquellas a las que, por disposición administrativa, le corresponde

conocer de los expedientes iniciados antes del 11 de enero de 2008. Señaló que

según el transitorio IV del CPCA, el expediente estaba entre los casos que

debían tramitarse al tenor de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, de modo que la ejecución debía ventilarse en el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, pues su conocimiento no correspondía

al cuerpo de ejecutores del Tribunal, toda vez que estos últimos sólo conocían

de los procesos homólogos cuyas sentencias fueren dictadas por el propio

Tribunal en única instancia. Además afirmó que conforme al numeral 167 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, la ejecución debía tramitarse ante el Juzgado

Contencioso. Luego dispuso la inadmisibilidad de la demanda.

El

proceso de ejecución de sentencia está concebido para materializar la condena

impuesta en sede jurisdiccional. Deviene como una consecuencia de la potestad

de decir el derecho (iuris dictio), que da origen al instituto de la

jurisdicción. El presupuesto fundamental que subyace tras el proceso de

ejecución, radica en que el obligado se opone a la materialización de esa condena

previamente dispuesta, de modo que el proceso procura dar espacio al ejercicio

de las garantías constitucionales del perdidoso, tales como audiencia, defensa

y contradicción, pues lo que se decida, tendrá eficacia de cosa juzgada. En

contrapartida, el procedimiento de ejecución de actos administrativos firmes y

favorables no tiene como presupuesto el ejercicio de la potestad jurisdiccional

que permite determinar a quién le asiste el derecho, sino que procura ser una

herramienta a favor del administrado –y por tesis de mayoría de la Sala, de la

propia Administración- a fin de materializar sus propias declaraciones de

voluntad firmes y favorables, cuya decisión final no tiene eficacia de cosa

juzgada, pues es un instrumento orientado a la celeridad de la justicia

administrativa propiamente dicha. Así, aún cuando este último proceso ha de

inspirarse en las normas del primero, las diferencias entre ambos son

absolutamente diáfanas. Por otra parte, el precedente que menciona el

recurrente versa sobre un proceso de ejecución de acto firme y favorable,

hipótesis que dista de la de este proceso, en el que, se reitera, se procura la

ejecución de un fallo jurisdiccional con carácter de cosa juzgada, de modo que

no sirve de ilustración para el sub-lite. Con todo, su primer reparo debe

denegarse.

Ahora,

respecto al asiento jurisdiccional en el que debe ventilarse la ejecución, es

necesario incluir una serie de consideraciones. Esta Sala no desconoce lo

dispuesto en el Transitorio IV del CPCA, ni el principio general de que la

ejecución debe ventilarse en el mismo asiento jurisdiccional que tramitó el

asunto en primera instancia. Así fue sostenido, entre otros precedentes,

abordándose el tema de competencia, en los votos no. 1197-C-S1- 2012 de las 10

horas 40 minutos del 25 de setiembre de 2012, 998-C-S1-12 de las 10 horas 12

minutos del 23 de agosto de 2012, 265-C-S1-2010 de las 14 horas 5 minutos del

23 de febrero de 2010, adicionado mediante el auto no. 490-A-S1-2010 de las 9

horas 45 minutos del 22 de abril de 2010. No obstante, luego de un mejor

estudio, considera esta cámara, que uno de los objetivos que procura la nueva

legislación procesal contenciosa, se orienta a que fenezcan los procesos

judiciales ventilados conforme a la regulación contenida en la LRJCA. De

mantener latente la posibilidad de que todas las sentencias emitidas en

procesos declarativos tramitados conforme a ese último cuerpo de leyes, se

ejecuten -aún a pesar de la vigencia actual del CPCA- conforme a las antiguas

reglas, podría generarse la supervivencia de la normativa derogada por un plazo

que excede razones de oportunidad, conveniencia y seguridad jurídica. Tómese en

cuenta que, luego de la sentencia declarativa, el beneficiado cuenta con la

posibilidad de acudir a la ejecución. Para ello, si bien están dispuestos

plazos de prescripción a fin de propiciar seguridad jurídica, ese último

instituto es por definición renunciable, de modo que si el afectado no lo

invoca, una ejecución podría promoverse al abrigo de la LRJCA dentro de varios

lustros, obligando a la administración de justicia a mantener un asiento

jurisdiccional para supuestos absolutamente residuales, contrariando de ese

modo el eficiente desempeño de los recursos públicos. Todo esto obliga, a

juicio de la Sala, a que las ejecuciones de sentencias promovidas luego de la

vigencia del CPCA, deban tramitarse al amparo de esa última normativa, con

independencia de que el proceso que culminó con la sentencia a ejecutar haya

sido tramitado y emitido conforme a la LRJCA, pues razones de oportunidad,

conveniencia, adecuada prestación del servicio público y seguridad jurídica así

lo requieren. Ahora, el pronunciamiento recurrido, si bien se decantó por

disponer la inadmisibilidad de la demanda, en realidad examinó un tema de

competencia. Así las cosas, en lugar de acoger el recurso de casación, estima

la Sala que lo procedente en este caso es determinar el órgano jurisdiccional

competente para tramitar la ejecución, de ahí que, atendiendo a las razones

dispuestas, a fin de asegurar, en el caso concreto, el acceso a la justicia y

la tutela judicial efectiva, procede disponer que el conocimiento de este

asunto corresponde al área de ejecución del Tribunal Procesal Contencioso

Administrativo.