Resolución 01511-2012

Con base

en las sentencias firmes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia, no. 2009-002804, de las 16 horas 54 minutos del 20 de febrero de

2009, correspondiente a un recurso de amparo y el no. 2009-006118 de las 16

horas 6 minutos del 22 de abril de 2009 que pertenece al recurso de hábeas

corpus, para que en sentencia se apruebe: “1. …con lugar la presente

ejecución en todos sus extremos petitorios;

Se confiera la audiencia de

rigor al demandado y se aprueben todas las partidas liquidadas;

Se condene

al demandado al pago de ambas costas de esta ejecución de sentencia;

Se

condene al demandado al pago de los intereses legales sobre todas las partidas

aprobadas y calculados con base en la tasa básica pasiva para depósitos a seis

meses plazo que tiene el Banco Nacional de Costa Rica (art. 1163 del Código

Civil reformado por Ley N°7201 de 18 de setiembre de 1990 publicada en La Gaceta N° 204 de 29 de

octubre de 1990) computados desde la fecha de las firmezas de las sentencias

que generaron esta ejecución y hasta el efectivo pago de las sumas adeudadas

las cuales deben de entenderse así: (a) en el caso del Voto Número 2009-2804 la

fecha de su firmeza corresponde al día 13 de octubre de 2009 (fecha de

ejecutoria), y; (b) en el caso del Voto Número 2009-6118 la fecha de su firmeza

corresponde al día 28 de julio de 2009 (fecha de ejecutoria);

En la etapa procesal oportuna, continuaré liquidando ambas costas e

intereses de esta acción y hasta su efectivo pago.

Solicitamos que

todos los extremos petitorios concedidos a nuestro favor deberán actualizarse,

revaluarse o indexarse reconociéndose a nuestro favor el diferencial acumulado

que indique el IPC (Índice de Precios al Consumidor) desde la fecha de la

notificación de esta ejecución y hasta el efectivo pago de las sumas

mencionadas.”

La parte demandada contestó

negativamente y opuso la excepción de falta de derecho.

La representación del Estado

renunció expresamente al proceso conciliatorio.

El Juez Juan Guillermo Zamora

Chavarría, en sentencia no. 2170-2011, de las 15 horas del 13 de octubre de 2011, resolvió: “Se

declara parcialmente con lugar la presente ejecución de sentencia,

entendiéndose por rechazada en lo no expresamente concedido. Se condena al

Estado al pago de: Un Millón de colones en concepto de

daño moral subjetivo, de Ciento cincuenta mil colones por costas personales por

los recursos aquí ejecutados, y de ambas costas de esta ejecución, así como al pago de intereses

legales sobre el total concedido.”

El licenciado Leiva Jara, en su expresado

carácter, formula recurso de casación indicando las razones en que se

apoya para  refutar la tesis del Juzgado.

En los procedimientos ante esta Sala se han

observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia, en votos no. 2009-002804 de las 16 horas 54 minutos del 20 de febrero

de 2009 y no. 2009-006118 de las 16 horas 6 minutos del 22 de abril de 2009,

acogió el recurso de amparo y el habeas corpus, respectivamente, interpuestos

por Edwin Daniel Leiva Jara, a favor de F contra el Juzgado de Pensiones

Alimentarias del Primer Circuito Judicial de San José. En ambos casos, la Sala Constitucional

determinó que el órgano jurisdiccional recurrido violó el derecho fundamental

del señor F a  una justicia pronta y cumplida, contenido en los artículos

41 de la

Constitución Política  y 8 de la Convención Americana

de Derechos Humanos. Esto por cuanto, la falta de una mayor acuciosidad y

diligencia del Juzgado  de Pensiones Alimentarias

del Primer Circuito Judicial de San José, en la tramitación del incidente de

exclusión y rebajo de pensión alimentaria que interpuso el señor F en contra de

FL y de M, como representante de M (expediente No. 06-000498-0625-PA-9),

produjo una dilación injustificada de su resolución. En ambas sentencias, se

condenó al Estado a pagar las costas, daños y perjuicios causados con los

hechos que sirvieron de fundamento a los fallos. F formuló

ejecución de ambas sentencias. En ella reclama el pago de: 1) ¢2.250.000,00, por daño material; 2) ¢100.000.000,00, por concepto de

daño moral; 3) ¢300.000,00, por costas personales de los recursos de amparo y

hábeas corpus; 4) ambas costas de la ejecución de sentencia; 5) intereses

legales sobre todas las partidas aprobadas desde la fecha de la firmeza de los

fallos que generaron la ejecución y hasta su efectivo pago. Solicita, además,

que todos los extremos petitorios concedidos a su favor sean

indexados. La representación del Estado contestó en

forma negativa y opuso la excepción de falta de derecho. El Juzgado declaró

parcialmente con lugar la presente ejecución, condenó al Estado al pago de

¢1.000.000,00 por concepto de daño moral subjetivo; ¢150.000,00 por las costas

personales de los recursos presentados ante la Sala Constitucional,

y ambas costas del proceso de ejecución, así como intereses legales sobre el

total concedido. El apoderado especial judicial del ejecutante

formula recurso de casación por razones procesales y de fondo, no obstante,

esta Sala solo admitió los reproches por violación de normas procesales y el

segundo cargo por el fondo.

II.-

acusa falta de motivación de la sentencia. Las conclusiones a las que arriba

el Juzgado, dice, no “riman” con los elementos probatorios que constan

en autos. Figuran en el expediente, explica, las dos sentencias

constitucionales base de esta ejecución, en las cuales se estableció la obligación

del Estado a pagar los daños y perjuicios que se le ocasionaron al ejecutante

con ocasión de los hechos que sirvieron de base a esas declaratorias, los

cuales fueron enlistados en la demanda. No obstante, reprocha, el Juzgado no

motivó el fallo adecuadamente por cuanto no se refirió a tales circunstancias,

de ahí que estima debe anularse. Esos hechos, señala, son precisamente los que

tuvo por probados la

Sala Constitucional tanto en el recurso de amparo como

en el habeas corpus. El Juzgado, asegura, no se refiere a

ellos sino a otros distintos. No existe entonces, afirma, motivación o

razonamiento alguno del órgano decisor que de sustento

a su fallo. Si a lo anterior, aduce, se le suma que éste considera indemostrada

la existencia de una relación de causalidad entre lo concedido en sentencia y

lo pretendido, se concluye con toda claridad “(…) que el defecto apuntado

termina de concretarse como

un error que se erige en contra del

actor”. En su criterio, el ejecutante dejó sentado en la demanda en qué

radica su derecho a ser resarcido, así como la relación de causalidad entre los

hechos de la ejecución y los de las ejecutorias, que son precisamente los

mismos. El resarcimiento, expone,  se basa, por

un lado, en la afectación de la libertad de su representado, y por otro, en el

daño a  su patrimonio. Otro motivo que comprueba la

falta de motivación de la sentencia impugnada, alega, es la falta de referencia

a las partidas liquidadas, al por qué de su rechazo. Su mandante,

arguye, justificó uno a uno los rubros pretendidos, sin embargo, el Juzgado

omitió referirse a las manifestaciones hechas y solamente otorgó un monto por concepto de daño moral subjetivo, sin dar las

razones de su proceder. Se refiere a los argumentos que

expuso en la demanda para la aprobación de cada uno de los extremos pretendidos

y por qué sí debieron otorgarse.

Sobre la causal de

falta de motivación, este Órgano Colegiado se ha pronunciado en repetidas

ocasiones indicando: “…surge cuando la motivación

del fallo es omisa, ya sea porque esta se encuentra totalmente ausente, o bien,

por cuanto el desarrollo (contenido en la misma) resulta en extremo confuso o

contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los

razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de

la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en

particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse presente que se trata de

un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales

incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el iter procesal o

la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez

en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y

obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo

para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba

realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual

el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo

contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. La falta de

motivación como causal para casar la sentencia, en los términos en que se ha

comentado, se da al conculcarse la norma que dispone el deber del juzgador de

analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes

(principio de derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por

demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, inciso m) del

Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el 155 del Código Procesal

Civil). No se trata de determinar si el juzgado se pronunció sobre todas las

pretensiones incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que

el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión

correspondiente…” (resolución no. 126-F-S1-2009 de las 15 horas 40 minutos

del 5 de febrero de 2009).

En la especie, estima

esta Cámara, no lleva razón el recurrente, pues se constata con la lectura de

los Considerandos VI y VII de la sentencia recurrida, que en ésta se dio basta

fundamentación a las decisiones a las cuales llegó respecto de lo pretendido.

En ellos se  explica, de manera clara y

categórica, el por qué rechazó el daño material solicitado y  fijó la

indemnización por daño moral subjetivo en la suma de ¢1.000.000,00, motivo por el cual no se aprecia el vicio procesal de

falta de fundamentación alegado.

V.-

acusa infracción de la

cosa juzgada. El Juzgado, sostiene, al resolver sobre lo ejecutoriado lo hizo en

contradicción con lo afirmado por la Sala Constitucional,

puesto que tuvo como no probado el nexo causal

entre los daños y perjuicios reclamados y el elenco de hechos demostrados  de los votos en ejecución, así como las órdenes de apremio giradas en contra

de su representado por deuda alimentaria. Tal aseveración, apunta, no es lo que

consta en el escrito de demanda como hechos de la ejecución, ni tampoco tiene

vínculo alguno con lo dicho en cuanto al derecho de resarcimiento, así como con

la relación de causalidad descrita a folios 698 y 691 del expediente. Lo

afirmado por el Juzgado en cuanto a hechos no demostrados, alega, “es

violatorio de la cosa juzgada contenida en ambas ejecutorias”. La Sala, señala, puede constatar

que tanto los hechos de la ejecución como lo relacionado con el derecho

al resarcimiento corresponden literalmente a los hechos tenidos por probados

por la Sala

Constitucional. El Juzgado, concluye, procedió de manera

irreflexiva a tener por indemostrados, precisamente, los hechos que sí tuvo por

probados la Sala

Constitucional.

VI.-

De

conformidad con el artículo 139, inciso 3) del

Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), el recurrente deberá señalar

de manera clara y precisa, los motivos del

recurso. En este caso, entonces, estaba obligado el

casacionista a indicar con claridad y precisión, en qué estriba la

contradicción del

fallo impugnado con lo ejecutoriado. No resulta suficiente para la admisión y

procedencia del  cargo, la mera manifestación de disconformidades

generales y meramente argumentativas, sino que era indispensable a los efectos,

mostrar el contraste de lo decidido con la resuelto en las sentencias

constitucionales que se ejecutan. Es decir, en qué radica la

infracción de la cosa juzgada que, en su criterio, tuvo lugar.  Sin

embargo, el recurrente en sus alegatos, no esgrime, ni

aún en forma leve, cuál es en concreto el quebranto de la cosa juzgada en que

incurrió la sentencia impugnada. Sus manifestaciones se limitan a señalar, por

un lado,  que los hechos que tuvo por demostrados

el Juzgado son distintos a los que dieron lugar a las sentencias de amparo y

hábeas corpus, los cuales, dice, elencó el ejecutante en la demanda y, por

otro, que el Juzgado no consideró los argumentos que su representado dio

respecto a su derecho a reclamar una indemnización;  sin revelar razones

que permitan la revisión de la sentencia controvertida en esta Sede. En

consecuencia, se impone el rechazo del cargo.

VII.-

el Juzgado, expone, no aplicó el canon 124 del CPCA por cuanto estimó que

no se trataba en la especie de una obligación dineraria sino de valor. Tal afirmación, dice, no es cierta. La disposición 123

ibídem, explica, establece que cuando la sentencia condene al cumplimiento de

una obligación dineraria, el juzgador debe incluir pronunciarse sobre la

actualización de la suma a la cual se condena, a fin de compensar la variación

en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media entre la fecha de

la exigibilidad de la obligación y la de su extinción por el pago efectivo. Este, sostiene, es el caso concreto en la cual se ha condenado al

Estado al pago de una deuda dineraria. Así, al haberse

pedido esa indexación en la demanda, debió resolverse en sentencia sobre ésta.

Dada la formulación del cargo, interesa aludir a lo manifestado

por esta Sala en relación a las prestaciones pecuniarias: “XI.- (…)  Estas se distinguen en

dos subespecies, las obligaciones de valor y las dinerarias, a partir de la

función económica que cumple el dinero en cada una de ellas. El dinero, cabe

recordar, tiene una doble naturaleza, por un lado

funciona como

instrumento de cambio, pero, también ostenta un carácter de medida de valor

para las cosas. Será dineraria aquella deuda en la cual el

metálico cumpla solamente una función de cambio, a fin de posibilitar el

intercambio de bienes y servicios por dinero (llamadas impuras) o bien, cuando

se trate de préstamos de dinero (puras). En ese

sentido, a manera ejemplo, son obligaciones dinerarias el precio de una

compraventa o los honorarios profesionales. En contraposición, se tratará de

una deuda de valor, cuando la moneda no sea lo buscado per se, es decir, no se

pretenda dar una cosa o realizar una labor a cambio de una suma concreta. En

estos casos el dinero viene a cumplir una función sustitutiva de un bien o un servicio; en otras palabras, en lugar de darse

la cosa o brindarse el servicio correspondiente, por imposibilidad o

conveniencia, (cuando es factible), del

deudor, éste dará en metálico el equivalente a la prestación original. Son

muestras de esta clase de obligaciones las de restituir un bien, cuando éste se

ha perdido o no existe, la de realizar una prestación personalísima si el

deudor se niega, o la de indemnizar los daños y perjuicios provocados a otra

persona” (no. 795, de las 16 horas del 31 de octubre de 2005). En

la especie, entonces no se está ante una deuda dineraria sino una de valor, por

tratarse de una fijación de daños y perjuicios establecida en abstracto en sede

constitucional, por lo que no cabía hacer indexación alguna en la sentencia

recurrida. Ello no quiere decir, que una vez fijado el

monto de la deuda en el fallo, tratándose ya de una dineraria, si hay atrasos

en su pago, no pueda indexarse. En este caso,

será en la etapa de ejecución que deberá conocer el juez ejecutor de la

actualización de las sumas concedidas.

IX.-

En

merito de las razones expuestas, se impone desestimar el recurso planteado, con

sus costas a cargo de quien lo formuló (artículo 150 del CPCA).